Reducción de la jornada laboral sin recorte salarial
Ante la crisis económica, pasar a la ofensiva con nuestra propia alternativa
Por Jesús María Pérez y Jordi Escuer. Colectivo Manifiesto por el Socialismo
En 2020 estamos ante un nuevo periodo recesivo de la economía española que, por su rapidez, profundidad y extensión, amenaza con convertirse en la peor crisis de la historia del capitalismo. Es el quinto ciclo recesivo en los últimos 45 años1.
La novedad de esta crisis es que, por primera vez en la historia, va a ser una crisis simultánea en todo el mundo. Hasta ahora las crisis y recesiones habían sido más localizadas, se daban en determinados sectores o tenían ritmos diferentes en distintas partes del globo. Entre las últimas crisis parciales que ha experimentado el sistema vimos, por ejemplo, la crisis de deuda que afectó a la mayoría de los países latinoamericanos en 1981-82, la crisis de los “tigres asiáticos” en 1997 que asoló sus finanzas o el estallido de la burbuja especulativa de las empresas punto.com en 2000-02.
Lo cierto es que ni la “mano invisible” ni el “laissez faire”, los lemas favoritos del liberalismo económico, han garantizado la distribución equitativa de la riqueza ni la continuidad de la prosperidad económica. Ni siquiera han garantizado la “producción eficiente” como diría Stiglitz.2 La persistencia y retorno constante de las crisis del sistema demuestran que forman parte inseparable de él. Siempre se les pone apellido —como la “del petróleo,” de “las hipotecas basura”, la de “la deuda”, la “del coronavirus”— para tratar de transmitir la idea de que la crisis siempre la provoca algún factor ajeno al sistema, o un elemento del mismo que se ha desajustado.
Capitalismo es sinónimo de crisis
Sin embargo, las crisis son el mecanismo de autorregulación destructiva con que cuenta el sistema para reencauzar el desarrollo de las fuerzas productivas en los estrechos límites de la propiedad privada de los medios de producción. Buscando un símil en la naturaleza que nos ayude a comprender su papel, es como cuando desaparece el depredador que regula la población de un animal. Cuando eso ocurre y su población crece por encima de la capacidad de sustentación de su medio natural, una enfermedad la reduce drásticamente o incluso puede acabar con la especie en cuestión.
Cada vez que el sistema levanta cabeza después de una crisis, todas las cátedras del mundo lanzan las campanas al vuelo y nos anuncian el fin definitivo de las mismas. Aseguran y juran por lo más sagrado que han aprendido la lección y que han encontrado los mecanismos que regularán la anarquía de la inversión, de la producción y del mercado, evitarán la locura de las burbujas especulativas y todo será equilibrio y crecimiento sin fin. Pero todo lo que han intentado, ha fracasado. Ni las organizaciones internacionales de comercio, de finanzas o de producción; ni las políticas monetarias; ni las políticas de reducción salarial para aumentar los beneficios; ni las políticas de ajuste para reservar los fondos estatales para respaldar a las empresas; ni las políticas de recortes de derechos para pagar rescates financieros… Nada. Nada de todo eso ha servido para evitar nuevas crisis.
Y lo peor es que llueve sobre mojado. No se trata de la simple repetición, de un traspiés. Las consecuencias de las crisis para la mayoría de la sociedad, es decir, para la clase trabajadora, son cada vez peores. Los periodos de crecimiento económico son cada vez más incapaces de resolver todos los problemas sociales que dejó la crisis anterior. Y, en la práctica, el saldo de cada crisis es que se “resuelve” con un nuevo traspaso de riqueza de los pobres a los ricos, de los asalariados y otras capas de la sociedad, a los propietarios de los grandes medios de producción. Se resuelve para unos, a costa de la mayoría.
Vamos a tratar de demostrar estas afirmaciones y a plantear un objetivo de lucha que abra nuevos horizontes a la clase trabajadora.
La pandemia ha precipitado la crisis económica, pero no la ha creado
¿Cómo es posible que un virus microscópico haya provocado una crisis económica mundial cuyas consecuencias están aún por verse en toda su magnitud?
Lo que ha provocado que la recesión en ciernes se haya convertido en una crisis de consecuencias impredecibles no es sólo el virus, sino el hecho de que el COVID19 haya paralizado el trabajo de la clase trabajadora. Ha quedado en evidencia que el capital sin la labor de trabajadores y trabajadoras no es nada. De ahí la resistencia de los círculos empresariales a paralizar la actividad más allá de unos mínimos que pongan en peligro la producción.
El sistema no conoce otra forma de actuar que la obtención del máximo beneficio en el menor tiempo posible, cualquier fenómeno que interrumpa la actividad económica se magnifica, porque ahoga la ganancia. Es más, como la explotación a la que se somete a los trabajadores y trabajadoras es tan intensa, como las empresas viven volcadas en generar dividendos, una disrupción como la que genera el COVID19 se amplifica. El sistema, en lugar de procurar a toda la población los medios para vivir con dignidad, los recursos sanitarios y educativos suficientes, precariza y recorta para obtener más ganancia. La consecuencia es que cualquier dificultad seria precipita una recesión muy profunda, pues las pequeñas empresas y, sobre todo, los trabajadores y trabajadoras que viven al límite, no pueden resistir una situación así.
De hecho, la recesión ya se estaba fraguando antes de la pandemia. En 2019 la economía capitalista ya estaba dando claros síntomas de que estaba entando en un nuevo ciclo recesivo que ha sido bruscamente acelerado y amplificado por la pandemia.
Alemania experimentó un exiguo crecimiento del PIB en 2019 del 0,6%. Se libró por la mínima de entrar oficialmente en recesión al crecer un 0,1% en el tercer trimestre después de haber tenido una caída del 0,2% en el segundo. Italia también se zafó de la declaración de recesión oficial tras crecer un 0,1% en el primer trimestre de 2019, un 0,0% en el segundo, y tras un leve crecimiento en el tercero, tener un crecimiento negativo en el cuarto.
China tuvo la cifra de crecimiento más baja en los últimos 30 años y la economía mundial sufría una clara ralentización. La Organización Mundial del Comercio (OMC) reducía en octubre del año pasado a menos de la mitad las previsiones de crecimiento del comercio mundial limitándolo al 1,2% respecto al año anterior.3
En el caso español, el hecho de que antes de la irrupción del virus en la escena hubiera 750.000 personas afectadas por EREs o ERTEs es un índice claro de que la ralentización de la economía española era una realidad.
Una crisis de sobreproducción, no de escasez
No deja de ser paradójico que la pandemia sanitaria esté sirviendo para ocultar la crisis de fondo del sistema, una crisis cíclica de la economía capitalista por sobreproducción. La tendencia lógica es asociar la pandemia con escasez de recursos, tanto materiales como humanos, y parece incongruente que algo que puede evocar escasez sea capaz de tapar una hipotética crisis de “sobreproducción”. Pero la sobreproducción en el seno del sistema capitalista no significa superabundancia de todo, sino exceso de lo que se puede vender en el mercado en un momento determinado, que no es lo mismo. Puede haber, como hemos podido comprobar, escasez de productos básicos y al tiempo exceso de oferta de otros muchos.
El capitalismo invierte en una competición por la rentabilidad. Si un sector es rentable, hacia él acude el dinero buscando beneficios hasta que el sector se satura y entra en crisis. Cuando esa situación se generaliza, hay una recesión. El negocio inmobiliario, no sólo en España, era tan rentable que atrajo enormes inversiones. Hasta que estalló, pues las ventas y la rentabilidad no podían seguir creciendo. Era algo previsible pero, mientras las cosas van “bien” (es decir, son rentables), nadie le quiere poner el cascabel al gato, y todo sigue igual hasta que estalla la burbuja. El resultado son casas vacías, por un lado, y familias sin casas, por el otro. Un masivo rescate público de los bancos privados, por un lado, y un recorte igual de masivo del gasto social, por otro.
