Jokin Mendizábal entrevista en profundidad a Javier Calderón, integrante del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudio de América Latina y el Caribe, IEALC-UBA.

El próximo martes (1 de junio) Javier participará junto a Milena Ochoa y Fernando Buen Abad en la próxima conversación online de porelsocialismo.net. ¡No te la pierdas!

Entrevista con Javier Calderón*

JM- Colombia está captando todos los días desde el pasado 28 de abril el interés de todos los medios internacionales por la impresionante respuesta de los trabajadores y el pueblo en general al intento de aplicar un ataque impositivo por parte del gobierno de Duque descargando aún más el peso de la enorme crisis en las espaldas de los trabajadores y clases populares. ¿Podrías darle un marco político a este movimiento?

JC– Es un movimiento contra 40 años de neoliberalismo, condensados en el gobierno de Iván Duque, integrante del Partido ultraderechista Centro Democrático. Cuya política económica es neoliberal, centrada en la desregulación del trabajo y la concentración de la riqueza, usando la violencia del Estado como herramienta principal de coacción social para imponer sus políticas. En estos tres años de gobierno, Duque realizó un ajuste económico paulatino y sostenido, en marzo pasado, presentó la tercera reforma tributaria de su mandato, argumentando que el país necesitaba más recursos para la lucha contra la pandemia, después de un año muy duro, no solamente para Colombia, sino para la humanidad. Un año de pandemia en que Duque decidió entregar los recursos estatales al sistema financiero para que hiciera préstamos con intereses de usura a PyMES y comercios, sin atender la crisis de las y los trabajadores y sus familias. No se financiaron, como se hizo en otros países, las nóminas de trabajadoras y trabajadores, no se acompañó de manera directa al sistema de trabajo ni a las empresas que generan trabajo y mucho menos a las y los trabajadores informales. Decisiones equivocadas que agravaron la situación de precarización de las y los trabajadores, tras cuatro décadas de implementación del modelo neoliberal que construyó una estructura de la precariedad y la desigualdad. Cerca del 52% de las y los trabajadores están en la informalidad, y quienes están en la formalidad, con contratos de trabajo, tienen escasos derechos y cuentan con contratos precarios. Las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, como las restricciones de movilidad, cuarentenas largas y distanciamiento social tenían que ir acompañadas de apoyos directos del Estado hacia las y los trabajadores informales, las empresas pequeñas y a las personas desempleadas. Como esto no ocurrió, las personas tuvieron que salir a buscar trabajo, romper las cuarentenas, porque en los barrios las familias estaban pasando hambre.

En este contexto, el presidente Duque, con mayoría en el Parlamento, ha venido gobernando por decreto, cargando la crisis en la clase trabajadora y sectores medios. Las facciones en el poder crearon la crisis con una gestión errática de la economía durante la pandemia. La población no aguantó más, y a pesar de estar cursando una tercera ola de la COVID19, en un pico alto de contagios, el Comité Nacional de Paro (1) decidió convocar a un Paro Nacional, teniendo en cuenta que lo que se venía con la reforma tributaria y las erráticas medidas gubernamentales era peor. Si la sociedad decidió expresarse en las calles en medio de la pandemia, es porque la situación social y económica es mucho más peligrosa y demandante.

El Paro, convocado para el 28 de abril, significó retomar una agenda de demandas sociales muy grande que el gobierno había desatendido. Desde el 2019 estaban abiertas las movilizaciones y protestas, con el objetivo de exigir a Duque la implementación de políticas y asignación de recursos estatales para resolver 104 demandas de todos los sectores sociales movilizados, un pliego que Duque desoyó con desdén y soberbia. A esas demandas se sumaron las protestas para cuestionar la gestión estatal de la pandemia.

Este es el marco, las mayorías observan un gobierno de espaldas a la sociedad, muy de espaldas a las demandas populares que ya se habían venido reclamando, sin ser tenidas en cuenta. El gobierno pensó que utilizando las restricciones y el argumento de la pandemia iba a poder seguir controlando el descontento social y la propia realidad demandante de políticas y resultados concretos. De hecho, hasta el último día antes del paro, la matriz informativa del Estado estuvo orientada a socavar la voluntad de movilización, pedían no salir a movilizarse ante el riesgo de contagios. No salgan, no es el momento de movilizarse dijeron al unísono los grandes medios de comunicación. Cuatro semanas después, vemos como la gente sigue saliendo a marchar, a pesar del riesgo de contagio. Una decisión desesperada, que muestra el hartazgo social a un modelo de desigualdad y precariedad insufrible.

JM- Es imposible poder entender la historia de los últimos 50 años de Colombia sin tener en cuenta su relación y supeditación de la oligarquía al imperialismo norteamericano. ¿Podrías explicarnos qué pasó a principios de los años 60 entre el gobierno de Colombia y el de los EEUU presidido por J F Kennedy?

