La crisis sanitaria ha detonado una crisis económica y social sin precedentes desde la Gran Depresión de 1929. Siempre han sido muchas, pero hoy son mayoría las personas que viven en la incertidumbre, que ven cómo la vida ha cambiado de la noche a la mañana y no saben cómo van a poder vivir en los próximos años. Surgen las preguntas: ¿es posible salir de esta situación? ¿cómo vamos a vivir? ¿y nuestros hijos e hijas? ¿se pueden erradicar el paro, la precariedad y la pobreza? ¿se puede detener la destrucción del medioambiente? ¿Hay forma de evitar que la crisis la paguen los de siempre, como ya está sucediendo? ¿Realmente podemos cambiar esta sociedad?

La propuesta de Izquierda Unida de un Plan de Reconstrucción Horizonte País (PRHP), en cuya elaboración han participado compañeros y compañeras de distintas organizaciones y colectivos, trata de dar esa respuesta. Los compañeros y compañeras de Izquierda Unida del colectivo Manifiesto por el Socialismo presentamos este documento para hacer nuestra aportación a este debate desde una posición crítica, que no rechaza el PRHP, sino que propone ir más allá y unir nuestras reivindicaciones a una propuesta de superación del capitalismo. Lanzamos la propuesta de construir una alternativa socialista.

Jordi Escuer. Participa en la Coordinadora regional de IU Madrid y en la Colegiada local de IU Madrid ciudad.
Henar Moreno. Diputada de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja.
Carlos Sánchez Mato. Responsable de Políticas económicas de IU-Federal.
Elena García Juango. 1ª Teniente de Alcalde de Alagón (Zaragoza) y Diputada Provincial. Militante de IU.
Sergio Sánchez. Concejal de IU en Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Juanjo Vallejo. Participa en la Coordinadora Territorial de Álava, Ezker Anitza – IU.

Hay que superar el capitalismo. No reformarlo

Quien aún esté vivo no diga «jamás».
Lo firme no es firme.
Todo no seguirá igual.
Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados.
¿Quién puede atreverse a decir «jamás»?
¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros
¿De quién que se acabe? De nosotros también.
¡Que se levante aquel que está abatido!
¡Aquel que está perdido, que combata!
¿Quién podrá contener al que conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana
y el jamás se convierte en hoy mismo.

Loa de la dialéctica, de Bertolt Brecht

Indice

El capitalismo ha quedado al descubierto

Esta epidemia ha tensado todas las costuras de la economía y de la sociedad. En momentos como éste es cuando se pueden advertir más nítidamente, y por más gente, qué funciona y qué no en nuestra sociedad. Si algo está saliendo a relucir es que el capitalismo no ha preparado a la sociedad para afrontar esta emergencia, no la ha hecho más resiliente sino más vulnerable. Su tendencia a “maximizar el beneficio para el accionista” ha vuelto a provocar el “máximo desastre social”. Ha colocado a la mayoría de la sociedad en peor situación para afrontar esta crisis sanitaria, tanto por los recortes, como por la precariedad en la que viven millones de personas, sin medios para resistir, ni siquiera unas semanas, como atestiguan las “colas del hambre”(1).

Pero también está mostrando la importancia de lo público y de la labor colectiva. El ejemplo más evidente es la sanidad pública sin la cual, el coste en vidas humanas de esta crisis sería mucho mayor. Si no se hubieran producido los recortes(2) en la sanidad pública y en la investigación científica se habrían evitado muchas más muertes. Por el contrario, la sanidad privada, que ha sido la gran beneficiada al recibir más dinero del erario mientras se recortaban las asignaciones a la pública, ha mostrado su incapacidad en una situación como ésta.

Las residencias, con gran número de fallecidos(3), son un terreno dominado por la empresa privada(4). Un sistema público, adecuadamente dotado, medicalizado, y con verdadera vocación de servicio público, que primara la salud y no el negocio, habría salvado muchas vidas.
Y la crisis sanitaria precipita la crisis económica y social. La insuficiencia crónica de servicios sociales se hace más patente. Ellos mismos están remitiendo a personas a los grupos de apoyo mutuo de las entidades vecinales y sociales. Está pasando en la ciudad de Madrid, con un Ayuntamiento con 1.000 millones de euros de superávit y que acaba de bajar el Impuesto de Actividades Económicas a parte de las grandes empresas.

El sistema ha quedado al descubierto. Por eso el nerviosismo ha cundido en las grandes empresas y la derecha. La campaña de donativos, los intentos de lavar la imagen de la sanidad o las residencias privadas y de las empresas, son consecuencia del miedo a que la mayoría de las personas les exija responsabilidades. La izquierda sindical y política no debería desaprovechar esta oportunidad para plantear un cambio social y eso exige un debate a fondo.

Una intervención pública para rescatar a las personas, no al sistema

Compartimos plenamente una de las ideas centrales del PRHP: blindar y fortalecer los servicios públicos. Pero una intervención pública no implica necesariamente un rescate de quienes más lo necesitan. Se puede emplear para salvar el capitalismo de su propio desastre, revivirlo y pasar la factura a la clase trabajadora, como en la crisis de 2008.

En contra de lo que dice la derecha, el capitalismo sería inviable sin el apoyo del Estado. Sin el respaldo público el sistema quebraría. Pasó en 2008, y se repite ahora a mayor escala. Entonces se subvencionó a la banca con dinero público y se legisló a favor de la patronal, con contrarreformas laborales que perjudicaron a la clase trabajadora y que siguen vigentes.

Si queremos que en esta ocasión los resultados sean distintos, hay que darle otro contenido a la intervención pública. Debe abrir la puerta a un cambio en las relaciones de propiedad de las grandes empresas y al control democrático de la economía.

Por cierto, los despachos de abogados expertos en reclamaciones económicas ya están alentando a las grandes multinacionales a preparar reclamaciones en los tribunales de arbitraje internacionales contra los estados, por las pérdidas que su política frente la epidemia les están ocasionando(5). Y eso que se les está rescatando. Pero los negocios son los negocios.

En consecuencia, no se trata sólo de evitar que esta intervención se quede en “un paréntesis temporal al neoliberalismo”, sino de superar el propio capitalismo. No creemos posible otra forma de gestionar el capitalismo que pueda suponer una solución a los problemas sociales y ecológicos. Su incapacidad para garantizar un reparto justo de la riqueza y preservar el medioambiente, del que depende nuestra existencia, no responde a factores psicológicos o subjetivos, es un reflejo de una dinámica social propia de este sistema. Los defectos del capitalismo son estructurales y por eso hay que superar este modo de producción, no reformarlo.

El Gobierno tendrá que elegir: con la patronal o con la clase trabajadora

El gobierno PSOE-UP ha tomado medidas que no podríamos esperar de un gobierno de la derecha. Pero no son suficientes y nada nos garantiza que, conforme avance la crisis, acabe pasando como en 2010, cuando Zapatero retrocedió y asumió la política de recortes. De hecho, las que se han tomado han tenido que vencer una enorme resistencia interna en el Gobierno y ese conflicto va a crecer conforme empeore la situación económica.

Ni quedarnos a medias ni retroceder son una opción en estas circunstancias. El despido sigue siendo posible en España en tiempos de coronavirus, otro asunto es que se haga en relación con el estado de alarma pues, entonces, será declarado improcedente y la indemnización mayor. Hemos perdido la oportunidad de declarar los despidos nulos, que hubiera permitido al trabajador optar por la incorporación al trabajo o acogerse a la indemnización, fortaleciendo su posición frente al empresario. Y la situación ha empeorado con el último acuerdo firmado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, al abrirse la puerta al despido en determinadas circunstancias(6). La patronal quiere las ayudas públicas, pero con plena libertad de despido y lo más barato posible. Y van a presionar más, con el apoyo de la derecha(7).

El Ingreso Mínimo Vital es un avance, pero muy insuficiente. Se plantea invertir 3.500 millones de euros y que llegue a más de un millón de hogares(8). Pero, si antes de la crisis ya había más de 10 millones de personas en riesgo de exclusión social, esta medida va a ser insuficiente a todas luces. Más si tenemos en cuenta que, a pesar de se nos dice que se tratará de una ayuda de entre 500 y 1.000 euros por unidad familiar, la cantidad de dinero previsto no permite más que una media de 300 euros por familia y mes. Aunque sea mejor que nada, son cantidades que no pueden resolver el problema.

