Descarga aquí en PDF el documento “Manifiesto por el socialismo”

Alberto Arregui, Henar Moreno, Carlos Sánchez Mato, Marina Albiol, Víctor Domínguez, Fernando Soriano Gómez, Sergio Sánchez Romero, Pablo Híjar , Elena García, Daniel Palomo, Juanjo Vallejo, Javier Jimeno y Jordi Escuer [1]

INTRODUCCIÓN

UN DESAFÍO HISTÓRICO: CONSTRUYENDO LA IZQUIERDA MARXISTA

La degeneración hacia la barbarie de la sociedad humana no es una perspectiva lejana, sino una realidad palpable. El sistema capitalista es incapaz de resolver los problemas más elementales de la población. No sólo eso, especialmente desde la crisis económica desatada en 2007, se han barrido todos los sueños de una mejora paulatina de las condiciones de vida para la mayoría de la gente. Un sistema económico irracional ha deteriorado el único planeta que tenemos como espacio habitable para la especie humana, convertido en amenaza constatable.

Frente a esta realidad la izquierda ha de construir la fuerza adecuada para encauzar las aspiraciones de los pueblos y conseguir que la clase trabajadora, sujeto histórico capaz de ofrecer una alternativa de sociedad que supere al capitalismo, disponga de una herramienta útil en sus manos: una forma de organización democrática con un programa de transición al socialismo.

Desde la heroica Comuna de París y, más aún, tras el triunfo de la revolución de Octubre, la clase trabajadora y todos los pueblos del mundo tenían un ejemplo vivo del camino a seguir en su emancipación, hoy extinguido con la dificultad añadida de no disponer de un nuevo sistema social superador del capitalismo pues, aparentemente, el intento práctico de transformación socialista en la URSS, Europa del Este, China y otros países ha fracasado. Es uno de los problemas más serios a abordar para quienes reivindicamos la validez del pensamiento marxista, pues sin explicar estos procesos, sin comprenderlos, no se puede abrir un nuevo período de la historia de la humanidad.

La degeneración de los regímenes instaurados tras las revoluciones, su creciente burocratismo y pérdida de la capacidad de control democrático por parte del pueblo trabajador, son la prueba de que un sistema social no exige sólo la superación de la propiedad privada de los medios de producción, sino que necesita la más escrupulosa democracia en todos los terrenos de la vida social. Sin levantar el nivel de vida de la población y sin reducción de la jornada de trabajo no hay socialismo. Sin control meticuloso del aparato del Estado no hay socialismo, sin revocación de los cargos públicos, sin libertad de expresión, de manifestación, sin libertad de partidos… no habrá más que una vuelta al pasado, tal como hemos comprobado en los mal llamados países de “socialismo real”.

Las palabras de Rosa Luxemburgo emergen con fuerza para proporcionarnos una tesis dialéctica: la tarea no es abolir toda democracia, sino construir una democracia socialista, superando la democracia que levantó la burguesía².

Toda lucha política de cualquier fuerza que pretenda la transformación socialista de la sociedad no es solo para la defensa cotidiana de los derechos y aspiraciones de nuestra clase, sino, sobre todo, para ser capaz de intervenir en los acontecimientos decisivos cuando hay crisis sociales que dan la oportunidad de influir en la dirección de los acontecimientos.

Pues bien, hemos vivido en el Estado español, y aún más en Grecia, la posibilidad de un cambio decisivo de trascendencia histórica. En el caso español no se había producido un movimiento con tanta extensión y participación desde el proceso que llevó a la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que podríamos decir marca el agotamiento de las organizaciones de la Transición al no poder aprovechar aquella oportunidad.

Tras ese período, la crisis de la izquierda política y sindical no hizo sino profundizarse, mostrando una creciente impotencia en la tarea de la transformación social, a pesar de movilizaciones impresionantes, como la oposición a la guerra imperialista en Irak, por ejemplo, que podían haber sido una palanca de transformación social.

La incapacidad de las organizaciones llamadas de izquierdas para canalizar el descontento social que iba en aumento, como consecuencia directa de la crisis capitalista desatada en 2007, provocó el surgimiento de movimientos que saltaron por encima de esas estructuras anquilosadas provocando un verdadero terremoto, del que han sido la expresión más genuina fenómenos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), el 15-M y, el que ha sido el momento álgido de esa movilización, las multitudinarias marchas de la dignidad del 22 de marzo de 2014.

Hay muchas lecciones que aprender de este proceso, pero interesa traer aquí a colación lo que constituye el nudo gordiano para quienes nos reclamamos marxistas: todas las organizaciones sin excepción han sido superadas por los acontecimientos, todas han fracasado, todas han demostrado ser incapaces de servir a los propósitos para los que se supone fueron construidas.

En el momento clave, cuando cientos de miles de personas buscaban un cauce de expresión de su hartazgo con la sociedad en la que viven y un camino para transformar la realidad, se toparon con organizaciones anquilosadas, con arterias taponadas, en el mejor de los casos, y en el peor con organizaciones que habían pasado a formar parte del sistema. No reconocer esa realidad ha sido factor determinante que ha incapacitado a Izquierda Unida y al PCE para jugar el papel de cauce y dirección que se supone debían tener, y, al tiempo, es el hecho principal que explica el nacimiento de Podemos.

Las organizaciones han quedado tan aisladas de su clase en el período anterior, que no han sido capaces de reaccionar para ponerse al frente. Hasta el punto de que su propia militancia, y el mejor ejemplo es IU, actuó directamente en el movimiento al margen y por encima de sus dirigentes. El caso extremo es el de los sindicatos cuyos aparatos se han convertido en uno de los bastones del sistema, tanto con los gobiernos del PSOE como con los del PP, que han hecho de la “leal colaboración” de UGT y CCOO, una de sus armas desmovilizadoras más potentes.

Pero el nuevo e inevitable fenómeno en esta situación, la expresión de un movimiento nuevo de ruptura encarnado en Podemos, ha demostrado tempranamente su incapacidad para jugar el papel de movimiento organizado de la clase trabajadora. Se ha limitado a llenar el vacío dejado por IU, PCE y PSOE, reproduciendo todos sus defectos rápidamente. Con una diferencia, que cuenta con una numerosa base de activistas que, poco a poco, descubren que el emperador está desnudo. Podemos se encuadra muy bien en lo que Gramsci llamó “partido carismático”, un partido en proceso de formación con hiperliderazgo³.

El reto es de proporciones colosales pero, al mismo tiempo, es la manifestación de una necesidad histórica: la creación de una nueva organización que exprese y defienda las necesidades materiales de la clase trabajadora y de los pueblos del Estado español bajo el programa del marxismo. Junto a la dificultad de la tarea, aparece la ventaja de apoyarnos en una tendencia en los procesos históricos, en una necesidad social creciente.

Eso no quiere decir que haya que disolverse en la llamada “unidad popular” que, en la práctica y por ahora, lo más lejos que ha llegado es simplemente a una alianza electoral heterogénea y sin programa de transformación social (como prueba Ahora Madrid). Ni quiere decir tampoco que se cree “un nuevo partido”, una secta a añadir a la lista.

De lo que se trata es de colaborar en la necesaria metamorfosis que dé origen a una transformación, a una expresión fértil del potencial que hay evitando el riesgo de nuevos abortos. Luchar, una vez más, por lo que Marx y Engels definirían como la clase obrera organizada como partido. Y la parte decisiva de los cuadros capaces de forjar esa llave que abre el futuro está hoy en IU, en el PCE, en Podemos y en los movimientos sociales y sindicatos de clase.

No se trata sólo de alianzas electorales, el reto fundamental es dotarse de un instrumento capaz de transformar la sociedad, y sólo existe un camino, el que pasa por tomar de nuevo las calles, los barrios, las fábricas, los centros de estudio… a través de la lucha, la movilización y la organización. El camino que pasa por la unidad de acción, la famosa consigna “golpear juntos, marchar separados”, para conseguir en el futuro que esa unidad de acción pueda llevar a una metamorfosis superadora, generando el partido de la clase trabajadora, no destruyendo lo que existe, sino transformándolo en algo superior, al igual que cuando de una larva surge una maravillosa mariposa, no a través de la muerte sino de la superación cualitativa. Esa es la necesidad histórica a la que nos enfrentamos.

Por supuesto que la composición y estructura de la sociedad ha cambiado mucho; la clase trabajadora es heterogénea, siempre lo ha sido, pero la clave para afirmar que en su diversidad es una “clase en sí”, lo determinan las relaciones de propiedad que permanecen inalterables pues son fundamento del sistema capitalista. Una transformación social que supere los retos de nuestra época exige el cambio en las relaciones de producción, y la gran mayoría social, obligada a vender su fuerza de trabajo, debe encontrar el camino de transformación de la conciencia para llegar a convertirse en clase para sí, no sólo consciente de sus intereses propios como clase sino además movilizada en su conquista y de este modo construir el instrumento que conduzca a la emancipación⁴.

El programa, por supuesto, es el alma de una fuerza política, sin programa no hay partido, pero, como hemos visto en Grecia, una vez más, el programa aún siendo esencial no es condición suficiente para una política de clase. Ese programa se puede arrojar a la papelera si la organización que lo defiende no tiene al menos tres pilares: La perspectiva del socialismo, una militancia formada con capacidad crítica y una voluntad revolucionaria para llevarlo a cabo. Cualquier organización “tibia” se deshará como un terrón de azúcar ante la ofensiva de la burguesía. En el contexto que vivimos podemos entender aún mejor la afirmación que tantas veces proclamó la dirigente espartaquista:

¡El objetivo final lo es todo!

PRIMERA PARTE: UNA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA Y SOCIALISTA

NUESTRO PROGRAMA ES UN COMPROMISO IRRENUNCIABLE

Un programa es la identidad de una fuerza política, la expresión a través de medidas concretas, de las necesidades materiales de la clase social a la que representa. Tras todo programa hay intereses de clase. Por eso no podemos admitir la idea de que “tenemos un programa en la oposición y otro al entrar al gobierno”. Esa práctica, común, está detrás del descrédito de la política y de los partidos, pues el programa tiene que ser también un compromiso irrenunciable que debe incluir, por tanto, plazos de cumplimiento.

Un gobierno que represente al pueblo trabajador debiera multiplicar su apoyo en los primeros meses de gobierno, demostrando que cumple su palabra y que entierra para siempre la divisa del despotismo ilustrado de “todo para el pueblo pero sin el pueblo” que, casi siempre, se transforma en dar la espalda a ese pueblo.

Hemos tenido experiencias muy aleccionadoras, especialmente la del PSOE cuando llegó al gobierno en 1982, con el 48,11% de los votos y con un programa que, a pesar de todas sus limitaciones, fue calificado meses antes por la CEOE diciendo que “lo aproximarían en gran medida a los modelos marxistas de la Europa del Este”. Nada más llegar al gobierno, se olvidaron de él y comenzaron una de las etapas más negras de destrucción de los derechos de la clase trabajadora, con su nuevo modelo productivo basado en la llamada “reconversión industrial”.

Mucho más lejos llegaba el programa de Syriza y también ha sido mucho mayor el fiasco de su gobierno en Grecia y nos muestra este mismo fenómeno de forma aún más dura.

No podemos justificar en ningún caso la política del mal menor, para entrar en gobiernos de coalición que adopten la política de apuntalar el sistema con pequeñas reformas de fachada, pero que dejen indemnes las principales injusticias del sistema. No podemos sumarnos a ningún gobierno, ni municipal, ni autonómico, ni del Estado, que aplique recortes de los derechos sociales o democráticos.

Conforme se acerca la posibilidad de gobernar ese peligro crece. Los dirigentes de Podemos, ya suavizaron el programa con el que concurrieron a las elecciones europeas diciendo que “no es aplicable” en unas elecciones generales. La Izquierda tiene, entre sus tareas, luchar por impedir una repetición del proceso que se dio en 1982 y la de advertir del riesgo de repetir la patética experiencia del gobierno de Tsipras.

Claro que ofrecemos unidad, y en primer lugar unidad en la lucha, pues sólo eso puede cambiar la situación y ser la base para la unidad en un gobierno. Pero debemos advertirlo ya: cualquier gobierno de la izquierda que no cuestione el propio sistema, que renuncie al impago de la deuda, que aplace el cumplimiento de las medidas imprescindibles de reducción de la jornada laboral y de edad de jubilación, de creación de empleo o de nacionalización de los recursos financieros y los sectores estratégicos, estará condenado al fracaso, abocado a “gestionar el sistema”. No es cuestión de “buena o mala voluntad”. Pero si aceptas la propiedad privada de los resortes fundamentales de la economía, aceptas dejar en manos privadas un poder determinante para condicionar cualquier decisión política, pues quien controla la economía tiene siempre la última palabra. Una economía y una democracia en manos de los propietarios de los medios de producción (la burguesía), sólo pueden llevar al gobierno, incluso cargado con la mejor de las intenciones, a entrar en la lógica del sistema, y unirse a los González, Jospin, ZP y Tsipras que en el mundo han sido.

Esa debe ser la fortaleza de una izquierda marxista, Comprender la necesidad de la transformación socialista de la sociedad. Igualmente, la unidad de acción no es una opción, sino una necesidad para derrotar a la derecha, pero esa unidad debe incluir a los sindicatos de clase y, en ningún caso, puede suponer a la izquierda que renuncie a la defensa de su programa de transformación social.

¿CAMBIO DE MODELO O DE SISTEMA?

Las condiciones de existencia de la clase trabajadora se han deteriorado de forma profunda y siguen haciéndolo. El paro masivo, los desahucios, peores condiciones laborales, precariedad de los trabajos, disminución de las prestaciones públicas en sanidad o educación… Y, además, una degradación de la naturaleza en progresión geométrica que amenaza las condiciones de habitabilidad del planeta. ¿Cuáles son las causas de esta situación con efectos catastróficos similares a los de una postguerra, que traspasan todas las fronteras? ¿Cuál es la alternativa?

El diagnóstico es determinante para diseñar una alternativa. Si pensamos que los capitalistas están “mal organizados” o “mal aconsejados”, pero que el sistema puede funcionar dando satisfacción a las necesidades básicas de la humanidad, lógicamente la alternativa sería ofrecer una corrección de los “defectos” del sistema. En definitiva, mantener las relaciones de propiedad de la sociedad capitalista variando el énfasis de las políticas que se practican. Es decir, organizar un “nuevo modelo productivo” dentro del viejo modo de producción capitalista. Ésta es la vieja quimera que siempre ha defendido la socialdemocracia y en ella se han basado todas las fantasías capitalistas de “la sociedad del ocio”, “el Estado del bienestar”, “el capitalismo popular” y tantas otras maneras de intentar disfrazar la realidad de la brutal explotación de la mayoría de la humanidad, la clase trabajadora, por parte de una minoría, propietaria de los medios de producción.

Ese sueño imposible tuvo su expresión en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, en una pequeña parte del planeta, pero la crisis orgánica de sobreproducción, cuyas terribles consecuencias padecemos, ha puesto al descubierto la incapacidad del modo de producción actual para conciliar los privilegios de la burguesía con el bienestar de la mayoría de la población y los recursos de la naturaleza. Al contrario, ha dejado en evidencia lo que siempre hemos sabido: su riqueza es nuestra miseria. Son las dos caras de una misma moneda, se enriquecen destruyendo las dos fuentes de la riqueza: el trabajo humano y la naturaleza.

En definitiva, lo que esta crisis pone de manifiesto es el agotamiento de un sistema económico, de un modo de producción, de unas relaciones de propiedad, en las que se ha basado fundamentalmente la economía de las sociedades humanas en los últimos siglos.

Todo cambio determinante de nuestras condiciones de vida pasa por cambiar esas normas, por alterar las relaciones de propiedad, pues sólo así se podrá establecer armonía entre los intereses de los propietarios de los medios de producción y los intereses de la mayoría de la sociedad, al unir las decisiones sobre la propiedad, la producción, la distribución, el intercambio y el consumo en las mismas manos.

Pretender un cambio de modelo productivo en el capitalismo es el vano intento de hacer retroceder la historia a “los buenos viejos tiempos” de la socialdemocracia europea. Pero el pasado no volverá y nuestra tarea es construir un nuevo sistema.

EL PROBLEMA ES EL CAPITALISMO

Sin embargo, a la izquierda le cuesta llamar a las cosas por su nombre, aunque cada vez es más claro que esta sociedad capitalista no funciona y no ofrece futuro alguno a la mayoría de la población, en particular a la clase trabajadora. La realidad es que el sistema es incapaz de garantizar unas condiciones de vida dignas y un futuro a la mayoría de la población. El último informe sobre exclusión social en el Estado español realizado por FOESSA, señala que un 25,1% de la población viven en una situación de exclusión social y un 40,6% vive en una situación de integración precaria. Eso supone que basta perder el empleo, un recorte salarial o una enfermedad seria para caer en la pobreza⁵.

¿Cómo se puede crear empleo para todos, con salarios y condiciones de trabajo dignas, garantizar unos servicios públicos adecuados y evitar el expolio del medio ambiente? Cambiar el “modelo productivo” se ha convertido en la respuesta que nos llega desde las cúpulas sindicales y desde muchos otros ámbitos. Pero eso es, ni más ni menos, lo que siempre fue el eje de la política socialdemócrata: aceptar las reglas del juego, construir un “capitalismo con rostro humano”.

En una sociedad capitalista el modelo de producción lo determinan los intereses de los propietarios de los grandes medios de producción, y la competencia entre ellos por el máximo beneficio en el plazo más breve posible. Es el momento de defender que, ahora, la alternativa es una economía socialista.

Nos basta un ejemplo muy sencillo para ilustrar esta tesis: la energía. Las grandes empresas energéticas no pueden permitir “un modelo productivo” en su sector que escape a su control. A diferencia de las fuentes tradicionales de energía, fuertemente centralizadas, producto de grandes inversiones, las energías renovables son susceptibles de gran descentralización, dando opción incluso a instalaciones individualizadas, que romperían totalmente el monopolio de la gestión de un sector que da enormes beneficios a sus accionistas como se ha demostrado recientemente con el reparto en Endesa de un dividendo de 14.605 millones de euros, un récord en la historia de la Bolsa española.

Es evidente que, gracias al desarrollo de la tecnología, hoy estamos en condiciones de disponer de “un modelo productivo energético” no sólo mucho más descentralizado, sino mucho más democrático y mucho más barato que el que nos impone el oligopolio petrolero. Pero está bloqueado por quienes detentan la propiedad de las grandes empresas del sector. Son pocos, pero pueden imponer su “modelo productivo” porque tienen la propiedad y el control de los recursos productivos. Por eso, para lograr otro modelo energético, las grandes compañías del ramo deben ser nacionalizadas y puestas bajo control democrático, no para seguir usándolas con el mismo criterio que sus actuales propietarios privados sino para poner por delante los intereses de la mayoría de la sociedad y transformar la forma de producir y usar la energía que hoy hay.

La energía sólo nos ofrece un ejemplo, extrapolable a los principales sectores de la economía. El “modelo productivo”, la forma en que se utilizan las fuerzas productivas, sus características, está condicionada directamente por los intereses de sus propietarios y su objetivo de obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Los capitalistas no pueden evitar actuar así, pues el comportamiento de las empresas no responde a la codicia personal —independiente de que ésta abunde—, sino a una ley coercitiva de la que no pueden escapar: la competencia. Las más rentables atraen más capitales, las menos se hunden.

Si queremos cambiar las reglas del juego, no hay otra opción que cambiar las relaciones de propiedad. Mientras la burguesía mantenga la propiedad privada de los medios de producción, el objetivo será el beneficio privado, a cualquier precio. Todo “modelo productivo” del modo de producción capitalista mantiene las decisiones vitales de la economía fuera del control democrático.

La mano invisible del mercado existe, pero no funciona como dicen los economistas neoliberales: “buscando el máximo bien personal, el capitalista lograría el máximo bien social”. En realidad, tiene el efecto contrario: la búsqueda del máximo beneficio privado, acaba acarreando el máximo perjuicio social. Tenemos el ejemplo del sector financiero, dónde el máximo beneficio para accionistas y directivos durante los años del auge ha supuesto el agravamiento de la crisis y el rescate bancario con dinero público.

Los economistas “de cátedra” suelen despreciar un factor determinante de la economía: la lucha de clases. Lo que determina una política “más o menos social”, no es la teoría económica, sino la correlación de fuerzas entre las clases. El keynesianismo fue producto de su época, de la amenaza real de la revolución, de la existencia de la URSS, de la revolución colonial, de una clase obrera organizada.

Y toda la política actual de agresión, no se debe a conspiraciones o sesudos razonamientos de los think-thank de la burguesía, sino a la derrota de la clase obrera en occidente, al hundimiento del mal llamado “socialismo real” en la URSS y China y, en definitiva, a que la izquierda ha renunciado a luchar por el socialismo, a explicar la necesidad de un nuevo modo de producción socialista y resignarse a reformar el capitalismo con un “nuevo modelo productivo”.

UNA CRISIS DE SOBREPRODUCCIÓN

 La gran paradoja del capitalismo es que, a pesar de tener las mayores fuerzas productivas de la historia, no puede aprovecharlas sin provocar un desastre social y medioambiental. Estamos ante una crisis de sobreproducción, que se manifiesta principalmente como un exceso de capacidad productiva instalada, más que en un exceso de mercancías sin vender. Aunque eso sí suceda con la vivienda, donde hay una enorme bolsa de viviendas vacías imposibles de vender.

La sobreproducción es un mal crónico que va necesariamente acompañado de un desempleo permanente y de una precarización cada vez mayor de quienes tienen empleo.

La manera como el capitalismo trata de resolver esta sobreproducción es destruyendo parte de las fuerzas productivas, buscando nuevos mercados y explotando más intensamente los que tiene. Y eso hace. Destruye medios de producción y puestos de trabajo. Utiliza el desempleo para imponer condiciones de explotación más intensas a los trabajadores. Crea nuevas esferas de negocio privatizando más servicios públicos vitales y trata de exportar más. Y se asegura de tener el apoyo del aparato del Estado para sanear los bancos y subvencionar a las grandes empresas —cuyos intereses son inseparables—, a costa de recortar los gastos sociales.