JC– La historia de la relación de EE. UU. con la clase dominante o con el poder colombiano es bastante larga, inicia mucho antes que el impulso de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, en los años 60, que es por lo que vos me estás preguntando. Es necesario ir un poquito más atrás para entender lo ocurrido en el ciclo largo del poder oligárquico en el país; trataría de enmarcar esta conversación alrededor de una idea que está en el fondo de esa atadura de Colombia con EEUU, del fuerte lazo de dominación: los sectores de poder colombianos, desde la década de los 40, sucumbieron y se plegaron al panamericanismo, a la idea monroista de América para los americanos. Y la forma en que se plegaron fue múltiple, no solo en el orden político sino también en otros órdenes como lo voy a explicar. Lo primero es que Colombia fue fundamental en la creación de la OEA (Organización de Estados Americanos) el principal instrumento de esa política de anexión de Latinoamérica a los EE. UU. La reunión constitutiva de la OEA se realizó en Bogotá en 1948, y durante el desarrollo ocurrió un hecho que cambió la historia del país por décadas, el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán (2). Durante esa reunión se produjo el primer estallido social de envergadura nacional en Colombia, que se conoce como el Bogotazo. Un hecho que sirvió, a su vez, para legalizar las restricciones democráticas que impidieron a los sectores populares conformar un proyecto de país con justicia social. Los sectores pro norteamericanos tomaron el control total del país y EEUU les premió, el primer Secretario General de la OEA es un colombiano, Alberto Lleras Camargo, un hombre de la oligarquía colombiana que jugó un rol fundamental en lo que sería la política de EEUU para la dominación regional, en pleno desarrollo de la guerra fría. La venta/sesión del canal de Panamá en 1903, fue un hecho anti soberano del poder colombiano, pero la participación en la estrategia de dominación de los EE. UU. sobre la región marca un antes y un después en la política colombiana.

El segundo lazo de conexión es el económico. Los lazos de Colombia con EE. UU. se estrecharon con la anuencia panamericanista, y la imposición económica resultó el paso a fortalecer. Desde aquel momento, empezaron a enviar misiones económicas, siendo la de mayor impacto la liderada por un canadiense Lauchlin Currie, delegado por el Banco Mundial, que llegó a Colombia a finales de los 40 con el objetivo de ordenar la política económica del país y fortalecer el proyecto capitalista.

Y por supuesto, se estrecha la conexión militar. En 1947 se conformó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con la adhesión total de la clase dominante colombiana. Un tratado que promovió la participación de Colombia en la guerra de Corea, en apoyo a los EE. UU. Un hecho que representó un paso decisivo, pues se convirtió en el único país de América Latina en enviar tropas a esa guerra de ocupación.

Tenemos entonces tres ejes fuertes de conexión, alrededor de la estrategia panamericanista de los EE. UU., que enlaza la política y la geopolítica del país, con una supeditada política económica y una coordinación sumisa en la cuestión militar. Eso se desarrolla y se mantiene hasta el día de hoy, con distintos momentos y matices.

La guerra entre el Estado colombiano y las FARC se inicia justamente con el apoyo de militares norteamericanos, en una operación que se conoce como el Plan LASSO (Latin American Scurity Operation) (4) que se desarrolló en 1964, con un constante y marcado apoyo durante las décadas posteriores. Una conexión que en las últimas dos décadas se concretó con la implementación del Plan Colombia, que termina de agravar el ciclo de violencia en el país y fortalecer esa dinámica de relación militar. En la relación económica, desde comienzos del siglo XXI, la derecha colombiana está empeñada en la idea del libre mercado para favorecer a los EE. UU., jugó un rol muy fuerte para tratar de implementar el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) y tiene firmado una veintena de lascivos tratados que ayudaron a destruir la industria nacional y miles de puestos de trabajo. Esos grosso modo, han sido los ejes de conexión de la clase dominante con los EE. UU., que, como lo he dicho son históricamente muy fuertes y multidimensionales.

JM- Años 80, explota en el sentido de su dimensión el narcotráfico y también al mismo tiempo la lucha contrainsurgente de las FFAA colombianas contra las guerrillas. Cuéntanos cuales fueron las guerrillas fundamentales en esa época en Colombia y cómo se desarrolló este periodo de los 80 hasta las negociaciones de paz que hubo.

JC– Yo dividiría esos procesos del narcotráfico y de las guerrillas porque son dos procesos que son inconexos, por lo menos en esa etapa de los años 80 son completamente inconexos. Primero comento sobre el narcotráfico. El narcotráfico llega al país de la mano de la Guerra de Vietnam. Esta guerra generó una alta demanda de opiáceos en el mundo al ser utilizados por los militares norteamericanos como medicinas y psicoactivos para sus tropas. Esa demanda empezó a promover el uso de cultivos tradicionales de coca, amapola y marihuana, utilizados de forma tradicional por los pueblos originarios como medicinas. Los opiáceos se convirtieron en mercancías de exportación a unos precios exorbitantes en el extranjero, aunque a unos precios irrisorios en Colombia.