En enero teníamos más de tres millones de parados, ahora ya nos acercamos a los cuatro(9). El aumento del paro, los ERTES y demás ayudas, afectan a más de 5,5 millones de personas(10). El desempleo es algo crónico desde hace décadas y, ahora, a un nivel más alto. No es casual, el sistema lo genera, puesto que la mano de obra es tratada como una mercancía más —de la que se trata de extraer el máximo de trabajo al menor precio— y es sometida a la ley de la oferta y la demanda. Y el paro fuerza al conjunto de la clase trabajadora a aceptar una condiciones de explotación mayores.

En estas circunstancias, es especialmente cierto que no es posible contentar a la patronal y a la clase trabajadora. Las medidas que necesitarán unos son un desastre para los otros. Y ahí estará el conflicto: qué clase social saldrá beneficiada de esta situación.

Para la derecha, este Gobierno es “comunista”, y no le va a dar tregua por muy “moderado” que sea. Está alentando la movilización contra él y la crisis aportará material combustible a esas protestas. Por lo que el Gobierno tendrá que apoyarse en la movilización general de la clase trabajadora frente a esos poderes o claudicar. Muchas ministras y ministros del PSOE no van a querer tomar esa senda, pues defienden este sistema. Y eso pondrá en un atolladero a Unidas Podemos, que también deberá escoger entre mantenerse firme en una política de izquierdas o claudicar.

Ya estamos viendo un anticipo de ello con la reacción frente al acuerdo firmado con EH-Bildu para derogar la reforma laboral del PP. En cuestión de horas, la ministra Calviño ha forzado una rectificación del PSOE, que renuncia a derogar completamente la reforma y a hacerlo dentro del periodo de medidas extraordinarias en materia económica y laboral derivadas de la crisis sanitaria. Se está utilizando la excusa del diálogo social para imponer la postura de la patronal, que quiere afrontar esta crisis con la legislación laboral del PP, con un despido más barato y más ágil. Esas diferencias no se pueden resolver dentro del marco del diálogo. Condicionar tu política a un acuerdo con la patronal es atarle las dos manos a la espalda a la clase trabajadora.

Las presiones para preparar el ajuste futuro ya han empezado. El Banco de España, que ha empeorado sus previsiones económicas, ya está presionando para que empiece a diseñar la política de ajuste fiscal apenas pase la epidemia(11). La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) también ha hecho manifestaciones en este mismo sentido(12) La presión para aplicar una política de ajustes crecerá en los próximos meses con mucha fuerza y, si no hacemos nada, inevitablemente lo pagará la clase trabajadora y los sectores más humildes de la sociedad. De ahí la importancia de tener un alternativa y de unirla a la movilización.

Los límites de la política fiscal y el endeudamiento

El PRHP recoge propuestas que reflejan el enorme caudal de experiencia acumulada en IU y en el conjunto de la izquierda. Y hace una propuesta de financiación: una reforma fiscal progresiva y aumentar el endeudamiento con la Unión Europea.

En materia de ingresos propone equiparar los ingresos a la media de la UE subiendo los impuestos al 3% más rico de la sociedad y a las grandes empresas, lo que supondría un aumento de 76.000 millones de euros anuales. Si se igualara con la presión fiscal de Francia, el incremento sería de hasta 156.000 millones.

Además, se plantea que el Banco Central Europeo (BCE) financie directamente a los Estados. El actual sistema, que obliga a recurrir a los bancos privados, supone billones de euros en pago de intereses(13). Como es poco probable que eso cambie, se propone recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y la creación de un fondo de Bonos Europeos Perpetuos, con el objetivo de recabar 233.000 millones de euros.

Aunque se deben exigir esas medidas, nada garantiza que esa financiación llegue ni establece en qué condiciones. En cualquier caso, nos endeudaremos más con la UE que tratará de imponernos condiciones. Ya sabemos qué política han defendido las instituciones europeas durante todos estos años: actuaciones a la medida de las grandes entidades financieras y corporaciones europeas. No debemos albergar esperanzas en ellas, ni alimentarlas. La UE es un entramado institucional hecho a la medida de las grandes empresas y no está pensada para rescatar a los pueblos.

Si tiene la voluntad de aplicarla, la única medida de las propuestas que está en manos del Gobierno es la reforma fiscal. Hacer que pague más el sector más rico de la sociedad es una necesidad urgente para afrontar esta crisis. Pero la voluntad es muy limitada en la mayoría del Ejecutivo. Sánchez no está por la labor de un impuesto a los “ricos”(14). No debemos olvidar que muchos dirigentes del PSOE participan en los consejos de administración de las principales empresas españolas y que la presión en contra de estas medidas es muy fuerte.

Incluso, aunque todo el Gobierno aceptara una reforma fiscal progresista, no deberíamos perder de vista que, en una sociedad capitalista, nada garantiza que se cumplan los objetivos de ingresos, ni sabemos a priori cuáles van a ser las consecuencias en la inversión privada, en la medida que van a suponer un recorte de la rentabilidad. No son razonamientos contra la reforma fiscal, sino a favor de ir más allá.

Las crisis se utilizan para aumentar la explotación

En el capitalismo, las crisis son un medio objetivo para imponer una explotación más intensa a la clase trabajadora. Las medidas aplicadas a partir de 2008 provocaron un enorme trasvase de renta de la clase trabajadora hacia la clase capitalista. El recorte del salario directo(15), con despidos, reducciones salariales, incremento de la intensidad del trabajo(16), aumento de las horas de trabajo no pagadas, etcétera; el recorte del salario indirecto, con recortes sociales, e incluso del salario diferido, con un retroceso del poder adquisitivo de las pensiones entre 2009 y 2019(17), que ya son un 30% más bajas que la media de la UE(18).

Los rescates de la UE se acompañaron de medidas que implicaban recortes de derechos y del gasto social, puesto que había que garantizar el beneficio empresarial y el pago de la deuda, tanto de las empresas privadas como de las administraciones públicas. Esta última era, básicamente, el producto de rescatar al sector privado.

¿Era inevitable llegar a la actual crisis con déficit público y un alto nivel de deuda? En absoluto. Si el Fondo de Reserva de la Seguridad Social hubiera cumplido el papel para el que fue creado, acumulando el diferencial entre los ingresos por cotizaciones sociales y el gasto en pensiones contributivas, hoy tendríamos un fondo que oscilaría entre el 40 y el 60% del Producto Interior Bruto (PIB)(19), unos 500.000 millones de euros. Sin embargo, se ha utilizado para financiar multitud de gastos, desde la sanidad pública a las bonificaciones de las cuotas empresariales, hasta hacerlo desaparecer. Los ingresos fiscales han estado siempre 6 puntos del PIB por debajo de la media de la UE, lo que ha supuesto unos 70.000 millones de euros anuales menos sólo estos últimos años. Los menores ingresos públicos han supuesto que el Estado ha tenido que endeudarse más y pagar unos intereses a los bancos privados, lo que ha agravado aún más el déficit público, de más de 310.000 millones de euros los últimos 20 años(20). Sólo esos dos ejemplos demuestran que hubiera sido posible que esta crisis nos hubiera encontrado con reservas suficientes para afrontarla.

Pero esta política no era inocente. Su otra cara son los beneficios de las grandes empresas. Las empresas cotizadas han repartido casi 300.000 millones en dividendos entre 2008 y 2017(21). Y la expresión última del trasvase de renta entre las clases es que, en diez años, se ha triplicado el número de personas con fortunas superiores a los 30 millones de euros en España, los llamados supermillonarios, pasando de 200 a 611(22).

Evitar una nueva vuelta de tuerca a la explotación social

La patronal y la derecha quieren afrontar esta crisis de la misma forma que la de 2008. A pesar de las medidas del Gobierno, la crisis ya está suponiendo a la clase trabajadora más desempleo y menos ingresos, muchos ERTES no están siendo complementados por las empresas para mantener el 100% del salario, o sólo lo están siendo parcialmente(23). Una parte de ellos se convertirán en despidos en los próximos meses, se plantearán congelaciones y reducciones salariales. Si, antes de la crisis, las empresas no compartieron los beneficios con sus plantillas, ahora sí lo van a hacer con las pérdidas. Le espera una situación muy difícil a la clase trabajadora, pues el capitalismo actuará conforme a su naturaleza: buscar rentabilidad y oponerse a toda medida que ponga obstáculos a la misma(24). Presionará para una nueva transferencia de renta de la clase trabajadora hacia los capitalistas. Detener y revertir esa tendencia exigirá una lucha unitaria y una propuesta distinta de sociedad.

Hay que unir las reivindicaciones básicas a una propuesta de cambio social. Exigimos pleno empleo, salarios dignos, servicios públicos, sanidad pública, detener el destrozo medioambiental… porque sabemos que son posibles, que nuestra sociedad tiene los medios humanos, científicos y materiales para lograrlo. Pero, lograrlos y consolidarlos, exige superar el capitalismo.

Este planteamiento es, además, la única manera de evitar la política del “mal menor” —aceptar recortes a cambio de no aplicar otros peores—, algo que hemos vivido durante décadas. El PRHP deja una puerta abierta a esa manera de actuar cuando dice: “No cabe en contextos de crisis económica aplicar medidas de ajuste que supongan un retroceso sustancial en las condiciones de vida de la clase trabajadora”(25). ¿Qué es un “retroceso sustancial” y qué no lo es? Los pactos generales con la patronal para salir de esta crisis serán imposibles, salvo que se acepten “retrocesos sustanciales”. Sin cambios profundos en el sistema económico, social y político, no se pueden resolver los problemas que aquejan a la clase trabajadora. Y la patronal no los va a aceptar: “Lo que no nos gustaría es que nadie quiera aprovechar esta crisis sanitaria para intentar cambiar un modelo social o un modelo constitucional. Yo estoy muy tranquilo con el que tengo”, declaraba el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi(26).

Es el momento de preparar la unidad de toda la izquierda sindical y política para luchar, y hacerlo de abajo a arriba, desde las empresas y los barrios. Los conflictos que están por venir, no se pueden ganar sólo peleando empresa a empresa. Hace falta una alternativa global.

La transformación digital: amenaza y oportunidad

Igual que la pandemia ha precipitado la crisis, que llevaba ya meses amenazando, también está empezando a acelerar otros factores que se manifiestan desde hace más tiempo. La aplicación de las nuevas tecnologías digitales, la Inteligencia Artificial, la robotización, están van a sufrir un nuevo impulso. Ya ha crecido drásticamente el teletrabajo(27).

La tecnología tiene un enorme potencial para mejorar nuestras vidas, pero no podemos considerar su uso al margen de la sociedad en la que vivimos. En un mundo capitalista, el avance técnico se utiliza para maximizar el beneficio privado. Que un 50% de los empleos actuales puedan ser reemplazados por robots implicará una gran destrucción de empleo(28). Y, aunque después se crearán nuevos puestos de trabajo, no es muy probable que compensen los pérdidos(29). Se agravará el paro crónico y el subempleo, fomentando que siga creciendo el número de empleos basura(30), sólo posibles por el bajo precio de la mano de obra.

Todo eso no es una consecuencia inherente a la tecnología digital ya que, como el del resto de las fuerzas productivas, su uso está condicionado por la sociedad en la que vivimos(31). Las ganancias de productividad que posibilita se podrían emplear para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Facilitarían la reducción de la jornada laboral, puesto que permiten producir más bienes con menos trabajo humano. Si la finalidad de la economía fuera atender el bienestar y el desarrollo humanos, estas medidas sería vistas como naturales. Pero eso no sucede en la sociedad capitalista, con su necesidad de maximizar los beneficios.

Por todo eso, la izquierda no puede limitarse a plantear una regulación de las nuevas tecnologías digitales, sino que debe abanderar su transformación en servicios públicos. El oligopolio digital empresarial tiene un poder inmenso. Son prácticamente monopolios(32). Y deben dejar de ser privados. Es una condición previa, pero no es suficiente.

Un cambio en el uso de la tecnología exige un cambio social

No se deben seguir usando esas tecnologías como lo hacen Google, Apple, Facebook, Amazon o Microsoft (GAFAM, acrónimo con el que se las suele citar). Su desarrollo actual está pensando para atender las necesidades de los capitalistas. Son sistemas hipercentralizados, diseñados para vender más, hacernos dependientes de ellas y que consumen crecientes cantidades de energía y recursos, de forma insostenible.

La tecnología digital y la inteligencia artificial pueden emplearse de forma muy distinta, descentralizada, permitiendo que el poder esté abajo y no arriba. Es posible una coordinación mundial de la economía, compartir los conocimientos y las tecnologías para desarrollarlas de forma cooperativa, con el avance exponencial que eso supondría, sin necesidad de depender de enormes compañías. Sistemas descentralizados, basados compartir información y conocimientos en código abierto.

Es necesario relocalizar la producción para acercarla al lugar de consumo, ponerla en manos de los productores reales (la clase trabajadora), poner fin a la obsolescencia programada, hacer del reciclaje una norma, que el código sea abierto no sólo en el terreno del software sino en toda la producción, acabando con el obstáculo que son las patentes para el desarrollo.

Hoy existen los medios para transformar la economía en algo más cercano y lograr que esté al servicio de toda la sociedad y no al revés. Esos medios son los fundamentos materiales para una democratización real de la economía, para su administración en función de las necesidades sociales y de forma respetuosa con el medioambiente.

Pero todo eso exige superar el capitalismo y esa es la discusión pendiente en la izquierda. El burocratismo monstruoso que ahogó a la Unión Soviética y la llevó al hundimiento, un riesgo muy real, no es inevitable. La primera condición para enfrentar ese problema es reconocerlo. Pero ver que, a diferencia de lo que sucedía a principios del siglo XX, hoy tenemos los medios materiales para construir una economía socialista, realmente democrática y colectiva. El nivel de productividad alcanzado, permite y exige una reducción de la jornada laboral drástica, que posibilita tiempo real para la participación de las personas en la vida social y política.

La naturaleza y el trabajo humano crean la riqueza

Hoy, cuando se está planteando poner impuestos a las máquinas e, incluso, sectores del propio capitalismo proponen una renta básica ante la certeza de que no van a poder dar empleo a todo el mundo, deberíamos ir revisar el concepto de riqueza y valor que existe en la sociedad. Son la naturaleza y el trabajo humano los que crean riqueza —el sistema lo reconoce tácitamente al explotar a ambos de forma creciente—, y de ambas cosas disponemos en abundancia, aunque no ilimitadamente. Si todo el mundo trabaja, si los recursos se emplean de forma racional, es posible asegurar unas condiciones de vida dignas a toda la humanidad. Lo que es imposible de garantizar es que, al mismo tiempo, una minoría se haga cada vez más rica.

La mayor parte del trabajo humano ni siquiera está remunerado, como es la mayoría del trabajo de cuidados(33). Y, sin embargo, es un trabajo vital: es riqueza social, aunque el sistema no la reconoce porque no genera beneficio privado.

La creación de riqueza no es algo reservado a la “empresa privada”. Una empresa pública o una cooperativa también pueden producir los bienes y servicios que necesitamos. Las viviendas construidas por una empresa pública son tan habitables como las de una privada. Pero la diferencia es que, en una empresa pública, la producción puede ser controlada democráticamente y guiarse por criterios sociales y ecológicos.Decimos “puede” porque no está garantizado de antemano que, por el hecho de ser pública, una empresa actúe así. Por eso debe ser pública, pero también gestionada democráticamente.

Una empresa pública puede y debe ser viable económicamente. Un sistema de salud público es más eficiente tanto desde el punto de vista sanitario, que es el principal, como económico. El sistema sanitario estadounidense, privado y que deja fuera a gran parte de la población, es mucho más caro que el nuestro, eminentemente público(34). Y si se gestionase siguiendo los criterios de salud pública, prevención de la salud y de forma democrática, sería aún más efectivo y menos gravoso económicamente.

La propia pandemia está resaltando que la economía no puede considerarse de forma aislada del resto de sus consecuencias sociales y sanitarias, como también lo está haciendo el cambio climático, cuyas consecuencias son cada vez más claras para toda la sociedad. La actividad económica debe abordarse de forma muy distinta a como lo hace el capitalismo.

No podemos seguir produciendo como hasta ahora

Compartimos la idea planteada en el PRHP: “Si hay que rescatar empresas con dinero público, que su titularidad sea pública”. Pero deberíamos ser consecuentes con esa idea y llevarla hasta las últimas consecuencias. Muchos Estados nacionalizaron empresas, incluidos bancos, en la crisis de 2008, para sanearlos y devolverlos a manos privadas. Ahora volverán a intentar lo mismo, pero el camino que habría que tomar es muy distinto.