Eso ya sucedía en la época de auge, en la que crecían las desigualdades porque se reducía la participación de los trabajadores en la renta nacional. Ese empobrecimiento se compensó durante unos años con el recurso del crédito: las viviendas eran más caras que nunca, pero podías acceder a ellas a base de hipotecarte para toda la vida. La crisis ha truncado las esperanzas de millones de familias trabajadoras.

La crisis que sufrimos no se resuelve sólo con cambios políticos sino que son necesarios cambios sociales. No se puede separar una revolución democrática de una revolución social, una transformación socialista. Pues todas las libertades democráticas necesitan una base material para su mantenimiento y desarrollo, un bienestar que permita varios requisitos imprescindibles de la auténtica democracia: que se supere la escasez de medios de vida necesarios para una existencia digna, pues sin ello no hay libertad, sino necesidad y lucha desesperada por la supervivencia; que las decisiones económicas, que determinan nuestras vidas, se tomen democráticamente, lo que excluye la propiedad privada de los medios de producción, incluidos los recursos financieros; que se reduzca la jornada laboral, pues sin ello es imposible la participación en la vida pública y dejaríamos de nuevo nuestro destino en manos de “profesionales” de la política. La democracia sólo existe si la política y la economía (dos aspectos de la misma realidad) son un ejercicio controlado por la participación de la mayoría.

Por tanto, sólo el cambio de sistema productivo, la superación del capitalismo, puede cambiar nuestras vidas. Hablar de “cambio de modelo productivo”, algo que defienden desde el PSOE al rey, pasando por Podemos, es una entelequia vacía de contenido. El antiguo presidente socialista francés, Lionel Jospin, ya acuñó un aforismo que expresa bien el intento de tener un capitalismo de rostro humano: “economía de mercado sí, sociedad de mercado no”. La mayoría de la izquierda ha tendido a aceptar el mercado, como indiscutible. Lo único que hace falta es regularlo. Pero quien manda en la sociedad son los que tienen el control de las fuerzas productivas: quien domina la banca, las grandes industrias y la tierra, decide la política, y no al revés. La socialdemocracia ya lo intentó y sabemos dónde ha terminado. Zapatero llegó a reconocerlo, “íbamos a reformar los mercados y los mercados nos han reformado a nosotros”.

ESPERANDO A MISTER MARSHALL…

Y es que, aunque hablamos de crisis de sobreproducción, no es un problema de falta de recursos ni de medios. Hay más que suficientes para que toda la población mundial tenga unas condiciones de vida dignas, pero ¿cómo utilizarlos para resolver los problemas que sufre la mayoría de la sociedad? La Confederación Europea de Sindicatos ha propuesto un“Plan Marshall” para Europa. Ignacio Fernández Toxo, a la sazón secretario general de CCOO y de la CES, lo defendía señalando que “España necesita una profunda transformación de su modelo productivo”⁶.

La propuesta del CES recoge que, “en Europa Occidental, 27 billones de euros en activos monetarios contrastan con el menguante número de opciones de inversión seguras y rentables: esta situación entraña la gran oportunidad de redirigir el capital disponible en Europa a inversiones que apuestan por su futuro. A este efecto, el “Fondo para el Futuro de Europa” emitiría, como una empresa o un Estado, bonos con intereses que denominamos “bonos New Deal”. Así los inversores dispondrían finalmente de opciones de inversión buenas y seguras, y la Unión Europea garantizaría la financiación de esta ofensiva de modernización”. Según el documento, se trataría de “imponer reglas y ofrecer orientación política al mercado y dirigir también las inversiones privadas a proyectos de futuro con carácter innovador”, puesto que las “clases sociales con mayor capacidad financiera y las regiones con mayor poder económico deben contribuir en mayor medida a financiar las inversiones de futuro que otras con menores capacidades”.

Pero esta propuesta está abocada al fracaso. Pretender canalizar la inversión privada en políticas sociales y en el desarrollo de un nuevo modelo productivo, convenciendo a los capitalistas de que será lo más rentable para ellos y para la sociedad, no puede funcionar. En realidad, los capitalistas ya están tomando las medidas para que invertir en Sanidad o Educación sea rentable para ellos. ¿Cómo? Degradando los sistemas públicos de salud y enseñanza.

Si decimos que la base del capitalismo es la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales no es por prejuicio ideológico, sino porque así lo muestra la realidad cotidiana. El beneficio privado es el motor del mundo capitalista y no hay beneficio privado sin explotación. De otro modo, ¿cómo explicar que en plena crisis crezca la riqueza de la burguesía mientras se empobrece el conjunto de la clase trabajadora? Repetimos, sus beneficios son nuestra miseria.

LA COMPETENCIA POR EL MERCADO EXTERIOR

Uno de los recursos típicos para “mejorar” el capitalismo, por parte de quienes defienden el “nuevo modelo productivo”, es ganar cuotas de mercado, a través, sobre todo, de mejorar la competitividad de las empresas. En su buena voluntad, proponen que esto no se base sólo en la explotación de los trabajadores, sino que ponen el énfasis en fomentar aspectos de Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), en la cualificación del trabajo y en la colocación en el mercado de productos con menos horas de trabajo (es decir mayor productividad), mejorando las exportaciones.

¡Este es el sueño de todo capitalista! Porque la competencia (lo contrario a la planificación) es el mecanismo de funcionamiento de la economía de mercado. Pero ese deseo, al igual que el de que “mis trabajadores ganen poco, para no dañar mis beneficios, pero que los demás ganen más para poder comprar lo que yo fabrico”, no es más que la expresión del callejón sin salida al que nos conduce la economía de mercado.

En primer lugar, eso lo intentan todos, luego no todos pueden ser los ganadores y parece que otros países capitalistas llevan mucha ventaja a nuestra clase dominante. Pero lo segundo, y más importante, es que nosotros, como defensores de otros valores y otro modelo de sociedad, no podemos defender las consecuencias de esa política de competitividad y conquista del mercado.

El aumento de la competitividad del capitalismo español se hace a costa de los niveles de vida de la clase obrera de los países con los que competimos y también del nuestro propio. Lo convertimos, si le damos nuestro apoyo, no sólo en competencia entre capitalistas, sino en competencia entre la clase obrera de esos países; “empresarios y trabajadores españoles juntos, con un interés común”, contra “empresarios y trabajadores alemanes, o griegos, o italianos, o rumanos… también con un interés nacional común”. ¡Qué disparate! Marx y Engels, ya en el Manifiesto Comunista, explicaron que el sistema de trabajo asalariado tiene su fundamento en la competencia entre los trabajadores, y que la tarea histórica para transformar la sociedad es llegar a defender los intereses comunes de la clase obrera frente a sus explotadores, por eso la primera gran consigna de los defensores del socialismo fue, “¡Proletarios de todos los países, uníos!”. Hoy, esa consigna adquiere un significado más urgente que nunca.

NO HAY UN CAPITALISMO “BUENO” Y OTRO “MALO”

Es común contraponer un capitalismo especulativo, financiero, a otro productivo. De hecho, el crecimiento del peso específico del sector financiero en la economía se suele relacionar directamente con la eliminación o reducción en el control de las entidades financieras, que propiciaron Thatcher y Reagan en los años 80 y primeros de los 90, y de ahí se plantea la conclusión que la causa de nuestra situación son las política neoliberales. No cabe duda de que la política neoliberal propició esa hipertrofia financiera, pero estamos invirtiendo los términos de la realidad. Las políticas neoliberales se imponen porque eran las que objetivamente mejor le venían al capitalismo, cuyo sector financiero crecía cada vez más. El requisito previo era la derrota de la izquierda y del movimiento obrero. De la misma forma, buscaron recuperar la tasa de ganancia incrementando la explotación del trabajo asalariado y los recursos naturales, aplicando recortes de derechos sociales y liberalizando la economía.

La llamada financierización de la economía es, en primer lugar, el producto de la dinámica interna del capitalismo. Las políticas neoliberales estimulan el fenómeno, pero no lo crean. La razón principal es la caída de la tasa de ganancia en la inversión productiva, una tendencia que reaparece constantemente en el capitalismo y también lo hace en las etapas finales del auge posterior a la Segunda Guerra Mundial. De ahí la época de crisis que caracteriza los años setenta y primeros ochenta⁷, a pesar de que las políticas dominantes hasta que se desató la crisis eran keynesianas. Pero también fracasaron.

Esa pérdida de la rentabilidad en la inversión productiva en los países capitalistas más desarrollados estimula la búsqueda de nuevas fuentes de rentabilidad en el sector financiero. Y a eso se une la acumulación de gran cantidad de riqueza durante los años del auge, sobre todo en los segmentos sociales medios y altos, y en las grandes empresas no financieras. Son los sectores de la burguesía más ricos los que dominan el conjunto del ahorro en su propio beneficio.

Todo eso crea las condiciones para el desarrollo exponencial del sector financiero, con una gran cantidad de dinero en búsqueda de acciones y productos financieros que les den rentabilidad y supone que las cuestiones financieras (tipos de interés, estabilidad monetaria, productos financieros…) se conviertan en cuestión decisiva para las grandes empresas y para el sector más rico de la sociedad, cuya prioridad es garantizar el valor de su riqueza monetaria. Desde entonces se dispara el volumen del sector financiero, de los grandes grupos de inversión, de la ingeniería financiera, elevando el uso del crédito hasta la enésima potencia, siendo un factor que ha introducido mucha más inestabilidad en el capitalismo, estimulando los auges y agravando las crisis, aunque no creándolas.

De igual forma que el neoliberalismo no crea esta realidad, sino que responde a ella, acabar con la financierización de la economía y sus consecuencias no se puede resolver con más controles sobre los bancos privados y las entidades financieras privadas, sino acabando con la propiedad privada de dichas entidades y poniendo la gestión de los ahorros de la sociedad en manos públicas y bajo un control democrático.

CAMBIAR LAS RELACIONES DE PROPIEDAD

Sin embargo, ahí no se acaba la cuestión. El sector financiero no crea ni un átomo de riqueza, sino que se limita a extraer sus intereses de la economía real, mediante la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales. Y la clave está en la socialización de los grandes sectores productivos.

El mejor testimonio de que la riqueza no nace en los bancos, aunque sean los banqueros los que se apoderen de la mayor parte de ella, es que todos los planes de rescate bancarios van vinculados a reformas laborales y a planes de “consolidación fiscal”, que es el eufemismo empleado para referirse a los recortes del gasto social, a las subidas de impuestos para los que menos tienen y a las bajadas para los que más tienen. Todas las medidas que plantean las instituciones internacionales (FMI, Comisión Europea…) y los gobiernos van dirigidas a incrementar la explotación de los trabajadores y los recursos naturales, a fin de recuperar la tasa de ganancia. Es decir, ahora los trabajadores y la naturaleza tendrán que garantizar con su sudor y su expolio, no sólo la rentabilidad del capitalista, sino el pago de las deudas acumuladas durante los años de auge.

Un gobierno de izquierdas que quiera garantizar pan, empleo, techo y servicios públicos a toda la sociedad, debe proponer medidas de carácter socialista desde el primer momento. Medidas como la reducción de la jornada laboral sin disminución salarial, la anticipación de la edad de jubilación, el acceso a la vivienda para todos, sanidad y educación pública universales, un servicio público de dependencia, etcétera, sólo pueden garantizarse si la mayoría de la sociedad tiene el control de las grandes fuerzas productivas.

