La mesa redonda “Poder Judicial y Transformación Social”, contó el 28 de enero con la participación de dos abogados en ejercicio y dirigentes de IU y del PCE: Henar Moreno, diputada y vicepresidenta del Parlamento de la Rioja y Enrique Santiago, Secretario General del PCE y Portavoz de IU en el Congreso de los Diputados.

Guadalupe Barahona

Henar Moreno se refirió a la Justicia como freno, con efectos limitativos sobre las políticas. Puso como ejemplos la anterior Ley del Aborto, que ha estado 13 años pendiente de sentencia del Tribunal Constitucional, y la anulación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia sobre las cláusulas suelo de las hipotecas.

Sobre la reforma de la Justicia, Henar Moreno apuntó la necesidad de instaurar un mecanismo democrático de elección de los órganos de gobierno de los jueces, así como la necesidad de cambiar radicalmente el método de acceso a la función jurisdiccional, actualmente vedada a personas que no tengan un alto poder adquisitivo para estar años estudiando y pagando a un preparador.

Sobre la Ley del Sólo Sí es Sí, apuntó que es un error enfocar el debate desde el punitivismo.

También se refirió a los acuciantes problemas en las instancias más bajas de la administración de Justicia, y señaló que nuestro país tiene un promedio de jueces y fiscales muy inferior al de la media europea.

Concluyó apuntando a la posibilidad de contar con elección de jueces por democracia directa, al igual que en los demás poderes del Estado, e incluir mecanismos de control ciudadano sobre las decisiones de los jueces. Puso como ejemplo de esta necesidad la paralización por parte de un juez de la medida acordada con el PSOE en La Rioja para que cuando, por descenso de la natalidad, haya que clausurar aulas, éstas se eliminen en la educación concertada, no en la pública.

Enrique Santiago arrancó su intervención hablando del “lawfare”, como una forma de agresión político-jurídica en un contexto de guerra híbrida que ha sucedido a la doctrina de la Seguridad Nacional mediante mecanismos adaptados a las nuevas situaciones políticas tras la Guerra Fría. La antigua Escuela de las Américas, en la que Estados Unidos formaba a militares y policías de los países latinoamericanos en la doctrina del enemigo interno y la Seguridad Nacional, ha sido sustituida por escuelas para operadores jurídicos (jueces, abogados y fiscales), financiadas por la USAID y agencias similares.

“El objetivo del lawfare es exterminar, entre la agresión jurídica y mediática combinada, el prestigio del que se ha definido como “enemigo”, empezando siempre con acusaciones de corrupción. El modelo de degradación política comienza por ahí. De hecho, el término “lawfare” se formula por primera vez en un seminario sobre corrupción en política. Se intenta crear una matriz de corrupción en toda América Latina, amparada en los mecanismos del Fondo Monetario Internacional. Bolsonaro no habría llegado a la presidencia de Brasil si no hubiera habido un caso por supuesta corrupción contra Lula que le impidió presentarse a las elecciones”.

“En España hemos padecido esa estrategia”, indicó Enrique Santiago. “Se ha utilizado contra Izquierda Unida y profusamente contra PODEMOS. En IU destaca el caso de lawfare contra Antonio Rodríguez Torrijos y hasta seis cargos del Ayuntamiento de Sevilla cuando gobernaba IU y el jefe de la oposición era un juez que acabaría siendo Ministro del Interior, después de ganar las elecciones municipales con la ayuda de la jueza Alaya”. Subrayó que a PODEMOS no se le ha podido demostrar ningún caso de corrupción.

El ataque del Tribunal Constitucional al Poder Legislativo

Enrique Santiago se refirió al ataque al Legislativo por parte del Tribunal Constitucional:

“El Tribunal Constitucional prohibió un procedimiento legislativo. Paralizó el debate de enmiendas a la Ley del Código Penal porque una de las enmiendas le afectaba. No se trata de un hecho esporádico, sino que se buscaba construir doctrina. En Estados Unidos prevalece el derecho consuetudinario. En América Latina, como en España, el derecho es napoleónico, se basa en la Ley escrita, pero ya hay un 50% de países latinoamericanos cuyas cortes constitucionales legislan, con Colombia como caso paradigmático en el que la Corte Constitucional tiene la capacidad de redactar la norma. Ese paso no es cualquier cosa, aunque en la sociedad mayoritariamente se ha percibido este ataque como una “pelea de élites”, entre jueces y políticos”.