Estamos viendo el empeño en relanzar las aerolíneas y al sector turístico, aún a riesgo de agravar la pandemia, en lugar de aprovechar el inevitable rescate para transformar la economía. No es viable, ni sanitaria ni ecológicamente, seguir con el actual modelo turístico ni con el nivel de vuelos. En lugar de empeñarnos en resucitarlo, los esfuerzos deberían ponerse en desarrollar el sector de los cuidados público, desde la Sanidad pasando por las Residencias y los Servicios Sociales, la Dependencia, etcétera. Y las energías renovables, la agricultura sostenible, la rehabilitación de vivienda… Ahí están el terreno para la creación de riqueza y bienestar humano en los próximos años.

Pasa lo mismo con el sector del automóvil. Un alto ejecutivo español se quejaba de que “declaraciones como que hay que fomentar la bicicleta o reducir el número de coches para aumentar las aceras no ayudan a ser automóvil ‘friendly’”, e insistía en que “tenemos que dar a las multinacionales signos de que España es ‘friendly’ con el automóvil”(35). Todos hemos podido comprobar cómo ha mejorado el aire que respiramos en las ciudades, como efecto colateral de la pandemia, pero el sector sólo piensa en cómo ser rentable para los grandes inversores privados. Y lo peor es que seguir con la misma producción insostenible de coches, no evitará que la patronal plantee cierres y una reducción drásticas de plantilla, como a la que ya se está sufriendo la plantilla de Nissan. Hace falta un plan integral, y si se les va a rescatar con dinero de todos, es la ocasión de cambiar el rumbo de la economía, empezando un proceso de transformación del modelo productivo, sin dejar a nadie atrás.

No es una decisión opcional. La crisis ecológica nos obliga a un profundo cambio. No podemos superar los límites físicos del planeta sin pagar las consecuencias, algo que ya está sucediendo y que comprobamos en forma de catástrofes naturales recurrentes, cada vez más costosas en términos económicos y humanos. Y lo peor está por llegar(36). La huella ecológica española nos indica que en el mes de mayo ya hemos gastado todos los recursos que la naturaleza es capaz de reponer en un año. Al ritmo medio de consumo actual harían falta 2,3 planetas(37).

A nivel mundial se alcanza ese punto a finales de julio, dos meses antes que hace 20 años(38). No va a ser posible mantener el mismo modelo de producción. Intentar seguir con el actual modelo nos llevará a un desastre social(39). Y el New Green Deal no es la solución(40), sino un intento de adaptar el capitalismo al cambio climático sin cuestionarlo, que no resolverá los problemas.

Es una tarea urgente unir en un mismo programa las reivindicaciones de la clase trabajadora y las del movimiento ecologista, y eso se puede lograr en una propuesta que supere el capitalismo.

No basta con que sea público, el Estado no es neutral

No debemos hablar del Estado en abstracto. Cuando el sistema financiero privado maneja activos de un valor superior al PIB español, no nos quepa ninguna duda de que su poder es superior al del Gobierno de turno. En contraste con el supuesto “no intervencionismo” estatal que pregona el neoliberalismo, el Estado ha sido un factor determinante en la economía desde hace décadas, pero a favor del sistema. Se recorta el gasto sanitario público, pero crecen las transferencias a la privada, por ejemplo. Se recortan las prestaciones sociales pero se rescatan bancos, crecen las bonificaciones a las empresas y la legislación favorable a los empresarios. Cae el gasto social, pero los planes de aumento del gasto militar(41) o policial, son una constante. El Estado no es neutral sino que responde a los intereses de la clase dominante. Es capaz de rescatar al capitalismo porque es SU ESTADO. Hasta en cualquier Ayuntamiento medianamente grande se puede ver el enorme poder que las grandes empresas tienen en la administración, su capacidad para frenar cualquier actuación que les perjudique y la facilidad para aplicar las que les benefician.

Por eso, no deberíamos abogar por un “Estado fuerte”. Defendemos servicios públicos bajo control democrático, de los trabajadores y de la mayoría de la sociedad, pero aspiramos a nuevas instituciones, donde la voluntad de servicio público se imponga. Actualmente, las estructuras del Estado, en sus estamentos más altos, están mucho más próximas a las grandes empresas que a la mayoría de la ciudadanía. Sólo hace falta señalar la famosa “puerta giratoria” que las comunica.

Aplicar políticas de izquierdas, sociales y ecológicas, exigirá instituciones nuevas, plenamente democráticas y asentadas en unas nuevas relaciones económicas y de propiedad. No empresas públicas que reproduzcan los métodos de las privadas, como Bankia: es pública pero actúa como un banco privado más. Esa no es la alternativa.

Es un absurdo que las instituciones sociales en las que más tiempo pasamos la mayoría de las personas, las empresas, no funcionen democráticamente, sino que sean instituciones jerarquizadas, autoritarias y burocratizadas en la inmensa mayoría de los casos. La democracia tiene que entrar en la economía, y eso es incompatible con que las relaciones de propiedad capitalistas sean las dominantes en la sociedad. Y sobre esa base, habrá que construir unas nuevas instituciones, donde la democracia participativa sea una realidad, donde la burocratización sea imposible.

Reducir la jornada laboral, sin reducción salarial, para lograr el pleno empleo

Las propuestas de la izquierda deben partir de las necesidades reales. Hay que exigir unas condiciones de vida dignas. Además de las pérdidas en vidas humanas y el dolor que ocasiona a sus familias, lo que hace esta crisis sanitaria tan dura para una gran mayoría de la sociedad es la injusta distribución de la riqueza. Mientras una minoría es escandalosamente rica el resto apenas tiene margen para aguantar una mala racha.

Pero la redistribución de la riqueza no puede depender sólo, ni fundamentalmente, de medidas fiscales. Debe empezar en el corazón de la economía: la producción. Es significativo que en cuarenta años de “democracia” sigamos anclados en la jornada laboral de 40 horas semanales, a pesar de lo que ha crecido la productividad. Entre 1983 y 2019 el PIB se ha multiplicado por 6,8 veces.(42) Pero si vamos más lejos y retrocedemos hasta 1920, el PIB español era de 176 millones de euros anuales, mientras que en 2019 ascendió a más de un billón doscientos mil euros. ¡7000 veces más! En la actualidad, la economía española produce cada hora bienes y servicios por valor de 142 millones de euros. Es decir, que se produce en hora y media lo mismo que en 1920 en todo el año. Por tanto, hay riqueza más que suficiente para que todo el mundo pudiera vivir dignamente, lo que lo impide es la explotación y el desempleo.

La primera medida necesaria para lograr el pleno empleo es la reducción drástica de la jornada laboral, sin disminución salarial. Hoy sería posible una jornada laboral de 28 horas semanales. Ese es el camino para una distribución mucho más justa de la riqueza, desde la producción. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 la media semanal de horas trabajadas fue de 628.331.870.(43) Si las dividimos por la población activa —la suma de ocupados y parados—, 23.158.000(44), obtendríamos una jornada laboral media de 27,13 horas semanales por persona.

Además, esta reivindicación podría unir a toda la clase trabajadora, con o sin empleo. La oposición a reducir la jornada laboral vendrá de la patronal, pues esa medida imposibilita que siga el enriquecimiento privado de estos años, pues fuerza a repartir la riqueza y a compartir las ganancias de productividad. Desde algunos ámbitos del propio sistema se está dispuesto a dar una ayuda mínima para evitar una explosión social (pero nunca tan alta que “desincentive” la búsqueda de trabajo), mientras se produce una explotación cada vez mayor en los puestos de trabajo. No podemos aceptar esa dinámica, de explotación creciente de una parte de la clase trabajadora y el paro crónico para el resto, pues propicia la división. Exigimos pleno empleo digno porque es posible.

Renta básica y jubilación a los 60 años

A la vez, mientras no se garantice un puesto de trabajo digno, se debe tener una prestación por desempleo digna. Y, si no se tiene acceso a ninguna de las dos cosas, debe haber una renta básica o ingreso mínimo vital igual de digno, indexada al SMI y no inferior a 950 euros, si se considera que ése es el mínimo para vivir. El SMI debería subir hasta los 1.200 euros para situarse en el 60% del salario medio, como plantea la Carta Social Europea. Entonces sí podría fijarse la renta básica o ingreso mínimo vital en el 80% del SMI, como propone el PRHP.