Está documentado que son los norteamericanos los que se empiezan a llevar la droga a finales de los 60 y comienzos de los 70 empiezan a llevarse la marihuana. Los indígenas utilizaban la marihuana en ungüentos para aliviarse los golpes, torceduras para la artritis, y prácticamente se daba de forma silvestre. Pero los norteamericanos encontraron en esto un gran negocio, se lo llevaban a un muy bajo preciso, y en EE. UU. la vendían a precios exorbitantes. Lo mismo hicieron con la hoja de coca y el extracto de la amapola. El narcotráfico surge, entonces, ligado a la trama geopolítico de la Guerra de EE. UU. contra Vietnam, por su alta demanda de drogas, no surgió de una decisión del campesinado colombiano o los indígenas de convertir la coca en una mercancía, ni estructurar la economía transnacional de narcotráfico. Una rentable empresa que se fue desarrollando y se convirtió en una aliada fundamental de los poderes locales de la derecha en Colombia. Pablo Escobar y los carteles de la droga, siempre estuvieron ligados a los círculos del poder, por ejemplo, luego del escándalo Irán-Contras, en 1985-86, tras quedar al descubierto el financiamiento de los EE. UU. a los contras en Centroamérica, Pablo Escobar se convierte en el principal financiador de estos grupos contrainsurgentes. Pablo Escobar además fue un político ligado a la clase dominante, en 1982 resultó elegido representante a la Cámara por el Partido Liberal, como parte del entramado político de la ciudad de Medellín, muy cercano a la familia de Álvaro Uribe. La mafia financió la guerra de los contras en Centroamérica porque ellos, el cartel de Medellín, y todos los capos de ese momento, estaban fuertemente influenciados por el anticomunismo de la guerra fría. En Colombia empezaron a financiar escuadrones de la muerte, que se conocen como paramilitares, para la lucha antisubversiva. Son los capos de la mafia quienes contratan al coronel y mercenario israelí, Yair Klein, hoy prófugo de la justicia, para entrenar las tropas paramilitares en la lucha antisubversiva. Ese es un proceso que empieza en el 83-84 y termina con el genocidio de la Unión Patriótica-UP y de A luchar, dos partidos de la izquierda colombiana conformados en los años 90 como parte de los primeros intentos de acordar la paz. Más de 5000 militantes de esos partidos, en especial de la UP, fueron asesinados en esa trama de violencia estatal de terrorismo de Estado, a través de estos grupos narcotraficantes y paramilitares.

Por otro lado, está el movimiento insurgente que tiene como hito fundamental el año 1948, tras el asesinato de Gaitán. Fue el estallido de la guerra civil entre partidarios de Gaitán y partidarios del gobierno conservador. Una guerra cruenta y con una resolución elitista y excluyente de las bases populares protagonistas de la confrontación. Sobrevino una dictadura acordada por los principales dirigentes liberales y conservadores, que desemboca en un acuerdo bipartidista; lo hacen en Benidorm amparado por el dictador Franco. El dictador español se convirtió en el anfitrión de las partes, mostrando la enorme influencia sobre la derecha colombiana. Como se podrán imaginar, las élites pactaron construir un régimen bipartidista en 1957, luego de 300 mil muertes y 10 años de violencia, bajo un proyecto de democracia restringida. Cerraron la posibilidad de participación política a terceros partidos y movimientos sociales, es de facto, un régimen excluyente que está en la base del conflicto armado interno que aún no termina. Un acuerdo apoyado por EE. UU. y España en el marco de la guerra fría, para cerrar el paso al pensamiento socialista, a las organizaciones comunistas y de la izquierda nacional. Se configura un bloque de poder liberal en lo político, conservador en lo social/cultural y contrainsurgente.

Como resultado de esa concepción de ese bloque de poder, surgen como respuestas las luchas guerrilleras. Las FARC en 1964, el ELN en 1965, y luego otros grupos insurgentes más (M-19, EPL, PRT, Quintín Lame (una guerrilla indígena), ADO, Comandos Populares). Para 1984, Colombia tenía a la mayoría del movimiento popular en proyectos guerrilleros, que se agruparon en lo que se dio a conocer como Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. En 1982 algunas de estas fuerzas inician una negociación política con el gobierno de turno (Belisario Betancur), aunque otros descreen en la voluntad de paz del gobierno y no entran en esa negociación o salen de ella. Las FARC, que era la guerrilla más grande, ya los años 80, continúan y logran el primer acuerdo de paz en 1984, que se llamó “Cese al fuego tregua y paz”

Con ese acuerdo, se silencian los fusiles hay una tregua nacional, se permite la creación de un partido político, con el proyecto de incorporación paulatina de la guerrilla a la vida civil y la concreción de una apertura democrática. Un proceso de paz que generó gran expectativa y empezó a resquebrajar el sistema bipartidista, el gobierno hizo reformas de descentralización, logrando la elección popular de alcaldes y gobernadores, además de aceptar la participación de otros partidos políticos en las elecciones. Fue un momento histórico para Colombia. Surje la Unión Patriótica, un movimiento político en el que confluyeron movimientos sociales, sectores políticos de diversas tendencias, la izquierda tradicional colombiana y algunos referentes de la guerrilla. Su primera elección es todo un éxito, ocupan el tercer puesto en las elecciones presidenciales, logran senadores, representantes a la Cámara, alcaldes y concejales. Un éxito que leyeron desde el poder político y militar del país como un peligro, luego de las elecciones de 1986, empezó el genocidio.

