Unamos la lucha por los derechos democráticos y los derechos sociales

Jordi Escuer[1]

El gobierno del Estado, con el PP al frente, envió a la Policía y a la Guardia Civil a reprimir a unos ciudadanos y ciudadanas que sólo reclaman que se les permita decidir con su voto si quieren o no formar parte del Estado español. ¿Puede haber forma más democrática de resolver las cosas que escuchar la voluntad de quienes viven y trabajan en Catalunya? No estamos hablando de nada tan lejano: se ha puesto en práctica en Reino Unido (2014) y Canadá (1980 y 1995), y con buenos resultados.

¿Por qué ese empeño en que no se votase? Podrían haber permitido la votación —como algo propio del derecho de expresión— aunque luego no lo reconociesen. Parece evidente que no querían que se viera la afluencia masiva de ciudadanos y ciudadanas acudiendo a votar. Y en eso han fracasado, pues ha quedado meridianamente claro el enorme apoyo popular que el derecho a decidir tiene en Catalunya, ya no sólo en las encuestas, sino también en la calle, en las plazas y los colegios, donde hemos visto una inmensa movilización popular a pesar del desembarco de más de 10.000 policías y de la campaña previa de amenazas y detenciones.

El 1-O el pueblo de Catalunya se ha ganado su derecho a decidir. El precio ha sido de más de 800 heridos. Las imágenes de la población ocupando masivamente las plazas de todas las localidades de Catalunya en los días previos a la votación, cuando empezaron las detenciones de altos cargos de la Generalitat, fueron la antesala de los golpes, patadas, empujones, rotura de puertas y ventanas de colegios, secuestro de urnas y demás expresiones de violencia estatal que vimos el día 1. Hoy esa realidad no se puede ocultar, a pesar del empeño de las televisiones públicas y privadas que controla el Gobierno del PP.

El 3 de octubre hubo una movilización aún mayor en toda Catalunya: sólo quien no quiere verlo puede negar que la inmensa mayoría de la sociedad catalana es partidaria del derecho a decidir y, posiblemente y por mérito del gobierno del PP, de la independencia.

El gobierno habla constantemente de defender la democracia y las libertades de todos, pero le niega la palabra y el voto a quienes viven y trabajan en Catalunya. Y aún peor, trata de azuzar al resto a la población del resto del Estado contra la movilización en Catalunya, en lugar de darle un cauce democrático.
 
No quieren darles cauce legal

Soraya Sainz de Santamaría afirma que todo se puede hacer dentro del marco de la ley. Pero no es verdad. El PP no aceptó el Estatut de 2006, tal y como se aprobó en el Congreso y en un referéndum en Catalunya, cuando todo se había hecho conforme a la Constitución. Incluso podrían haber permitido celebrar la votación del 1-O con carácter consultivo, no vinculante, amparándose en el artículo 92 de la Constitución. Pero no quieren.

El PP se niega a respetar el derecho del pueblo de Catalunya a decidir, ese es el auténtico problema de fondo. Y eso le incapacita para dar una salida democrática y real al problema que hay sobre la mesa. Empeñarse en imponer a las bravas el “Catalunya es España”, es convertir el Estado español en una cárcel. Por eso, el PP no es parte de la solución, sino del problema.

Es más, lo es el propio régimen del 78, algo que quedó patente en el discurso del Rey reclamando al Gobierno el restablecimiento del “orden constitucional”. Una Constitución que la mayoría de la población actual jamás ha votado y que no tiene respuestas a los problemas que sufre la mayoría de la sociedad. Su contenido cierra la puerta a una solución duradera para la convivencia de las distintas nacionalidades que forman parte del Estado español, imponiendo la unidad a la fuerza y, por su normativa, hace prácticamente inviable su reforma, pues le otorga a la derecha, de facto, el derecho de veto.
 
¿Y ahora qué?