Y respecto a la cuestión de la jubilación, la política dominante a nivel sindical y político es la de “virgencita, que me quede como estoy”. No deberíamos limitarnos a mantener la jubilación a los 65 años frente a la política del sistema de retrasarla, reducirla y abrir la puerta a un sistema mixto público-privado. Es el momento de plantear el adelanto de la jubilación a los 60 años, con contrato de relevo, abriendo una vía más para la entrada en el mundo laboral de los jóvenes, con una tasa crónica de paro superior a la media.

Hay que cambiar las relaciones de propiedad para cambiar la sociedad

Todas estas medidas chocan de lleno con la ley del máximo beneficio. Es la competencia por esa máxima rentabilidad la que obliga a todos los capitales a moverse por el planeta en busca de rentabilidad, el que se queda atrás pierde. Si los principales recursos económicos son propiedad privada, su funcionamiento se someterá al beneficio privado, no a las necesidades sociales.

Y eso es lo que hay que cambiar. La economía es una labor colectiva que no debería estar supeditada a ese objetivo, sino a atender las necesidades de la sociedad, a garantizar unas condiciones de vida dignas y a hacerlo sin violentar los límites físicos que nos marca el planeta.

Por eso, defendemos que el programa de la izquierda debe apoyarse en una medida crucial: convertir el núcleo principal de la economía, las grandes empresas, en público y que sea administrado democráticamente. Las grandes compañías suponen el 0,1% del total de empresas y el 40% de la producción(45), pero determinan el funcionamiento del resto de las empresas y la vida de todas las personas. Si la columna vertebral de la economía fuera pública y gestionada democráticamente, sería posible iniciar una transformación económica hacia un sistema de producción cuya prioridad sea el bienestar y el respeto a la naturaleza, que permita utilizar todo el potencial humano, erradicando el desempleo y la explotación laboral.

Sobre esa realidad se podría dar voz y voto a las plantillas y a la mayoría de la sociedad, en los planes económicos, que determinan nuestras condiciones de vida. La crisis sanitaria puso en evidencia que, al final, son los trabajadores y trabajadoras la fuerza decisiva que mueve la sociedad. La iniciativa y la decisión del personal sanitario ha sido determinante para afrontar la pandemia(46).

Es vital que la propia clase trabajadora tome conciencia de que no es suficiente reclamar mejores condiciones de trabajo, sino que debe tomar las riendas de la producción en sus manos. Si se generaliza la idea de que la producción económica no puede quedar en manos de empresas privadas, sino que es una tarea colectiva y democrática, porque afecta a la vida de toda la sociedad, estaremos sentando las bases para esa transformación social.

Y esa labor empieza ya. Los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores afectados por esta crisis, que ya se están enfrentando a menores salarios, despidos y cierres, que ya no encuentran empleo en los sectores viejos —y condenados a reducirse drásticamente, como el turismo—, sólo pueden encontrar una salida si miran más allá de los límites de su empresa, se organizan y se arman con una alternativa de sociedad.

FORTALECER Y DESARROLLAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Es urgente un desarrollo de los servicios públicos actuales —sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, transporte, investigación y ciencia, en las propias administraciones…—, incrementando sus recursos y plantillas, con empleo estable, para hacer frente a las nuevas necesidades creadas por la epidemia que han venido para quedarse. Eso implicará cortar las transferencias públicas de dinero a las empresas privadas, eliminar los conciertos, y volcar el dinero público en el sistema público. Es la ocasión para la reforma profunda del sistema sanitario, con la participación del personal y de la ciudadanía para construir un sistema que se base en la Atención Primaria y la Salud Pública. Lo mismo en el terreno de los servicios sociales, educativo y de la movilidad.

EL SISTEMA BANCARIO DEBE SER UN SERVICIO PÚBLICO

Es necesaria la propuesta de que Bankia no se privatice y sea un banco público con todas las consecuencias. Pero la solución no es poner a competir la banca pública con la privada. El poder del sector financiero es una fuerza incontrolable si sigue en manos privadas. Su peso excesivo es una expresión de la dinámica de acumulación de riqueza en un polo de la sociedad a costa del otro. La financiarización, lejos de ser útil para el desarrollo de la economía productiva, es un desastre económico. La única forma de dirigir el ahorro de la sociedad a fines productivos socialmente, y evitar que la enorme cantidad de dinero público que se está inyectando se convierta en un negocio de estos bancos, como ya está sucediendo, es nacionalizar el sistema bancario y convertirlo en un servicio público. Sería una condición para desmantelar la especulación financiera y “desescalar” la montaña de deudas públicas y privadas.

AUDITAR LA DEUDA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La deuda acumulada por el Estado es el producto de una gestión hecha a la medida de las grandes empresas, y un obstáculo para el desarrollo de políticas sociales. Hay que cortar de raíz su crecimiento y reducirla drásticamente, estableciendo una moratoria inmediata en su pago de un año, para reestructurarla y establecer una quita. La discusión de fondo es quién va a paga la deuda, y debemos abogar porque lo hagan quienes se han beneficiado de ella, que son los grandes inversores privados. Al tiempo, hay que auditar las cuentas de las administraciones, para exponer de forma asequible cómo se consiguen los ingresos y en qué se gastan, con el objetivo de garantizar que esos recursos se emplean priorizando las necesidades sociales.

LOS SERVICIOS ECONÓMICOS BÁSICOS DEBEN SER PÚBLICOS

Todos aquellos servicios que son un oligopolio privado, que actúa en régimen de monopolio en la práctica en ámbitos vitales para la sociedad como la energía, el agua o las telecomunicaciones, deben ser públicos. Son sectores que tienen garantizados los ingresos y, por tanto, deberían utilizarse en beneficio social, no para que siga el enriquecimiento de una minoría. Muchos de estos sectores se enfrentan a enormes inversiones, también públicas, para los cambios hacia la llamada economía verde, la transición energética(47), la digitalización, la tecnología 5G(48)… y a cambios profundos e inevitables, como el de la energía, vinculado al fin de la disponibilidad de combustibles fósiles(49) y a la necesidad de detener las emisiones. No es posible, ni deseable, mantener el actual modo de producción. Esa transformación debe valorarse socialmente, ver qué es necesario y qué no, y tomar las decisiones de forma democrática y guiada por el interés social, y no la rentabilidad de los accionistas. Oligopolios como el de las superficies comerciales, son un factor decisivo para que a los productores agrícolas y a los trabajadores y trabajadoras del campo, se les impongan unas condiciones de explotación cada vez más intensas, mientras los consumidores cada vez pagan precios más altos. Explotación que también sufren sus plantillas.

INTERVENCIÓN PÚBLICA DE LA GRAN INDUSTRIA

Estamos ante una nueva reconversión que cambiará profundamente la industria, y el conjunto de la economía. La crisis del coronavirus sólo está actuando como precipitador del cambio en sectores como el del automóvil, que ya estaban abocados a él por la crisis climática, el coche eléctrico y la digitalización. Las propuestas sindicales en el sector no pueden ir atadas a los planes de la patronal, pero con exigencias a favor de las plantillas, sino que deben ser propuestas integrales alternativas, orientadas a transformar la economía. Para ello, en un proceso de reconversión de esta envergadura, es imprescindible la intervención pública, entrando en la propiedad de las empresas para garantizar la participación democrática de sus plantillas y de toda la ciudadanía, pues son cambios que van a afectar a sus vidas.

CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS PÚBLICAS

Es urgente la creación de una Empresa Pública de Medicamentos y Material Sanitario que asegure el abastecimiento a precios asequibles de todo lo necesario para combatir la enfermedad: desde los medicamentos y vacunas a los Equipos de Protección Individual (EPI), algo que todavía no está garantizado. Es hora de acabar con el despilfarro y el saqueo del erario que supone el gasto farmacéutico. Hay que unir la labor del sistema sanitario público, la investigación y la producción de medicamentos en un único servicio público. Y eso sólo es el principio.

Necesitamos empresas públicas de construcción y rehabilitación, de energías renovables, etcétera, a promover desde los distintos ámbitos: estatal, autonómico y municipal. Las grandes empresas privadas han convertido los contratos públicos en una gran fuente de ingresos durante décadas, especialmente a partir de la crisis de 2008, generando un sobre coste para el erario público. Hay que revertir eso y que el sector público intervenga directamente en la economía, garantizando la calidad de los bienes y servicios, condiciones laborales dignas, y un funcionamiento democrático.