La sobreproducción afecta a muchos sectores y está generalizada en el sistema. Por ejemplo, en el turismo. El crecimiento que este sector ha vivido era insostenible, estaba completamente sobredimensionado4. La pandemia es el accidente que precipita la crisis, pero no la causa. Si no hubiera sido este factor, habría sido otro. Es inviable que nuestra sociedad pueda vivir del turismo, llenando de hormigón las costas, disparando el precio de la vivienda, precarizando el empleo y destruyendo más recursos de los que la naturaleza es capaz de reponer.
Muy vinculado a este sector está el de la aviación, con un crecimiento exponencial ínitmamente unido al del turismo, que también es insostenible ecológicamente5. La capacidad productiva del sector excede a las necesidades reales y viables. En una situación similar está el AVE, que es un desastre económico y ecológico, que se ha hecho a costa del resto de infraestructuras ferroviarias, mucho más eficaces y necesarias. Similar situación veríamos en las autopistas. El Estado español es el tercer país del planeta en líneas de AVE y autopistas, sólo por detrás de China y Estado Unidos. La Asociación de Geógrafos calcula que el derroche en infraestructuras en los últimos 20 años ha despilfarrado 100.000 millones de euros6. Inversiones muy rentables para quienes los han construido, pero un despilfarro desde el punto de vista social.
Así pues, vemos como se mezcla un exceso de capacidad productiva con las carencias más absolutas, en temas básicos. Y sólo se puede explicar por la búsqueda del máximo beneficio a corto plazo, siempre con la ayuda del Estado, que las grandes corporaciones controlan.
Igual sucede con el automóvil. Desde hace décadas, hay una capacidad de producir muy superior a las posibilidades de venta. La sobreproducción se agrava con la caída de la disponibilidad de combustibles fósiles, la crisis ecológica y el giro al coche eléctrico7, que necesitará menos mano de obra y menos componentes8. Todo el sector del automóvil está abocado a una enorme reconversión.
La producción de alimentos en el mundo ha crecido mucho más de lo que lo ha hecho la población y, sin embargo, no se ha logrado erradicar el hambre9. Y eso es porque se produce pensando en la rentabilidad, no en alimentar bien a la población10. Los cultivos son inversiones para los grandes grupos. Si lo que da más dinero son los mal llamados “biocombustibles”, no habrá comida para los más pobres.
La automatización no resolverá el problema
La automatización, espoledada por la competencia entre las grandes empresas por esa rentabilidad, agrabará más la sobreproducción y el “exceso” de mano de obra, fomentando una mayor explotación del conjunto de trabajadores y trabajadoras, a quienes se tratará de imponer condiciones de trabajo peores. La epidemia está actuando de catalizador de muchos de esos cambios. Tecnologías que serían muy útiles para lograr unas mejores condiciones de trabajo y de vida, serán utilizadas para imponer una explotación más intensa, en aras a incrementar la rentabilidad.
No es algo nuevo, sino consustancial al capitalismo, pero el preso creciente de los gastos financieros (el pago de dividendos e intereses) respecto a los beneficios de explotación de las empresas, está detrás de una explotación creciente y cortoplacista de las empresas. El capitalismo se parece cada vez más a sí mismo. Además, el crédito se ha convertido en la manera de mantener las ganancias y compensar, en parte, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Eso se expresa en una deuda global mundial sin precedentes que supera los 250 billones de dólares, un 320% del PIB mundial 11 y que ya había disparado todas las alarmas en 2019; que una parte sustancial de esa deuda no se ha contraído para fomentar la producción sino para especular en el mercado financiero con el fin de mantener o incrementar los beneficios empresariales12; que esa deuda es una losa en una situación de frenazo productivo pues son muchas las empresas, los Estados y particulares, que ya tienen su capacidad de endeudamiento al límite. El pago de esa deuda se convierte en una razón más para aumentar la explotación de la clase trabajadora.
El sistema capitalista resuelve sus crisis destruyendo parte de las fuerzas productivas existentes y explotando más intensamente a la clase trabajadora y a la naturaleza.
Desde que empezó la pandemia, el desempleo registrado ha pasado de 3.246.047 a 3.826.043 en octubre, y a finales de septiembre había 668.452 personas en ERTEs13, con escasas posibilidades de volver a trabajar. Eso sin contar a quienes malviven en la economía sumergida y que no cuentan en las estadísticas oficiales del desempleo. Es a estos sectores más vulnerables a los que les llega el golpe antes y de forma más contundente. Ni la crisis del coronavirus ni la económica afecta a todo el mundo por igual. Mientras los del vértice de la pirámide social incluso se hacen más ricos, los de la base pueden llegar a pasar hambre.
La crisis de 2008 nos avisa de lo que puede venir
Tenemos un precedente que nos puede orientar, al menos advertir, sobre lo que puede pasar en los próximos meses y años: la crisis de 2008.
Según la EPA del segundo trimestre de 2007, antes de que impactara la llamada crisis financiera, la tasa de desempleo estaba en el 7,95% de la población activa, con 1.760.000 personas sin empleo. Era la tasa más baja desde 1978, casi 30 años.
Con la crisis desatada a partir de 2007, el desempleo no dejó de crecer en los cinco años siguientes hasta alcanzar su máximo en el primer trimestre de 2013 con 6,2 millones de trabajadores y trabajadoras en el desempleo, un 27,16% de la población activa. Más de una de cada cuatro personas que buscaban un puesto de trabajo, no tenían empleo.
Los efectos sociales de esa crisis se agravaron, y alargaron en el tiempo, debido a los sucesivos planes de recortes del gasto público, sobre todo social, así como a las reformas laborales que llevaron a cabo los Gobiernos de Zapatero y Rajoy.
Pues bien, desde 2013 se ha ido recuperando parte del empleo perdido entre 2007 y 2012 y se ha ido reduciendo el nivel de desempleo hasta el 13,78% de la población activa con 3.191.900 personas sin empleo en el cuarto trimestre de 2019. Este nivel de desempleo se ha convertido en crónico, pues a lo largo de todo el periodo de auge o crecimiento económico el sistema, toda la década de 2010, no ha sido capaz de ofrecer un puesto de trabajo a más de tres millones de personas. Es decir, se ha recuperado una parte, solo una parte, del empleo perdido en la anterior recesión.
Además, hay que recordar qué tipo de empleo se ha creado entre 2008 y 2019. Sobre todo, ha sido precario, parcial y temporal lo que ha forzado a muchos trabajadores a compaginar más de un trabajo y se ha difundido la figura del “trabajador pobre”, quizás habría que decir mejor, trabajadora joven pobre, porque la precarización laboral ha afectado más gravemente a la población joven en general y a las mujeres en todas las franjas de edad.
Es decir, que la recuperación económica se ha dado en gran parte a costa de que muchas personas con trabajo no podían llegar a fin de mes con sus salarios de miseria.
Según los datos ofrecidos por el INE, el salario por hora de los hombres pasó de 15,6 euros en 2010, a 16,1 euros en 2017. Pero ese escaso aumento de 50 céntimos en siete años, lo tuvieron los trabajadores a tiempo completo porque los que lo tuvieron a tiempo parcial vieron reducirse su salario/hora de 13,1 euros a 12,1. Un euro menos por hora que siete años antes.
En el caso de las mujeres el salario hora pasó de 13,2 euros a 13,9, pero una vez más el reducido aumento fue para aquellas que tenían un trabajo a tiempo completo. Las que trabajaban a tiempo parcial ganaban lo mismo que siete años antes, 10,3 euros la hora. En otras palabras, las que trabajaban a tiempo parcial ganaban 5,3 euros menos que las mujeres que trabajaban a tiempo completo, un diferencial del 30% y casi 2 euros menos que los hombres con contrato parcial, un 15% menos. Y 6,4 euros menos que los hombres con contrato a tiempo completo, un 37% menos a la hora.14
Las medidas del actual gobierno se quedan cortas
En 2020, abordamos la nueva recesión, a la que se le dará el nombre del coronavirus, con prácticamente el doble de desempleo en su fase inicial que la anterior. La pregunta es inevitable: Si en la anterior crisis cíclica del capitalismo español el desempleo llegó a afectar en su momento máximo a más de 6 millones de personas, ¿se repetirá el mismo proceso en la actual? ¿Será más grave, ya que en el punto de partida tenemos el doble de paro?