Julio Anguita denunció en la Fiesta del PCE en 1996 que no se había cumplido el pacto constitucional por la vulneración de los derechos sociales y económicos. “Si Julio Anguita levantara la cabeza, vería que asistimos a la violación de la regla básica de la democracia, con la deslegitimación de los resultados electorales cuando son desfavorables”.

Enrique Santiago advirtió del peligro de que en nuestro país asistamos a episodios parecidos a los ocurridos en Estados Unidos y Brasil, de desconocimiento de los resultados electorales con los sindicatos policiales como principales actores, y se refirió a una reunión mantenida en la sede del PP en la calle Génova de Madrid entre los sindicatos policiales y la dirección del PP, para articularse con respecto a la reforma de la Ley Mordaza. Además, señaló que “el discurso de los valores occidentales y cristianos en supuesto peligro se parece mucho al esgrimido por las dictaduras militares”.

Sobre el bloqueo a la renovación de los órganos de gobierno de los jueces, Enrique Santiago recordó que en la historia de nuestra democracia ha habido tres bloqueos, los tres promovidos por el Partido Popular: el primero duró 8 meses, el segundo 20 meses y este ya va para 50 meses, más de 4 años.

Desmintió el mantra que el Partido Popular ha logrado instalar en los medios de comunicación: “Europa dice que los jueces deben elegir a los jueces”, cuando lo único que hay son dos informes de un grupo de expertos encargados por el Consejo de Europa, que es una asociación de países que no tienen que ver con la Unión Europea. En Europa no existe un CGPJ. Cada país tiene un modelo distinto. La independencia judicial no depende de la participación de los partidos políticos en la elección de los órganos administrativos del poder judicial, sino que depende del ejercicio jurisdiccional de cada juez. Por ejemplo, en Alemania, todos los tribunales supremos de los Länder los eligen los parlamentos de los Länder.

Enrique Santiago recordó que la mayoría reforzada de 3/5 solamente es necesaria, según la Constitución, para 8 de los componentes del CGPJ que no son jueces, para el resto de los miembros la Constitución remite a lo que establezca la ley. Asímismo, las competencias que la Constitución marca para el CGPJ son muy determinadas, como nombrar las presidencias de las audiencias, encargarse de procedimientos disciplinarios, nombrar ascensos, etc. por lo que si el CGPJ persiste en el bloqueo, una solución posible es dejar sus competencias en lo que estrictamente marca la Constitución y pasar todas las demás competencias adicionales que ahora tiene al Ministerio de Justicia.

Enrique Santiago señaló que se ha conseguido desbloquear el Tribunal Constitucional porque el CGPJ se equivocó de táctica, no porque hubiera un cambio de actitud. En todo caso, por primera vez, la izquierda alternativa ha podido proponer a un miembro del Tribunal Constitucional, aunque le habría correspondido más, por la correlación de fuerzas dentro del gobierno de coalición.

Se refirió también a la importancia de reformar el acceso a la carrera judicial, algo que tropieza con una inmensa resistencia y para lo que harían falta amplias mayorías parlamentarias. En cuanto al sistema de acceso a la carrera judicial, subrayó la importancia de que se dé sobre la base de una formación adecuada. Puso como un buen ejemplo el sistema francés, en el que se da una formación continuada, y las personas que en la carrera de Derecho van obteniendo mejores expedientes van pudiendo derivar su formación hacia la carrera judicial, pero pasando por unas prácticas judiciales obligatorias y sólo después hacen el examen. Si no lo aprueban, al menos tienen un título y unos conocimientos certificados. Este sistema de formación continuado y con prácticas obligatorias tiene que ver con que el atributo más importante de un juez, desde el Derecho Romano, es la “equitas”, el equilibrio y la capacidad de juzgar con ecuanimidad teniendo en cuenta la Ley pero también la realidad social de cada momento.

Por contraste, en España, para aprobar la oposición a juez hay que aprenderse de memoria las leyes y pagar en negro a un preparador. Es decir, hay que violar las normas tributarias para poder acceder a la carrera judicial.

Enrique Santiago puso también como ejemplo el cambio realizado por el Gobierno de coalición en la Escuela Diplomática. Hasta ahora se accedía después de aprobar la oposición. Ahora es una escuela que sirve para preparar a los opositores, con becas de acceso para personas que no tengan los recursos económicos. Al final del proceso, si no aprueban la oposición, los estudiantes tienen un título que pueden hacer valer. Actualmente la Escuela Judicial depende del CGPJ, que no ve ninguna necesidad de reformarla. Haría falta una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para pasar esta competencia al Ministerio de Justicia.