¿Quién defiende realmente a los autónomos, los comercios locales y las pequeñas empresas?

Nuestra propuesta no va en contra de las pequeñas y medianas empresas. También ellas se beneficiarían de una banca pública y de un sólido sector público, con salarios dignos y empleo estable, pues se garantizaría financiación, estabilidad en los ingresos, precios justos, etcétera. Así mismo, sería posible el crecimiento de las cooperativas y de las empresas sociales las cuales, bajo condiciones capitalistas, acaban siendo formas de auto-explotación, pues están condicionadas por la competencia.

La derecha utiliza la desesperación de los pequeños empresarios y autónomos para imponer medidas que, en realidad, van en beneficio de las grandes corporaciones. Así lo hizo el fascismo en los años 20 y 30. Un ejemplo muy concreto lo tenemos en el sector del taxi, donde la derecha ha sido la valedora de los intereses de las grandes compañías. Si la pequeña burguesía apoya que a la clase trabajadora se le impongan peores condiciones de trabajo, todo lo que gane será pan para hoy y hambre para mañana.

Una propuesta socialista no implica la desaparición de las empresas sino que las grandes, que ya son producto de una labor colectiva y sometidas a la voluntad de los grandes accionistas privados y a la norma del máximo beneficio, pasen a dirigirse de forma democrática y pensando en el interés social.

Construir un programa común para transformar la sociedad

En definitiva, lo que estamos planteando es una transformación socialista de la sociedad, en los términos de nuestra época. No es una tarea fácil, a muchas personas les parecerá una buena idea, pero imposible, a otras, una locura. Pero no debemos ver la foto fija del momento, sino pensar en lo que nos espera en los próximos meses y años.

¿Qué pensarán de la intervención pública y de la nacionalización muchos trabajadores y trabajadoras cuando se vean abocados a una reconversión de sus empresas, y sólo les ofrezcan el despido o peores condiciones laborales? ¿Les parecerá bien que hayan recibido millones de euros del erario en ayudas, vía ERTEs por ejemplo, y ahora pasen la factura a sus plantillas? ¿Les parecerá extraña la nacionalización para poder hacer una transición ordenada a un nuevo sistema productivo, que no deje a nadie atrás? ¿Lo verán mal en los barrios donde viven? ¿Los comerciantes que dependen del consumo de estas familias? ¿Los jóvenes que no tiene expectativa de encontrar un trabajo decente en las actuales circunstancias?

Nuestra alternativa no puede limitarse sólo a lo que es factible desde un gobierno de coalición con el PSOE. Debemos tenerlo presente, pero nuestra obligación es explicar qué haría IU si tuviera mayoría.

Es necesario poner de acuerdo a miles de personas —trabajadores y trabajadoras, ecologistas, sindicalistas, en todos los ámbitos del trabajo, la ciencia, la enseñanza, la medicina y la cultura— a construir juntos una alternativa ante esta crisis y esta sociedad. La situación en las empresas, en los barrios y en los centros de estudio va a hacer cada vez más necesario la organización para defender nuestros derechos. Ese es el terreno para desarrollar y concretar estas propuestas.

Y eso, además, exigirá que revisemos a fondo la manera de funcionar de todas nuestras organizaciones, sindicales y políticas. Es necesario lograr que éstas sean fiel expresión de la realidad de nuestra clase, que funcionen de abajo a arriba de manera efectiva, que no sean absorbidas por las instituciones, que fomenten y no persigan el espíritu crítico, que se basen en la participación y el control de su militancia, no en aparatos que cobran vida propia y que tienen capacidad de controlar todos los ámbitos de la vida organizativa, y que no dependan de un líder, por bien intencionado que sea, sino del liderazgo colectivo. Nuestras organizaciones tienen que ser un ejemplo de la sociedad que aspiramos a construir, y no reproducir los métodos de esta sociedad.

IU debe llamar a la unidad de las fuerzas de la izquierda transformadora, pero con plena libertad de crítica —interna y pública—, pues es el único medio que permite corregir y adaptar las políticas de nuestras organizaciones a la evolución de la realidad. La unidad sólo se puede construir sobre la base de la lucha por unos objetivos comunes y con métodos democráticos.

Reimpulsar el internacionalismo

No ignoramos que estamos inmersos en una cadena mundial de producción, que el mercado capitalista es una realidad planetaria. Pero el propio sistema está poniendo en crisis las actuales relaciones económicas. Es la ocasión para cambiarlas hacia la cooperación entre los pueblos, y no hacia la competencia y la guerra por el dominio de las riquezas. Los problemas de la clase trabajadora en todos los países, con sus diferencias, tienen raíces comunes y, por primera vez, la crisis global afecta a todos los países al mismo tiempo.

Hay que darle cuerpo político a esa unión, reimpulsar el internacionalismo. Y debemos empezar por construir una organización y un programa común en Europa. En el mismo momento en que la UE fracasa, los pueblos de Europa tienen que construir un programa y una organización común, solidaria. Sólo la clase trabajadora tiene la posibilidad, frente a la competencia despiadada y cínica de la clase capitalista, de levantar una Europa realmente solidaria, donde el progreso de cada pueblo sea la condición del progreso de todos. No estamos condenados a seguir los pasos del gobierno griego de Syriza, cuando claudicó ante las enormes presiones de la Troika y de la clase dominante griega.

También es particularmente importante mirar hacia Latinoamérica. Las movilizaciones populares de estos años pasados, desde Argentina a Venezuela, son un río de enseñanzas de las que aprender para la clase trabajadora de Europa. La presencia de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras latinoamericanos aquí, propicia y fortalece esos vínculos. También necesitamos un proyecto común, fundado en la cooperación y el progreso mutuo, y no en el expolio y la explotación que ha caracterizado la actuación de las multinacionales, incluidas las españolas, estos años pasados.

Y lo mismo se podría decir de África, de Oriente Medio, de China, de todos y cada uno de los países, en donde la mayoría de su población, clase trabajadora o campesina, sufre las consecuencias de un sistema de explotación mundial.
La derecha va a intentar dividirnos en líneas nacionales, enfrentarnos a unos contra otros. Ya sucedió al principio de la epidemia con la población china. Hoy es más válida y necesaria que nunca la máxima del Manfiesto Comunista: ¡trabajadores —y trabajadoras, añadimos— de todos los países, uníos!

El reto va más allá de la propia IU. Hay que alentar el debate de estas propuestas entre las plantillas de las empresas, en los centros de estudio y en los barrios. La única forma de ponerlas en práctica es que la clase trabajadora y la mayoría de la sociedad las haga suyas, las llene de contenido concreto y práctico, el que surge de tener que resolver las necesidades cotidianas que se nos están planteando ahora mismo.
Hay que abrir esta discusión en las asambleas de IU, en Podemos, en los sindicatos de clase, en las organizaciones ecologistas, asociaciones vecinales, y en todos los colectivos que luchan por nuestros derechos. La clase trabajadora es la que mueve la sociedad con su labor cotidiana, lo hemos visto en esta crisis una vez más. Ella tiene el poder de cambiarla.


Notas y referencias

1. https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-12/101942-madrilenos-pueblan-las-colas-del-hambre-en-la-capital.html

2. Tomando como punto de partida el año en el que el gasto sanitario público en el Estado español fue más alto, 2009, el recorte presupuestario sumado entre 2010 y 2017, es decir, la cantidad acumulada que se gastó cada uno de esos años por debajo del nivel de 2009, fue de 39.112 millones de euros, según los datos que ofrece el propio Ministerio de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.pdf

3. Madrid es la región que, con enorme diferencia, acumula más muertes en sus geriátricos por la pandemia. En las 475 residencias de la región han fallecido desde el 8 de marzo hasta el 22 de abril al menos 7.007 personas y, de ellas, 1.017 tenían covid-19 y 4.596 sufrían sintomatología compatible con el coronavirus. En total, 5.613 mayores muertos con afección segura o probable del covid-19, lo que equivale al 80% del total de decesos. Cataluña, el otro gran foco del coronavirus, tampoco se queda atrás: a 30 de abril habían fallecido en residencias catalanas 1.046 personas con positivo confirmado y 1.950 con síntomas compatibles. 2.996 fallecimientos en total.

