Escribe Redacción
El rescate del sector financiero español, iniciado tras la crisis de 2008, ha supuesto hasta 2025 un coste para las arcas públicas de 109.093 millones de euros y el quebranto final podría situarse en torno a los 140.000 millones. Son las principales conclusiones del análisis elaborado por Carlos Sánchez Mato sobre el coste real del rescate bancario entre 2008 y 2025, un documento que cuestiona algunas de las cifras que se han instalado en el debate público y analiza el destino de las ayudas concedidas al sector financiero.
La cifra de 60.000 millones de euros continúa formando parte del imaginario colectivo como el coste del rescate bancario. Sin embargo, según el análisis, esa cantidad es ya 49.000 millones inferior al quebranto acumulado hasta 2025 y se sitúa 80.000 millones por debajo del coste final estimado.
De los 109.093 millones de euros que ya se han perdido, el 37% corresponde a inyecciones de capital, el 32% a garantías que no se recuperarán, el 24% a pérdidas de la Sareb y el 7% restante a otros costes, entre ellos las indemnizaciones a preferentistas y accionistas de Bankia o el préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
El documento también cuestiona la idea de que las cajas de ahorro fueron las principales responsables del coste del rescate. Según sus cálculos, el 88% del coste asumido hasta 2025 habría sido causado por las cajas de ahorro y el 12% por los bancos. Para Sánchez Mato, esta diferencia no permite atribuir a las primeras la responsabilidad exclusiva de la crisis: «Todo el sistema bancario estaba en situación de insolvencia y requirió de ingentes recursos en ayudas públicas para evitar su caída».
En este sentido, el análisis cifra en más de 1,7 billones de euros las ayudas públicas explícitas destinadas al sector bancario durante el periodo 2008-2025, una cantidad equivalente a casi el 8% del PIB del periodo. Casi el 51% de estas ayudas habría tenido como destinatarios a los bancos, el 45% a las cajas de ahorro y el 3% a las cooperativas de crédito.
El autor sostiene que este volumen de apoyo público fue imprescindible para evitar el colapso del sistema financiero, mediante financiación concesional y garantías concedidas en condiciones que no eran de mercado. «El rescate a la banca era necesario. No actuar habría sido peor. Pero la forma de acometerlo debió ser diferente», resume Sánchez Mato.
El análisis pone el foco precisamente en las decisiones adoptadas después de las intervenciones públicas. Según sus cálculos, en lugar de nacionalizar las entidades, sanearlas y posteriormente privatizarlas a precios de saldo, se podrían haber mantenido bajo propiedad pública. De haberse seguido esta vía, sostiene el documento, el quebranto final de casi 140.000 millones de euros se habría podido recuperar en un plazo de 19 años.
El informe estima que el porcentaje del sector bancario saneado con recursos públicos habría generado unos beneficios medios de casi 7.300 millones de euros anuales si hubiese permanecido bajo propiedad pública. De este modo, el análisis plantea una cuestión sobre el destino de los beneficios generados posteriormente por unas entidades cuyo saneamiento fue sufragado con recursos públicos: «Hemos pagado la factura todas y todos. ¿Por qué hemos regalado las ganancias posteriores? Es fácil. ¿Quid prodest?».
El documento completo de Carlos Sánchez Mato, con el análisis del coste real del rescate del sector financiero español entre 2008 y 2025, puede descargarse íntegramente para consultar el conjunto de datos y cálculos en los que se basan estas conclusiones.
