Publicamos la ponencia de José Manuel Martín Medem remitida al no poder asistir al Encuentro Alberto Arregui. El autor de la misma tenía previsto participar, junto a Patricia Rivas y Luis Miguel Busto, en el segundo bloque de debate «El papel de los medios de comunicación y la izquierda». La ponencia fue leída por Jaime Arregui.

En los próximos días reproduciremos nuevos materiales relacionados con las ponencias y debates del segundo Encuentro. No queremos dejar la ocasión de recordarte: siempre puedes disfrutar, en diferido a través de Youtube, del Encuentro Alberto Arregui 2023.

Por José Manuel Martín Medem¹

La reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada el año pasado en el Parlamento con los votos del PSOE y la abstención de Unidas Podemos y del Partido Popular, jibariza el servicio público, consagra el poder de los negocios audiovisuales, confina en el ámbito local a las iniciativas sociales, no incluye el reconocimiento del derecho de acceso² y establece al Ministerio de Asuntos Económicos como la autoridad audiovisual que aplica y puede modificar la ley.

Es la peor ley de la comunicación audiovisual desde que en 1980 la UCD y el PSOE pactaron el Estatuto de la Radio y la Televisión con el acuerdo de que el partido que gobernase controlaría RTVE.

En la elaboración de la reforma se han impuesto los neoliberales del PSOE y el PP ha disimulado con su abstención lo mucho que le gusta la nueva LGCA que pone a su disposición las herramientas para facilitar la impunidad de sus aliados de los negocios audiovisuales, bloquear las iniciativas sociales y aumentar la privatización del servicio público.

En Unidas Podemos se argumenta que la abstención sobre la reforma de la LGCA es el resultado de las complicadas negociaciones para contar con el voto del PSOE en la aprobación de otras leyes muy importantes. Pero me parece que no ha habido ni el mínimo debate para comprobar si ese voto es en realidad la consecuencia de que en Unidas Podemos no tengamos una auténtica política de comunicación.

Se impone el mercado contra la democracia

La LGCA ignora ahora la definición de la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y del Mandato Marco para RTVE³ que consideran a la comunicación audiovisual como un servicio público esencial para la democracia y la convierte en un servicio de interés económico general. Se impone el mercado contra la democracia.

La reforma de la LGCA oculta una contradicción fundamental sobre el pluralismo en la información. Anuncia como principio general de la comunicación audiovisual que “se promoverá la pluralidad a través del fomento de la existencia de un conjunto de medios, tanto públicos como de titularidad privada y comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico y político”. Pero en sus artículos 67, 49 y 81 convierte el supuesto reparto equitativo entre los tres sectores (servicio público, iniciativas sociales y negocios audiovisuales) en una convivencia muy desigual. Según el artículo 67, solo se adjudicará a RTVE un máximo del 25% del espacio radioeléctrico para el servicio de televisión de ámbito estatal y del 35% para el servicio radiofónico. Y en los artículos 49 y 81 se impone que el servicio de comunicación audiovisual televisivo y radiofónico comunitario se realizará solo en el ámbito local o inferior. Si las iniciativas sociales, mal llamadas comunitarias⁴, quedan confinadas en lo local y RTVE solo puede ocupar el 25% en la televisión y el 35% en la radio, el resultado es que se regala a los negocios audiovisuales el 75% de la televisión y el 65% de la radio en todo el ámbito estatal.

A las limitaciones para RTVE se añade la posibilidad de privatizar el servicio público audiovisual en las comunidades autónomas porque el artículo 72 de la reforma de la LGCA asume el modelo del Partido Popular: “Los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán acordar la transformación de la gestión directa del servicio en gestión indirecta”.

No hay una autoridad audiovisual independiente

La gran reclamación sobre la LGCA desde la aprobación de su primera versión en 2010 es el establecimiento de una autoridad audiovisual independiente que conceda las licencias y vigile y pueda sancionar el comportamiento del servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales. El denominado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) fue una iniciativa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que no se atrevió a desarrollar, eliminado de la ley por el gobierno de Mariano Rajoy. Ahora los neoliberales del PSOE han abandonado el proyecto de Zapatero y lo han convertido en todo lo contrario: la intervención del gobierno como autoridad audiovisual.

Es lo peor de la reforma de la LGCA. Según el artículo 153, “el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es la autoridad audiovisual de ámbito estatal con las competencias de proponer, elaborar y modificar las normas en materia audiovisual que se consideren necesarias”.

Ésta legalizada intervención del gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Económicos, va en contra de lo que dice el artículo 5 de la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal: “RTVE gozará de autonomía en su gestión y actuará con independencia funcional del gobierno y de la Administración General del Estado”. ¿Cómo se puede mantener la autonomía y la independencia frente a los gobiernos si el Ministerio de Asuntos Económicos puede hacer lo que quiera con RTVE?⁵.

