Jesús María Pérez

Con motivo del segundo aniversario del fallecimiento de Alberto Arregui, el 15 de enero, publicamos un artículo que escribió hace casi cuarenta años, a principios de 1982.

El interés del artículo no es meramente histórico, que también, sino que tiene la virtud de describir una situación que a pesar de las cuatro décadas transcurridas tiene demasiados elementos que no han cambiado. El paro y el cierre de empresas, el desempleo juvenil, la escandalosa mala administración y la corrupción, los recortes de las libertades democráticas, la permisividad con el golpismo franquista, la política nefasta en el terreno autonómico… por citar algunos. Todos eran problemas a los que la UCD fue incapaz de hacer frente y provocaron su desaparición política. Pero todos son problemas que se mantienen hoy en día pues siguen sin resolverse. En todo caso, agravados la mayoría de ellos.

Pero también es muy interesante la lectura de este artículo de Alberto pues se da en un contexto en el que la proximidad de la victoria electoral del PSOE pone en un primer plano el debate entre una política de adaptación al sistema o una política alternativa de transformación del mismo. Desde ese punto de vista da la oportunidad de hacer un balance de lo conseguido en cuatro décadas en las que las direcciones de las organizaciones de la clase trabajadora han desarrollado la primera opción y desde luego es también muy oportuno, pues ofrece puntos de referencia y reflexión, en cuanto a la política que debería desarrollar un gobierno de coalición de las principales fuerzas políticas de la izquierda en la actualidad.

En definitiva, sigue vivo el debate entre “Reforma o Revolución” tal y como diría Rosa Luxemburgo de quien también el 15 de enero se conmemora el 102 aniversario de su asesinato.

Carta abierta a Felipe González

UN PROGRAMA SOCIALISTA EXIGE NACIONALIZACIONES

Alberto Arregui Álava, Publicado en Nuevo Claridad, febrero de 1982*.

La celebración de elecciones generales, y el triunfo en las mismas del PSOE, es una probabilidad, aceptada cada día más unánimemente como perspectiva cercana.

El gobierno de UCD ha estado en crisis continua desde su formación, pero en los próximos meses su mantenimiento va a resultar un desafió a la ley de la gravedad.

La política de los gabinetes de Suárez primero, y de Calvo Sotelo, después, ha sido un fracaso en todos los frentes. El paro y la inflación han crecido continuamente hasta límites insostenibles. Las empresas cierran a un ritmo creciente, los jóvenes buscan en vano su primer trabajo. La mayoría de los parados carecen de seguro de desempleo; y así un largo etcétera que demuestra el empobrecimiento progresivo de la población.

Todo esto hay que unirlo a los continuos escándalos de mala administración y corrupción, como el caso del aceite de colza.

En cuanto a las libertades democráticas, los distintos gobiernos de la burguesía se han mostrado como sus más pertinaces enemigos, recortando todo lo que han podido la libertad de expresión y absteniéndose de combatir las tendencias “golpistas” en el aparato del Estado y fuera de él.

Si añadimos, en fin, la política nefasta desarrollada en el tema autonómico, podemos entender la progresiva destrucción del partido del gobierno, y por lo tanto, sus mermadas expectativas electorales.

En estas condiciones, lo que vemos es un proceso de progresiva polarización de la sociedad, que muestra cada vez con más claridad el carácter irreconciliable de los intereses de la clase trabajadora y la burguesía.

Las elecciones gallegas fueron una prueba de la destrucción de la UCD, perdiendo el 50% de sus votos. En Andalucía, en las próximas elecciones, los ucedeos experimentaran un rotundo fracaso frente a la izquierda, y carecen de base electoral en dos nacionalidades de gran importancia Euskadi y Catalunya.

La gran Banca y los empresarios empiezan a ser conscientes de la imposibilidad de mantener una política de “centro” y presionan hacia el proyecto de “la gran derecha”. La fuga de diputados de la UCD hacia Coalición Democrática, es una prueba más de esto, mientras que la escisión del grupo de Fernández Ordóñez, además de reflejar la descomposición de UCD, supone un intento de preparar un “caballo de Troya” burgués para infiltrarlo en un posible gobierno socialista para boicotear cualquier intento de una política de defensa de los intereses de la clase obrera.

En estas condiciones el PSOE se presenta ante las masas como la alternativa para acabar con la pesadilla impuesta por los gobiernos de la burguesía.

