“Más vale que el gobierno tenga sangre en sus manos, que no agua como Pilatos” (Fraga Iribarne, 1982).

Alberto Arregui

Euskadi Ta Askatasuna (ETA, Euskadi y Libertad), surgió como una organización de lucha frente a la criminal dictadura de Franco. Conflictos como el de Irlanda o la revolución cubana, generaron en un sector de la juventud nacionalista vasca la ilusión de que una táctica de “guerrilla urbana” podía llevar a la liberación del pueblo vasco.

El próximo 8 de abril, la organización abertzale escenificará la entrega de las armas con la presencia de mediadores internacionales en Baiona, para poner fin a 6 décadas de existencia, de acciones y de atentados terroristas.

Los orígenes

En 1957 se producía la escisión de la organización juvenil del PNV, Eusko Gaztedi, de la que surgiría ETA dos años más tarde.
Su presencia fue un factor de gran importancia en todo el proceso de la Transición; acontecimientos como el atentado contra el torturador Melitón Manzanas o el dictador Carrero Blanco le dieron gran notoriedad, su imagen entre la población, especialmente en Euskadi y entre la juventud, no tenían nada que ver con la que después se irían ganando por sus acciones terroristas indiscriminadas.

Baste recordar las manifestaciones contra el Proceso de Burgos, en 1970, en el que se juzgaba a notorios militantes de ETA y que puso al descubierto la crisis de la dictadura sanguinaria de Franco, avivando las fisuras internas, el descrédito y la enemistad incluso con el clero, y con gran repercusión internacional.

Pero el terrorismo individual tiene una dinámica propia que conduce al camino del desprecio a las masas, el sectarismo y la despolitización.

La Transición, que debiera llamarse “el transformismo”, que convirtió a los dictadores y sus cómplices en “demócratas de toda la vida”, reveló uno de sus mayores continuismos, con la aquiescencia de las direcciones del PCE y del PSOE, en la cuestión nacional.

Cuando parecía que el peso de ETA había pasado a un segundo plano en la sociedad, el abandono de la defensa de los derechos democráticos del pueblo vasco (y de los demás) por los partidos de la izquierda, proporcionaron el caldo de cultivo para enquistar el problema durante décadas. La negación del derecho de autodeterminación en la constitución, la represión policial con impunidad y la crisis económica, junto al descrédito de las organizaciones de la izquierda con dirigentes en connivencia con el nuevo régimen, fueron los factores que permitieron que un fuerte movimiento político surgiese en el País Vasco, en torno a Herri Batasuna en 1978.

Existe una gran diferencia entre el carácter de ETA bajo la dictadura y después del 78. Casos como el secuestro y asesinato del ingeniero Ryan, de la central nuclear de Lemóniz y, sobre todo, el horrendo atentado de Hipercor puede servir como ejemplo claro de cómo la dinámica del terror se imponía al carácter político de la organización. Se producía una espiral de atentados y represión por parte del Estado, que adquiriría su punto álgido con el GAL, el caso Almería, Lasa y Zabala…

La derecha clamaba abiertamente por la represión más salvaje, es famosa la frase que Fraga, ministro de la dictadura y fundador del PP, espetó en el debate de investidura de Felipe González en 1982: “Más vale que el gobierno tenga sangre en sus manos, que no agua como Pilatos”. Es la expresión más elocuente de la política del PP respecto al problema vasco.

El gobierno de Felipe González asumió las tesis de la derecha. Baste citar lo que él mismo declaró: “Pepe (Barrionuevo), Rafa (Rafael Vera), señores generales (Enrique Rodríguez Galindo, Emilio Alonso Manglano, Jose Antonio Sáenz de Santamaría) gracias por lo que hicieron. Estoy aquí para dar la cara, porque ustedes no tendrían que darla, no se lo merecen… Ahora veo empapelados a aquellos que lucharon por una convivencia en paz” (El País, 16/7/1997).

Un conflicto político

Si ETA se ha mantenido durante 60 años ha sido porque tenía un apoyo entre un sector de la población en Euskadi, ya que la existencia de la organización armada se fundamenta en la existencia de la represión y en un conflicto político de fondo que no ha sido resuelto, pero ese apoyo disminuyó en picado en un proceso de aislamiento que tiene su mayor expresión en el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en 1997.

En todo este tiempo se produjeron distintos intentos y negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz, los de mayor repercusión fueron las conversaciones de Argel y, desde luego, el pacto de Lizarra, buscando vías de solución que siempre han sido torpedeadas desde los aparatos del Estado o desde los sectores más obtusos de ambas partes.

Los atentados de ETA y la represión del Estado se retroalimentaban. La represión y la negación de derechos democráticos proporcionaban la argumentación política para seguir con la lucha armada. La derecha, el PP, supo encontrar en las acciones de ETA una fuente inagotable de demagogia para conseguir apoyo excitando los más bajos instintos de los sectores con menos conciencia política y más influidos por el nacionalismo español, y así justificar la represión y el recorte constante de libertades democráticas, desde la misma Transición hasta hoy con la “Ley Mordaza”. El caso de Alsasua y la condena de una twitera por un chiste de Carrero son los dos últimos esperpentos represivos que demuestran hasta qué punto se utiliza la excusa del terrorismo para imponer un régimen de amenaza legal que no sólo limite la libertad de expresión sino que imponga la autocensura, que es un grado denigrante de opresión política.

Sin duda, la entrega de las armas es una gran noticia, es la eliminación de un obstáculo en la lucha tanto por los derechos democráticos del pueblo vasco, como por los intereses de la clase trabajadora del conjunto del Estado español y, por eso precisamente, la obstinación de los partidos mayoritarios por darle la espalda es condenable sin paliativos.

Una puerta abierta

Podría parecer que a algunos temen perder el argumento que han podido usar durante décadas para limitar los derechos democráticos y reforzar el aparato represivo del Estado. La provocación política, qué duda cabe, podría conseguir la escisión del movimiento abertzale sobre este punto, y la actitud del aparato del gobierno puede colaborar a alimentar esa ruptura, que podría llevar de nuevo a espolear la idea entre algunos elementos de que es necesario volver a la kale borroka y la lucha armada. Ya existen indicios de este proceso.

Si los partidos, el parlamento, el gobierno, mostrasen que esta entrega de las armas es un camino para reconocer derechos democráticos elementales, como el acercamiento inmediato de los presos, y derogación de la ley mordaza las leyes llamadas antiterroristas, incluida la modificación del Código Penal, la supresión de la Audiencia Nacional y otra serie de medidas, se eliminaría la opción de un rebrote de una organización similar a ETA.

Sin resolver el problema de los presos, no se eliminará este riesgo, y parece que el gobierno del PP no puede o no quiere entender el cambio que se ha producido, sólo quiere una derrota total en el campo policial, sin aceptar que esta es una partida que se juega en la política.

Si el movimiento abertzale centra su lucha en el terreno político será un gran avance y toda la izquierda del Estado español debiera estar poniendo su empeño en que el día 8 de abril sea una puerta abierta a ese camino.