Así «responde» el Gobierno a la pregunta parlamentaria sobre la abstención de España en votación de la ONU contra la ocupación israelí 

Guadalupe Barahona

El 30 de diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que emita una Opinión Consultiva sobre la legalidad de los 55 años de ocupación israelí de la Cisjordania palestina. Con el título de “Prácticas y actividades de asentamiento israelíes que afectan a los derechos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados”, la resolución pide a la Corte Internacional de Justicia que evalúe si la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel durante 55 años es legal o no, en virtud del derecho internacional. Además, se solicita a la CIJ que evalúe la obligación de los “Terceros Estados parte”, entre los que se cuenta España, de defender el estado de derecho de la comunidad internacional. 

El 30 de diciembre pasado, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución promovida por Palestina por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones. Apoyaron la resolución países europeos como Bélgica, Portugal, Polonia, Islandia y Luxemburgo, junto con la mayoría de estados árabes, africanos y asiáticos. España, incomprensiblemente, se abstuvo.

Las fuerzas israelíes de ocupación han matado en 2022 al menos a 251 palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, entre ellos 53 niños. Al menos otros 9 mil han resultado heridos. A los daños físicos se suma la demolición de 950 hogares palestinos y más de 3 mil detenciones arbitrarias que Israel denomina “administrativas” (sin presentación de cargos). Israel ha detenido a 130 periodistas palestinos en 2022, en violación flagrante de la libertad de expresión, además de haber asesinado a la reportera de Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh mientras cubría el asalto israelí a un campo de refugiados en Jenin.

Ante la sorprendente abstención de la representación de España en la votación de Naciones Unidas, los diputados de Unidas Podemos, Galicia en Común y En Comú Podem, Enrique Santiago, Antón Gómez Reino, Lucía Muñoz y Gerardo Pisarello, registraron el 10 de enero las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita: 

“¿Cuáles fueron los motivos para que España se abstuviese en la votación de la Asamblea General de la ONU en lugar de votar a favor como han hecho otros países de la Unión Europea como Portugal, Bélgica o Luxemburgo?

A la vista del seguimiento que realiza el Gobierno español a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados por Israel en Palestina, ¿opina el Ministerio de Asuntos Exteriores que las políticas y prácticas realizadas por Israel en los territorios ocupados vulneran los derechos humanos de la población palestina?”

¿Por qué se abstuvo España?

El 30 de enero el Grupo Parlamentario GCUP-ECP-GEC recibió esta “respuesta”, que elude completamente ambas preguntas de los parlamentarios, en un ejercicio de sofismo y de cinismo que haría palidecer al mismo Gorgias:

“En relación con la materia por la que se interesan Sus Señorías, se destaca que España mantiene su firme compromiso con la materialización de la solución de los dos Estados, Palestina e Israel, conviviendo en paz y seguridad el uno junto al otro, sobre la base de los acuerdos suscritos entre las partes y de las resoluciones aplicables de Naciones Unidas. 

España, junto con sus socios en la Unión Europea, ha hecho reiterados llamamientos a las partes y a la comunidad internacional para restablecer un horizonte político que permita aplicar esta solución. 

Al mismo tiempo, España ha expresado reiteradamente su preocupación por el deterioro de la situación sobre el terreno, por el incremento de la violencia y por los asentamientos y otras prácticas unilaterales y contrarias al derecho internacional, que ponen en peligro la solución de los dos Estados. 

España y la Unión Europea han manifestado en reiteradas ocasiones que los asentamientos en los Territorios Ocupados son contrarios a la legalidad internacional, que ponen en peligro la solución de los dos Estados, y que la Unión Europea no reconocerá otros cambios en las líneas anteriores a 1967, incluyendo en Jerusalén, que aquellos acordados entre las partes. España participa activamente en todos los foros en Naciones Unidas en los que se trata sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados.

Los Derechos Humanos son un principio rector de la política exterior del Gobierno de España y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se defienden y promocionan en todos los países. En todas las relaciones con todos los países, tanto bilateralmente como a través de la Unión Europea en el diálogo con esos países, este Gobierno hace valer la defensa de los Derechos Humanos, de manera global y en los casos particulares. 

España apoya decididamente todas las acciones emprendidas en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en los demás mecanismos internacionales de tutela y garantía de los Derechos Humanos.”

El Gobierno español, además de ceder a las presiones de Israel y Estados Unidos para no apoyar la resolución que pide al Tribunal Internacional de La Haya que se pronuncie sobre la ocupación israelí, elude su obligación de dar explicaciones ante el Parlamento y el pueblo español.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes de ocupación siguen matando, aterrorizando, confiscando y desplazando a los palestinos, sobre quienes impone un Estado de apartheid. En lo que va de 2023, Israel ha asesinado a 11 niños palestinos. Como ejemplo gráfico de lo que supone vivir bajo ocupación, sirva este vídeo que muestra a los soldados israelíes atacando a un niño palestino tras obligarle a quedarse semi-desnudo en un puesto de control en la Jerusalén ocupada ilegalmente por Israel. Las imágenes son de este 15 de febrero y se registraron en el checkpoint del campo de refugiados de Shufat, en Jerusalén Este:

Piensen que tienen ustedes la oportunidad de hacer algo al respecto como país y deciden abstenerse. Y que cuando los representantes legítimos de la soberanía española les preguntan por qué han optado por no pronunciarse, ustedes responden que “los Derechos Humanos son un principio rector de la política exterior del Gobierno de España”. Ese es el nivel de ignominia de nuestro Gobierno. Que se lo digan a Juana Ruiz, la cooperante española residente en Belén que fue secuestrada en su casa y pasó 300 días (10 meses) detenida por las fuerzas de ocupación israelíes. Nuestro ministro de Exteriores se mostró así de contundente: