Milei al desnudo

Los primeros pasos del nuevo mandatario argentino dibujan un gobierno sólo para ricos y sólo contra los pobres

Escribe Jokin Mendizábal
Fotos Carlos Sainz

El nuevo Presidente argentino, Javier Milei, ha empezado a implementar en los hechos sus promesas electorales con un grado de desprecio por las formas democráticas propio de un régimen totalitario.

Es cierto que avisó de muchas de las medidas que está tratando de aplicar, pero donde mintió claramente fue en quién iba a ser el destinatario de todo su ajuste al tiempo que ocultó las medidas que tenía bien guardadas en campaña para favorecer al los grandes hombres de negocios tanto argentinos como extranjeros.

Los perjudicados, como era fácil saber, son los de siempre cuando se trata de un presidente neoliberal, en este caso de extrema derecha: los trabajadores, formales e informales, las clases medias, las pequeñas y medianas empresas y a medio plazo incluso gran parte de las grandes empresas nacionales.

El nivel de violencia simbólica que está esgrimiendo, ha llevado a Milei a decretar un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que pone patas arriba absolutamente toda la estructura económica, jurídica y social hiriendo seriamente el funcionamiento político mínimamente democrático del país. Caracterizado por muchos analistas como un golpe de estado de nuevo tipo, este DNU no respeta ni su propio nombre ya que ni es de necesidad ni es de urgencia. Lo que sí demuestra ser es un plan de negocios para las grandes empresas nacionales y extranjeras llegando el extremo de llamar con nombre propio a Starlink, la empresa de Elon Musk para darle el ARSAT, la empresa argentina de telecomunicaciones fundada por el estado, para que venga a quedársela.

Protesta en Buenos Aires el 20 de diciembre. Foto: Carlos Sainz

El día elegido por Milei para anunciar su DNU ha sido el 20 de diciembre, aniversario número 22 del levantamiento popular del 2001 en el que el pueblo argentino se levantó contra la política saqueadora de Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo, que dejó al país quebrado e incendiado. Tan solo unos minutos después de que Milei terminara su anuncio por cadena nacional (que es cuando todas las cadenas de televisión retransmiten en simulténeo un mensaje presidencial) comenzó un cacerolazo de manera totalmente espontánea. Acto seguido, como sucedió el mismo 20 de diciembre pero de 2001, la gente bajó a las calles y desde una gran cantidad de puntos en casi todos los barrios partieron hacia la Plaza del Congreso en donde se concentraron decenas de miles de personas permaneciendo allí hasta altas horas de la madrugada protestando.

Casi todos los medios de comunicación al servicio de los poderes económicos fogonearon en contra de esta movilización tratando a sus asistentes de irresponsables y antidemocráticos por no respetar las decisiones de un presidente que acaba de ser elegido con el 55,69% de los votos.

Esa misma tarde ya había habido una concentración convocada por varias organizaciones sociales, sindicales y políticas en contra del mismo decreto, desafiando el llamado “Protocolo de Seguridad” de la ministra de seguridad Patricia Bullrich.

Un protocolo de seguridad para evitar la protesta social

Dos días después de asumir el nuevo presidente el ministro de economía Luis “Toto” Caputo llamado por Macri“ el Messi de las finanzas” cuando fue también ministro de economía de su gobierno, presentaba con dos horas de retraso sobre la hora anunciada su plan económico para, de acuerdo sus palabras, resolver para siempre los problemas económicos del país. El retraso según trascendió después, se debió a que no había acuerdo entre los diferentes sectores empresarios que habían participado en su redacción y su disputa duró hasta el preciso momento en que había que anunciar el plan por televisión.

Era totalmente previsible que ese plan fuera a provocar reacciones muy fuertes en el movimiento obrero y popular, de ahí surgió para el gobierno la necesidad de promulgar un “protocolo de seguridad” compuesto de medidas disuasorias y medidas represivas.

Protesta en Buenos Aires el 20 de diciembre. Foto: Carlos Sainz

Las medidas disuasorias buscaban impedir la asistencia de la gente y se basó en la amenaza de la eliminación de los planes de ayuda social, bonos de ayuda para alimentación de los hijos, etc. a todos los que fueran identificados en las marchas y que fueran titulares de alguno de esos planes. Las medidas represivas van dirigidas contra todos los que corten las calles durante las manifestaciones o concentraciones bajo amenazas de detenciones masivas. Además de todo esto los costos de los operativos policiales serán cargados sobre los participantes en las marchas y las organizaciones convocantes.