El gobierno del Estado debería acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación de forma inmediata, con todas las garantías democráticas, para que toda Catalunya pueda defender su punto de vista y votar en paz. Mientras no se le dé ese cauce, lo único que tenemos es lo que manifestó el pueblo de Catalunya el día 1 y sus instituciones elegidas democráticamente.
No se puede ser equidistante entre un nacionalismo que reivindica el derecho democrático a votar y otro que lo reprime. Ahora toca apoyar los derechos democráticos del pueblo catalán.

La derecha seguirá con su política represiva. La citación ante la Audiencia Nacional del Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y de los presidentes de la Asamblea Nacional de Catalunya y de Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados de Sedición, no hace más que confirmarlo.

Reclamar diálogo, por si solo, no va a resolver nada si no se acepta la aspiración, mayoritaria entre el pueblo de Catalunya, de que éste pueda decidir democráticamente su vinculación o no al Estado español. Sin reconocer ese derecho no se puede resolver este conflicto y ni el PP ni el Estado español tienen ninguna intención de reconocerlo.

No somos nacionalistas, sino internacionalistas, pero sí demócratas consecuentes y, por eso, no podemos permitirnos que a ninguna de las distintas nacionalidades que componen el Estado español se le imponga la unidad a porrazos, o algo peor. Eso lo acabaríamos pagando los pueblos y la clase trabajadora de todo el Estado.

La izquierda, la clase trabajadora, la mayoría del pueblo del Estado español, ni necesitamos ni queremos imponer la unidad, sólo nos interesa la unión fraternal y voluntaria de los pueblos contra cualquier clase de opresión. Debemos rechazar el “españolismo” creciente que promueve el PP: tan legítimo es sentirse español como catalán, vasco o gallego. Y la unión de estos pueblos sólo puede ser voluntaria. No debemos hacerle juego a la rancia oligarquía en este terreno, que trata de enfrentar a unos pueblos contra otros para mantener su dominación.

La dirección del PSOE debería hacer memoria y recuperar el programa que defendió en la lucha contra la dictadura franquista, donde se reconocía el derecho a la autodeterminación. Hay que normalizar ese derecho, como tantos otros que antaño fueron reprimidos: de reunión, expresión, al divorcio o al aborto (que sigue siendo parcialmente ignorado). No hacerlo conduce directamente a donde está el PP ahora: al autoritarismo y la represión. Y la prueba la tenemos en las declaraciones de Alfonso Guerra a favor de la intervención del Ejército en Catalunya. Pedro Sánchez tendrá que elegir: o se alinea con el viejo aparato del Partido o con dirigentes como Omar Anguita, líder de las Juventudes Socialistas, que el 3 de octubre escribía “hoy iniciamos el camino. Salud y República”.
 
Libertades democráticas y unas condiciones de vida dignas

El Rey, el PP y todos los poderes fácticos de la sociedad española se enrocan detrás de la letra de la Constitución, en lo que les conviene, para defender los privilegios de una minoría, negándose a ver la realidad que vive la mayoría de la población.
Cada vez más los derechos democráticos y sociales contenidos en la Constitución son papel mojado para la mayoría de la gente.

¿Dónde está el cumplimiento del artículo 35 que afirma que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”? ¿Para cuándo el cumplimiento del artículo 47 que dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”? ¿Por qué no ponen el mismo empeño en cumplir la Constitución cuando se trata de cuestiones tan vitales para las personas? Defendemos por igual los derechos democráticos, como el de autodeterminación, y los derechos sociales. Los que niegan ese derecho son los mismos que nos niegan el derecho a un empleo digno y estable, a un salario decente, a una vivienda, a una sanidad y una educación públicas.

De un gobierno del PP no podemos esperar una solución. Es imprescindible levantar una alternativa de izquierdas capaz de derrotar a la derecha en las urnas, y debemos construirla desde la movilización. Es necesaria una movilización a todo el Estado. Nos sobran los motivos.

Hay que exigir que se retiren las fuerzas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se han enviado a Catalunya para impedir el 1-O, y tomar medidas para democratizar los cuerpos policiales —la actuación en Murcia nos avisa de que es una realidad que nos amenaza a todos—, en línea a lo que aprobó la X Asamblea de IU:

“La defensa del libre ejercicio de todos los derechos democráticos debe ser una de las señas de identidad más palpable de un gobierno de izquierdas. Ello exige, entre otras medidas, un enfoque radicalmente distinto del papel de las fuerzas policiales que, en ningún caso, pueden estar concebidas y organizadas para reprimir los derechos democráticos, sino para garantizar su libre ejercicio. Por tanto se procederá de forma inmediata a:

• Depuración de responsabilidades por todas las actuaciones de brutalidad policial que se han ejercido contra la ciudadanía en el libre ejercicio de los derechos democráticos.
• Se procederá a disolver de forma inmediata todas las unidades especiales, de “antidisturbios”, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y policías autonómicas.
• Depuración de todos los elementos fascistas y de aquellos implicados en actos de violencia contra el ejercicio de derechos democráticos.
• Prohibición de portar armas de fuego en las manifestaciones y actos públicos y prohibición de las armas “disuasorias” que actualmente utilizan, así como la obligación de llevar bien visible, en todo momento, la identificación.
• Erradicación de la tortura y los malos tratos y garantía para los detenidos que evite la posibilidad de estas prácticas (cámaras de grabación, asistencia letrada obligatoria, habeas corpus…)
• Cierre de las academias de enseñanza de cualquier cuerpo policial, integrándose su enseñanza en los institutos, escuelas y universidades con profesores civiles y formación democrática”.

A eso le sumamos la defensa decidida de las libertades democráticas y de las siguientes reivindicaciones:

• Puesta en marcha de un plan para la creación de 4 millones de puestos de trabajo, cuya columna central sea el desarrollo del sector público en todos los terrenos. El capitalismo ya ha dejado claro que es incapaz de lograr el pleno empleo y ha convertido el paro en algo crónico, que pesa como una losa sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sus condiciones de vida.
• Un empleo digno y estable para todos y todas, y mientras no sea posible, prestación de desempleo indefinida decente.
• Subida del Salario Mínimo a 1.000 euros netos, para que se cumpla la Carta Social Europea, y recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis.
• Fijo a los 15 días. La contratación temporal solo para casos que se demuestre que son realmente temporales (principio de causalidad).
• Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, en cómputo semanal, sin disminución salarial.
• Derecho real a la vivienda mediante la creación de un parque público de vivienda en alquiler adecuado a las necesidades y a precios accesibles.
• Sanidad, Educación y Servicios Sociales y de Dependencia públicos y universales, con recursos suficientes para atender las necesidades reales.
• Ninguna discriminación por razones de nacionalidad, sexo, orientación sexual o ideología.

Para garantizar unas condiciones de vida digna a todos y todas, para terminar con el expolio de la naturaleza, es imprescindible que la democracia entre también en la economía y que las grandes empresas que hoy están en manos de una minoría cada vez más rica, pasen a ser públicas y controladas democráticamente. Eso permitiría que su gestión fuese guiada por la mejora de las condiciones de vida y no por el máximo beneficio privado.

La inmensa mayoría de quienes vivimos y trabajamos en el Estado español podemos ponernos de acuerdo en pelear por un régimen político que garantizase una vida digna, en paz y en libertad. Para quienes militamos en Izquierda Unida eso es una República democrática y socialista, o una federación de las mismas, en la que ningún pueblo esté obligado a estar en contra de su voluntad.

Esta lucha debería unir a la clase trabajadora de todo el Estado, a los partidos de izquierdas y a los sindicatos de clase, las mareas, las asociaciones de vecinos, movimientos sociales… en todo el Estado. Es la hora.

[1] Jordi es coportavoz de IU Latina y miembro de la Colegiada de IU Madrid ciudad