Estas fuerzas oligárquicas y enemigas de la paz, compuestas por militares, paramilitares, narcotraficantes y otros agentes del Estado, empiezan a asesinar sistemáticamente a las y los principales referentes de la Unión Patriótica. Mataron dos candidatos presidenciales, 11 senadores, cerca de 80 concejales, algunos alcaldes y militantes. Fueron eliminados a sangre y fuego del mapa político.

Un genocidio que impidió la paz. Mientras tanto las otras guerrillas continuaron sus acciones y a finales de los 90, con la crisis y colapso de la Unión Soviética, entran a pensar en un acuerdo político con el gobierno. En 1990, como parte de esos procesos se convoca a una Asamblea Constituyente, que permitió la incorporación a la vida civil del M-19, Quintín Lame, Comandos Populares, un sector del ELN (la Corriente de Renovación Socialista), el PRT y el EPL. Todas esas guerrillas llegan a acuerdos con ese gobierno menos las FARC y el ELN.

JM- Un periodo denso aquel.

JC– Muy denso. Te puedes imaginar que en aquel período estaba la dictadura en Chile, en Argentina hasta el 83, en Uruguay, en Brasil, etc. Y en Colombia se dio de esta manera en lo que se conoce como los Estatutos de Seguridad. No hubo dictadura, pero hubo Estatuto de Seguridad, un régimen muy duro.

JM- 4ª P- A finales de 2019 y principios de 2020 se desarrolló en Colombia una serie de movilizaciones de gran magnitud solo interrumpidas por la pandemia en marzo del 2020. ¿Nos podrías comentar cómo fue aquel movimiento ya que son las movilizaciones inmediatamente anteriores a las actuales?

JC– En el 2019 se convocaron varias movilizaciones, en una situación muy similar a los hechos vividos en estas semanas, en respuesta al anuncio gubernamental de una reforma tributaria con un carácter regresivo (la segunda del gobierno de Duque), que les otorgó millonarias exenciones tributarias a las grandes empresas, a las transnacionales y al sistema financiero. El uribismo siguiendo al trumpismo, argumentó la reforma como un mecanismo para crear empleo, quitando peso tributario a las empresas, para provocar un “derrame” de riqueza hacia los sectores populares. Una falacia que claramente nunca llega.

La respuesta en 2019 fue convocar a un paro el 21 de noviembre de 2019, diversas organizaciones sociales y sindicales fueron las promotoras de esa medida de presión. Un llamado que desbordó las expectativas, tanto de quienes convocan como del gobierno. La jornada convocó a vendedores/as ambulantes, jóvenes, estudiantes, desempleadas, muchos sectores salieron a demostrar el cansancio por las medidas económicas, y el rechazo a 40 años de neoliberalismo violento.

Sostengo que lo que hemos venido teniendo en Colombia es un neoliberalismo de guerra, porque desde que nació en los años 80, como lo dije anteriormente, ha sido sostenido por la violencia estatal y paraestatal. Son cuatro décadas ininterrumpidas de profundización de las medidas neoliberales, con consecuencias profundas en la sociedad, como la pauperización permanente de las condiciones de vida, la desigualdad, y una cultura individual de emprendedores, insolidaria, con la coacción violenta del Estado y un bombardeo sistemático de sentidos comunes en los medios de comunicación.

Colombia es, después de Haití, el país con mayores niveles de desigualdad de América Latina y los números así lo comprueban. En abril el gobierno informó que en el país hay 21 millones de personas por debajo de la línea de pobreza monetaria, y 7,5 millones por debajo de la línea de pobreza extrema monetaria. Casi la mitad del país no llega a fin de mes, y el 15 % sólo come 1 vez al día. Se precarizaron las llamadas clases medias, que en la práctica están desapareciendo, dejando claro para la sociedad que el neoliberalismo no permite el ascenso social. Esto es una de las claves para entender lo que estamos viviendo desde el 2019.

Un sector de clase media había sido durante mucho tiempo un muro de contención para la movilización popular. Siempre habían hecho concesiones a los sectores del poder, con la falsa idea de su ascenso social, mientras tuvieron alguna comodidad económica, impidieron convertir en opinión pública lo que ocurría en los sectores rurales, en los barrios populares de las grandes ciudades. Tras llegar la pauperización económica de las clases medias, producida por el neoliberalismo, se resquebrajó su solidaridad con los sectores del poder colombiano. Los sectores pobres de la clase trabajadora ya estaban empobrecidos y enojados, pero solos no tenían la fuerza para romper los cercos mediáticos y políticos creados por la derecha.

2019 es un año de quiebre, un momento histórico, desde los años 70 no ocurría una demostración popular de esta magnitud, con movilizaciones multitudinarias y mucha organización social. Movilizaciones siempre hubo, pero no de estas magnitudes. En 2019 se conformó el Comité Nacional de Paro (CNP) que congregó a la multiplicidad de fuerzas sociales y sindicales movilizadas, y organizó un pliego nacional de 104 puntos en el que se incluyeron todas las reivindicaciones expresadas en ese primer estallido social. En enero del 2020, antes de declararse la pandemia mundial, el CNP organizó un cronograma de lucha que consistía en movilizaciones paulatinas, mes a mes, hasta lograr un paro nacional de envergadura contra la política económica del gobierno, en octubre 2020. Un cronograma frustrado por la pandemia.