A las voces del sindicalismo y de organizaciones sociales contra el protocolo anunciado por Patricia Bullrich, se sumaron algunas opiniones internacionales como Clément Nyaletsossi Voule, oriundo de Togo, que se desempeña como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación desde el 2018, quien dijo que “las autoridades deben garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica”. Pero la Argentina de hoy se dirige en un sentido completamente opuesto al democrático.

Contrarreforma total, “cambio de régimen”

Se están empleando todo tipo de expresiones caracterizando este conjunto de medidas que constituyen el DNU promulgado el día 20: “Plan de guerra contra la clase trabajadora” “motosierra contra el pueblo” incluso “Plan económico peor que el de la dictadura”, etc. Y ninguna es exagerada. Este plan es algo inédito en la historia argentina, los planes aplicados por la dictadura de 1976, Menem 1989 o Macri 2015, se quedan cortos comparados con el actual plan.

Desde la presentación del esbozo del plan económico por el ministro Caputo el 12 de diciembre se viene mintiendo descaradamente y sin dato alguno que sustente lo que se dice como que la inflación actual nos lleva al 15.000 % de inflación anual, o que un litro de leche que hoy se paga a 400 pesos llegará a pagarse 60,000 pesos de no aplicarse su plan económico.

Protesta en Buenos Aires el 20 de diciembre. Foto: Carlos Sainz

Naturalmente y para librarse de toda responsabilidad sobre la política que han comenzado a aplicar, de todo esto la culpa la tiene el gobierno saliente, la famosa “pesada herencia” que todo gobierno entrante esgrime para pedir comprensión y tiempo a una ciudadanía que hoy mira aterrorizada cómo los precios se han duplicado en cuatro semanas desde el mismo día en que Milei ganó las elecciones. El lunes 20 de noviembre los supermercados empezaron a remarcar los precios entre un 40 y un 50% sin que hubiera mediado ningún hecho que lo justificara salvo que los dueños de los supermercados y las empresas proveedoras se sintieron liberados para aumentar los precios sin control alguno del estado.

Por supuesto Milei y todo su gobierno permiten y fomentan estos aumentos que empobrecen a diario a la población porque así crean la sensación de caos que necesitan para que la población acepte su política de shock que aún va a ser mucho más fuerte.
Tras la primera noche de movilizaciones del 20 de diciembre preguntaron al presidente qué le parecían esas manifestaciones y respondió con cara de no sentir la menor empatía por lo que la gente ya está sufriendo “les aviso que hay más” refiriéndose a nuevos paquetes de medidas que están en preparación. Están mandando el mensaje de que hay que sufrir para salir de este caos, y por supuesto no faltan las metáforas como la luz al final del túnel y cosas por el estilo para que la gente acepte el sacrificio ahora para llegar a un destino, dentro de 35 años, en el que Argentina vuelva a ser potencia. Según Milei que vuelva a ser la primera potencia mundial como a principios del siglo veinte, dato históricamente falso y que solo en su imaginación puede caber.

El decretazo deroga o modifica 300 leyes

La devaluación que sufrió el peso frente al dólar anunciada por Milei a los dos días de asumir fue del 118%, esto en líneas generales provocó que el poder adquisitivo de los salarios cayó a la mitad inmediatamente. Los productos de la canasta familiar subieron descontroladamente.

Lo primero que hay que decir es que este decreto no es un plan económico sino un plan de negocios, a tal punto que hay firmes indicios de que se ha redactado por los diferentes despachos de abogados de las grandes empresas disputándose los negocios a los que quieren acceder.

Protesta en Buenos Aires el 20 de diciembre. Foto: Carlos Sainz

Lo primero que trata de consolidar este decreto es la tremenda caída del poder adquisitivo de los salarios. Hoy mismo 23 de diciembre un kilo de harina que el mes pasado costaba en torno a 350 pesos cuesta en el mismo supermercado 1.258 pesos. Es un 359% de aumento en un mes. No hay regla fija en los aumentos hay una tolerancia absoluta por parte del gobierno a cualquier aumento que los empresarios quieran aplicar y será la oferta y la demanda la que regule, con el agravante de que muchos de los productos que se consumen internamente en la Argentina también son exportables y por lo tanto si el mercado interno no los compra serán exportados al mercado internacional, con lo cual es falso que será el mercado nacional el que regule sino el mercado internacional. Por eso la carne ha subido por encima de lo que el mercado nacional puede absorber y lo que no se venda en el país se venderá afuera. El mundo demanda alimentos y Argentina exporta muchos alimentos.