Una reforma fiscal, por si sola, si los sectores estratégicos de la economía están en manos privadas, no podrá dar la vuelta a la situación.

Hemos de ser conscientes de que cualquier gobierno de izquierdas, desde el ámbito municipal al Estatal, pasando por las autonomías, se verá obligado a declarar una moratoria inmediata en el pago de la deuda y forzar una quita drástica de la misma, tras una auditoría. Si no lo hiciera, estaría incapacitado para abordar las políticas sociales que son necesarias y condenado a enfrentarse a la mayoría de la sociedad y a decepcionarla.

Pero el impago de gran parte de la deuda, —o mejor dicho, forzar que la pagasen los que más tienen: grandes accionistas privados y acreedores—, no sería viable si, al tiempo, no se nacionalizan los sectores estratégicos de la economía: la banca, las grandes corporaciones y los grandes latifundios.

Ahora, el Estado es prisionero del sistema financiero, al que no puede permitir quebrar sin ser arrastrado él mismo al desastre. Sanear el sistema financiero, acabar con su sobredimensión y convertirlo en una administración racional de los ahorros de la sociedad con una finalidad social, sólo es posible si se transforma en público. El propio sistema financiero privado sería inviable sin el respaldo público y las millonarias ayuda públicas. Por tanto, debe ser público.

PLANIFICACIÓN DEMOCRÁTICA EN LUGAR DE MERCADO

Muchos reclaman que se saquen del mercado recursos tan importantes como la tierra, los mares, la vivienda… Sin embargo, lo que debemos hacer es sacar del mercado al núcleo de la economía. Sólo a partir de transformar en público el corazón del sistema productivo se puede pilotar un cambio que ponga la economía al servicio de la sociedad y no al revés, como de hecho sucede ahora. Se trata de poner en marcha una planificación democrática de la economía y, a partir de lo que existe, transformar el sistema productivo para reducir drásticamente las desigualdades sociales, hasta su desaparición, y tener en cuenta los límites de los recursos naturales.

Entonces, lo que la sociedad debe hacer es tomar lo que ya existe y transformarlo. El propio desarrollo de la economía nos ofrece los mimbres para hacerlo. La experiencia ha demostrado que suministrar agua o atender la salud se puede hacer desde el sector público mejor que desde el privado. Pero eso es extensible a todos los grandes sectores productivos: metalurgia, transporte, comunicaciones, constructoras, química, distribución…

¿Qué son las grandes empresas? Son una minoría del total pero mueven la parte decisiva de la economía. Millones de trabajadores y una producción vital para la sociedad, porque determinan totalmente la marcha de la economía, sus prioridades y las condiciones de vida de todos. Es ridículo hablar de libre competencia en este terreno, son oligopolios controlados por una minoría de grandes accionistas y directivos con un único objetivo: máxima ganancia. ¿Qué ciudadano puede crear una petroquímica para competir con Down o Repsol?

El reconocimiento de su magnitud social lo hace, sin intención, el propio sistema cuando las salva y sostiene con dinero público. El capitalismo no podría subsistir sin la intervención del Estado, su Estado. Pero esa situación no hace sino reflejar la madurez de las fuerzas productivas para pasar a ser propiedad social, para su gestión pública y democrática por parte de sus trabajadores y de la sociedad. Nuestro objetivo es sustituir el mecanismo de mercado, con sus crisis y anarquía, por una administración colectiva y democrática de las grandes fuerzas productivas.

Es cierto que la experiencia de la URSS fracasó. De ella hemos aprendido que no basta con nacionalizar las fuerzas productivas, sino que además hay que garantizar el control democrático de las mismas para evitar que surja un monstruo burocrático que ahogue la economía y a toda la sociedad. Tendremos que garantizar el control real y cotidiano de las empresas, la eliminación de privilegios salariales, la limitación de mandatos en los puestos directivos, igual que en el resto de la sociedad.

Sin embargo, las condiciones materiales actuales son muy distintas de las de 1917. Rusia era un país enormemente atrasado en el que los propios comunistas creían imposible que el socialismo triunfara si no se extendía la revolución a escala mundial. Hoy disponemos de la base material para hacer posible otra sociedad. La enorme productividad del trabajo, la amplitud de las fuerzas productivas, combinada con la incorporación al trabajo de millones de asalariados que hoy están condenados al paro y al subempleo perpetuo, permitiría generalizar una jornada laboral reducida de tal forma que la participación en el control de la sociedad, en la actividad política en el mejor sentido de la expresión, sería algo al alcance de todos. Las largas jornadas de trabajo son un obstáculo para la participación democrática de la sociedad, que ahora es posible eliminar.

Y, además, las tecnologías de la información y comunicación, que hoy ya interconectan toda la economía, harían posible que la población pudiera participar con información suficiente en la toma de decisiones. Los mismos mecanismos que hoy utilizan las grandes empresas para su gestión interna y los sistemas financieros para dominar el conjunto de la economía, servirían al conjunto de la sociedad para controlar y determinar el uso de las fuerzas productivas. Existen las condiciones para sustituir el mecanismo de mercado, en lo que a grandes sectores productivos se refiere, para la asignación de los recursos por una planificación y por una administración racional y social de los recursos.

Con una columna vertebral económica pública que administre racionalmente los recursos, la democracia podría entrar en la economía y el mercado iría quedando relegado a un papel cada vez más secundario en ella. Las pequeñas empresas y, sobre todo, las cooperativas podrían florecer en esas condiciones. La economía, coordinada a gran escala, debería ser enormemente descentralizada. La competencia entre países por cuota de mercado, la expoliación de las personas y los pueblos, podría ser sustituida por la cooperación en beneficio mutuo. Dejaría de tener sentido producir muchos productos a miles de kilómetros del lugar de uso final, por la única razón de que la mano de obra es más barata y los costes de transporte no tienen en cuenta ni el derroche de recursos ni la contaminación. La obsolescencia programada o las patentes desaparecerían. La producción de armamento sería innecesaria y también la producción de bienes de lujo. Lo decisivo es que las personas podríamos, por fin, decidir racionalmente, con criterios de beneficio social y a largo plazo, el funcionamiento de las fuerzas productivas.

Lo que hace avanzar la historia es la lucha de la clase ascendente frente a la clase social decadente, que posee en sus manos los recursos de la riqueza y al tiempo las constriñe a las caducas normas de su modo de producción, evitando que sean puestas al servicio de la mayoría. Nuestra tarea no es el absurdo propósito, como lo calificó Marx, de poner freno a la historia, sino de llevar esa lucha a su culminación para superar esas trabas y comenzar la verdadera historia de la humanidad sobre las bases de la propiedad pública de la economía y la planificación democrática de los recursos. Sabemos que no es una tarea fácil, todo lo contrario, pero es necesaria y es posible.

EL EJEMPLO DE GRECIA

Un jarro de agua helada cayó sobre los sectores más combativos de la izquierda europea que seguíamos día a día la odisea del pueblo griego, la lucha titánica de la clase trabajadora que había conseguido derrotar a su burguesía en las calles y en el Parlamento, que llevó a sus representantes al Gobierno, y que humilló a los partidos de la burguesía griega en el referéndum dando una bofetada a los planes de la clase dominante europea al rechazar el memorándum del “rescate”. Pero tras tantas proezas, “su gobierno”, los dirigentes de Syriza encabezados por Alexis Tsipras, claudicó sin lucha, se rindió dando la espalda a muchos años de lucha.

El gobierno de Tsipras pareció dar un paso audaz y decidido al convocar el referéndum en Grecia, llamando a que su pueblo rechazase las ominosas condiciones impuestas por los administradores del capitalismo europeo. Pero ha sido la parodia de un César que llama a sus tropas a entrar en las aguas del Rubicón pensando que esa escenificación sería suficiente para conseguir un trato “entre caballeros”. Ese es, precisamente, el error de todos los “reformistas” del mundo que han encerrado el marxismo en un cajón: ¡no es un diálogo entre caballeros, sino lucha de clases!

Al final, la cuestión es si el gobierno de Tsipras podía haber actuado de forma distinta y, por extensión, si un futuro gobierno de izquierdas en el Estado español puede hacer algo distinto o está condenado a seguir los pasos del ejecutivo heleno. Lo queramos o no, al justificar a Tsipras, se refuerzan las críticas del PP y se dice que no tenemos alternativa.

Y nadie puede alegar una correlación de fuerzas desfavorable políticamente. La victoria en el referéndum con más del 60% del apoyo, a pesar del “corralito” impuesto por el BCE, puso en evidencia el enorme respaldo con el que contaban para luchar. El problema es que no tenían una alternativa y, cuando la Troika se dio cuenta, no lo dudó: exigió la rendición sin paliativos.

Hay dos errores que destacan por encima de los demás; el primero es que el gobierno de Syriza infravaloró el carácter del enemigo al que se enfrentaba.

Y el segundo error, el más grave, es que los dirigentes de Syriza han infravalorado sus propias fuerzas, las fuerzas de la clase trabajadora y del pueblo griego, que han demostrado durante años estar preparados para la lucha. Los generales de Syriza no se han atrevido a ponerse al frente de la batalla, han claudicado sin lucha, han dado la espalda a su clase y se han arrodillado ante el enemigo.

Cuando la dirección de IU discutió qué postura tomar en el Parlamento español sobre la votación del memorándum, algunos dirigentes de IU federal y del PCE defendían “salirse sin votar” y mostrar nuestro apoyo “al Gobierno griego y a su pueblo”. El ala izquierda respondió diciendo: “sólo cabe votar “no”, que es lo que ha votado el pueblo griego, además IU tiene que elegir entre apoyar al Gobierno griego o apoyar al pueblo griego, pues tras la claudicación de Tsipras ese Gobierno no representa los intereses del pueblo”.

Ahora, con el fracaso de Tsipras, renace la idea de que lo necesario es salir del Euro, pero eso es huir del debate de fondo: el impago de la deuda y retomar el control de la economía griega.

El Gobierno griego debería haber declarado desde el principio una suspensión de pagos de la deuda, lo cual le hubiera puesto en condiciones de mayor fuerza frente a la Troika y le hubiera ahorrado unos 12.000 millones de euros hasta finales de 2015 [3]. La auditoría de la Deuda realizada en Grecia ha demostrado que ésta ha sido engordada en beneficio de los bancos alemanes, franceses… y de las grandes fortunas de la propia Grecia. La deuda no se puede ni se debe pagar.

Pero la segunda cuestión es que el gobierno de Tsipras debía haber nacionalizado los sectores estratégicos de la economía, empezando por los bancos, para tener el control de la columna vertebral de la misma, proceder a su saneamiento efectivo y usar los recursos de las grandes empresas en beneficio de la mayoría de la sociedad. Pero ni siquiera tomó el control del Banco de Grecia, que sigue dirigido por quien puso el gobierno de la derecha, Yannis Stournaras. Y ha aceptado la privatización masiva de los recursos públicos, que había paralizado hace unos pocos meses.

En realidad, Tsipras renuncio a enfrentarse, no sólo a la Troika, sino a la propia burguesía griega, que es el primer enemigo del pueblo heleno y de su clase trabajadora. Las grandes fortunas griegas que, asociadas a los bancos alemanes y franceses, han saqueado el país durante años, tienen más de 80.000 millones de euros en Suiza según últimos estudios, aunque algunos elevan a 200.000 millones la cantidad de dinero oculta en paraísos fiscales.