El gobierno nunca se quiso sentar con el CNP para dialogar para abordar el pliego nacional, diciendo de forma despectiva que era una lista de reclamos sin representación política y que ellos habían ganado las elecciones, es decir, que la gente había votado por una política económica que ellos estaban cumpliendo. El pliego nacional elaborado en 2019 con un sentido antineoliberal, y el errático manejo estatal a la pandemia, son los dos principales detonantes de la actual situación.

JM- ¿El Comité de Paro está compuesto por sindicatos y qué otras fuerzas sociales y políticas?

JC– En el CNP están las centrales obreras principales, la Central Unitaria de Trabajadores-CUT, la Central General de Trabajadores-CGT, el gremio docente, y otras expresiones múltiples de las organizaciones sociales: estudiantiles, campesinas, indígenas, afrodescendientes, barriales, feministas, animalistas, defensoras de DDHH, entre otras.

En buena medida porque el sindicalismo colombiano fue reducido a la fuerza por el modelo neoliberal y por la violencia estatal. El primero destruyó los derechos laborales de asociación, y el Estado se ensañó contra el movimiento sindical. En un estudio publicado en el 2020, la Escuela Nacional Sindical, informaba de 3240 sindicalistas asesinados. Colombia también es el país más peligroso del mundo para ser sindicalista. El Estado atribuía esas muertes al desarrollo del conflicto armado interno, pero en realidad, los grupos de poder decidieron eliminar físicamente a la dirigencia sindical opuesta al neoliberalismo. Solo el 4,5% de los trabajadores está organizado en sindicatos.

JM- Es muy llamativo, uno se puede imaginar que es muy difícil organizarse sindicalmente quizás políticamente también, pero a ese extremo, con ese nivel de asesinatos de líderes sindicales… porque no solo son los que asesinan si no que los que no asesinan también se lo tiene que pensar mucho, me imagino, cuando en una reunión te proponen ser elegido como representante sindical ¿no? Debes mirar atrás y pensar en algunas cosas… es una situación realmente muy dura, es como una dictadura con el disfraz de una democracia lo que tenemos en Colombia.

JC– Sí por supuesto. En un diálogo con el compañero Hugo Moldiz, exministro de Gobierno de Bolivia, tras el golpe militar en ese país, reflexionamos sobre América Latina, Hugo decía, estamos en una suerte de democracia de estado de sitio. Desde mi perspectiva, la ofensiva conservadora desatada en la región ha tratado de imponer una democracia simulada, y para el caso colombiano una democracia militarizada. Espero que en Perú no llegue a ganar Fujimori porque representan eso, democracias militarizadas que no respetan las formas democráticas impuestas por las clases dominantes, luego de las dictaduras y los estados de excepción. Con el Paro ha quedado claro que Colombia no tiene una democracia como el poder lo pregona.

JM- Me parece importante que nos puedas explicar algo sobre el último proceso de paz en Colombia y la ruptura de ese pacto entre las guerrillas y el gobierno colombiano que ha provocado tantos cientos de asesinatos a líderes políticos y sociales.

JC– Conectado con lo conversado más atrás sobre la estrecha y vieja relación de las clases dominantes con EE. UU., se puede afirmar, apoyado en la tradición de la intelectualidad crítica colombiana, que en Colombia se instaló desde los años 50 un Estado contrainsurgente. Todo el andamiaje estatal se puso al servicio de la lucha contrainsurgente, que no es solo contra las guerrillas, si no contra la población susceptible de apoyarles o de tener alguna conexión con ellos. Se impuso la teoría del enemigo interno, abracando a toda persona que disiente del neoliberalismo, cualquier critica al gobierno es vista como un acto hostil, y las fuerzas militares o paramilitares actúan en consecuencia.

La salida fue planteada desde hace mucho tiempo desde los sectores sociales y populares, incluyendo a las insurgencias. Desde los ochenta hay consenso que debe darse una salida política negociada al conflicto armado como una estrategia de desestructuración de ese régimen violento, de ese Estado contrainsurgente, de esa democracia militarizada. La paz se convirtió, entonces, no en concepto ingenuo, ni en un discurso pacifista antipolítico. Muchos, desde afuera lo interpretan así, y algunos opositores a las negociaciones de paz lo señalan de esa manera. Pienso que cuando se habla de paz en Colombia, se está diciendo que existe la necesidad de cambiar el eje gravitacional de la política colombiana, pues está a girado en torno a la guerra hace sesenta años. La paz como eje de la política, para un sector progresista y de izquierda del país no significa ausencia de conflicto o concesión, todo lo contrario, significa permitir que la discusión de la sociedad sea sobre la economía, sobre los temas fundamentales de la justicia social, de las transformaciones necesarias en un país ruinoso para las mayorías, discutir sobre la participación, la democracia, garantizar la vida de todos quienes participen en el debate político. Una visión contraria a la concepción del Estado y de ese bloque de poder contrainsurgente que vive de la guerra. La clase dominante estaba interesada en llegar a un acuerdo de paz para generar un clima de negocios en favor de los negocios extractivistas y financieros, “para crecer necesitamos que el país esté en paz” decían en los medios de comunicación. En esa disputa tan fuerte se llega al Acuerdo de paz de la Habana en 2016, y lo que sobrevino fue continuación de la misma disputa. La ultraderecha quiere convencer al país que la única salida del país es la militarización y la guerra, para aplastar las voces contrarias a sus intereses.

