Escribe Jordi Escuer
Una de las grandes preocupaciones que tiene la mayoría de la clase trabajadora es cómo llegar a fin de mes. La inflación ha sido una protagonista central de la vida cotidiana durante los últimos dos años. En 2022, los precios subieron un 8,4% mientras que los salarios lo hacían en un 3,2%, con una pérdida media de poder adquisitivo de un 5,2.
Este año las grandes cifras son menos malas, con una subida del 3,7% acumulada mientras los convenios firmados crecen de media un 3,38, pero los alimentos son un 10,5% más caros que hace un año, mientras los alquileres o las hipotecas están disparados. La desigualdad social lleva dos décadas creciendo en el Estado español y la inflación la sigue alimentando.
De todo ello charlamos con Carlos Sánchez Mato, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y responsable de Programa en la Ejecutiva Federal de IU. Carlos fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, y ha estado colaborando como consejero técnico en el Ministerio de Igualdad.
En la conversación sale a relucir el papel del oligopolio energético, una de las causas del incremento de precios en el caso europeo y en el Estado español, las medidas tomadas por el Gobierno, que lo ha paliado pero mucho menos de lo que habría sido posible; el choque entre la política de la Comisión Europea, que a diferencia de 2008, se ha visto forzada a incrementar el gasto mientras el Banco Central Europeo toma medidas para recortarlo con la subida de los tipos de interés, que sólo benefician a los bancos y perjudican a la mayoría; el papel de los fondo europeos, etcétera.
Los argumentos de Carlos nos ayudan a entender mejor qué medidas serían las necesarias para evitar que la inflación la siga pagando la clase trabajadora y los sectores populares, señalando que grandes sectores como la producción energética o la banca deberían ser públicos.