La respuesta a estas preguntas no es ni puede ser sencilla. Es cierto que esta vez lo primero que ha puesto el Gobierno de Coalición encima de la mesa no han sido medidas de recorte del gasto social y de los salarios a través de las reformas laborales. Es un alivio para la población ver que no hay un Gobierno PP-Cs-Vox que lo primero que haría en la situación de crisis sanitaria y económica sería recortar todo gasto que consideran “innecesario”, es decir, el social. Las medidas económicas que ha tomado el Gobierno de Coalición, hasta ahora, tienen como fin tratar de paliar los efectos de la recesión y de la pandemia sobre las empresas y el empleo.
Sin embargo, nuestras admininistraciones no están pensadas ni preparadas para atender esta emergencia social. Para empezar, falta personal suficiente en la Seguridad Social, en los Servicios Sociales, además de en la Sanidad o la Educación públicas. La derecha incluso ha aprovechado, en sitios donde gobierna como en Madrid, para quitarle la Renta Mínima de Inserción a quienes opten al Ingreso Mínimo Vital. No tienen ningún interés en fortalecer los servicios públicos porque amenazaría el negocio privado de las grandes empresas en todos los terrenos.
Pero el Gobierno de coalición, en la medida en que no quiere cuestionar el sistema, se ata las manos antes de empezar y eso hace que sus medidas sean completamente insuficientes.
La primera prueba ha sido su incapacidad de volcar todos los recursos disponibles en la sociedad para respaldar masivamente a la Sanidad Pública con la urgencia necesaria, incluso cuando se ha decretado de forma bienintencionada en esa dirección: No se puede calificar de éxito lo sucedido con la utilización de los recursos de la Sanidad Privada (incluyendo todos los que figuran en este apartado -Mutuas, Aseguradoras, Iglesia, militares, otros tipos de beneficiencia-); disponer de fábricas para elaborar de forma urgente material sanitario, medicamentos, etc.; o la necesaria contratación indefinida de trabajadores de la salud… Y no han sido capaces porque, a pesar de que el Ministerio de Sanidad ha asumido la dirección de la situación sanitaria en todo el Estado, en realidad no ha tenido el control. El ministerio contaba con unos cientos de trabajadores mientras las comunidades autónomas tenían a su cargo medio millón largo de trabajadores.15 En ese contexto, la dirección centralizada ha sido un paso más teórico que práctico debido a que la capacidad para ejercer las competencias reales, cotidianas, los recursos y el personal, están en manos de las autonomías, muchas de ellas regidas por criterios estrictamente empresariales. Esto no es un argumento contra la descentralización de competencias sino contra la falta de una estructura capaz de coordinar los esfuerzos y las tareas; el sistema de Servicios de Salud Pública.
La banca sigue ganando, no la clase trabajadora
Mientras la Sanidad Pública carece de recursos humanos suficientes, el capítulo grande del decreto de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID 19 son los 100.000 millones previstos en avales públicos para que los bancos puedan ofrecer créditos que, si no se devuelven, serán cubiertos por el Estado. Eso ha permitido a los bancos convertir muchos de sus créditos fallidos, o con riesgo de serlo, en créditos avalados por el Estado para protejer su propia situación, asegurándose de esa forma su cobro. Es decir, una vez más la banca gana, jugando un papel innecesario como intermediario, si la banca pública, en lugar de privatizarse jugase su papel. En realidad, es un nuevo rescate a la banca privada semiencubierto.
Es significativo que, en lugar de apoyarse en la Banca pública existente, Bankia, para aplicar otra política de desarrollo económico, apoyan su absorción por un banco privado: Caixabank. Justo cuando habría que ir en la dirección contraria, convertir el sistema bancario en un servicio público, en lugar de permitir un oligopolio privado.
Si comparamos los 35.000 millones que se espera que cuesten los ERTEs que, también son ayudas a las empresas, vemos que son 3 veces menos que los recursos comprometidos en avales a las empresas16. La prioridad queda clara. El énfasis se ha puesto en financiar a las empresas privadas porque se acepta el criterio de que sólo las empresas privadas crean o dejan de crear empleo, obviando que son, en realidad, el trabajo y los recursos naturales la fuente de la riqueza. Un sector público, fuerte y gestionado democráticamente, también crea riqueza.
El gasto del actual gobierno para cubrir necesidades sociales inmediatas contrasta con los recortes de Zapatero o Rajoy. Toda medida que alivie el sufrimiento de quienes pierden sus medios de trabajo y subsistencia debe ser bienvenida. Que se tenga derecho a recibir una prestación por desempleo, aunque no se tenga el tiempo suficiente cotizado, que no se compute el desempleo durante el Estado de Alarma agotando la prestación, son medidas necesarias. Aplazar pagos de hipoteca, alquiler… viene bien, pero no disminuye la deuda, que habrá que pagar más tarde o temprano. Pero todo eso va a ser totalmente insuficiente y habrá que tomar muchas más medidas si de verdad “no se quiere dejar nadie atrás”.
No se puede entender que el Gobierno no haya permitido los Ayuntamientos puedan utilizar, con fines sociales y de forma inmediata, el superávit del año 2019 que suma la nada despreciable cantidad de 12.000 millones de euros. Como tampoco es comprensible cómo el Ministerio de Hacienda no ha dado vía libre a que los Ayuntamientos puedan usar los 28.000 millones de euros que tienen en cuentas bancarias y que no pueden usar debido a que no se ha derogado la Regla de Gasto, una norma arbitraria y artificial, impuesta por el PP sólo para justificar los recortes en gasto social.
De hecho, las CCAA tienen en la misma situación unos fondos de 15.000 euros. Todo sumado superarían los 72.000 millones de euros con los que las administraciones podrían hacer frente a las muchas necesidades que ya tiene la población con un margen de actuación algo mayor. ¿Por qué no se ha hecho? Porque es el sector más pro-burgués del Gobierno el que está marcando la prioridad del gasto y es evidente que para ellos el prioritario no es el social.
No es que no haya más recursos en la sociedad de que los que se están utilizando, la cuestión es que se utilizan con determinado criterio y marcando determinadas prioridades.
Esta misma idea se puede aplicar a los efectos de la crisis económica volviendo a la pregunta sobre sus efectos sobre el desempleo.
Las medidas que está tomando el Gobierno de Coalición para paliar los efectos de la crisis, como ya estamos viendo, son insuficientes para impedir que la paguen los de siempre. Es necesario ir al origen de los problemas.
La respuesta del capital, la economía de libre mercado, es siempre la misma. Si las ventas y el beneficio descienden, se despide, y si hace falta se cierra la empresa. El paro les ayuda a mantener los salarios en niveles bajos y la crisis es una ocasión de imponer condiciones de explotación más intensas, como ya está sucediendo.
Pero, y los trabajadores y las trabajadoras, ¿vamos a permitir de nuevo que el desempleo alcance niveles insoportables? ¿Y los sindicatos? ¿Y los partidos que dicen representar a la clase trabajadora? ¿Y el Gobierno de izquierdas? ¿No hay una alternativa al paro crónico masivo?
Es evidente que sí, pero no va a venir de la iniciativa privada sino del impulso público. Es necesario un de desarrollo del sector público en todos los terrenos, desde la Sanidad y la Eduación a los Cuidados (residencias de mayores, centros de día…) pasando por la la producción (rehabilitación y construcción de vivienda, energías renovables, farmacia, etcétera). Eso permitiría la creación de un gran número de puestos de trabajo en actividades productivas e imprescindibles para la sociedad. Y esa medida debería ir unida al reparto del trabajo: la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial.
El reparto del trabajo es una necesidad y es posible
Hay una tendencia general, no lineal, de descenso de las horas efectivamente trabajadas por trabajador en los últimos 170 años en la economía española y mundial. La jornada laboral necesaria para producir todos los bienes y servicios necesarios en la sociedad no es inmutable. Si así fuera hoy en día trabajaríamos 7 días a la semana y tendríamos una jornada laboral de 62 horas a la semana tal y como se hacía en el año 1850. 3.000 horas anuales, sin vacaciones ni domingos.