Este problema viene acompañado con lo que en el DNU se llama anulación de la ley de góndolas (estanterías de los supermercados), que significa que los proveedores de alimentos ya no están obligados a abastecer de alimentos a los supermercados con lo cual es una invitación al desabastecimiento. Se mire por donde se mire es una aberración, Argentina productor de alimentos para más de 400 millones de personas va a someter a su población al desabastecimiento, como ha hecho durante años la burguesía venezolana con su población. Resulta irónico que la clase dominante argentina que viene criticando a bombo y platillo durante más de 15 años al régimen venezolano acusándole entre otras cosas de tener una altísima inflación y de hambrear a su pueblo ahora en nombre del “viva la libertad, carajo” del anarcocapitalismo que quieren imponer someten al mismo castigo a la población argentina.

Brutalidad y torpeza o puede haber algo más

Empieza a tomar cuerpo en muchos círculos políticos y periodísticos consultados fuera de micrófono que este DNU fue escrito a lo bestia por los grandes despachos de abogados que trabajan para aquellas empresas que salen directamente beneficiadas, a sabiendas de que el decreto no tiene sustento legal, que infringe los cauces constitucionales y que las leyes que ahí tratan de imponerse de un saque tendrán que ser tratadas una por una en el parlamento. Es imposible saber si esto es cierto y solo se sabrá con el correr de los días y las semanas. La intención del gobierno sería marcar la cancha con una actitud de tremenda firmeza al proclamar el decreto y luego iniciar la negociación en el Congreso de lo que les resulte más importante para ellos en el megadecreto. Podría tratarse de esto pero también podría ser simplemente que no tienen otro plan. Si no logran imponer el DNU habrían fracasado en el intento. Habrá que ver cómo siguen las cosas. La verdad es que el curso de este drama no se va a resolver ni en el Congreso ni en el Poder Judicial sino donde se han resuelto siempre este tipo de problemas en Argentina, en la Calle, la última trinchera en que le queda al pueblo para defender la Democracia. De todas las más de 300 leyes que modifica el DNU ni una sola, ni por error, va en favor de los trabajadores, las clases medias o los sectores más pobres y marginados. ¿Casualidad?
Este pueblo viene muy vapuleado por la inflación. Entre 2013 y 2023 la inflación acumulada ha sido de 6.012%. La sociedad española ha vivido desde el inicio de la guerra en Ucrania índices del 12,5% anual en alimentos, en algunos casos puntuales como el aceite de oliva este año se ha acercado al 100% y en el caso de la luz y el gas también alcanzó cifras record. Eso que provocó mucha angustia en millones de familias españolas no tiene punto de comparación con lo que están viviendo todas las familias obreras y clases medias en Argentina.

La inflación, entre otras cosas, es un arma de disciplinamiento social, somete a la población a un estrés enorme y funciona como una gran aspiradora de los ingresos populares que van a parar a los bolsillos de los grandes empresarios. Esta sociedad ha atravesado décadas de alta inflación y varios períodos de hiperinflación en los últimos 50 años, pero la mala noticia es que uno no termina, no puede, acostumbrarse a la inflación alta. La única certeza que tienen la mayoría de los trabajadores y ahora muchas capas medias es que no llegarán a fin de mes. Todo lo demás está en el aire. La caída de las ventas en Navidad es un dato muy preocupante que no se sabe cómo el gobierno va a cargar la responsabilidad de esto en el gobierno anterior. Todo lo que pasaba hasta hace un mes, con un 150% anual de inflación, es recordado como algo no tan malo en comparación con la nueva situación. Entre otras cosas, paradójicamente, este decreto busca aumentar mucho más la inflación para reducir el valor de los salarios y los ahorros de la población, algunos piensan que para preparar el camino a la dolarización. No es descabellado pensarlo.

Protesta en Buenos Aires el 20 de diciembre. Foto: Carlos Sainz

Lo que sí concita la unidad de criterio entre los analistas que no defienden servilmente al nuevo gobierno y los intereses de las grandes empresas es que Argentina se ha convertido en presa fácil para ser disputada por los grandes monopolios nacionales y extranjeros. A las terribles devaluaciones hay que sumar la plena disposición de Milei y su equipo a entregar las empresas estatales y los recursos naturales, litio, petróleo, gas, agua, grandes territorios, y tantos otros a las grandes empresas. Han declarado la ley de la selva capitalista en Argentina. Para tener una idea mirar este artículo.