Todos los acontecimientos dan la razón a la postura mantenidas por los marxistas de NUEVO CLARIDAD. Si los partidos y sindicatos obreros hubiesen desarrollado una política seria de oposición al gobierno de la UCD, esta no se hubiese mantenido ni unas semanas, en base a campañas y movilizaciones en los centros de trabajos y estudio: en los barrios obreros y en el campo. Pero en vez de esto, los dirigentes de las organizaciones de la clase obrera han mantenido una política de pactos y consenso tanto en el parlamento como en el terreno sindical, a través de pactos como el AMI, o el ANE, que están demostrando su esterilidad salvo en los temas que interesa a los empresarios.

DAR SOLUCIONES A LOS TRABAJADORES

Toda esta política de concesiones era justificada por los dirigentes del PSOE, en ultima instancia, en base al argumento de que “somos minoría en el Parlamento”. Pero ahora ante el posible triunfo en unas elecciones generales este argumento pierde su sentido.

La clase trabajadora va a poyar al PSOE en las urnas, no por un placer de ejercitar el voto, sino para llevar al gobierno al PSOE y acabar con el cada día más odiado gobierno de la UCD. Esto es, para acabar con la rapiña de los empresarios y los banqueros y dar soluciones al paro y a los cierres de empresas, etc.

Pero al mismo tiempo, los patronos y los banqueros empiezan a alarmarse por la posibilidad de que un gobierno socialista ataque sus privilegios, y no pueda ser de otra forma si defiende los intereses de los trabajadores, y arrecian sus presiones y amenazas ante los dirigentes del PSOE.

Y llegados a este punto, deberíamos esperar de los dirigentes del mayor partido de la clase obrera, una reacción contundente frente a la burguesía, respondiendo a sus amenazas con el reforzamiento de su apoyo en la población y la defensa de un programa socialista.

Pero es evidente que, al menos el secretario general del PSOE, Felipe González, no piensa así.

En sus declaraciones a un periódico empresarial “El Nuevo Lunes” (nº 46), que más tarde ha reproducido en otros medios de comunicación, el compañero Felipe intenta echar un jarro de agua fría sobre las esperanzas de la clase obrera y, “tranquilizar” a los empresarios y banqueros con un lema central “No nacionalizaré nada”.

En estas declaraciones Felipe González afirma que “nacionalizar en sí mismo, no significa actitud de progreso”, y para argumentarlo cita, como ejemplo, las nacionalizaciones realizadas por el franquismo.

Si con esto Felipe González se refiere a que el hecho de que el Estado se haga cargo de una empresa no es suficiente para garantizar su recuperación y la defensa de los intereses de los trabajadores, estamos de acuerdo.

Pero, ¿cuál es su alternativa?, ¿dejarla en manos privadas?, ¿supone esta afirmación que lo mejor es que las empresas sigan en manos de sus actuales propietarios?

Esta última alternativa sí que ha demostrado ser un desastre, pues en el contexto de una economía en crisis, las empresas privadas en el Estado español están basando su supervivencia, no sólo en la la reducción de plantillas y salarios, sino en la ayuda del Estado, con lo que tenemos todas las desventajas de cargar las pérdidas de la empresa a los fondos públicos, sin tener el control estatal de las mismas por seguir en manos privadas. Desde luego, tampoco sería solución que la administración de estas empresas se haga por parte de una administración corrompida que sólo mira por los privilegios que puede obtener en sus funciones, y se dirija a devolver a manos privadas cualquier empresa que vuelva a obtener beneficios, después de haberse hecho cargo el Estado de las pérdidas.

Pero es de suponer que el secretario general del PSOE no tiene estos proyectos para un gobierno socialista, luego no podríamos estar de acuerdo en que sea mejor que los créditos estatales los manejen las empresas privadas, en vez de que sea el mismo Estado quien tenga el control de esas empresas.

Claro, hay otra posibilidad. No conceder ningún dinero a las empresas privadas, con lo que asistiríamos a un derrumbamiento de la economía, pues las empresas han manifestado ya su incapacidad de mantenerse por si mismas. Precisamente todas las presiones de los empresarios van dirigidas a conseguir la eliminación del gasto público “no productivo” es decir, Enseñanza, Seguridad Social, seguro de desempleo, transportes, viviendas…, y que ese dinero se destine a “subvencionar” la actividad empresarial. ¿Acaso esto es progresivo?