Los avances tecnológicos junto a la lucha de la clase trabajadora, han ido reduciendo la jornada laboral hasta las 1.872 horas efectivamente trabajadas en 201917, aunque lo cierto es que en los últimos 30 años la tendencia se ha estancado e incluso revertido, a pesar de que el PIB se ha multiplicado por 2,75 desde 1980 hasta 2019.

Por otro lado, el aumento de la riqueza es evidente. Para comprobarlo vamos a tomar como punto de referencia el año 1931 porque es cuando se aprobó por Ley la Jornada laboral de 8 horas diarias, seis días a la semana.
Pues bien, el PIB español en aquel momento era de 208 millones de euros mientras que en 2019 la cifra ascendió a 1.244.757 millones de euros. Mas de un billón doscientos mil euros. Se ha multiplicado por 16 veces (ver Anexo I). Dividiendo la riqueza producida actualmente por días y por horas, incluyendo los 365 días del año, nos sale que en la actualidad se produce en 22 días lo mismo que en 1931 se producía en todo el año.
Esto ha sido posible gracias al aumento de la población activa, pero sobre todo debido a un aumento espectacular de la productividad del trabajo. La población se ha multiplicado por 2,2 en el último siglo, pero el valor añadido bruto por hora trabajada, que nos sirve para medir la productividad, ha pasado de un índice 11 en 1931 a un índice 107 en 2019 (tomando como base un índice 100 en 2010).18 Es decir, se ha multiplicado casi por 10.

Por su parte, la jornada laboral anual ha pasado de 2.676 horas efectivamente trabajadas en 1919, hace 100 años, a 1.872 en 2019, un 30%19. Si mantenemos el punto de referencia de 1931 la reducción de la Jornada laboral en 90 años se limita a un 16,6%.
¿Cómo es posible que, a pesar de la montaña de riqueza producida en el último siglo, la jornada laboral real anual sólo se haya reducido en un 16,6% en nueve décadas?
Lo cierto es que la jornada laboral no se ha reducido gracias a un reparto equilibrado de la riqueza producida sino, exclusivamente, gracias a la lucha del movimiento obrero. Ya en el siglo XIX se dan los primeros ejemplos de movilización de la clase trabajadora por la reducción de la jornada laboral como la huelga de los mineros vizcaínos en 1890 exigiendo la jornada laboral de 10 horas diarias, cuando la que tenían era de 12 horas.
La lucha de las 8 horas
El ejemplo emblemático fue la lucha por la jornada de 8 horas que protagonizó la clase trabajadora catalana hace justamente un siglo, en 1919. Una pelea muy dura que se desató el 5 de febrero a raíz de la huelga de la empresa La Canadiense, que duró 44 días y que implicó al 70% de la fuerza laboral. La resistencia de la clase dominante fue feroz, se llegó a decretar el Estado de Sitio impuesto por el Ejército, y el Capitán General de Catalunya, Milans del Bosch, defendió declarar el Estado de Guerra. Se detuvo a más de 3.000 huelguistas y murieron asesinados varios dirigentes y trabajadores. Finalmente, el Conde de Romanones, presidente del Gobierno, se vio obligado a firmar un decreto reconociendo la jornada de 8 horas diarias el 3 de abril, que en aquel momento significaba la jornada semanal de 48, reconociendo un día de descanso.
Este decreto se aplicó fundamentalmente en sectores industriales, exceptuando muchos sectores productivos y limitando su extensión con multitud de normativas sectoriales que lo ignoraban, permitiendo la realización de multitud de horas extraordinarias pagadas y no pagadas. España fue el primer país capitalista que reconoció la jornada laboral de 8 horas. Hasta ese momento sólo la URSS, después de la Revolución de Octubre, la había implantado.
Esta lucha y esta conquista superaron la ley anterior del 12 de diciembre de 1903 que fijaba la jornada laboral en 10 horas diarias y 60 semanales.
La II República aprobó el 1 de julio de 1931 la Ley de Jornada Máxima Legal de 8 horas al día y 48 semanales. Unificó la maraña de normativas sectoriales y eliminó la mayor parte de las excepciones que impedían su aplicación, reconociendo por primera vez el derecho a vacaciones retribuidas.
El Fuero del Trabajo franquista abolió la legislación republicana y sólo recogía el derecho al descanso dominical. La lucha por la reducción de la jornada laboral, así como en defensa de otros derechos, se dio durante la dictadura convenio a convenio, empresa por empresa.
Hubo que esperar a 1980, cuando tras las oleadas de luchas al final de la Dictadura y durante La Transición se promulgó el Estatuto de los Trabajadores que reconocía, en su artículo 34, la jornada laboral de 42 horas semanales para la jornada continua y de 43 horas semanales para la jornada partida.20
Fue en 1983, tras el triunfo socialista en las elecciones del 82, cuando se implantó por ley la jornada laboral de 40 horas semanales, con un descanso mínimo de día y medio ininterrumpido, 14 días festivos y los 30 días de vacaciones retribuidas.
En 2020, 37 años después, seguimos en el mismo punto legal a pesar del crecimiento de la riqueza. Entre 1983 y 2019 el PIB se ha multiplicado por 6,8 veces.21
Keynes y la jornada de 15 horas semanales
John Maynard Keynes, el famoso economista burgués, hizo una predicción en 1928 respecto a la jornada laboral. Según él, la riqueza “en las sociedades de los países avanzados” se multiplicaría entre 4 y 8 veces en los siguientes cien años, por lo que afirmó que “estarían en condiciones de satisfacer todas sus necesidades materiales, con un esfuerzo laboral máximo de tres horas al día”.22 Keynes hacía descansar su predicción en tres indicadores: el crecimiento anual de un 2% del stock de capital, el crecimiento de un 1% anual de la productividad y la estabilización de la población.23
Ya hemos visto la evolución de la productividad que encaja en el marco que señaló Keynes. El crecimiento de la población, que se sale de sus condicionantes, se compensa con creces gracias al aumento de la productividad y del stock de capital. En España, este último se multiplicó por 5,5 entre los años 1964 y 2010, solo en 46 años, según la Fundación BBVA-Ivie.24 Sin embargo, estamos a años luz de conseguir la jornada laboral de 15 horas semanales.
Es cierto que hay que tener en cuenta que, en ese tiempo, se ha producido un acortamiento del período laboral vital de las personas, al menos en los países más desarrollados, al retrasarse la edad media de incorporación al mundo del trabajo, debido a la prolongación de los estudios y al establecimiento del sistema público de pensiones. Son factores que tienen un coste social. Pero también ha habido otros que han contribuido a incrementar la capacidad de creación de riqueza de forma exponencial, como la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, la informática o la robótica.
El caso del adelanto de la edad de jubilación en los países más desarrollados, que se consiguió durante toda una época, está hoy siendo cuestionado y “corregido” por el sistema, que presiona en dirección contraria con el falso argumento de que no hay recursos suficientes.
Volviendo a Keynes, el economista escribió: “Estamos siendo castigados con una nueva enfermedad: el paro tecnológico. Esto significa desempleo debido a nuestro descubrimiento de los medios para economizar el uso del factor trabajo, sobrepasando el ritmo con el que podemos encontrar nuevos empleos para el trabajo disponible.
Pero esto es una fase temporal del desajuste. A largo plazo, la humanidad está resolviendo su problema económico. Se puede predecir que el nivel de vida en las naciones dentro de un siglo será entre cuatro y ocho veces más alto que el de hoy.
Turnos de tres horas o semanas de quince horas, pueden eliminar el problema durante mucho tiempo. Porque tres horas al día serán suficientes para satisfacer al viejo Adán que hay dentro de nosotros”.25
Citamos expresamente a Keynes porque merece la pena preguntarse por qué no se ha cumplido su predicción. Bien se podría afirmar que tenía razón pero se equivocó.