Todo y cada una de las cosas que se han decretado es preocupante para los trabajadores, a tal punto que este sátrapa se ha atrevido a derogar en la práctica algo que ni la dictadura de Videla se atrevió a derogar como es el artículo 14 bis de la constitución nacional que dice textualmente esto: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Cabe destacar que este artículo se incluyó en la constitución argentina después del golpe de estado que derrocó a Perón en 1955, redactado y aprobado por el gobierno militar golpista de 1957. Es decir, nos lleva en el derecho laboral a la época de principios de siglo 20 mucho antes de que los trabajadores tuvieran derechos como la jornada de ocho horas, vacaciones, etc. Por donde se mire es algo absolutamente reaccionario y por supuesto deja a las claras todas la mentiras de Milei en la campaña electoral sobre que “el ajuste era contra la casta y no contra la gente”.

Hacia donde vamos

Quiero recordar que el verano argentino acaba de comenzar como en todo el hemisferio sur y al ambiente navideño se suma el vacacional propio de la estación. Pues bien, el 50% de las reservas hoteleras para vacaciones han sido canceladas. La gente que ahora hubiera podido irse de vacaciones, hablando de los trabajadores, es la de mejores salarios. Los de salarios más bajos ya vienen abandonando sus salidas vacacionales hace años. Son tantos los hachazos recibidos que llama la atención la rapidez con que reaccionaron los primeros sectores de trabajadores y algunos de clases medias.

Será el día 27 de diciembre cuando se produzca la primera pulseada seria entre el movimiento obrero organizado y el gobierno y su protocolo de seguridad. La conducción de la CGT en manos de una casta tremendamente burocratizada y con condiciones de vida propias de empresarios ha tenido que suspender sus vacaciones navideñas y quedarse “trabajando” para estar presente en la concentración que hará entrega al Poder Judicial un pedido de anulación del megadecreto. No se puede tener casi ninguna esperanza en que esta entrega tenga demasiados resultados, al menos si no ratifican la huelga general de 24 hs como preparación de un plan de lucha hasta la anulación plena del DNU.

Que en medio de las navidades se haya tenido que convocar esta concentración indica el grado de presión que se está produciendo en los centros de trabajo. Ya está habiendo encuestas que le están dando una caída de popularidad a fecha de 22 de diciembre de 6 puntos tan solo 12 días después de asumir, cuando a todos los gobiernos le sube este índice al menos durante un primer período de gracia.

Protesta en Buenos Aires el 20 de diciembre. Foto: Carlos Sainz

De todos modos y para contribuir a su popularidad –entre la derecha” Milei ya ha firmado 7000 despidos de empleados públicos en el estado y seguirá despidiendo más. Pero haciendo gala de su tan conocida generosidad con los trabajadores no quería dejar pasar la ocasión navideña para mandarles un regalo.

Lo peor está por venir en los meses de enero a marzo, ahí se concretarán todos los aumentos de tarifas en electricidad, gas, gasolina, la quita de subsidios al transporte con incrementos de más del 700%, la quita de la gratuidad de los medicamentos a los jubilados, aumento de los sistemas sanitarios de pago, aumento de los costes escolares, etc. Ahora mismo se está reuniendo el Consejo Universitario Nacional que pide un incremento del 300% del presupuesto frente al congelamiento del presupuesto general del gobierno. Con el actual presupuesto no llegan ni a junio y varias universidades corren el peligro de cerrar. Las paritarias (comisiones negociadoras de convenio) de los profesores prevén un incremento de 10% de dic a febrero y eso los pondrá 40% por debajo de la inflación de este período. Esto puede ser la constante en todos los sectores laborales si los sindicatos más fuertes y combativos no rompen la barrera y establecen pautas salariales que permitan al menos no perder poder adquisitivo.

En los 40 años de vida más o menos democrática que ha habido en Argentina tras la dictadura nunca se vivió esta situación, nunca, ni siquiera en el 2001. El camino a seguir solo puede ser la lucha para el pueblo trabajador, la aceptación de esta política empujará a la Argentina un siglo hacia atrás. Quien conoce a este pueblo no le puede entrar en la cabeza que no luche. Veremos cómo se va dando este proceso y sobre todo veremos si la clase trabajadora argentina será capaz de quitarse de encima en este proceso a lo peor de las direcciones sindicales y políticas cuya inacción y condescendencia con la herencia del gobierno de Macri sobre todo en lo referente a la deuda con el FMI, se convirtieron en parte del problema que hoy se sufre Argentina

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