Dos miradas distintas, que confluyeron en ese momento para llegar a un acuerdo de paz, saltando múltiples tropiezos, con un sector de las fuerzas militares en contra, y con el sector estatal contrainsurgente dispuesto a sabotear la implementación. El Estado colombiano, luego de seis décadas, está hecho para la lucha contrainsurgente, no está dispuesto para la paz.

Después de la firma del acuerdo de paz vinieron hechos muy complejos como la derrota de la refrendación del texto del acuerdo en el plebiscito convocado por el entonces Santos. Quien no quiso, o no tuvo la fuerza suficiente para enrutar la implementación. Luego llegaron las elecciones y ganó Duque, gracias a que las fuerzas que apoyaban la paz no unificaron fuerzas y participaron divididas.

Con el triunfo del uribismo en cabeza de Duque, el Estado viene incumpliendo la mayoría de los puntos acordados en el tratado de paz, aunque la guerrilla viene cumpliendo prácticamente todo. Dentro de los procesos de paz a nivel internacional con grupos guerrilleros, Colombia es el caso donde las guerrillas más han cumplido. Casi el 92% de las personas que firmaron el acuerdo siguen comprometidas con éstos. El acuerdo sigue en pie, muy maltrecho por los incumplimientos, se logró sostener el sistema de justicia para la paz y la guerrilla tiene diez congresistas como parte de ese acuerdo.

Esos incumplimientos estatales, no fueron obstáculo para que la sociedad entendiera que el problema no eran las guerrillas, una parte de la población perdió el miedo a manifestarse, ya no teme que le sindiquen o relacionen con las guerrillas. El Acuerdo de Paz y el incumplimiento estatal, contribuyeron sin duda a motivar las inmensas movilizaciones que hemos tenido en los últimos años. Por ahora, el eje de la disputa política colombiana es la paz, y con ello, las demandas populares están en el centro de la disputa.

JM- Por último, preguntarte por la perspectiva a corto y medio plazo. No va a ser fácil entiendo yo que el movimiento cristalice en algunas conquistas. Pero ¿cuál es la perspectiva que tú le ves?

JC– Estamos ante una ruptura con el neoliberalismo. Es un momento de inflexión política, que se viene construyendo con muchos hechos. Con las movilizaciones por el Acuerdo de Paz, y por sus efectos culturales y políticos como ya lo comenté, el acumulado de la organización social, sindical, juvenil, feminista, estudiantil, campesina, indígena, afro, todo un acumulado social, que con mucho esfuerzo se construyó durante décadas como alternativa de transformación en el país.

Se produjo un momento de inflexión, con una generación joven como protagonista, con opiniones diversas, sin partidos como protagonistas. Un momento todavía muy nebuloso, con mucho ruido, que impide tener certezas sobre hacia donde va Colombia. Aunque, con lo visto hasta el momento, se pueden pensar tres escenarios posibles.

1. El primero es un escenario negativo. Es posible que el poder logre encajar la crisis y la administre a su favor, y pueda recomponerse a partir de una narrativa de autoridad (de autoritarismo en realidad) desarrollada en sus discursos públicos y multiplicados por los medios de comunicación. Pueden triunfar en la idea de que Colombia necesita autoridad como salida a la crisis, el uribismo, incluso está dispuesto a culpar al presidente Duque de la crisis, argumentando que no tuvo la capacidad de ejercer la autoridad suficiente para controlar la protesta social.
   
   El uribismo y los demás partidos de derechas están trabajando, desde hace meses, en conformar una propuesta electoral de derechas sin Uribe, tras el deterioro de la imagen del expresidente y de Duque, su delfín. Pueden, con su demagogia característica, tomar como banderas electorales algunos puntos propuestos por el Comité del Paro. Pueden vender un proyecto de autoridad con asistencia social, usando como prenda de garantía la lealtad de las fuerzas militares y policiales con su proyecto. Tienen todos los recursos del Estado, cuentan con el poder mediático, y el respaldo empresarial para darle vuelta a la actual situación, controlar las protestas y llegar con posibilidades a las elecciones del próximo año. Incluso de configurarse este escenario, saldrán golpeados, en especial la facción de ultraderecha uribista, con el paro nacional quedó demostrado el hartazgo y el rechazo a ese proyecto político.