Keynes tenía razón por lo siguiente. Según las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de su Encuesta de Población Activa (EPA), el número medio de horas efectivamente trabajadas semanalmente por todos los ocupados fue de 628.331.870 en 2019.26 Si dividimos este número de horas por el total de la población activa, la suma de ocupados y parados a 31 de diciembre de 2019, 23.158.00027, obtenemos una jornada laboral media de 27,13 horas semanales por individuo. Se puede ver en la siguiente tabla la media semanal de horas efectivamente trabajadas por los todos los ocupados por trimestres durante todo 2019 (INE)28.

Et voilà¡¡¡ ¡Aquí está la clave! Es decir, si el trabajo existente se repartiera entre toda la población activa, la jornada resultante estaría más cerca de lo que preconizaba Keynes que de la jornada hoy impuesta de un mínimo de 40 horas semanales.
Supongamos que hay un posible error en las cifras del INE porque, como el propio Instituto advierte, no todas las personas con trabajo a tiempo completo saben exactamente de cuántas horas se ha compuesto su jornada laboral semanal en el momento de responder a la encuesta. Admitamos, aunque quizás sea mucho admitir, una posible desviación a la baja del 5% en las horas efectivamente trabajadas. Pues bien, incluso dando este margen a los cálculos sobre el número de horas efectivamente trabajadas nos saldría una jornada laboral semanal media de 28,48 horas al dividirlo por toda la población activa.
La lucha de clases cuenta
Entonces, ¿en qué se equivocó Keynes? Pues en que el ajuste de la jornada laboral a las posibilidades reales del desarrollo de las fuerzas productivas no es automático. Keynes se equivocó porque él, como economista partidario del capitalismo, no contaba con un factor clave en la economía: el conflicto entre intereses antagónicos en la sociedad, “¡Es la lucha de clases, estúpido!”, parafraseando a Bill Clinton. La reducción de la jornada laboral, ni es automática ni puede ser pacífica.
Warren Buffett, el cuarto hombre más rico del mundo, afirmó en un arranque de sinceridad en 2006 que “hay una lucha de clases, de acuerdo, pero es la mía, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y vamos ganando”. 29
El sector empresarial, como clase social, siempre se opondrá a la reducción de la jornada laboral. Como individuos les puede dar igual el reparto del trabajo. Pero no es una cuestión moral, ni de gustos ni siquiera de opinión. Es una cuestión de supervivencia en un mundo regido por la competencia que le impone una visión individualista. Si aumenta sus costes, reduce sus beneficios y se debilita su posición en la competición por los mercados y la supervivencia de su empresa. Es la razón por la que siempre se han opuesto a la reducción de la jornada y se seguirán oponiendo con uñas y dientes. En el mismo nivel se pueden poner los salarios o las condiciones laborales en general.
El empresariado no sólo se opone sistemáticamente a la reducción de la jornada laboral, sino que presiona constantemente para aumentarla.
En Francia, gracias al empuje del movimiento obrero, se consiguió la jornada laboral de 35 horas que fue aprobada por el Parlamento en mayo de 1998 siendo presidente el socialdemócrata Lionel Jospin. La patronal pidió que fuese voluntaria y, además, retrasar su implantación hasta 2002. La ley entró en vigor, con carácter obligatorio, a partir del 1 de enero del 2000.
No tuvo que pasar demasiado tiempo para que el Gobierno de derechas de Sarkozy, respondiendo a las exigencias de los grandes propietarios, aprobase en julio de 2008 la Ley de Desregulación y Flexibilización Laboral autorizando la jornada laboral de 48 horas semanales y anulando la legislación de las 35 horas.
En la propia Unión Europea, en ese mismo momento, el Consejo de Ministros de Empleo y Políticas Sociales aprobó la jornada laboral máxima de 65 horas semanales, que posteriormente fue rechazada en el Parlamento Europeo. Se trataba de sustituir la normativa vigente que fija la jornada laboral en 48 horas semanales, excepto acuerdo individual entre empresario y trabajador que permite trabajar hasta 78 horas semanales.
Crear riqueza y verla pasar de largo
Para los asalariados, en su gran mayoría, la cuestión es que mientras su trabajo crea más y más riqueza en el mundo, la ven pasar de largo. Contribuyen a su creación, pero no la pueden disfrutar. Para la clase trabajadora tampoco es una cuestión moral, o no solamente. Es una cuestión material. Su trabajo es una aportación social y, como tal, persigue la mejora de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, no únicamente de una minoría de propietarios parásitos. Y esto no tiene nada que ver con el “bien común” o el “interés general”, que son entelequias conceptuales para convencernos de que “todos vamos en el mismo barco” obviando que unos van en camarotes de lujo mientras otros vamos encadenados a los remos.
Mientras el trabajo ha cumplido su parte creando las condiciones materiales que han permitido el gran incremento de la riqueza, el Capital no ha cumplido con lo que Keynes esperaba: un reparto equitativo de esa riqueza “para que la humanidad resolviese el problema económico”.
Pero lo que hay que entender es que del Capital no se podía esperar, ni se puede esperar, el reparto equitativo de la riqueza ni el del trabajo. En su naturaleza no cabe la solidaridad, su sistema se rige por la competencia, entendida como lucha y no como capacidad.
¿Cuál es la primera objeción que nos van a poner para la implantación de una jornada laboral de 28 horas a la semana? Pues que tendría que ser llevada a cabo con la reducción salarial proporcional a la de la jornada y eso no lo va a aceptar la gente. Nadie que dependa de un salario va a aceptar de buena gana un recorte del 30% de su capacidad adquisitiva, más cuando para la mayoría eso significaría renunciar a recursos básicos y esenciales en la vida cotidiana, más aún con el bajo nivel salarial existente.
Reducir la jornada laboral, sin reducir el salario, es la forma de redistribuir la riqueza
Una reducción de la jornada laboral, sin disminución salarial, es posible. Existe la capacidad productiva suficiente. De hecho, se despilfarran cantidades enormes de recursos en obras inútiles. Un uso racional de los recursos permitiría unas condiciones de vida dignas a todo el mundo. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y los conocimientos actuales lo permiten. Además, nuestra sociedad tiene riqueza para poder realizar la transición a otra forma de producir, como veremos más abajo. ¿Cuál es el problema, entonces? Pues que los medios de producción y la mayor parte de esa riqueza no están bajo el control de la sociedad, sino en manos de una minoría de propietarios. A la vez que se ha creado más riqueza que en toda la historia de la humanidad, el grado de concentración de esa riqueza en un polo social, el del capital, ha provocado un grado de desigualdad social sin precedentes.
Según estudios del banco Credit Suisse, fuente poco sospechosa de exagerar, en 2017 el 45,9% de la riqueza mundial está en manos del 0,7% de la población. Suponen 128,7 billones de dólares30.
Según un informe que hizo público la organización Oxfam a principios de 2019, coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial de Davos, “la riqueza está cada vez más concentrada en menos manos (…) en el periodo que va de 2017 a 2018, la riqueza de los ‘milmillonarios’ en el mundo se acrecentó a un ritmo de 2.500 millones de dólares diarios (…) En 2018, 26 personas poseían la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Éstos últimos perdieron en el mismo periodo un 11% de su ‘riqueza’.31
Esta organización presenta de otra forma la misma realidad al afirmar que en 2017 “el 1% más rico acapara el 83% del dinero que se generó en el mundo”. 32
En el caso español el proceso de reparto de la riqueza sigue el mismo patrón, cada vez más desigual. Mientras en 2008 la distribución del PIB era de un 50,14% para los salarios y un 41,67% para los beneficios, diez años después, en 2018, hay un cambio a favor de los segundos; un 47,27% para los salarios y un 42,23% para los beneficios 33. Los salarios pierden 3 puntos que van a los empresarios y a impuestos. Hay que tener en cuenta que, según la EPA del cuarto trimestre de 2018, la tasa de asalarización ha superado el 84% de la población activa34. Es decir, que ese 84% de los asalariados, y sus familia, se tiene que repartir el 47% de la renta generada, mientras el 16% de no asalariados se reparte el 42% de la renta nacional.