4. https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/27/los_verdaderos_duenos_las_residencias_espana_106217_1012.html

5. Según la investigación, hasta 10 son los escenarios de reclamaciones que preparan los bufetes (de momento, no se ha presentado ninguna). Entre ellos, el sector del agua (países como El Salvador o Bolivia, el Gobierno han dado acceso a agua corriente gratis a familias contagiadas) o el de la sanidad, con el control temporal de hospitales privados (como en España o Irlanda), lo que Quinn Emanuel consideran una expropiación indirecta, “incluso aunque los Gobiernos hayan costeado el uso de las instalaciones”. Un frente importante es el de la obligación impuesta a las farmacéuticas de proporcionar licencias obligatorias, medicamentos, tratamientos o material asequible para los ciudadanos. una cuestión relevante de cara a la fabricación de futuras vacunas. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/19/companias/1589905097_689107.amp.html

6. La CEOE consiguió incorporar otras excepciones a la cláusula de mantenimiento del empleo que eran fundamentales para las empresas. La primera es que se podrán realizar despidos si así se puede evitar la caída en concurso de acreedores. Esto es, mejor perder algunos empleos que perder toda la empresa.
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-11/gobierno-cede-abre-valorar-despidos-acaben-erte_2589784/

7. Propuestas de la CEOE: En el ámbito laboral, se considera fundamental suprimir las cuotas empresariales a la Seguridad Social en ERTEs y reducir las cuotas sociales para aquellas empresas que se comprometan a mantener el empleo en condiciones y plazos claramente delimitados. Otras medidas para poder acompasar los costes con la recuperación de la actividad y la demanda, reduciendo rigideces, serían prolongar las medidas excepcionales en materia de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada y articular otras nuevas, de manera que se permita adecuar la plantilla de las compañías a la paulatina recuperación de la actividad, limitando el alcance del compromiso del mantenimiento del empleo y los efectos de su posible incumplimiento. https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-salida-de-la-crisis-requiere-garantizar-la-liquidez-y-la-adaptacion-del-empleo-y-mas-industria-e-innovacion

8. https://www.eldiario.es/economia/Escriva-anuncia-aprobado-Consejo-Ministros_0_1028547191.html

9. 3.831.203 parados registrados, según Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con un aumento respecto al mes de febrero de 585.156. En ese mismo periodo, la afiliación a la Seguridad Social cayó en 945.561 personas. Hay casi 3,4 millones de personas acogidas a ERTEs, casi 1,2 millones acogidos a la prestación extraordinaria para autónomos.

10. https://revista.seg-social.es/2020/05/05/escriva-se-ha-producido-una-estabilizacion-del-mercado-laboral-gracias-a-las-medidas-de-proteccion-del-empleo-aprobadas/

11. “En el corto plazo no hay alternativa a la expansión presupuestaria”, ha señalado Hernández de Cos en su comparecencia. Sin embargo, eso no impide a España trazar ya una senda de ajuste que se active “de forma gradual” en cuanto se supere la pandemia. https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-18/banco-de-espana-pide-revisar-ayudas-fiscales-elevar-recaudacion_2599219/

12. https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-10/ajuste-cuentas-publicas-coronavirus-politicos-ocultan-deuda_2587531/

13. “Según los datos históricos de Eurostat, desde 1995 —año en que comienzan a proporcionarse datos para la UE(19)— hasta 2018, la deuda total aumentó en 5,79 billones de euros y durante esos años se pagaron 6,4 billones de euros en intereses. Es decir, el 110,6%. Lo que significa que no sólo la totalidad del crecimiento que ha tenido la deuda pública europea en los últimos 18 años, sino incluso un poco más, corresponde al pago de intereses”. Artículo de Juan Torres López, en Nueva Tribuna. https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/todo-crecimiento-deuda-publica-ue-1995-corresponde-intereses/20190518182715162837.html

14. https://www.publico.es/politica/sanchez-enfria-expectativas-impuesto-riqueza-reclama-unidas.html

15. “en los últimos once años las rentas no salariales se han apropiado (y nada justifica que así sea, menos aún que lo siga siendo hasta 2030) de tres puntos adicionales del PIB (pues las rentas salariales cayeron del 50% al 47% del PIB)”.
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2018/12/28/el_banco_espana_las_pensiones_2030_90129_2003.html

16. La verdadera medida de la devaluación salarial la proporciona la evolución de los CLU, porque los salarios nominales entre 2008 y 2013 se mantuvieron casi estables, pero las enormes ganancias de productividad no sirvieron para mejorarlos porque se las apropiaron las empresas. Dicho de otra forma, las personas que conservaron su empleo han tenido que trabajar mucho más por el mismo sueldo, en el mejor de los casos. Análisis gráfico de la devaluación salarial y la gran recesión. Manuel Lago Peñas. Economista, Gabinete Confederal de CCOO.

17. https://www.elconfidencial.com/economia/2019-02-23/pensiones-ganan-poder-adquisitivo-revalorizacion-inflacion_1842894/

18. https://www.infolibre.es/noticias/economia/2018/03/14/los_pensionistas_espanoles_tienen_menos_poder_adquisitivo_que_media_europea_80627_1011.html

19. https://nadaesgratis.es/j-ignacio-conde-ruiz/lecciones-del-pasado-el-fondo-de-reserva-que-pudo-ser-y-no-fue

20. Si durante los últimos 20 años, hubiéramos acudido a la financiación concesional que da el BCE a la banca, nos habríamos ahorrado 313.000 millones de euros que es, ni más ni menos que el 1,57% del PIB acumulado y supone el 26% de la deuda pública total que tenían las Administraciones Públicas a final de 2019. Ese sería el resultado de haber tenido un coste medio de nuestra deuda del 2,16% en vez del que hemos tenido del 4,01%.
https://blogs.publico.es/dominiopublico/32887/ojala-fuesemos-espana-s-a/

21. Durante los últimos 10 años, las empresas españolas en bolsa han repartido cerca de 288.000 millones de euros en dividendos, según datos de BME, una cifra que equivale al 2,3% del PIB español. Y solo en 2017 se pagaron 27.844 millones de euros, una de las cifras más altas entre las bolsas comparables.
https://www.elconfidencial.com/mercados/2018-08-18/dividendos-acciones-cuanto-te-han-pagado_1605565/

22. https://www.eldiario.es/economia/numero-superricos-Espana-triplicado-decada_0_938256523.html

23. Entre las organizaciones sondeadas por PeopleMatters [150], la mayoría no ha acometido un ERTE, aunque en la semana actual el porcentaje ha pasado del 20% al 27%. Más de la mitad de las que lo han puesto en marcha no han completado los salarios de sus trabajadores.
https://elpais.com/economia/2020-05-02/las-empresas-planean-reducir-los-sueldos.html

24. “Habría que liberalizar más el mercado laboral, compaginando dicha liberalización con medidas públicas de protección extraordinaria y generosa, incluyendo una renta universal incondicionada, pero decreciente, y por el tiempo que sea necesario, para todos aquellos que estén desempleados o que se encuentren en situación desprotegida. Proteger a los trabajadores como ciudadanos, pero no sus puestos de trabajo. Hay que permitir que los ERTE se conviertan en ERE sin restricciones temporales. De lo contrario, si el sector privado se ve obligado a mantener el empleo en contra del racional económico, la liquidez inyectada en el sistema será incapaz de impedir la quiebra y desaparición de una parte muy importante del tejido productivo. El mundo que viene será diferente, muchas actividades desaparecerán, otras quedarán muy reducidas y otras crecerán. La España del futuro será competitiva si tiene capacidad de ir adaptando su mercado laboral a las nuevas realidades”.
https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/2020-04-16/covid19-oportunidad-espana_2550244/

25. Resumen Plan de Reconstrucción Horizonte País, apartado 11. Replanteamiento de las relaciones laborales, página 82.

26. https://www.eldiario.es/economia/Antonio-Garamendi-Creo-espanoles-encantados_0_1019099191.html

27. La incidencia del teletrabajo en España pasa del 5% al 34% durante la pandemia. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/05/economia/1588694657_002760.html

28. “Se estima que cerca de la mitad de las actividades remuneradas en el mundo son automatizables (49%) con las tecnologías actuales, y casi un 60% tienen, por lo menos, un 30% de actividades automatizables Aunque la proporción de empleos en peligro por la automatización (36%) es inferior en España a la de Estados Unidos (47%) o Alemania (59%), no hay motivos para relajarse. La digitalizacioÏn de la industria. Afrontar los cambios en el empleo y en las relaciones laborales. Industria CCOO, octubre 2018.