Los neoliberales del PSOE le han regalado al PP la guillotina perfecta para que, si llega a gobernar en complicidad con Vox, pueda actuar -con esta nueva legalidad– contra RTVE y contra cualquier otro ámbito de la comunicación audiovisual que quiera cambiar, como hizo con Telemadrid el gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

RTVE al borde del abismo

La reforma de la LGCA convierte en autoridad audiovisual al Ministerio de Asuntos Económicos (la fortaleza del sector neoliberal del PSOE en el gobierno de coalición),entrega a los negocios el 75% de la televisión, bloquea las iniciativas sociales y deja a RTVE al borde del abismo. Es el resultado de los cuarenta años de descomposición política, económica y cultural de la comunicación audiovisual bajo el bipartidismo que comenzó con el felipismo, continuó durante la aznaridad, se transformó con Zapatero, empeoró con Rajoy, se enquistó con la administradora única de Sánchez y ahora desemboca en su consolidación con la hegemonía legislativa del sector neoliberal del PSOE en el gobierno de coalición.

La UCD y el PSOE acordaron en 1980, con el Estatuto de la Radio y la Televisión, que el gobierno controlaría RTVE. González impuso la gubernamentalización de RTVE pagada con deuda pública. En vez de utilizar los Presupuestos Generales del Estado, como establecía la ley, obligó a RTVE a hipotecarse con la deuda garantizada por el Reino de España. No era una deuda de RTVE sino una deuda del Estado con RTVE. Aznar prolongó el mismo procedimiento hasta que se acumuló un endeudamiento de siete mil millones de euros. Zapatero aplicó entonces su plan de estabilización que asumió la gigantesca deuda del Estado con RTVE, redujo la plantilla en un 40%, le regaló a Antena 3 y Tele 5 los seiscientos millones de euros anuales de la publicidad de TVE y dejó a RTVE con un sistema de financiación insuficiente e inestable. Rajoy lo empeoró todo, congelando el mandato marco parlamentario e impidiendo la negociación del obligatorio contrato programa que debería asegurarle a RTVE la financiación necesaria y un imprescindible plan estratégico. Sánchez consiguió mediante una trampa parlamentaria el aplazamiento durante casi tres años de la democratización de RTVE con su autoritaria administradora única. Y ahora la reforma de la LGCA y el bloqueo parlamentario de la renovación del mandato marco dejan a RTVE al borde del abismo después del fracaso del arrogante presidencialismo de José Manuel Pérez Tornero. La derecha mediática ocultó las razones fundamentales de su dimisión como agradecimiento por sus complicidades con el PP. Enfrentado con el Consejo de Administración -cuyas competencias no respetaba-, con los consejos de informativos, con la plantilla e incluso con algunos de sus propios directivos, provocó un caos en la gestión de RTVE, dedicándose a operaciones de imagen para su propio beneficio sin resolver los graves problemas estructurales de la corporación. Su incapacidad para la gestión dejó una herencia de incertidumbres en cuestiones tan importantes como la organización de RTVE y su proyección internacional, la reforma de los informativos, la programación empantanada por la invasión de las productoras externas, la renovación tecnológica y el futuro de la financiación.

Los neoliberales del PSOE mantienen en RTVE para este año el mismo presupuesto que en 2022 pero al no compensar la inflación en realidad lo reducen entre cincuenta y ochenta millones de euros. El Parlamento no cumple con su obligación de renovar el caducado mandato marco y los gobiernos no han negociado el contrato programa que garantice la estabilidad financiera de RTVE. El Ministerio de Asuntos Económicos se convierte en la autoridad audiovisual. Y en el Consejo de Administración de RTVE la mayoría se armaba sumando los tres votos del PP con los del consejero del PNV y un disidente del PSOE, bloqueando la posibilidad de que la nueva presidenta pueda remendar los descosidos provocados por el dimitido.

Ni dimisiones ni destituciones

Los cinco consejeros antes mencionados (que suman la mayoría absoluta necesaria para cualquier decisión del Consejo de Administración) se negaron en la reunión del 19 de enero a aplicar la declaración institucional del 8 de marzo de 2022 en la que, como condición para recibir fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Consejo se comprometía a aplicar una política de tolerancia cero contra cualquier práctica que se aleje de un comportamiento ético en el uso de los fondos públicos. La auditoría de 2021 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) denunció los gastos no justificados (el 70% en comidas) del equipo directivo del presidente dimitido porque no se especifica el motivo por el que se producen ni el cargo ni la organización de la persona con la que se reúnen o porque en los motivos, la finalidad y el contenido de la reunión no se justifica la necesidad de incurrir en dicho gasto o no redunda en beneficio o utilidad para RTVE. La auditoría de la IGAE considera que es una utilización de los recursos de RTVE para un uso particular, violando el mandato de buena gestión y austeridad en el servicio público. Los miembros de la alta dirección señalados en la auditoría por sus gastos sin justificar tenían la obligación de actuar con transparencia, ejemplaridad, austeridad y honradez. Lo lógico es que dimitieran o fueran destituidos por el Consejo de Administración que, según la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, tiene la responsabilidad de nombrar y cesar a la alta dirección. Lo impidieron los votos del PP en alianza con el consejero del PNV y el disidente del PSOE.