Sin embargo, estamos de acuerdo en que el mero hecho de que un gobierno socialista llevase a cabo una política de nacionalizaciones no bastaría, si no se cumplen una serie de requisitos.

Si un gobierno socialista nacionalizase algunas empresas se produciría un boicot inmediato hacia ellas por los capitalistas, y con la Banca en manos privadas, se verían en dificultades financieras, luego el Estado se vería obligado a hacerse cargo de sus pérdidas, provocando un aumento de la inflación y efectos negativos en la economía.

NACIONALIZACIONES BAJO CONTROL OBRERO

La nacionalización sólo puede ser una parte, no por ello menos importante e imprescindible, de un programa socialista que plantee la nacionalización de las empresas en crisis, en primer lugar, bajo control democrático de los trabajadores y sin indemnización, salvo en caso de necesidad comprobada, pues los propietarios han obtenido beneficios de “los salarios no pagados a los trabajadores”. Además, es necesario que las nacionalizaciones no se queden sólo en las empresas con perdidas, sino que también tiene que alcanzar a las que tienen beneficios, nacionalizando todos los monopolios y grandes industrias y, desde luego, garantizando el control del crédito mediante la nacionalización bajo control obrero de la Banca que tiene año tras año enormes beneficios, a través de la política crediticia de usura que ejercen. Con esto no solo se conseguirá el control de un sector vital de la economía, sino que se podrían dar créditos baratos a los campesinos y a los pequeños propietarios, que apoyarían así con entusiasmo un gobierno socialista que le librase de su principal enemigo, los banqueros.

Con estas condiciones se podría desarrollar una planificación de la economía bajo el control democrático de la clase obrera, eliminando a todos los parásitos que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero claro, esta política supone un enfrentamiento decidido con el poder de las cien familias que controlan la mayoría decisiva de la economía y una política de independencia de clase, apoyándose en la fuerza de los trabajadores para acabar con el sistema capitalista e instaurar una democracia obrera.

Y aquí es donde queda claro que Felipe González y otros dirigentes del PSOE tienen su principal desacuerdo con los marxistas, en que, según ellos, hay que mantenerse dentro de los estrechos márgenes del capitalismo.

Pero es al intentar tirar por la borda el marxismo y el análisis de clase, cuando la postura socialdemócrata muestra su pobreza, sus contradicciones y su falta de realismo.

Así, Felipe González reconoce su incapacidad para entender las causas de la crisis económica, aunque después de muchos años de decir lo contrario, afirma que “el factor del petróleo ha sido un factor añadido de importancia, pero no ha sido el desencadenante de la crisis”. Sin embargo, según él, tampoco se sabe donde están las causas de la crisis, ni si es “estructural” o “coyuntural” y, añade “tampoco se sabe donde están los fallos estructurales para la superación de la crisis, ni tampoco tienen una línea de salida en el futuro que se vea con claridad”.

En resumen, como él mismo dice “el análisis económico tradicional no da para explicar con cierta suficiencia cual es el carácter actual de la crisis”.

Entendemos que por “análisis económico tradicional” se refiere a las distintas tendencias económicas dentro del capitalismo. Efectivamente, ni los keynesianos (inflacionistas) ni los partidarios de Friedman (monetaristas), ni los que intentan conjugar ambas posturas buscando el “justo medio”, tienen explicación y, menos aún, remedios para la actual crisis.

Y ninguno de los “brujos” del capitalismo puede tener una alternativa para esta crisis, porque es el propio capitalismo el que está en crisis, como un sistema agotado que aprisiona a las fuerzas productivas, mediante las barreras nacionales y la propiedad privada de los medios de producción. Intentando mantenerse dentro de estas barreras, la economía irá de recesión en recesión, con intervalos de raquíticas reactivaciones, conduciendo a un deterioro progresivo de la economía internacional.

CRISIS DE SOBREPRODUCCIÓN

Pero todo esto ya lo habían explicado los marxistas antes, incluso, de la recesión económica del 73, exponiendo las causas que llevarían a ello, y su posterior desarrollo. Sólo el marxismo puede dar la clave de esta crisis, como una crisis derivada de la sobreproducción, la falta de mercados, la anarquía en la producción, la tendencia a la disminución de la tasa de beneficios, la inflación y el paro. Y sólo una alternativa de clase basada en un programa socialista puede poner las bases para acabar con las lacras de esta economía agónica.