Para tomar esas medidas no hay que salir del Euro. Es más, se podría haber emitido moneda en euros —Varufakis preparó un plan para hacerlo— que le hubiera permitido al gobierno disponer de liquidez.

Por supuesto, podrían haber echado a Grecia del Euro y había que estar preparado, pero eso es muy distinto a pretender que salirse del euro es la solución. Con euros o dracmas, el impago de la deuda y la nacionalización de los sectores estratégicos es conditio sine qua non para lograr salir adelante.

El programa que esbozamos en estas líneas sobre Grecia, es el que habría que aplicar en el Estado español. Zapatero ya tomó en 2010 el camino que ahora emprende Tsipras. El mismo que se verá obligado a tomar quien no sea capaz de cuestionar el sistema.

Se equivoca Pablo Iglesias cuando afirma que “nuestro país cuenta con mucha más fuerza como actor en Europa y con instituciones públicas capaces de disciplinar a nuestras oligarquías corruptas, improductivas y defraudadoras simplemente haciendo cumplir la ley”. Si no se cambian las relaciones de propiedad y las instituciones, no hay posibilidad alguna de garantizar “pan, techo, trabajo y dignidad” a la mayoría de la población. Esa es la primera lección de Grecia y vale para todos los Estados de la Unión Europea.

No hay revolución democrática a secas, no es una cuestión de libertades, sino de propiedad. No hay libertad sin techo, pan y trabajo. No hay libertad sin cuestionar la propiedad de los medios de producción.

LA UNIÓN EUROPEA

Lo sucedido en Grecia nos hace recordar lo que Marx afirmó al hablar de las luchas de clases en Francia: “La nueva revolución francesa se verá obligada a abandonar inmediatamente el terreno nacional y a conquistar el terreno europeo, el único en que puede llevarse a cabo la revolución social del siglo XIX”.

Esta idea que defendió Marx hoy es aún más vigente: los pueblos europeos se salvarán juntos o se hundirán en común, no hay salvación posible si no hay transformación social en todo el continente; el estrecho nacionalismo es un callejón sin salida.

Una de las mayores paradojas de nuestra época es el carácter cada vez más internacional de los poderes capitalistas, frente a una debilidad manifiesta de las tendencias internacionalistas que caracterizaron al movimiento obrero desde su nacimiento. En Europa esa deficiencia es palmaria y es en la propia izquierda donde surgen tendencias a refugiarse en alternativas “nacionales”, frente a la Unión Europea.

Europa, como proyecto capitalista, y el euro, como expresión de este proyecto, exigen hoy análisis y situarse de la izquierda transformadora, pero si algo podemos afirmar es que el problema de Europa va mucho más allá de una moneda.

La unidad de los países y pueblos que componen Europa para la planificación conjunta de sus recursos económicos no es una opción es una necesidad. Por tanto, indicar el camino de la autarquía como opción es volver hacia atrás la rueda de la historia.

“No hay alternativa” al ajuste, nos insisten una y otra vez desde el Gobierno y desde la llamada Troika, el triunvirato que forman la Comisión Europea, el Banco Central Europeo al que se incorpora el Fondo Monetario internacional. Pero sólo es la “alternativa” que les conviene a ellos. Salvan los fondos de los grandes inversores financieros con ingentes ayudas públicas de los Gobiernos y del Banco Central Europeo, mientras se condena a la explotación y a la miseria a millones de trabajadores y se intensifica el expolio de recursos naturales. Europa tiene 26 millones de personas en paro, un 10,7%, y 120 millones de europeos están en riesgo de caer en la pobreza, según la propia Comisión Europea.

Europa posee ingentes medios humanos, científicos y tecnológicos que permitirían garantizar el pleno empleo y servicios públicos de calidad. Esa es la base de nuestra alternativa, poner los recursos económicos al servicio de la mayoría. Y eso sólo se puede hacer aboliendo las relaciones de producción capitalistas que permiten que una minoría de grandes propietarios de grandes medios de producción, la gran burguesía, pueda explotar a la mayoría de la población que está obligada a vender su capacidad de trabajar a cambio de un salario.

La actuación de los centros de poder europeos para derribar al gobierno de Syriza o someterlo a su política, como al fin consiguieron, nos muestra que una lucha consecuente por los intereses de la clase trabajadora llevaría a un gobierno de izquierdas a romper con las políticas de la UE y por tanto es muy probable que fuese expulsado del sistema del euro. Eso hay que explicarlo con claridad y estar preparados para esa eventualidad tomando las medidas necesarias. Pero una cosa es saber que nuestra política puede tener como consecuencia la expulsión del euro y otra muy distinta afirmar que la solución a los problemas sociales es la salida del euro y proponer como objetivo de un programa la salida del mismo.

Por supuesto, la solución al desempleo y el recorte de los derechos sociales no vendrá de la Unión Europea de Maastricht, la Comisión Europea o el BCE ni del entramado institucional que han construido las distintas burguesías europeas. Pero tampoco vendrá del Banco de España o del aparato estatal producto de la Transición que se ha demostrado incapaz de resolver los problemas que sufre la mayoría de una sociedad de la que cada vez está más alejado.

EL SURGIMIENTO DE LA UE

La existencia de la UE responde, en primer lugar, al desarrollo de las fuerzas productivas. El propio capitalismo va ligado a la creación de Estados nacionales que superaron el particularismo feudal y es el responsable del surgimiento de un mercado mundial. La existencia de la UE es un resultado de esa dinámica y un paso adelante en relación con el pasado. No podemos olvidar que la historia de las naciones europeas es una larga crónica de guerras entre ellas.

El “Mercado Común” europeo nació como unión aduanera que eliminó aranceles entre los estados miembros y que estableció un arancel común frente a terceros, propiciando el desarrollo del comercio entre los países miembros que crecieron durante las décadas de los 50 y 60 con porcentajes superiores a los de Estados Unidos. Su objetivo siempre fue defender su dominio del mercado interior europeo, la mejor explotación de sus trabajadores y sus recursos naturales, y hacer frente a la competencia de otras potencias capitalistas y, en su primera etapa, levantar una alternativa ante la URSS y el bloque del Este que conjurara el peligro de cualquier revolución.

A pesar de la globalización, el capitalismo no ha superado el Estado nacional. Por un lado, cada vez es más cosmopolita, recorriendo el planeta en busca de rentabilidad sin más patria que su cuenta de resultados. Pero por otro, lejos de disolverse, el Estado juega un papel cada vez más importante en la defensa de los intereses de sus respectivas clases dominantes, como testimonian el rearme militar, el reforzamiento de los cuerpos policiales y el recorte de derechos democráticos. Cada burguesía se aferra a su aparato estatal en la defensa de sus privilegios y en su pugna con el resto. En el caso de las distintas burguesías que componen la UE se necesitan tanto como chocan entre sí, una contradicción que marca el desarrollo de la Unión. Se necesitan para defender su propio mercado y competir con las otras grandes potencias y pugnan por el reparto de los beneficios.

EL FRACASO DEL KEYNESIANISMO PROPICIÓ EL NEOLIBERALISMO

En la década de los 70, en plena crisis del capitalismo a escala internacional, la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) sufrió varias recesiones. Alemania era la principal potencia industrial y tenía un fuerte superávit, con la contrapartida en el déficit de otros países de la CEE, una situación muy parecida a la actual.

En la medida en que el conjunto de la izquierda europea no fue capaz de aprovechar la crisis de los años 70 para propiciar una transformación socialista de la sociedad, el capitalismo se impuso y lanzó las políticas que se han dado en llamar neoliberales —que ni eran nuevas ni liberales— para intensificar la explotación de los trabajadores y recuperar su tasa de ganancia. Dicho en otras palabras: el fracaso del keynesianismo propició el neoliberalismo.

El fracaso del mal llamado “socialismo real” y la aceptación del capitalismo por parte de la socialdemocracia, fortalecieron el giro a la derecha en todo el mundo que también afectó al desarrollo de la UE que nació en Maastricht en 1992. El Tratado acordado en esa ciudad creó unas instituciones europeas aún más ajustadas a la medida de las grandes multinacionales europeas. La Carta Social europea de 1961, quedó definitivamente convertida en papel mojado y se dio una nueva vuelta de tuerca en la explotación de los trabajadores y en el recorte de los derechos sociales.

El auge económico que acompañó la creación del Euro, amplificó viejos problemas. Gracias a una poderosa base industrial e imponiendo unas condiciones de trabajo peores a sus asalariados —trabajo sucio que perpetraron los gobiernos del socialdemócrata Schroeder—, la burguesía alemana cosecho grandes beneficios exportando su producción industrial, ampliando otra vez más su superávit comercial, por un lado, y por financiar las importaciones e inversiones de otros países como el Estado español, Grecia…, es decir, por financiar su déficit comercial.

Pero el papel de la economía española como deficitaria, no ha impedido a los capitalistas españoles obtener enormes fortunas. La privatización de empresa públicas de servicios básicos como la telefonía y la energía, los contratos para obra civil (con cuantiosos fondos de la UE y del Estado) o de servicios públicos de todo tipo… combinados con una abundante mano de obra barata, nativa o inmigrante, les ha brindado un excelente terreno para cosechar grandes ganancias. Y todo ello ha contado con la ventaja de pertenecer al euro y tener acceso a ayudas al desarrollo y, sobre todo, a crédito a bajo interés.

Durante el auge se ha producido la internacionalización del capitalismo español hasta el punto de que las grandes corporaciones españolas obtienen hoy la mayoría de los beneficios fuera del Estado español. La inmensa mayoría de grandes compañías se han beneficiado del erario público por multitud de cauces, y siguen haciéndolo. Desde abundantes contratos de obra civil y servicios hasta bonificaciones a la seguridad social y exenciones fiscales. Sobre esa base se han consolidado las grandes multinacionales españolas.

Precisamente son esas empresas las responsables de la mayor parte de la deuda, especialmente las grandes corporaciones y los bancos. Y, apenas llegada la crisis, el Estado las ha socorrido, desde bancos —a los que salva con cientos de miles de millones de euros— a concesionarias de autopistas.

Esta dinámica general, de superávit alemán y de unos pocos países, combinado con el déficit español, francés o Italiano… era insostenible. La crisis era cuestión de tiempo y llegó. Pero igual que en el auge los beneficios no se repartieron equitativamente, las pérdidas tampoco se distribuyen por igual. Miles de millones de euros se acomodan en paraísos fiscales, mientras las deudas incobrables de los bancos son avaladas o pagadas con fondos públicos, lo que dispara los déficits públicos que pretenden corregirse recortando el gasto social.

Nunca se buscó un desarrollo armónico de la UE, ni reducir las desigualdades sociales, sino lograr la máxima rentabilidad del capital y eso sí lo consiguieron durante años. Las burguesías europeas pugnaban entre sí por alcanzar el máximo de cuota de mercado y cada una buscaba su nicho más rentable a corto plazo en la economía europea, pero todas estaban de acuerdo en las medidas para una explotación más intensa de los trabajadores y de los recursos naturales. Cuando ha llegado la crisis, las distintas clases dominantes capitalistas de Europa se aprestan a resolverla de la forma más rentable a sus intereses de clase.