Una minoría controla la mayor parte de la riqueza. Según Oxfam Intermon, el 10% más rico de la población española concentra el 53% de la riqueza, mientras el 90% restante se reparte el resto.35
El premio Nobel de Economía, Robert J. Shiller, que advirtió en el año 2000 de la burbuja tecnológica y en 2005 de la burbuja inmobiliaria, afirma: “Un efecto a largo plazo de esta experiencia podrían ser unas instituciones económicas y políticas más redistributivas: de los ricos hacia los pobres, y con mayor preocupación por los marginados sociales y los ancianos”.36 Reconocen el problema, pero, de la misma forma que fueron incapaces de evitar el estallido de las burbujas especulativas, no pueden darle la vuelta a la dinámica interna del sistema. No pueden convencer al tigre de que se alimente de ensalada. La tendencia natural del sistema es la de incrementar la desigualdad social. Es una ley no escrita en ninguna Constitución que solo sufre alguna variación cuando interviene la clase trabajadora a través de la lucha.
Hay medios de producción, conocimientos y riqueza suficiente para repartir el trabajo, pero esa riqueza está siendo acaparada por una minoría exigua de la población.
En el caso concreto de España, “la evolución de la desigualdad de los ingresos desde 2007 revela que una proporción cada vez mayor de las ganancias nacionales se están acumulando entre las personas con mayor poder adquisitivo. Según nuestras estimaciones, el crecimiento total en el ingreso promedio después de impuestos fue cerca del 0% para el 95% de los ciudadanos españoles entre 2007 y 2017. Por el contrario, en la parte superior de la distribución del ingreso, especialmente entre el 1% o, más acusadamente, el 0,1% superior, el crecimiento fue mayor del 10%…”, según un reciente estudio del Laboratorio Mundial sobre la Desigualdad (World Inequality Lab), de la Paris School of Economics 37
Por un lado, encontramos una tendencia general a necesitar menos trabajo-tiempo para producir lo mismo. El ejemplo quizás más evidente es lo sucedido con el sector primario de la economía. En el Estado español, en 1900, la población activa en el sector primario, agricultura y pesca, contaba con 5.209.600 personas, un 70% de la población activa total.38 Se dedicaban, principalmente, a la agricultura cultivando un número de hectáreas similar al que se trabaja un siglo después con menos de una quinta parte de personas dedicadas a este sector, que representa el 4,2% de la población activa en 2019,39 y con un valor añadido infinitamente superior.40 41
Se necesitan menos horas de trabajo para atender las necesidades individuales y sociales. Por otro lado, y sólo en parte, esta tendencia se contrarresta con otra que es la de producir más, en cantidad y variedad de productos. Por eso el sistema capitalista necesita un crecimiento constante. Pero sólo consigue contrarrestarla parcial y temporalmente pues la capacidad productiva se desarrolla una y otra vez más allá de los estrechos límites del mercado. Y sobrevienen las crisis. Esa es la forma en la que el sistema capitalista ajusta el exceso relativo de capacidad productiva. La destrucción parcial de lo ya conseguido gracias al trabajo.
No es una cuestión moral sino de intereses contrapuestos. En un lado, la empresa que razona de la siguiente manera: ¿Para qué voy a contratar a dos personas con jornadas de 28 horas semanales cada uno si, contratando sólo a uno, consigo casi las mismas horas de trabajo con un solo salario, y el resto que se haga con horas extra, que igual ni pago?
Para el Capital, la fuerza de trabajo es un mercancía
El capitalismo, y cada empresa tomada individualmente, trata a la fuerza de trabajo como una mercancía más, que trata de pagar al menor precio y de la que trata de obtener el mayor uso posible. Siempre trata de reducir el salario y prolongar la jornada laboral, siguiendo el consejo que diera un conocido presidente de la patronal española: trabajar más y cobrar menos. La otra opción es aumentar la productividad invirtiendo en mejor maquinaria, de forma que pueda reducir la cantidad de fuerza de trabajo necesaria. Y habitualmente, vemos una combinación de ambos factores.
En la industria hoy se produce mucho más, con la misma o menor plantilla que hace 20 años. Y, gracias a la doble escala salarial y a la externalización de parte del trabajo, se paga menos por el mismo trabajo. A eso a contribuido la creación de un mercado mundial de mano de obra, que ha empujado a la baja el salario medio en todo el planeta. Un claro exponente de esta tendencia ha sido la deslocalización de factorías y empresas de los países más desarrollados a aquellos en los que los salarios eran muy inferiores a los que habían conseguido los asalariados en el llamado primer mundo. De esta forma han conseguido, no sólo reducir sus costes de producción, sino también ejercer una gran presión sobre la clase trabajadora de sus propios países para presionar a los salarios a la baja. Pero este mecanismo por el que ha incorporado a China, y otras zonas, a la producción industrial mundial, se ha llevado hasta tal extremo que la pandemia ha puesto de manifiesto que se ha convertido en dependencia en un grado que sobrepasa el absurdo. Todo lo sucedido con las mascarillas y equipos sanitarios protectores ha sido bochornoso y ridículo. La única razón por la que se producen en países como China muchos de los productos que consumimos, es porque la mano de obra ahí es, hasta ahora, más barata. A igual tecnología, se impone la mano de obra más barata, pues implica más beneficios para los capitalistas.
Además, esa lucha individual para reducir costes provoca que haya una serie de costes sociales, económicos, ecológicos, etc., que no computan en los costes de producción, pero deberíamos tener en cuenta si queremos alcanzar una economía sostenible, ya que son costes reales que consumen recursos naturales limitados. Son costes colaterales e inseparables de la producción, del comercio y la distribución pero que no son reconocidos y que terminan siendo derivados a otra esfera social, la pública, de forma indirecta. Los más fáciles de identificar, aunque no de combatir, son aquellos cuyos efectos acaban teniendo su coste en la salud y en la Sanidad. Véase polución del aire, contaminación del agua o envenenamiento de la tierra.
En 2012, la ONU celebró una Conferencia sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro. En ella se planteó la necesidad de utilizar un Índice de Enriquecimiento Inclusivo (IEI) en lugar del PIB, con el fin de “generar información cuantitativa y análisis que proporcione una perspectiva a largo plazo del bienestar y la sostenibilidad” 42. Es lo que se conoció como PIB Verde, que no ha sido adoptado por ningún país porqué de lo que se trataba era de restar el valor de los recursos naturales deteriorados o de sumar, en el caso de que esos recursos fuesen regenerados o mejorados43.
Ninguna empresa incluye el coste que el desarrollo de su actividad tiene en el deterioro de los ríos y océanos, del aire o de la tierra. Pero es evidente que hay un coste para la sociedad.
También es un coste social que la empresa, como ente individual, tampoco tiene en cuenta, el derroche que supone tener a millones de personas inactivas, desperdiciando su capacidad productiva, creativa y sus fuerzas, dando lugar a multitud de lacras sociales o trastornos de salud que conlleva el desempleo forzoso y que, a su vez, se convierten en otro coste social totalmente evitable. Pero el empresariado, como clase, no tiene interés en acabar con esa situación, sino que mantener la división de la clase trabajadora entre activos y parados, pues se convierte en un arma poderosa para facilitar la reducción salarial. Y también en un medio para traspasar otro coste al Estado. ¿Para qué va a reducir la jornada laboral a sus trabajadores, aumentando los costes, si puede enviar al paro a los que le sobren descargando sobre el Estado su mantenimiento? No es casualidad que el desempleo sea crónico en la inmensa mayoría del mundo capitalistas, o esté encubierto en forma de subempleo, economía sumergida o subsidios de subsistencia. Para el sistema es necesario tener un ejército de reserva de fuerza de trabajo, pues es la condición para mantener bajo el precio de la misma. En todo caso, siempre veremos que las ayudas económicas a los parados son bajas y limitadas, para no “desincentivar” la búsqueda de empleo, lo que significa en la práctica, que los trabajadores y trabajadoras se vean obligadas a aceptar unas condiciones de explotación cada vez más penosas.