2. El segundo escenario posible puede ser la salida de la moderación neoliberal: Sectores políticos se vienen agrupando en un espacio político que denominan Coalición de la Esperanza, integrada por sectores del partido liberal, los verdes, seguidores del expresidente Santos, y algunos líderes y lideresas locales. Un sector que defiende el acuerdo de paz, pero que son neoliberales, que están dispuestos a impulsar reformas, pero no para salir del modelo dependiente y neoliberal. Son una cepa modificada del neoliberalismo, que pretende gobernar sin violencia estatal, no están de acuerdo con el militarismo, ni con la represión.
   
   Ellos tienen incidencia en un sector del movimiento social y sindical, especialmente en la Central General de Trabajadores-CGT, representan a una parte de los sectores empresarios afectados por los tratados de libre comercio. Tienen gran aceptación en la clase media, y los medios de comunicación les dan gran cobertura a sus posiciones, lo que les convierte en una posibilidad de salida para el establishment, dialogando y concertando con diversos sectores de poder y dividiendo al movimiento social. Están dispuestos a reconocer derechos, pero continuando el rumbo económico para mantener la estabilidad y su anexión a los Estados Unidos.

3. El tercer escenario político es el triunfo de los sectores transformadores: Un escenario posible si todas las fuerzas sociales logran sinergia, si se logra mantener la movilización social sin socavar la disputa electoral, y sin que lo electoral eclipse ni supedite la movilización social. El desarrollo que ha tenido el progresismo y la izquierda en los últimos años favorece este escenario, en las elecciones del 2018 esas fuerzas lograron llegar a la segunda vuelta presidencial con Gustavo Petro, quien obtuvo ocho millones y medio de votos.
   
   Este momento es positivo porque la protesta social está en alza y hay un movimiento progresista y de izquierdas en alza. Se pueden encontrar, y si se encuentran acertadamente, será el comienzo de un proyecto de cambios políticos profundos en el país. Es posible el primer gobierno antineoliberal en Colombia, un escenario para nada sencillo; implica obtener resultados en estas movilizaciones, sostener la disputa en contra del gobierno en las calles, e incorporar todas las demandas y liderazgos sociales en la disputa electoral. En marzo de 2022, deberán lograr buenos resultados en las elecciones parlamentarias, donde se disputa la representación política de los sectores excluidos que son los protagonistas de las movilizaciones.

Aunque las elecciones están cerca, resulta mucho tiempo en lo político, para que los sectores populares no decaigan en su acción callejera, y para que trasladen su rabia, su hartazgo, su crítica al modelo, en un proyecto electoral en sinergia con el progresismo.

Los partidos de izquierda y progresistas, con ese propósito, convocaron a la creación de un Pacto histórico, orientado a disputar la hegemonía social, es decir, una coalición que trasciende lo electoral. En ese espacio está Colombia Humana, el Polo Democrático, el Partido Comunista, la Unión Patriótica, y diversos movimientos sociales.

Se debe buscar una sinergia, insisto, que no va a ser muy sencilla de lograr, esa conexión entre las disputas sociales y la disputa electoral será boicoteada por el Estado, por los sectores moderados/neoliberales, por los medios de comunicación y por el militarismo.

Lo que se puede prever con mayor certeza, es que seguirán en aumento las violaciones estatales a los derechos humanos. Será un tiempo muy duro, donde el militarismo va a tratar de “ablandar” la protesta social, reprimiendo a las y los jóvenes en los barrios. Seguramente esa represión vendrá con la judicialización de dirigentes sociales, castigando a los movimientos sociales en represalia por su acción antigubernamental. Ante la negativa estatal para modificar su proyecto económico, la movilización será latente, vamos a ver a un movimiento de protesta esporádico, pero con cierta constancia.

Los medios de comunicación están en el esfuerzo para mostrar la protesta como negativa, aún no logran convencer a la opinión pública, el 83 % rechaza la gestión presidencial.

Viene un año muy interesante en términos políticos, dónde todo está puesto en discusión, pero también será muy duro en materia de DDHH. La presión internacional será fundamental para impedir que la democracia militarizada siga masacrando a la población. A la fecha van 51 jóvenes asesinados, más de 300 personas desaparecidas, múltiples lesionadas, y muchas detenidas.

Estos son los escenarios políticos, sin contemplar algunos rasgos estructurales y geopolíticos, pues considero que es muy pronto para caracterizar los cambios de fondo de la sociedad colombiana, y las repercusiones de las movilizaciones para la correlación de fuerzas sociales. Todos los hechos están en desarrollo.

JM- Una última pregunta, sobre la juventud. Ellos están jugando un papel central en este movimiento ¿En torno a qué se está organizando la juventud?

JC- Bueno, ahí también hay muchos matices. En ciudades como Bogotá desde 2001-2002 la sociedad se ha ido inclinando por gobiernos progresistas y de la derecha moderada. Varios integrantes de la actual coalición de izquierda y progresismo gestionaron la ciudad. Estas gestiones incluyeron muchos programas de organización barrial, comunitaria y educativa. En la ciudad hay mucho trabajo de políticas sociales, de restitución de derechos, la generación que está movilizada fue al colegio, recibió apoyo alimentario y una formación democrática, aunque la pobreza no pudo ser derrotada, producto de la centralización de la política económica, ésta no depende del gobierno local si no del gobierno central.