Los compañeros de la dirección del PSOE, se precipitaron “un poco” cuando plantearon que “el marxismo servía para el siglo pasado y que ahora hacían falta teorías “modernas”. Ya vemos a donde lleva el “modernismo”, que no es otra cosa que el reformismo y la socialdemocracia.

Las “viejas” alternativas del marxismo, siguen sirviendo, porque seguimos sufriendo los “viejos” problemas de la división de clases de la sociedad, de la explotación, y de todas los demás “viejos” problemas del “viejo” sistema capitalista.

Y en este contexto, los capitalistas siguen utilizando el “viejo” sistema de atacar a la clase obrera para intentar mantener sus beneficios.

La única política, la única ley para los empresarios, es el mantenimiento de los beneficios a cualquier coste, y la consecuencia de esto es un ataque salvaje contra los puestos de trabajo y contra los salarios para intentar mantener un margen de beneficios “aceptables”, y si no cierran la empresa y se dedicaran a otra cosa que tenga menos “riesgo” y sea más seguro, como la especulación en cualquiera de sus vertientes.

El compañero Felipe, parece que por fin acepta una idea que Nuevo Claridad viene planteando hace años y es que ningún móvil de “patriotismo”, “solidaridad nacional”, “salvación nacional”, “humanitarismo”, etc., va a llevar a los empresarios a invertir una sola peseta, sino que como él mismo dice: “No hay nadie que funcione en el mundo empresarial por puro altruismo; necesita un margen de beneficios, sino no se dedica a ello”.

Pero parece que Felipe después de haber dicho esto no entiende tampoco su alcance: Esto significa que los empresarios no van a invertir y que van a seguir cerrando fábricas, ya que incluso ahora, sin invertir nada podrían producir más, debido a que la industria sufre una infrautilización de su capacidad productiva.

Podemos imaginar la reacción de los empresarios, ante un gobierno que les aliente a invertir con animadas arengas, como las contenidas en estas declaraciones del líder del PSOE:

“…Lo que hay es un cierto atenazamiento de los técnicos, sea cual sea su posición ideológica, por una crisis poco comprendida, poco comprensible y poco definible y en la que no te puedes permitir, por tanto, los lujos de caer en tentaciones absolutamente fuera de la realidad y proyectar políticas a cuatro o cinco años. Por que nadie dice cuál va a ser el efecto de una determinada política económica a cuatro años”. (El subrayado es nuestro, para indicar que, desde luego, se debe referir únicamente a técnicos que basan su “técnica económica” en el capitalismo).

Esta falta de claridad respecto al futuro del capitalismo es lo que lleva a los empresarios a “no arriesgar su dinero”. Así pues, ¿qué política económica nos ofrece el compañero Felipe González, para un gobierno socialista?

La buena voluntad, o las buenas palabras, no van a convencer a los empresarios para que inviertan, y sin inversión se produce un deterioro de la economía, como el de un cuerpo que no recibe aire en sus pulmones.

DEFENSA DE LOS INTERESES DE CLASE

Los dirigentes del PSOE tienen ante si la perspectiva de un triunfo electoral, y la formación de gobierno. Y este gobierno sólo tiene dos opciones: o llevar una política basada en la defensa implacable de los intereses de la clase obrera, lo cuál supone enfrentarse a los privilegios de una minoría de la sociedad, compuesta por un puñado de banqueros y capitalistas; o bien una política que intente mantenerse dentro de las leyes económicas impuestas contra la mayoría absoluta de la sociedad, a costa de desastrosas consecuencias de miseria para cientos de miles de familias. En este último caso, no sólo se produciría un fraude a las esperanzas depositadas por los trabajadores en un gobierno del PSOE, sino que además no se produciría la solución de la crisis. Los dirigentes del PSOE desarrollarían en el gobierno la misma política económica que han “consensuado” en la oposición, con los mismos o peores resultados; aumento del paro y de la inflación.

La única alternativa está en un programa socialista basado en la nacionalización bajo control obrero de la economía y su planificación democrática, lo cual exige la confianza en la fuerza y la capacidad de la clase obrera para transformar la sociedad.

* Nuevo Claridad, n.º 113. 11/25 de febrero de 1982. Página 1 y 4.