Javier Jimeno

Es obvio que cuando de algo no se quiere hablar se puede actuar de diferentes maneras. Una de ellas es prohibirlo, lo cual sería un ataque flagrante a la libertad de expresión. Otra es hacer de las cuestiones a tratar un drama de dimensiones apocalípticas. Esto segundo se está haciendo con la cuestión de la amnistía y el derecho a la autodeterminación planteada por los partidos independentistas catalanes.

Desde el PP, con el “pirómano” Aznar a la cabeza, hasta Felipe González se presentan estas cuestiones de manera dramática: “España se rompe”, “la democracia está en peligro”. Sin embargo, a estos señores, que se escandalizan por la posible aplicación de una amnistía a todos los implicados en el “procés catalán”, no les escandalizó en su día la aprobación de una amnistía a todos los implicados en la represión de la dictadura franquista.

¿Acaso lo ocurrido en Cataluña con la declaración unilateral de independencia es más grave que 40 años de dictadura? El argumento que se empleó entonces para justificar dicha amnistía, “la reconciliación nacional”, no es válido para la “reconciliación tras el procés”.

A Felipe González parece que se el olvida que indulto al General Alfonso Armada condenado por su intento de golpe de estado el 23 de febrero de 1981. Por su parte, José María Aznar indulto a José Barrionuevo, ministro de interior con F. Gonzalez y a su secretario de estado Rafael Vera condenados por practicar terrorismo de estado en el secuestro de Segundo Marey.

Obviamente tratar el “procés catalán” en términos dramáticos evita una reflexión sería sobre porqué ocurren las cosas. Un ejemplo muy reciente es la recogida de firmas para que se retire del Festival de Cine de San Sebastián el documental “No me llame Ternera” de Jordi Evole y Márius Sanchez sin que ninguno de los firmantes lo haya visto, pero todos tienen claro que es un blanqueamiento de ETA.

La cuestión catalana, al igual que la cuestión vasca son la expresión de un conflicto político que no resuelve la actual constitución.
La Constitución Española legaliza a los partidos independentistas, a la defensa de la independencia como objetivo, pero impide de facto su realización, puesto que el mecanismo para lograr dicho objetivo es imposible de alcanzar.

Decir que la independencia de Cataluña o Euskadi solo es posible si así lo deciden el conjunto de los ciudadanos de toda España es lo mismo que decir que es imposible. No es de extrañar que haya sectores del independentismo que consideren que la única manera de lograr la independencia sea por vías unilaterales.

Desde un punto de vista democrático la mayor o menor “españolidad” de Cataluña o Euskadi está determinada por la opinión que al respecto tengan las personas que viven y trabajan allí.

Por lo tanto, conocer cuál es la proporción de habitantes que en dichas comunidades están a favor o en contra de la independencia sería muy positivo para comenzar a resolver la cuestión.

Por ejemplo, pensemos que en Cataluña se realiza un referéndum sobre la independencia y un 55% está en contra y un 45% a favor. ¿Se ha resuelto la cuestión? Sería descabellado pensar que al cabo de unos años y en determinadas circunstancias un 10% o 15% de catalanes puedan cambiar de opinión en favor de la independencia.

O lo podemos plantear igual pero al contrario. El 55% estaría a favor de la independencia, ¿en qué situación quedaría el 45% de los catalanes que quieren seguir en España? ¿No habría que tenerlos en cuenta? Que haría el gobierno de la Cataluña independiente si al cabo de unos años un 10% o 15% de catalanes cambian de opinión y piensan que en España estaban mejor. ¿Se reconocería el derecho a la autodeterminación para volver a España?

Planteo estas cuestiones, para explicar que la autodeterminación no es una solución en sí misma. Pretender que en un solo acto queden definidas por y para siempre las relaciones entre España y Cataluña y Euskadi está fuera de toda lógica. De la misma manera establecer un mecanismo constitucional que haga imposible la independencia no cambia un ápice que haya catalanes y vascos que ni se sienten ni se van a sentir españoles.

En la transición española, a la hora de configurar las comunidades autónomas, se planteó el problema de Navarra donde una parte de sus habitantes eran y son partidarios de unirse con la Comunidad Autónoma Vasca y otra no.

Entonces se optó por incluir en la constitución la DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA, que regula la forma en que los navarros pueden celebrar un referéndum para decidir integrarse en la Comunidad Autónoma Vasca. Incluso está abierta la posibilidad de un nuevo referéndum posterior para cambiar de opinión.

No es casualidad que la derecha navarrista de UPN y el PP apuesten por eliminar dicha disposición de la constitución, para evitar que Navarra pudiera llegar a decidir unirse a la CAV. Para esta gente lo secundario es la voluntad de las personas frente a los textos legislativos.

Es obvio que la sociedad necesita tener leyes que regulen la convivencia, pero no son algo absoluto e inamovible. ¿Acaso los activistas por los derechos civiles en Estados Unidos hacían mal al no respetar las leyes segregacionistas? ¿A caso eran justas las condenas a los insumisos que se oponían a la mili obligatoria en España?

Anular las condenas derivadas del “procés catalán” y articular la manera en que se puedan expresar los catalanes es plenamente coherente con un gobierno que quiera llamarse progresista.

El PSOE y SUMAR tienen que explicar que conseguir apoyos para formar un gobierno progresista es para llevar adelante un programa que profundice los derechos laborales de las personas trabajadoras, la mejora de las pensiones más bajas, medidas contundentes para garantizar el derecho a la vivienda o mejorar la educación pública, laica y gratuita a todos los niveles.

Si para lograr el apoyo de Junts per Catalunya o el PNV a la investidura hay que renunciar a la esencia de un programa que merezca el nombre de progresista, mejor luchar en unas nuevas elecciones generales por mejorar los resultados de la izquierda.