Pablo Híjar
Activista de Stop Desahucios Zaragoza y de la campaña #AragónSinDesahucios

Decenas de organizaciones de ámbito estatal o local, encabezadas por las plataformas de vivienda, han convocado una jornada de movilizaciones el próximo 20 de marzo. Habrá concentraciones y manifestaciones en multitud de localidades, la mayoría convocadas entorno a las 11 de la mañana.

Agrupadas bajo la lucha por 8 puntos de mínimos, declaran sus intenciones de forma concisa: «El Gobierno central está preparando la llamada Ley Por el Derecho a la Vivienda: queremos asegurarnos de que esta Ley garantiza realmente este Derecho Humano desprotegido hasta ahora.»

Es necesario recordar que el derecho a la vivienda no es reconocido de forma efectiva, más allá del vago articulado de la Constitución del 78. El movimiento de vivienda quiere que de una vez se reconozca este derecho y por tanto las administraciones públicas obren en consecuencia con su cumplimiento. «Llevamos demasiados años sufriendo a quien pone sus beneficios privados por encima de la vida y salud de millones de personas.» Añaden en su manifiesto.

Los 8 puntos que reclama el movimiento por la vivienda para que sean incorporados a la futura Ley de Vivienda (recogidos en la Iniciativa Ley Vivienda) son:

1- La ley debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, garantizando que esta protección sea efectiva y evitando que ninguna persona sufra situación de sinhogarismo.

2- Stop desahucios de personas vulnerables sin alternativa de vivienda digna y adecuada, así como la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores y en el resto de casos realojo digno y adecuado a cargo de los poderes públicos.

3-Asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en veinte años, haciendo frente a la emergencia habitacional de forma prioritaria. 

4-Regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio. Modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país.

5-Garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna.

6-Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.

7-Ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal. Asignación de una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.

8-Participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.

Extra

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