Es un disparate la afirmación de Cándido Méndez a Rajoy, en el último Congreso de la UGT, ofreciéndole el apoyo del sindicato para que se plante frente a la Comisión Europea, y busque una alianza con los países del sur de Europa y Francia contra Alemania. El gobierno del PP, con el apoyo de la patronal, no aplica los recortes de derechos porque se lo exija la “Troika” sino porque es la política que quiere.

Nosotros no podemos ser aliados de la burguesía española en sus conflictos con otras clases dominantes, arrojando por la borda la necesaria política independiente de la clase trabajadora, el hecho elemental de que tenemos más en común con los asalariados alemanes que con la gran burguesía española. Los pactos con la burguesía, en su versión más extrema, llevaron a la izquierda europea en los inicios de la Primera Guerra Mundial a respaldar a sus respectivas clases dominantes apoyando los respectivos créditos de guerra que hicieron posible el conflicto bélico.

Nuestra respuesta a las políticas de la clase dominante alemana, francesa o británica no es “el patriotismo español”, sino la propuesta de ¡trabajadores de toda Europa uníos frente a la burguesía europea!

Ni dentro ni fuera del euro hay solución para los trabajadores, la única solución es “salir” del capitalismo. No hay atajos.

UNA UNIÓN EUROPEA DEMOCRÁTICA Y SOCIALISTA

Una transformación socialista de la sociedad en el Estado español no puede consolidarse aislada del resto del continente y del mundo. Por eso nuestra propuesta debe ser de ámbito europeo desde el principio, abogando por una Unión Europea Democrática y Socialista. Y apostar por la salida del euro nos empuja en dirección contraria, hacia la salida nacionalista. Debemos ser los primeros defensores de la unidad del movimiento obrero en toda la Unión Europea, en torno a un programa común, y no de la vuelta al redil de los Estados nacionales. Incluso alentar bloques de “países del sur” frente a “países del norte” es un grave error, cuando lo que hay que hacer es fomentar la unidad de la clase trabajadora por encima de las fronteras nacionales, reclamando una Unión Europea que ponga por delante los derechos sociales y democráticos.

No debemos aceptar el “sálvese quien pueda” y por eso la lucha sólo puede ser efectiva a escala internacional, de otro modo los trabajadores acaban enfrentados entre ellos por las migajas, a ver quién acepta más sacrificios, compitiendo unos con otros en un círculo vicioso.

Los trabajadores de todas las naciones de la Unión tenemos mucho más en común entre nosotros que con nuestras respectivas clases dominantes. Y en todos los países crecen las luchas y movilizaciones contra las políticas de ajuste, que se aplican de forma generalizada. Es imprescindible proponerse la movilización a escala europea, incluida la convocatoria de huelgas generales continentales. Pero para que exista una unidad sindical y política en la lucha es imprescindible un programa común. Programa que incluya la defensa de condiciones laborales dignas en todo el continente, con jornada de 35 horas, salario mínimo suficiente y jubilación a los 60 años. Y para ello es necesario impulsar una lucha y organización común promoviendo huelgas generales en el ámbito europeo.

Perseguimos instituciones que representen a los pueblos de Europa y poner los recursos en nuestras manos, y eso solo lo conseguiremos con un programa de nacionalización de todos los sectores claves de la economía.

SEGUNDA PARTE: NUESTRA PROPUESTA PROGRAMÁTICA

UNIDAD, MOVILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA IZQUIERDA

Las elecciones generales del 20 D muestran un cambio de relación de fuerzas parlamentarias y reflejan que la inestabilidad del sistema ha venido para quedarse, pero detrás de esas características existe otra que corremos el riesgo de no poner en primer lugar: un evidente giro a la izquierda en los resultados electorales.

La legislatura 2011-2015 ha contemplado uno de los períodos más intensos de agitación social desde la Transición (comparable al proceso del 85 al 88), y necesariamente debía tener un reflejo en las urnas. Sin embargo, los resultados electorales están muy lejos de haber proporcionado un cambio en las instituciones a la altura de los procesos vividos desde que el PP ganó las elecciones generales.

Todas las limitaciones de las organizaciones de la izquierda, más la puesta en marcha de la maquinaria de la clase dominante, a través de los medios de comunicación y el poder económico y represivo, han conseguido distorsionar el verdadero ambiente en la sociedad. No deja de ser llamativo que muchos militantes de izquierdas se fijen más en los resultados de las elecciones que en los acontecimientos vividos en los últimos años para tratar de tomar el pulso de la conciencia de clase entre el pueblo trabajador, sin comprender que se pierde mucho de las movilizaciones que implican a los sectores más conscientes de la sociedad, al traducirlo a resultados electorales. A ello se suma, lo que se pierde al no ofrecer una alternativa que represente al propio movimiento, es decir unida, y el mejor ejemplo es la ciudad de Madrid⁸.

Por los errores de unos y otros se ha perdido una gran parte del impulso transformador, y aún con un giro evidente a la izquierda de los resultados electorales, no se ha conseguido una victoria de la izquierda en escaños parlamentarios.

Podemos, y las Coaliciones de Galicia, Catalunya y País Valencià, han sido en gran medida la manifestación de la creación de nuevos cauces de expresión rebasando a las organizaciones existentes. Con muchos defectos, pero demostrando la potencialidad si se hace mejor y mostrando también la necesidad de incorporarnos a ese proceso superando las ataduras de unas organizaciones esclerotizadas.

La conciencia se ha transformado mucho buscando una salida colectiva, y esa es una diferencia cualitativa sobre el período anterior en que no se veían opciones colectivas. Sigue siendo nuestra responsabilidad, la de la izquierda organizada, la de ser capaces de ofrecer un cauce de expresión a esa fuerza potencial que pugna por expresarse, no seamos tan miopes de ignorar las turbulentas aguas subterráneas que recorren el subsuelo del Estado español.

El paisaje que vivimos tras las elecciones municipales y autonómicas, exige un análisis cuidadoso. Zaragoza, Alicante, Madrid, Santiago, Getafe, A Coruña… son los nombres de ciudades que hoy se agrupan bajo la misma denominación: la derrota del PP por la unidad de la izquierda.

Los votos no hicieron sino confirmar lo que ya se había producido hace tiempo, el cambio en la calle, el empuje de un movimiento que quiere transformar la sociedad. Pero también ha hecho evidente algo que debe ocupar nuestra inteligencia y nuestra fuerza de manera urgente: la gestión del cambio. La transformación del ambiente social en victoria electoral no es nada sencillo, las deficiencias de las organizaciones políticas y sindicales nos han hecho perder gran parte del potencial transformador como el agua recogida en una cesta.

Madrid es un ejemplo paradigmático, tanto en lo positivo como en lo negativo. La presentación de la candidatura de Ahora Madrid fue una andadura larga, difícil y no exenta de zancadillas internas y externas, en la que se implicó la militancia de Izquierda Unida, de Podemos y de Equo, además de otros grupos y movimientos y, con todos sus defectos, consiguió transmitir imagen de unidad y confianza en la victoria. Ahora Madrid obtuvo 519.210 votos, un 31,85% del voto emitido en la ciudad de Madrid. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, Podemos se negó a un proceso similar y se presentó en solitario, obteniendo, en los distritos de la capital, 286.973 votos, es decir 17,73% del voto emitido. Pero lo peor es que ha sido incapaz de rectificar ante las elecciones generales, demostrando que parte de su dirección es ya un obstáculo en el camino de transformación social.

Tenemos fuerza para transformar la realidad, pero esa fuerza como en cualquier batalla necesita una formación, una táctica, una estrategia, un programa y unos métodos. Y la experiencia demuestra, sin duda, que el potencial es gigantesco pero que se han cometido errores que debemos reparar con urgencia.

Además, es muy importante recordar cuál es la fuerza motriz de este cambio en el ambiente social, de dónde surge la fuerza que transforma las conciencias, pugna por el cambio y exige la unidad. Todo surge de la movilización social. La fuerza que alimenta el cambio electoral tiene sus raíces en las huelgas generales, las manifestaciones, las marchas de la dignidad… En definitiva, en la participación consciente en política de la clase trabajadora.

Por tanto, la tarea es basarse en esa movilización y no caer en el cretinismo institucional, pensando que la transformación social se hace desde el Boletín Oficial del Estado y olvidando que se logra en la lucha. Las leyes sólo son reflejo de lo que se conquista en la calle. Lo que no se conquista nunca se verá reflejado en una ley. Aún tras ganar unas elecciones, la movilización es más necesaria que nunca, pues mientras los verdaderos resortes del poder en la sociedad estén en manos de la clase dominante, los utilizarán contra cualquier amenaza a sus beneficios y privilegios.

LA UNIDAD COMO OBJETIVO

Es evidente que la Unidad de la izquierda se ha convertido en factor decisivo. Es algo instintivo, por supuesto, y sobre todo es un fruto lógico derivado de la experiencia, como el apoyo a los grandes partidos. Es simple realismo. “Lo que no se puede conseguir entre muchos, no lo puede conseguir un pequeño grupo”, es un razonamiento de la lógica formal que prende en las mentes de las gentes en las primeras fases de un lucha política. Algo fuerte, algo unido tiene más posibilidades, sin entrar en detalles “programáticos”. Por eso el trabajo esencial de los marxistas en toda la historia ha sido en última instancia el mismo, cómo pasar de un pequeño grupo aislado a formar parte de la dirección del gran movimiento transformador que se genera periódicamente en la historia de la sociedad.

No basta sólo con proclamar la unidad, no sirve recurrir al viejo truco de “acuerdos por la cúpula de los aparatos de los partidos”. La participación democrática en ese proceso de unidad es imprescindible para tener éxito.

Y, además, debemos ser conscientes de que en nombre de la unidad no podemos renunciar a la transformación de la sociedad. La experiencia de gobiernos de unidad en Andalucía, Euskadi o Catalunya, ha supuesto aceptar la política del PSOE, aceptar el sistema en lugar de combatirlo y, como hemos visto en el caso andaluz, ha supuesto la pérdida de oportunidades para la izquierda y la recuperación del bipartidismo. En definitiva, la unidad, por sí sola, aunque sea condición necesaria no es garantía suficiente.

PODEMOS NO HA PODIDO

Podemos ya ha mostrado sus limitaciones, tanto en las elecciones municipales y autonómicas como en las generales, confirmando la tendencia que ya habíamos visto desde las elecciones andaluzas.

Podemos es sobre todo una expresión, un cauce provisional del proceso subterráneo que se ha producido en nuestra sociedad en los últimos años. Pero una cosa es su base, los miles de personas que ven en este partido una esperanza, y otra la evolución que han marcado sus dirigentes, que en su mayoría se han forjado en los métodos de los aparatos del PCE y de IU, y han reproducido rápidamente los defectos.

Pablo Iglesias y sus seguidores, se empeñan en encontrar lo que no existe, una tercera vía entre la defensa del capitalismo y la del socialismo, pero sobre todo cometen un error que limita su proyecto: olvidar que la única clase social en la que basarse para la transformación de la sociedad sigue siendo la clase obrera. Sin contar con ella, con atención especial a los cientos de miles de trabajadores encuadrados en sindicatos de clase, no hay transforma­ción posible.