29. “Es probable que el impacto transformador de la tecnología de la información sea más sutil [que el de la electricidad] y que para muchas personas no sea tan positivo. La razón tiene que ver con la otra gran característica de la tecnología de la información: su capacidad cognitiva… La tecnología de la información encapsula la inteligencia en una medida que no tiene precedentes en la historia del progreso tecnológico. Los ordenadores toman decisiones y resuelven problemas. Son máquinas que “piensan” en un sentido limitado y especializado… son cada vez mejores realizando tareas especializadas, rutinarias y predecibles, y es muy probable que pronto superarán a las personas que realizan esos trabajos… para muchos trabajadores, los ordenadores dejarán de ser instrumentos para aumentar su productividad y serán sus sustitutos. Naturalmente, el resultado aumentará de una manera espectacular la productividad de muchas empresas e industrias, pero también hará que necesiten mucha menos mano de obra”. Martin Ford, El auge de los robots. Editorial Paidós

30. “El gobierno de Reino Unido realizó una encuesta entre los trabajadores, encontrando que 37% de ellos consideraba que el trabajo que desempeñaba no tenía ningún sentido “. https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Sientes-que-tu-empleo-no-tiene-sentido-Puede-que-tengas-un-trabajo-bullshit-20190428-0006.html

31. “La tecnología no puede analizarse en abstracto. Se puede analizar la forma en que nuestro sistema económico se expresa a través de ella. Un sistema económico distinto, basado en un conjunto diferente de valores, demandas, formas de organizar la producción y la vida social, expresaría sus valores a través de la tecnología de forma diferente. Yo no veo a Facebook o Google como tecnología. Veo que los agentes económicos y los agentes históricos han usado hábilmente su poder político para hacer lo que se supone que deben hacer, que es maximizar las ganancias. Estoy a favor de la tecnología, pero tiene que estar vinculada a un sistema político y económico muy distinto para lograr justicia, solidaridad, igualdad y otros valores. Si se vincula con el capitalismo y su forma más neoliberal y financiarizada, generará miseria, precariedad y desesperación”. Evgeny Morozov, investigador y escritor bielorruso. Entrevista publicada en la revista de eldiario.es de marzo de 2020.

32. Google controla dos tercios de todo el tráfico web mundial, el 90% de cuota de búsquedas en el 95% de los países del mundo. Uno de cada tres habitantes del planeta es usuario de Facebook, empresa que, además, posee Whatsapp e Instagram. Amazon es la mayor empresa de comercio electrónico del planeta. Apple es la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil y tiene 1.000 millones de usuarios. En todas ellas podríamos dar ejemplos inacabables de precariedad laboral. Datos de la revista de eldiario.es de marzo de 2020, dedicada a las tecnologías.

33. “…las actividades relacionadas con los cuidados que se realizan de forma no remunerada: suman más horas anuales trabajadas (43.000 millones) que las registradas en el conjunto de empleos remunerados (38.000 millones). Dicho de otro modo: más de la mitad (53%) de las horas trabajadas se realizan fuera de la órbita del mercado de trabajo. Es importante tener en cuenta que las horas remuneradas son realizadas solo por unos 19 millones de personas, en tanto que las labores de cuidado incluyen a algo más de 39 millones con 16 o más años. Escenarios de trabajo en la transición ecosocial 2020-2030 • Ecologistas en Acción

34. El gasto sanitario en España asciende (incluyendo el sector privado) al 8,9% del PIB (el dato y la fuente está un poco más abajo, en otra cita). Si se compara con lo que gastan otros sistemas de salud, el público es el más efectivo para la salud, pero también el menos oneroso para la sociedad: “El National Health System también se encuentra entre los sistemas de sanidad más baratos de las economías avanzadas: según cifras de 2015 de la OCDE,[el gasto en sanidad relativo al PIB de Reino Unido fue de solo el 9,9 por ciento, mucho menos de lo que ha gastado Estados Unidos (16,9 por ciento) en un sistema semiprivado y mucho menos eficiente”. Mariana Mazzucato. El valor de las cosas. Penguin Random House Grupo Editorial España.

35. https://www.eldiario.es/economia/patronal-automovil-Decir-fomentar-bicicleta_0_1026447589.html

36. https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/colapso-crisis-climatica-capitalismo-green-new-deal-decrecimiento-epoca-triajes

37. https://www.wwf.es/?50680/Espana-entra-en-deuda-ecologica

38. https://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/29-julio-mundo-entra-deficit-ecologico_14592

39. “A día de hoy, sin aumentar la degradación ambiental, las 18 funciones ecosistémicas más importantes para la humanidad ya están en recesión. Entre ellas, se encuentran la polinización (de la que depende nuestra agricultura), la formación del suelo, la regulación del pH oceánico o de la calidad del aire. Todas ellas imprescindibles para la vida”. https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/colapso-crisis-climatica-capitalismo-green-new-deal-decrecimiento-epoca-triajes

40. El GND (Green New Deal) también es una mala opción fundamentalmente por dos razones. La primera es que, a corto plazo, aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero y a medio, la reducción sería muy insuficiente. La situación en la que estamos hace necesaria una reducción inmediata y muy drástica de las emisiones —del 7,6% anual de aquí a final de siglo a nivel mundial—. Incluso un GND decrecentista, es decir, con reducción importante de determinados sectores, como el que modelamos en el trabajo nombrado anteriormente, arroja una reducción que se queda muy corta. La segunda razón por la que es una opción mala es porque no es viable, porque no hay materiales en la Tierra suficientes para que pueda realizarse. Además, hay más argumentos sobre su incapacidad para mantener el modo de vida actual y el crecimiento, como la limitada potencia y versatilidad de las renovables. El GND es una falsa solución óptima. Esas opciones ya no existen. https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/colapso-crisis-climatica-capitalismo-green-new-deal-decrecimiento-epoca-triajes

41. http://www.centredelas.org/images/Working_Papers/WP_GastoMilitar_CentreDelas_mayo2018.pdf

42. El PIB del Estado español en 1983 fue de 182.781 millones de euros, mientras en 2019 alcanzó la cifra de 1,2 billones de euros, exactamente 1.244.757 millones de euros. https://datosmacro.expansion.com/pib?anio=1983

43. https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4335#!tabs-tabla

44. https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf

45. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/economia/1588007394_184771.html

46. Tanto los sindicatos como los propios sanitarios se han quejado de la falta de transparencia, de información y de planificación de la Consejería de Sanidad. Afirman que han tenido en muchas ocasiones que autogestionarse.
Ha sido totalmente así. No ha habido órdenes escritas. No ha habido absolutamente ninguna planificación por parte de la Consejería, más allá de bandazos de ‘ahora abrimos Ifema sin UCI o con UCI’; ‘van a ir allí los residentes’, pero luego han ido los de atención primaria…. En fin, no ha habido ningún plan de contingencia de recursos humanos. No ha habido ninguna directriz que diga este hospital va a ser COVID, este otro no. En definitiva, lo que se espera de un gobierno: coordinar y organizar su servicio sanitario.
En contraposición, ha habido una autoorganización de los profesionales y de los servicios que, ante la gravedad de la situación, han decidido abrirse chats y trabajar en común. De alguna manera, romper esas jerarquías que teníamos en los hospitales de servicios separados. Ha habido autoorganización de los profesionales, pero para eso no necesitamos una Consejería.
Entrevista a Mónica García, médica y diputada de Más Madrid en el parlamento autonómico de Madrid. https://www.eldiario.es/madrid/Monica-Garcia-diputada-Madrid-emocional_0_1017349237.html

47. “Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que el Gobierno español, en su plan para 2030 [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima], calcula una inversión de 250.000 millones de euros en números redondos. De esos 250.000, 100.000 millones son en el sector eléctrico, pero otros 100.000 millones son para combatir ineficiencias”. Entrevista a José Bogas, consejero delegado de ENDESA. https://www.eldiario.es/economia/Jose-Bogas-coalicion-PSOE-Podemos_0_993551002.html

48. Bruselas estima una inversión de 500.000 millones de euros en las redes 5G. “Lo que está en juego con el 5G”, del artículo “Conexión total de alto impacto”, Alternativas Económicas, número 78, marzo 2020.

49. https://www.revoprosper.org/category/autoras-y-autores/antonio-turiel/