Según el Ministerio de Trabajo el año que más dinero se destinó a pagar prestaciones y subsidios de desempleo fue en 2012 que alcanzó la cifra global de 31.678 millones de euros. Repartiendo el trabajo no sólo se podría destinar este dinero a otras necesidades sociales, sino que, al haber más cotizantes, se puede aumentar la recaudación de impuestos, asegurando el fondo de pensiones o garantizando la sanidad pública universal en condiciones dignas.
Un Capitalismo subvencionado por el Estado
Si el desempleo crece como en la anterior recesión económica, o más, la cobertura que percibirán quienes pierdan el trabajo no será la misma que la que tuvieron antes de 2012. A partir de 2013 desciende el dinero destinado a este fin no sólo por la reducción del número de parados sino, sobre todo, por la contrarreforma aprobada en el Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio por el que se recortan tanto el tiempo como la cuantía de ayuda 44. De hecho, la cobertura de desempleo que en 2010 era del 79,8% de los parados, en 2015 había pasado al 58,5% gracias a los recortes y al agotamiento del derecho a prestación de los parados de larga duración. Como consecuencia el gasto por beneficiario se ha reducido y son las mujeres trabajadoras, una vez más, las que cuentan con menor cobertura.
El sistema de libre mercado, el capitalismo, lleva ya un tiempo avisando de que ha sobrepasado sus límites. La iniciativa privada es cada vez más dependiente de los recursos públicos para sobrevivir, a pesar de los discursos neoliberales en contra de la intervención estatal. Y prueba de que esa dependencia creciente es que no sólo se ha hecho imprescindible para la supervivencia de las empresas en épocas de crisis, sino que es la dinámica de funcionamiento cotidiano. Rescates bancarios, subvenciones y ayudas de todo tipo a las empresas, reducción de impuestos, gestión lucrativa de los servicios públicos, privatización de grandes empresas públicas, reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, abaratamiento del despido, utilización de las Administraciones Públicas para realizar grandes obras con escasa o nula utilidad social (aeropuertos, radiales, estaciones AVE…).
La conclusión de todo este apartado es que el reparto del trabajo estableciendo la jornada laboral de 28 horas semanales es posible, es una necesidad objetiva en el desarrollo de los medios de producción pues el inmovilismo en este terreno sólo producirá más desigualdad social. Se puede producir lo mismo trabajando, TODOS EL MUNDO, 28 horas en una jornada semanal de 4 días a 7 horas diarias, que con la actual de 40 horas oficiales y más de 3 millones de parados y 4 millones de temporales o eventuales.
Se podría producir incluso más si tenemos en cuenta que hay una infrautilización media de la capacidad productiva instalada de entre el 20 y el 30%, según el sector y el momento del ciclo económico, y que hay un sector desanimado que no busca empleo, pero le gustaría tenerlo, y que queda fuera de la población activa, cuya proporción es baja en proporción a la población en edad de trabajar.
Una condición democrática necesaria
Trabajar menos, pero trabajar todos, es también una condición democrática, necesaria para facilitar la participación en la gestión social. La participación en los asuntos públicos no es sólo una cuestión de tiempo, pero el tiempo es una cuestión física previa. La democracia representativa ha demostrado sus límites. Delegar nuestra representación en otros es la mejor vía para que nuestros intereses, nuestras necesidades y nuestras inquietudes no sean tenidas en cuenta por el conjunto de unas instituciones hiperjerarquizadas que terminan defendiendo los privilegios de la élite.
Tener tiempo es imprescindible para que, a través de la combinación de participación directa e indirecta, se amplíen los derechos y libertades de la mayoritaria de la población que, actualmente, no sólo es marginada y excluida del reparto de la riqueza sino también del ejercicio real de la democracia, entendida ésta, como participación en las decisiones que condicionan la vida de cada individuo. Una de las virtudes del 15M fue que puso encima de la mesa que uno de los problemas no era la democracia, sino la falta de ella.
Hoy en día todas las grandes instituciones, ya sean privadas o públicas, tienen una estructura jerárquica autoritaria, más o menos legitimada ante la sociedad, con algunos procedimientos aparentemente democráticos. Entre las instituciones que mayor resistencia han ofrecido a la entrada de cualquier elemento democrático en su estructura de funcionamiento podemos contemplar a las empresas, a las Fuerzas Armadas, la Monarquía, a la Magistratura, la Iglesia católica y otras jerarquías religiosas… Las estructuras administrativas y políticas reproducen el mismo esquema a pesar de que cada cuatro años se elijan a los diputados (cinco en el caso de los europeos), senadores y concejales. Son los únicos cargos sujetos a un proceso de elección democrático. El resto —accionistas, consejeros delegados, directores, gerentes, ministros, embajadores, jueces, mandos, subdirectores, jefes y subjefes—, dependen y sólo responden ante la cadena de mando, no ante la sociedad.
No todas las instituciones aplican la jerarquía autoritaria con furia militar, pero en todas, finalmente, el control jerárquico es inapelable. Centralizar la capacidad de decisión en cada una de las cúspides de esas cadenas de mando es la única forma de garantizar el control social, el dominio, por parte de una minoría de familias que ostentan la propiedad de los grandes medios de producción y reproducción social.
Para superar esa fase embrionaria de la humanidad es imprescindible que la participación democrática con capacidad decisoria esté al alcance de todos y no se reserve como un privilegio para profesionales o especialistas. No basta con que los principales recursos sociales sean públicos, sino que hay que disponer del tiempo para que su control, en cada ámbito, sea colectivo, común, democrático. Y esa capacidad se tiene que ejercer de forma cotidiana, ya sea para decidir qué y cómo se produce en una fábrica (si armas o sillas de ruedas, por ejemplo), cuales son las prioridades municipales en determinado barrio o qué cantidad destinamos a la Sanidad o Educación públicas.
El reparto del trabajo nos permitirá dar un paso gigantesco entrando en otra fase de desarrollo de la humanidad en la que una minoría que se ha apropiado del trabajo de todos no imponga las normas sociales y utilice la superstición para justificar su posición dominante.
La base para el desarrollo integral de la persona
Trabajar menos para trabajar todos es también una condición imprescindible para permitir el desarrollo integral de la persona. Uno de los grandes problemas del capitalismo es la desvalorización de los Cuidados. No olvidemos lo sucedido en las Residencias privadas de Mayores en la pandemia COVID19. Esa infravaloración de los cuidados significa que son los trabajos peor retribuidos en la sociedad y reservados mayoritariamente a las mujeres trabajadoras: Maestras, enfermeras, cuidadoras, limpiadoras, secretarias…
Se habla mucho de conciliación de la vida laboral y familiar pero no se trata de ofrecer una serie de servicios como, por ejemplo, “guarderías” de 12 horas para que los padres puedan trabajar 10 horas diarias. Se trata de lo contrario, de que con menos horas laborales se reconozca socialmente el valor de los cuidados y del trabajo reproductivo.
No se trata de que la mujer trabajadora tenga tiempo para hacer las tareas domesticas y familiares y, por ello, se tenga que conformar con trabajos parciales, precarios y mal remunerados, sino que de lo que hablamos es de crear las condiciones para que el reparto de las tareas domésticas y familiares sea realmente equilibrado e igualitario, que haya una auténtica corresponsabilidad, al tiempo que se desarrollan los servicios públicos relacionados con los cuidados de personas con garantías de calidad y universalidad.
Las medidas que se han logrado arrancar en esta dirección (reducción de jornada, días de asuntos propios, flexibilidad horaria, permisos de maternidad-paternidad…) son escasas, limitadas a ciertos sectores y totalmente insuficientes. Es muy significativo cómo evolucionan ciertos acontecimientos importantes en la vida de las personas, que demuestran la dificultad de conciliar la vida familiar y laboral, como el retraso en la edad media en que las mujeres tienen hijos o de la emancipación de los jóvenes. Para la inmensa mayoría de las familias sería un cambio cualitativo contar con un día más a la semana libre de la obligación laboral, para atender a las tareas domésticas, a sus hijos, al descanso o a sus propias necesidades. Porque no se trata sólo de hacer compatible la vida laboral y la familiar, sino de abrir el abanico a otro tipo de actividades culturales, artísticas, recreativas, científicas, deportivas… según las aficiones, cualidades y gustos de cada persona. Ampliar las posibilidades de realización y desarrollo personal más allá de la producción y reproducción de la vida; abrir la senda de trabajar para vivir y dejar atrás la de vivir para trabajar.