Se puede decir que existe un efecto de esas políticas en el entramado comunitario. Después yo percibo que hay una organización social comunitaria, y esto también aplica para las demás ciudades, organizaciones espontaneas de jóvenes, que se encuentran en las calles, en los parques y tienen problemáticas comunes, represión policial, desempleo, dificultades para ingresar a la educación superior y la pobreza. El 40% de la juventud está en condición de desocupación en las grandes ciudades. Estamos hablando de millones de jóvenes, con un sistema de educación superior semiprivatizado, y con una capacidad de cupos muy limitada, estancada en los años 80. El Estado es inexistente para las y los jóvenes, sólo aparece vestido de policía o de militar, es una generación que no tiene ninguna perspectiva de futuro.

Ellos se encuentran a jugar fútbol, básquet, a fumar, a divertirse, también son parte de barras de fútbol, las y los chicos se organizan alrededor de esto en las esquinas de los barrios, los parques; en Cali son hijos e hijas de desplazados por la violencia paramilitar, son excluidos por ser afrodescendientes, indígenas, campesinos/as. Toda esa diversidad de jóvenes, con una multiplicidad de problemáticas, es la que está hoy en la primera línea de las barricadas y en las movilizaciones sociales.

También están las organizaciones sociales, que han resistido al neoliberalismo y a la guerra estatal desde hace muchas décadas, hay mucho trabajo que no tienen expresión política electoral, pero si mucha repercusión comunitaria. Hay varias generaciones tocadas por la educación popular, por los partidos de izquierda, por organizaciones sociales de distintas ideologías, y son los que participan están hoy acompañando en muchos rincones del país la movilización.

Es un movimiento juvenil inesperado, por su magnitud, pero no es espontaneo, viene acumulando rabia, hartazgo y tiene una base estructurada. La pregunta que está rondando a todos y todas es cuál es el alcance de ese movimiento. Hay algunos síntomas de cansancio, pero la represión y las respuestas represivas del gobierno convirtieron las calles en una escuela acelerada de lucha popular, y de buscar claridad de contra quién es la disputa.

Creían que la policía era el enemigo porque les reprime cotidianamente, en un Estado policial como el colombiano. Pienso que, en este momento, han podido alzar la mirada y ven que su contradictor está en otro lado, en los medios de comunicación que los estigmatiza, en el poder económico que gobierna. Todo ello produjo un hecho político, el movimiento juvenil movilizado hoy es antiuribista. Esto ya le da un marco político a esta disputa.

A largo plazo vendrán las urgencias de todos esos grupos para leer más, para politizarse. Estas generaciones movilizadas en los barrios, junto a los movimientos sociales y sindicales, le han demostrado al mundo la realidad del país, todas las miradas se pusieron sobre un gobierno que posaba de democrático y pretendía darles lecciones a los vecinos. La enorme movilización que ya cumple un mes es un triunfo para la sociedad, luego de pagar un precio muy alto en vidas. Colombia está cambiando, de eso podemos estar seguros, con tenacidad se sobrepuso al miedo y está en las calles labrando su propio camino. Les invito a acompañar este valioso movimiento, la solidaridad es imprescindible para impedir una noche de tinieblas antes de que brille ese nuevo país que está naciendo.

* Javier Calderón es Magíster en sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudio de América Latina y el Caribe, IEALC-UBA.

Notas

1-El Comité Nacional de Paro está conformado por algunos sindicatos, organizaciones juveniles y organizaciones sociales, campesinas, indígenas.

2- Jorge Eliécer Gaitán fue un jurista, escritor, activista, orador y político colombiano. Fue rector de la Universidad Libre (Colombia) entre 1936 y 1939,²​ de la cual, además, fue catedrático de Derecho Penal desde 1931 hasta su muerte.

Fue alcalde de Bogotá en el año 1936, titular en dos ministerios (Educación en 1940 y Trabajo en 1944) y congresista durante varios períodos entre 1929 y 1948. También fue candidato presidencial disidente del Partido Liberal en las elecciones de 1946 y su posterior jefe único, además que iba a ser el candidato oficial del partido para las presidenciales de 1950

3-Lauchlin Bernard Currie (Nueva Escocia, Canadá, 8 de octubre de 1902 – Bogotá, Colombia, 23 de diciembre de 1993) fue un economista canadiense, nacionalizado colombiano. Se desempeñó como asesor económico en el gobierno de Estados Unidos y de Colombia, países en donde fue catedrático y propuso diversas políticas económicas.

4- Plan LASSO: Es creado durante la administración del presidente John F. Kennedy con el fin de contrarrestar los movimientos revolucionarios en América Latina el cual se impulsó con la Alianza para el Progreso. El mismo se inició con el ataque a casi cincuenta campesinos en la vereda Marquetalia, departamento de Tolima en el centro del país, significando el arranque de segundo período de violencia en Colombia, período que se extiende hasta nuestros días.

5- https://www.elmundo.es/papel/historias/2020/08/27/5f4452e8fc6c8300158b460c.html