Notas

1 Representante de Unidas Podemos en el Consejo de Administración de RTVE. Fue director de Mundo Obrero y forma parte de la Junta Ejecutiva de la Federación de Sindicatos de Periodistas. Autor del libro La agonía de TVE, publicado por El Viejo Topo.

2 El derecho de acceso se establece en el artículo 20 de la Constitución: “La ley garantizará el acceso de los grupos sociales y políticos significativos a los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público”. El artículo 28 de la Ley de 2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y el artículo 27 del mandato marco parlamentario de 2008 concretan lo que RTVE no está haciendo: “El derecho de acceso se aplicará en RTVE de manera global, mediante la participación de los grupos sociales y políticos significativos como fuentes y portadores de información y opinión en el conjunto de la programación, y de manera directa, mediante espacios específicos, conforme a lo establecido en la legislación general audiovisual. RTVE garantizará la disponibilidad de los medios técnicos y humanos para la realización de los espacios del derecho de acceso”. Y la Ley de 2009 de Financiación de RTVE obliga (lo que tampoco se está haciendo) a “dedicar al menos doce horas semanales en horario no residual entre sus distintos canales de la radio y de la televisión a emitir programas y presencia en los servicios interactivos para el acceso de los grupos políticos, sindicales y sociales”.

3 El mandato marco es lo que el Parlamento decide sobre lo que debe hacer RTVE. Según el artículo 54 de la reforma de la LGCA, el mandato marco establece para un periodo de ocho años los objetivos generales de la función del servicio público de RTVE, el modelo de gestión, las líneas estratégicas de la producción y la programación, la política de los servicios digitales y las obligaciones financieras. Los objetivos generales deben incluir el fomento de los principios y valores constitucionales, la actuación independiente respecto de los gobiernos, la veracidad y la neutralidad informativa. Los gobiernos y RTVE suscribirán un contrato programa cada cuatro años que concretará y desarrollará estratégica y organizativamente los objetivos establecidos en el mandato marco y el presupuesto de RTVE. El actual mandato marco, aprobado en 2008, está caducado y pendiente de su renovación en el Parlamento. Los sucesivos gobiernos no han cumplido con su obligación de negociar el contrato programa para RTVE.

4 Artículo 2 de la reforma de la LGCA. “El servicio de comunicación audiovisual televisivo o radiofónico comunitario debe ofrecer contenidos de proximidad destinados a dar respuesta a las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de las comunidades y de los grupos sociales a los que da cobertura, basándose en criterios abiertos, claros y transparentes de acceso respecto a la emisión, la producción y la gestión, asegurando la máxima participación ciudadana y el pluralismo”.

Artículo 49 de la reforma de la LGCA. “El servicio de comunicación audiovisual televisivo comunitario requerirá licencia concedida por la autoridad audiovisual autonómica en el marco de la planificación del espectro radioeléctrico realizada por el Estado con la obligación de reservar el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios”. Cuando las iniciativas sociales reclaman las licencias necesarias, los gobiernos de las comunidades autónomas responden que no pueden concederlas porque el Estado no ha realizado la obligatoria planificación del espectro radioeléctrico. Esta situación se mantiene desde la aprobación en 2010 de la primera versión de la LGCA.

Ni siquiera se garantiza la continuidad de los medios locales que han resistido en sus emisiones. Según la disposición transitoria tercera, “los servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos comunitarios que acrediten su funcionamiento ininterrumpido durante los últimos cinco años, sin haber causado problemas de interferencias, y pretendan continuar su actividad, podrán solicitar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, la concesión del correspondiente título habilitante a la autoridad audiovisual autonómica”. Como en el artículo 49, la concesión de las licencias permanecerá bloqueada mientras el Estado no cumpla con su obligación de planificar el reparto del espectro radioeléctrico.

5 El primer paso en la nueva capacidad de intervención gubernamental se produjo al incluir en la reforma de la LGCA la modificación de la Ley de Financiación de RTVE que mantiene la incertidumbre en la corporación al no contar con un presupuesto suficiente y estable que permita la planificación a mediano y largo plazo. El incumplimiento de la legislación vigente sobre su financiación durante los últimos doce años (sobre todo por el gobierno del PP) ha reducido en casi 4.000 millones de euros los presupuestos que a RTVE le correspondían.

La nueva competencia del Ministerio de Asuntos Económicos como autoridad audiovisual se añade a lo que establece el artículo 22: “El otorgamiento de las licencias para el servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito estatal corresponde al Consejo de Ministros”. Con este poder, los gobiernos pueden conceder las licencias para los negocios audiovisuales a cambio de apoyo político, sobre todo en las campañas electorales.