Escribe Redacción
Imagen de cabecera: Ayuso y Almeida en una foto de archivo de una visita al Vaticano en 2023. Foto: Ayuntamiento de Madrid
En Fariseos y desalmados —publicado en la web de Izquierda Unida Distrito Latina—, Jordi Escuer y Carlo Sánchez Mato articulan una crítica a las políticas sociales del Partido Popular en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a partir de dos decisiones recientes: la exigencia de estar empadronado para acceder al abono transporte y la retirada sin previo aviso de los enseres de las personas que viven en la calle.
Los autores sostienen que la primera medida dejará sin acceso al abono a unas 200.000 personas, el 3,4% de las usuarias del transporte público, con un impacto especial sobre las personas migrantes y quienes viven en alquiler sin posibilidad de empadronarse. Frente al argumento del ahorro, recuerdan que supondría unos 80 millones de euros, poco más del 1% de los 6.000 millones que, según exponen, la Comunidad de Madrid deja de ingresar cada año por rebajas fiscales que benefician principalmente a las rentas más altas.
El artículo también analiza la situación de las personas sin hogar en la capital. Recuerda que la Red Municipal atendió a entre 2.400 y 2.600 personas durante 2024 y estima que 1.015 personas viven directamente en la calle. En este contexto, los autores censuran la decisión del Ayuntamiento de retirar sus pertenencias sin previo aviso y denuncian la falta de alternativas habitacionales, pese a que Madrid dispone de un presupuesto superior a 6.000 millones de euros.
La vivienda ocupa buena parte de su reflexión. Escuer y Sánchez Mato señalan que la vivienda pública representa apenas el 1,5% del parque residencial madrileño y plantean medidas concretas para evitar los desahucios. Calculan que asumir las hipotecas de las familias afectadas e incorporar esas viviendas al parque público costaría unos 15 millones de euros anuales en la Comunidad y 6 millones en la ciudad, mientras que evitar los desahucios por alquiler tendría un coste de 28 millones y 12 millones, respectivamente: apenas el 0,15% y el 0,3% de los presupuestos públicos.
A partir de estos datos y ejemplos, el artículo defiende que no existe una falta de recursos, sino de voluntad política, y reivindica que la defensa de la dignidad humana, el derecho a la vivienda y la protección de las personas más vulnerables constituyen una línea divisoria esencial entre los distintos modelos de sociedad. Una lectura que combina análisis económico, propuestas concretas y una reflexión política sobre las prioridades de las administraciones públicas.
Lee en este enlace el artículo de los compañeros.