Cuidar de las personas y de la Naturaleza
El reparto del trabajo es también una condición de dignificación de la vida de las personas. Es sumamente destructivo sentirse marginado, inútil, desesperanzado, debido a la situación de desempleo forzoso, sobre todo en los casos en los que se alarga indefinidamente. La incertidumbre o la amenaza de perder los recursos básicos que aseguran la supervivencia digna, propia o de tu familia, se convierte en un mecanismo perverso que obliga a los trabajadores y trabajadoras a soportar injusticias, sobreexplotación y abusos de todo tipo. Tener garantía de trabajo digno es la base para poder desarrollar cualquier proyecto vital.
La jornada laboral de cuatro días a la semana también contribuirá, como una más de las muchas medidas necesarias, a la protección del medio ambiente. Sólo teniendo en cuenta los millones de viajes que se ahorran al año sería una contribución inestimable a la mejora de la calidad del aire, al ahorro energético y ayudaría tanto en la reducción de la masificación del transporte público como en la reducción del tiempo que se pierde en atascos de tráfico.
Todo son ventajas salvo un pequeño inconveniente. La oposición total y absoluta de la patronal. Eso ya por sí solo demuestra el papel de freno al desarrollo del bienestar social que juega la iniciativa privada. Su argumento final será: Si aumentan los costes de nuestras industrias y servicios, perdemos competitividad y las empresas cerrarán. Pero ese argumento se responde con otro. Si la medida no se tomara sólo en el Estado español sino en toda la UE, no habría pérdida relativa de competencia. Por eso, la lucha por esta reivindicación empieza en el terreno nacional, pero tiene que tener un carácter internacionalista. Es la única manera de romper el chantaje al que las grandes corporaciones nos someten, haciéndonos competir a unos contra otros. Si en un país tomamos la iniciativa, la clase trabajadora verá con simpatía el ejemplo porque sufrimos problemas comunes en toda Europa, y en todo el mundo. La masiva pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos pasando de mínimos históricos de desempleo a máximos en dos meses, ayudarán a millones de trabajadores a ver con simpatía, y como una necesidad, el reparto del trabajo.
Ojalá que este tipo de medidas se pudiera conseguir con un gran acuerdo de “todos”, pero toda la experiencia histórica demuestra que toda mejora que ha experimentado la clase trabajadora en sus condiciones ha sido gracias a la lucha. No podemos esperar que nadie nos regale soluciones al desempleo y la explotación laboral. Tenemos un reto plantando cara al sistema. La lucha por las 8 horas ya fue una lucha internacional.
La lucha por la reducción de la jornada laboral, que se podría concretar en la jornada semanal de 28 horas, es una tarea y reivindicación común de todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, de los sindicatos de clase y los partidos de izquierda. Tenemos un reto: dejar de estar a la defensiva, perdiendo cada vez más, y pasar a la ofensiva con nuestras propias alternativas. La única salida que puede ofrecer el “Libre Mercado” es un nuevo traspaso de riqueza de los pobres a los ricos, como ocurrió en la crisis anterior, y en la anterior… No se puede hacer frente a la pérdida masiva de empleo que va a provocar la nueva crisis económica con luchas aisladas y descoordinadas. Está en nuestra mano que la salida de la crisis no sea un nuevo desastre para la clase trabajadora. Pero eso implica que solo podemos confiar en que la lucha común y al unísono por el reparto del trabajo y la reducción de la jornada laboral, sin reducción salarial, es posible. Es posible, si tú quieres.
Notas y referencias
1 Desde la llamada crisis del petróleo que en el Estado español se vivió en 1975; pasando por el los años 1979-82 en los que el crecimiento medio del PIB no pudo alcanzar el 1%; la recesión de 1993 que puso fin a una etapa crecimiento del gasto social tras una fuerte oleada de luchas; la de 2008 cuyas consecuencias, sobre todo en el empleo, se prolongan hasta 2013; hasta la actual de 2020.
2 STIGLITZ, Joseph E. There is no invisible hand. London: The Guardian Comment, December 20, 2002.
4 De 83 millones de visitantes al cierre: España, diseñada para el boom del ‘low cost’, se enfrenta ahora al crash turístico. “Esta crisis ha hecho descarrilar un tren que iba a máxima potencia. El sistema estaba sobredimensionado”, señala el geógrafo Josep Ivars. https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/29/de_millones_viajeros_cierre_crash_turistico_desnuda_pais_disenado_medida_del_boom_105772_1012.html
7 https://alternativaseconomicas.coop/articulo/tiembla-el-motor
8 Puesto que la cantidad de piezas en el interior de un coche eléctrico es significativamente inferior a las de un coche de combustión. El 75% de los principales proveedores de la industria automotriz desaparecerán o serán irrelevantes en 2030, a menos que modifiquen su línea de negocio y lo enfoquen hacia la movilidad eléctrica. Un motor convencional tiene 1.400 partes, un motor eléctrico solo 200. Situación y perspectivas del sector del automóvil, CCOO. Septiembre de 2018.
9 “La población se ha duplicado en los últimos 50 años, hay el doble de personas en el planeta, pero la producción de cereales y de carne se ha triplicado, la producción de azúcar se ha triplicado, el consumo de combustibles fósiles se ha triplicado y el consumo eléctrico se ha cuadruplicado. https://www.eldiario.es/sociedad/hope-jahren-geoquimica-increiblemente-aprender-producir-comida-no_128_6228921.html
10 Los monocultivos que conquistaron el mundo. https://www.akal.com/libro/los-monocultivos-que-conquistaron-el-mundo_50902/
12 Blog de Michael Roberts. HM3: el rompecabezas de la inversión de beneficios
13 Datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Paro Registrado. http://www.mites.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
14 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10885#!tabs-tabla
15 Antes de la irrupción de la pandemia había 574.337 personas trabajando en la Sanidad Pública española. https://cadenaser.com/ser/2020/04/08/sociedad/1586325364_643641.html
18 Ibidem
19 Ibidem
20 https://www.boe.es/boe/dias/1980/03/14/pdfs/A05799-05815.pdf
21 El PIB del Estado español en 1983 fue de 182.781 millones de euros, mientras en 2019 alcanzó la cifra de 1,2 billones de euros, exactamente 1.244.757 millones de euros. https://datosmacro.expansion.com/pib?anio=1983
22 http://www.relats.org/documentos/FT.Lecturas.Keynes.pdf
23 ¿Cómo ha evolucionado la Jornada Laboral en España desde una perspectiva histórica? Rafael López del Paso. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5582001
24 https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DT_04_2011_web.pdf
25 JOHN MAYNARD KEYNES “Las posibilidades económicas de nuestros nietos”, 1930
26 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4335#!tabs-tabla
27 https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf
28 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=4335#!tabs-tabla
29 https://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html?_r=0
30 https://www.popcoin.es/magazine/noticia/-como-se-reparte-riqueza-mundial
32 https://www.bbc.com/mundo/noticias-42776299
33 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/01/economia/1549045052_299671.html
34 http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007988-2018-04.pdf
35 https://www.eldiario.es/economia/trabajador-salario-Espana-necesitaria-igualar_0_732126820.html
36 https://elpais.com/economia/negocio/2020-04-11/asi-sera-la-economia-que-vendra-tras-la-pandemia.html
37 https://www.eldiario.es/economia/Espana-ingresa-decada-riqueza-estanca_0_887861309.html
38 https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2017/05/dat/DE_2006_estadisticas_historicas.pdf
39 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3994#!tabs-tabla
40 https://www.efeagro.com/noticia/un-tercio-de-espana-es-tierra-de-cultivo/
41 https://elpais.com/economia/2012/12/18/agencias/1355842086_076224.html
42 http://cl.ly/2k0k300R1W0A422j0U1i
44 https://www.ccoo.es/722ee2d73dad19bca3236a572851c338000001.pdf