Podemos tiene el gran mérito de haber sabido captar y aprovechar un momento, un ambiente social decisivo y el don de la oportunidad, pero ahora no sabe pilotar esa fuerza descomunal. Aunque el caso más evidente ha sido Madrid en las candidaturas al Ayuntamiento y a la Comunidad autónoma, no ha sido solo un fenómeno madrileño. Los resultados de Podemos en buena parte de circunscripciones se asimilan a los mejores resultados históricos de IU, es decir, aún están muy lejos de la posibilidad de ganar elecciones generales en solitario.

Por su parte, IU ha pagado un alto precio por la colaboración con la política del PSOE, por haber mandado primero el mensaje contradictorio de “todo contra el bipartidismo” y después gobernar con la mitad del bipartidismo en Andalucía y sustentar al PP en Extremadura.

Tenemos una gran oportunidad, una obligación, de empezar por abajo con la unidad en la movilización de todas las fuerzas de izquierdas y así, a través de una confluencia diaria por la base, construir una nueva fuerza política. Quien crea que Podemos es el partido definitivo, comete el mismo error que quienes pensaban eso de IU. De la militancia de ambas organizaciones, con una definición clara de izquierdas, de clase, podría forjarse una fuerza política que determinaría el rumbo de nuestra historia.

Tenemos necesidad de una organización mucho más ágil en su funcionamiento, en la que la toma de decisiones surja de las bases, y en la que se tenga claro el carácter de clase, sin renuncias programáticas, en la que la militancia obtenga formación y herramientas útiles para el trabajo que se debe realizar en la calle. En definitiva, la necesidad de estar organizados, que la necesaria flexibilidad en contraste con la rigidez de nuestras estructuras no nos lleve a diluir lo que la clase trabajadora sabe desde el siglo XIX, la importancia de que exista una organización que defienda sus intereses.

Un ejemplo claro del burocratismo es la negativa reiterada de la dirección de IU a incorporar las nuevas tecnologías al debate y la democratización interna, manteniendo una relación cupular rígida en la que un pequeño grupo de dirigentes bloquea la relación entre la militancia.

Vivimos un período de crisis en todos los terrenos, económico, político y social. Vamos a vivir una época de inestabilidad, y son este tipo de condiciones las que más cambios operan en los procesos de transformación de la conciencia colectiva. Tenemos la oportunidad y es el momento de la audacia.

UN PROGRAMA PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD

Debemos transmitir una idea muy clara: se puede garantizar a todos una vida digna si se lucha por ello, y no dentro de 20 años, sino desde ahora. El programa debe ser nuestra primera herramienta de movilización, en la calle y en las urnas. Tiene que dejar claro que un gobierno de la izquierda va a ser diferente desde el primer día, y debe basarse en un plan de lucha por resolver los problemas acuciantes que tiene la mayoría de la sociedad, sobre todo las familias trabajadoras. Son medidas que llevan a un choque con el sistema, porque en la medida que la raíz de nuestros problemas es el capitalismo, cualquier medida que resuelva los problemas básicos de la mayoría chocará con él y con las instituciones que lo defienden.

De igual modo, la izquierda debe dejar claro desde un principio, que si no tiene mayoría suficiente, no participará en gobiernos que apliquen recortes de los derechos sociales y defenderá su alternativa, pues hay recursos para que todo el mundo tenga condiciones de vida dignas. Hay que llamar a las fuerzas políticas de la izquierda transformadora, a los sindicatos de clase y movimientos sociales, a formar un auténtico frente de izquierdas, capaz de lograr la mayoría suficiente para derrotar los recortes y hacer una política acorde con las necesidades de la mayoría, capaz de movilizarse en la calle, en los centros de trabajo y de estudio, para hacerla realidad.

NUESTRA PROPUESTA PARA EL CONJUNTO DEL ESTADO ESPAÑOL

CONDICIONES DE VIDA DIGNAS PARA TODOS

– Todo el mundo tiene derecho a un puesto de trabajo digno, pero mientras esto no sea así toda persona en paro que haya agotado sus prestaciones por desempleo, tendrá derecho a una Renta Básica igual al SMI. Esta medida se aprobaría en los primeros tres meses de la legislatura.

– Aplicación, en seis meses, de la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales, sin rebaja salarial.

– Aumento del Salario Mínimo a 1.100 euros netos mensuales, según los criterios de la Carta Social Europea. Esta medida se aprobaría en los primeros tres meses de legislatura.

– Establecimiento de un salario máximo, no superior a 5 veces el SMI que reivindicamos. En ningún caso, los representantes políticos electos ganarán más de 3 veces el SMI.

– Anticipación de la edad de jubilación a los 60 años en el plazo de un año, y a los 55 para trabajos de naturaleza penosa.

– Derecho real a la vivienda con detención de los desahucios para familias en paro o que no puedan pagar la hipoteca de su vivienda por problemas económicos y la creación de un gran parque público de vivienda, de gestión municipal, que incorpore las viviendas vacías de bancos y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocido como “Banco malo”.

– Sanidad y Educación públicas universales, de gestión directa, democráticas y gratuitas. Supresión en el plazo de una legislatura, como máximo, de todos los conciertos con empresas educativas y sanitarias privadas.

– Desarrollo de servicios sociales y de atención a la dependencia, públicos, universales y gratuitos, que garanticen la atención digna a todos los que lo necesitan.

– Negativa a aplicar las medidas de recorte que impone la Troika. Abogamos por una nueva Unión de los pueblos que componen Europa.

– Derogación de todas las contrarreformas laborales y de todas las leyes que permiten la privatización de servicios públicos. Elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que garantice los derechos laborales y haga imposible la precariedad laboral.

– Supresión de las Empresas de Trabajo Temporal y que la gestión del desempleo se realice exclusivamente por servicios públicos de empleo.

LOS RECURSOS AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD

– Que la deuda la paguen quienes se han beneficiado de ella. Declaración inmediata de una moratoria de un año en el pago de las deudas a entidades financieras de todas las administraciones públicas, la prioridad en el gasto público son las necesidades sociales. Realización de una auditoría pública de la deuda y establecimiento de una quita que permita el desarrollo económico y social de la sociedad. Este proceso debe hacerse bajo control social, como garantía de que se realiza en beneficio de la mayoría de la sociedad.

– Para ello es imprescindible la nacionalización del sector bancario de forma también inmediata, para convertirlo en un servicio público que gestione los ahorros de la sociedad en interés de la mayoría y bajo un estricto control democrático y con transparencia. Esta medida permitiría sanear la banca y cortar la sangría que la deuda del Estado supone para el erario público.

– Devolución al sector público de todos los servicios públicos privatizados. Derogación de la legislación que lo ha permitido y aprobación de un nuevo cuerpo legal que garantice unos servicios públicos universales, gratuitos y de gestión 100% pública. Todo en el plazo de 6 meses.

– Nacionalización del resto de sectores estratégicos de la economía: grandes compañías energéticas, las de Telecomunicaciones, de Transporte… y de los grandes latifundios. Puesta en marcha de una planificación democrática de la economía, con un plan de desarrollo integral de la misma que tenga como objetivo el pleno empleo, el desarrollo humano y la preservación de los recursos naturales. El sector público se convertirá en la columna vertebral de la economía, tirando de la pequeña y mediana empresa.

– Reforma fiscal basada en la fiscalidad directa y progresiva. La primera medida será la prohibición de tener fondos en paraísos fiscales.

DEMOCRACIA REAL PARA TODOS Y TODAS

– Supresión de todas las leyes que limitan los derechos democráticos aprobadas por el gobierno del PP y del PSOE: limitación del derecho al aborto, ley mordaza, reformas del Código Penal…

– Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Ninguna persona es ilegal.

– La defensa del libre ejercicio de todos los derechos democráticos debe ser una de las señas de identidad más palpable de un gobierno de izquierdas. Ello exige, entre otras medidas, un enfoque radicalmente distinto del papel de las fuerzas policiales que, en ningún caso, pueden estar concebidas y organizadas para reprimir los derechos democráticos, sino para garantizar su libre ejercicio. Por tanto se procederá de forma inmediata a la:

– Depuración de responsabilidades por todas las actuaciones de brutalidad policial que se han ejercido contra la ciudadanía en el libre ejercicio de los derechos democráticos.

– Disolución inmediata de las unidades especiales de “antidisturbios”, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y policías autonómicas o municipales.

– Depuración de elementos fascistas y de implicados en actos de violencia contra el ejercicio de derechos.

– Prohibición de llevar armas de fuego en manifestaciones y actos públicos y prohibición de armas “disuasorias” que actualmente utilizan, así como obligación de llevar bien visible en todo momento la identificación.

– Erradicación de la tortura y los malos tratos y garantía para los detenidos que evite la posibilidad de estas prácticas (cámaras de grabación, asistencia letrada obligatoria, habeas corpus…)

– Cierre de las academias de enseñanza de cualquier cuerpo policial, integrándose su enseñanza en los institutos, escuelas y universidades con profesores civiles y formación democrática.

– Reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos que componen el Estado español, incluido el derecho a la independencia.

– Puesta en marcha de un proceso constituyente para debatir y aprobar una nueva Constitución que recoja los derechos sociales y ponga la economía al servicio de la mayoría. Abogamos por una República Federal Democrática y Socialista, fundada en la unión voluntaria y democrática de los pueblos. Esa República garantizará unos derechos sociales y democráticos mínimos en todo el Estado.

– Salida inmediata de la OTAN y cierre de las bases militares de la OTAN en nuestro territorio.

– Revocación del concordato con el Vaticano.

NUESTRA PROPUESTA EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO Y MUNICIPAL

Los gobiernos municipales o autonómicos de la izquierda debe poner sobre la mesa medidas que acaben con la situación cada vez más desesperada que sufren cientos de miles de familias trabajadoras: hay que garantizar pan, techo, trabajo y derechos democráticos para todos. Todos los recursos y la voluntad política, respaldados por la movilización, deben tener el objetivo de garantizar a todos unas condiciones de vida dignas. Para ello los ayuntamientos y comunidades deben renunciar a aplicar los recortes del gasto social que se le exigen desde el Estado y la UE, poniéndose al frente de la movilización para cambiar la sociedad. Así mismo, utilizarán todos los medios a su alcance para contribuir a impedir las privatizaciones de servicios públicos en cualquier terreno: Sanidad, Educación, servicios sociales…

IU no respaldará ni participará en gobiernos municipales o autonómicos que apliquen las políticas de recortes, en ninguna de sus versiones, y llama al resto de fuerzas políticas, sindicales y sociales a unirse para hacer posible este programa:

NADIE PASARÁ HAMBRE

– De forma inmediata, ayuntamientos y comunidades crearán una red de comedores sociales, a partir de los que tienen los colegios públicos, que garantice la alimentación de todas las familias que lo necesiten, niños y adultos, durante todo el año.

– Ayuntamientos y comunidades instaurarán una Renta Básica, que garantice a todos aquellos que hayan agotado sus prestaciones por desempleo un ingreso equivalente al SMI, mientras no tengan un puesto de trabajo.

NADIE SIN VIVIENDA

– Los gobiernos locales y autonómicos contarán con las Plataforma de Afectados por las Hipotecas, sindicatos y asociaciones de vecinos para organizar todas las tareas en relación con la vivienda.

– Los Ayuntamientos y las Comunidades tomarán medidas inmediatas para que nadie tenga que dormir en la calle, arbitrando una red municipal de alojamientos en condiciones dignas para personas sin hogar.

– Consistorios y Comunidades tienen la obligación de velar porque todo el mundo tenga una vivienda digna, y en función de ese objetivo tomará todas las medidas necesarias en los primeros seis meses de gobierno, incluida la municipalización de las viviendas vacías en manos de empresas privadas y bancos, para su conversión en parte del Parque Público de Vivienda Municipal. A partir de ahí, se establecerá un plan de realojo para todas las familias sin vivienda por carecer de renta suficiente, que accederían a ellas en régimen de alquiler, con cuotas adaptadas a sus posibilidades económicas.

NADIE SIN TRABAJO DECENTE NI SERVICIOS PÚBLICOS DIGNOS

– Se suprimirán todas las leyes autonómicas que han abierto la puerta a la privatización de la sanidad y la educación. Se cancelarán todos los contratos con empresas privadas para la gestión de hospitales públicos o cualquier otro servicio sanitario, que pasarán a ser de gestión pública directa. Y se establecerá un plan para suprimir los conciertos con las empresas privadas educativas en el plazo de una legislatura, para garantizar que todo el dinero público va a la educación pública y se crean plazas públicas suficientes.

– Se establecerá un proceso de oposiciones para ampliar las plantillas autonómicas y municipales de forma acorde con los servicios públicos y sociales que las administraciones públicas y autonómicas deben prestar. De manera inmediata, se procederá a restaurar las plantillas a su nivel anterior a la crisis y a sustituir a todos los trabajadores que se jubilen, sin amortizar las plazas.

– Se tomarán todas las medidas necesarias para que los servicios públicos sean de gestión 100% pública, estableciendo un procedimiento para una primera subrogación de las plantillas de las empresas privadas que hoy las prestan, y para, en un segundo paso, abrir un proceso de oposiciones. Estas medidas permitirían ahorrar la parte correspondiente al beneficio que hoy se llevan grandes empresas privadas, garantizar unas condiciones laborales dignas y un servicio público de calidad.

– Se pondrá en marcha en todas las localidades un plan de dotaciones sociales y rehabilitación de viviendas, con la participación democrática de los vecinos y vecinas y sus organizaciones, para construir las dotaciones sociales de toda índole que se necesiten y sus dotaciones tanto de material como de personal.

– Para la construcción de dichas dotaciones, así como la propia construcción de vivienda protegida y la rehabilitación, se crearán Servicios municipales y autonómicos de obras y servicios, encargados de ejecutarlas directamente por el sector público.

– Se elaborará nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana que consideren el suelo urbano un bien social, garantizando la atención de las necesidades sociales, un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente e imposibilitando la actividad especulativa. Para ello se contará con la participación democrática de todos. El suelo público existente de titularidad municipal sólo será empleado, dentro del PGOU, para atender necesidades sociales, tanto de vivienda protegida pública como de dotaciones sociales, y el desarrollo económico. Se aprobarán nuevas leyes del suelo en cada comunidad, que garanticen estos objetivos.

– Desarrollo del sistema de transporte público integrado, empezando por exigir la recuperación de las plantillas y la frecuencia de los autobuses y trenes o metro donde los hubiere. Reducción del coste del transporte. Todo ello permitiría una drástica reducción del uso del coche privado, porque las personas no podemos seguir soportando la contaminación y las emisiones a las que está continuamente sometida.

– Desarrollo de un sector público autonómico y municipal también en el terreno productivo, a fin de que sea el sector público el que tire del conjunto de la economía. El primer paso será dotarse de una ley autonómica-municipal para el desarrollo de las instalaciones de energía solar en las ciudades, que abarcaría todos los tramos del proceso, de producción a instalaciones.

– En los casos en que las administraciones autonómica y municipal tengan que contratar con empresas privadas, primará la calidad de la prestación, las condiciones dignas de trabajo de sus plantillas y las medioambientales, en los pliegos de condiciones de los contratos.

NADIE SIN DERECHOS DEMOCRÁTICOS

– Todos los ciudadanos podrán participar de forma real y decisiva en la elaboración de los presupuestos municipales y autonómicos, y en la gestión cotidiana.

– La primera medida será transferir competencias y recursos a los municipios. Eso implicaría la derogación de la nueva ley de bases de régimen local. En el caso de grandes ciudades, los consistorios transferirán plenas competencias y recursos a las Juntas municipales, convirtiéndolas de hecho en Ayuntamientos de distrito, como primer paso hacia la descentralización del Ayuntamiento. El consistorio defenderá que las Juntas sean reconocidas como verdaderos ayuntamientos de distrito y elegidas directamente por sufragio universal.

– Igualdad de derechos. Toda persona, sea cual sea su nacionalidad, sexo o edad, tendrá acceso a todos los servicios públicos autonómicos y municipales, así como a participar en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.

NO AL PAGO DE LA DEUDA ILEGÍTIMA NI AL DESPILFARRO DE RECURSOS

– La financiación de esta política, que ponga por delante los intereses de la mayoría, en lugar del negocio de una minoría, depende de marcar otras prioridades en el Ayuntamiento. El erario municipal y autonómico va a dejar de estar al servicio de los bancos y grandes empresas, para pasar a estar al servicio de la mayoría de la sociedad. Para ello es necesario:

– De forma inmediata, Ayuntamientos y Gobiernos autonómicos declararán una moratoria por un año en el pago de la deuda. A partir de ahí, se realizará un auditoría pública de la misma y se procederá a establecer una quita con los acreedores que garantice la viabilidad del empleo y las políticas sociales. No se puede seguir pagando una deuda a costa de las condiciones de vida de la mayoría. Esta medida no supone no pagar la deuda, sino hacer que la paguen quienes más tienen y no los más necesitados como ahora sucede.

– Es necesaria una reestructuración de los impuestos y tasas autonómicas y municipales buscando una mayor progresividad y recaudación, para que realmente pague más quien más tiene y menos quien menos tiene. Se realizará una auditoría de dichas administraciones para saber cuál es su situación financiera real, con el objetivo de eliminar gastos superfluos y suntuarios de cualquier índole, y priorizar el empleo y los servicios públicos. En especial, los servicios sociales. Así mismo, se realizará un inventario del Patrimonio para llevar a cabo una reordenación de sedes y equipamientos públicos para eliminar el gasto en alquileres y lograr un total aprovechamiento para servicios de carácter público.

– Se eliminarán los privilegios asociados a los cargos públicos y se reducirá cuanto sea posible el número de altos cargos. Ningún cargo político podrá recibir una retribución neta superior a 3 veces el salario mínimo interprofesional.

– Gobiernos autonómicos y municipales destinarán todos los recursos necesarios para investigar y, en su caso, denunciar, todos los casos de prevaricación, cohecho, enriquecimiento ilícito, abuso, tráfico de influencias… En definitiva, todos los casos de corrupción empresarial, política, sindical y municipal que afecten directa o indirectamente a las distintas administraciones, para que todo lo sustraído a los ciudadanos les sea devuelto.

– Se exigirá al Estado la derogación de la nueva ley de Bases de Régimen Local y el aumento de las transferencias a los ayuntamientos hasta alcanzar el 25% del gasto público total, así como a las administraciones autonómicas un incremento de las transferencias que garantice el gasto social en todos los terrenos. Así mismo, se reinstaurará el Impuesto de Patrimonio, se modificará el de Donaciones y Sucesiones y se reimplantará el Impuesto de Actividades Económicas con carácter general, eliminando la mayor parte de los beneficios fiscales que hoy se aplican a ambos.

22 de enero de 2016

1.^ Alberto Arregui es miembro de la Presidencia Federal de IU, Henar Moreno pertenece al Consejo Político Federal de IU, Carlos Sánchez Mato es concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid), Marina Albiol es eurodiputada de IU, Víctor Domínguez es concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante, Fernando Soriano Gómez es Alcalde del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla) y Sergio Sánchez Romero es concejal de dicho Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), Pablo Híjar es concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza en Común), Elena García es diputada provincial de Zaragoza y concejala del Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza), Daniel Palomo es concejal de Alcorisa (Ganar Alcorisa, Teruel), Juanjo Vallejo es coordinador de Ezker Anitza IU de Álava, Javier Jimeno es miembro del Consejo Político de IU Navarra, Jordi Escuer es coordinador de IU Latina (Madrid) y miembro de la dirección provisional de IU en Madrid ciudad.  

2. “Siempre hemos distinguido el contenido social de la forma política de la democracia burguesa, siempre supimos ver la semilla amarga de la desigualdad y de la sujeción social que se oculta dentro de la dulce cáscara de la igualdad y de la libertad formales, no para rechazarlas, sino para incitar a la clase obrera a no limitarse a la envoltura, a conquistar antes el poder político para llenarlo con un nuevo contenido social. La misión histórica del proletariado, una vez llegado al poder, es crear, en lugar de una democracia burguesa, una democracia socialista y no abolir toda democracia”. Rosa Luxemburgo  

3. “…el llamado “carisma”, en el sentido utilizado por Michels, coincide siempre en el mundo moderno con una fase primitiva de los partidos de masa, fase en que la doctrina se presenta a las masas como algo nebuloso y no coherente, que necesita de un papa infalible para ser interpretada y adaptada a las circunstancias.” Antonio Gramsci  

4. “La dominación del capital ha creado a esta masa una situación común, intereses comunes. Así pues, esta masa es ya una clase con respecto al capital, pero aún no es una clase para sí. En la lucha, de la que no hemos señalado más que algunas fases, esta masa se une, se constituye como clase para sí. Los intereses que defiende se convierten en intereses de clase. Pero la lucha de clase contra clase es una lucha política.” Miseria de la Filosofía. Karl Marx.  

5. http://www.foessa2014.es/informe/datos_detalle.php?id_dato=1  

6. http://www.expansion.com/2013/06/21/economia/1371802986.html?a=1f9647f73d935bacb30444d391441bd7&t=1413629327  

7.^ “La tasa de beneficio, medida a través de la relación entre beneficio y el stock de capital no residente de esas compañías [las corporaciones no financieras estadounidenses], alcanzó su cota máxima en (15%) en 1966, cayendo después hasta situarse por debajo del 10% en 1970 y siguiendo la tónica bajista hasta registrar un 5% en 1980. De ese modo las expectativas empresariales se tornaron pesimistas y afectaron directamente a las decisiones de inversión”. (La economía de Estados Unidos sometida al dominio de las finanzas: vendrán tiempos peores, Enrique Palazuelos, del libro “Economía política de la crisis”, varios autores)  

8.^ Si comparamos los resultados en la ciudad de Madrid en las municipales y autonómicas del mes de mayo con los de las generales de diciembre, vemos que Ahora Madrid, obtuvo un 31,85% y, también en el ámbito de Madrid ciudad, Podemos obtuvo un 17,75% en las autonómicas. En las generales del 20D, en Madrid ciudad, Podemos logra el 20,82% de los votos y UP-IU, el 5,33%. Ni siquiera la suma de ambas formaciones supera los resultados de Ahora Madrid, poniendo en evidencia que la unidad bien planteada no sólo suma sino que multiplica el apoyo.