Libertad para los presos políticos

Jordi Escuer, miembro de la Coordinadora de IU Madrid ciudad

La manifestación por el derecho a decidir del sábado 16 en Madrid evidencia una realidad ante la que la izquierda estatal no puede ponerse de perfil. Defender el derecho de autodeterminación no implica ser partidario de la independencia, sino reconocer que esa decisión le corresponde a quienes viven y trabajan en Catalunya. Negarlo es acudir a la imposición por la fuerza de la unidad, algo que desde una postura de izquierdas y democrática es imposible de justificar.

Defender ese derecho no suponer ser independentista, como apoyar el derecho al divorcio o al aborto, no implica promover las separaciones o las interrupciones de embarazo. El primer paso es reconocer una realidad: el Estado español está compuesto por distintas nacionalidades. Hasta la Constitución lo reconoció al explicar que está compuesta por diferentes nacionalidades. Tanto derecho tiene alguien a sentirse español, como catalán, vasco, gallego o andaluz… Estamos hablando de sentimientos y todos son legítimos. No lo es imponérselos a nadie.

La Real Academia Española de la Lengua, poco independentista, define nación como un “conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”. No debería sorprenderle a nadie que una mayoría de la población catalana sienta que Catalunya es una nación.

Los argumentos de la derecha

La derecha ha hecho casus belli de la unidad de la patria. A lomos de ella, esperan reconquistar el gobierno y ocultar tras la bandera rojigualda las crecientes desigualdades sociales que propician el régimen político y el sistema social que abanderan. Hablan de igualdad entre españoles pero justifican, y amparan con sus políticas, que una minoría sea cada vez más rica, mientras la mayoría va empobreciéndose a marchas forzadas.

En un ejercicio de cinismo hablan de cumplir la ley cuando se refiere a este asunto, pero ni se inmutan ante el fragrante incumplimiento de los derechos sociales que, sobre el papel, ampara la Constitución. Solo por citar tres de los más destacados: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (artículo 47), “el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo” (artículo 35) y hay que garantizar a todos los ciudadanos “asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo” (artículo 41). Ninguno de ellos se cumple en el Reino de España.

Pero, incluso cuando se trata de la cuestión catalana, si hubiese voluntad real de la derecha de dar una salida democrática y escuchar la voz del pueblo de Catalunya, podrían hacerlo con la Constitución en la mano: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos” (artículo 92, 1). De hecho, no pueden decir que el derecho a decidir no existe en la Constitución, pues se le reconoce al gobierno de Navarra, en la disposición transitoria 4ª, la capacidad para convocar un referéndum que pueda decidir la opción de incorporarse al País Vasco o no. ¿Por qué en unos casos sí y en otros no?

Si se puede hacer un referéndum consultivo ¿por qué no se hace? Porque no se quiere correr el riesgo de sentar un precedente. Esa fue la razón del empeño en prohibir la consulta del 1 de Octubre de 2017. Incluso, cuando vieron que no lo iban a poder evitar por la enorme movilización popular, les ofrecieron que se celebrara la consulta en las plazas pero no en los colegios[1], como hemos sabido por las declaraciones del ex Secretario de Estado de Seguridad en el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo a dirigentes independentistas.

La derecha afirma “la decisión es de todos los españoles”. Es tan absurdo como que la decisión de divorciarse esté obligada a ser compartida por las dos partes: vale con que un miembro de la pareja decida que no quiere seguir, para que tenga validez. Y aún menos que tenga que decidirla el conjunto de la familia. Lo único que cabe es establecer un proceso de separación civilizado y lo más amistoso posible. Estamos en un terreno donde los sentimientos juegan mucho, y las imposiciones siempre fracasan.
Incluso si fueran consecuentes con lo que defienden, harían primero una consulta en Catalunya para que el pueblo se exprese y, sabiendo cuál es la postura de los catalanes, podrían plantear una consulta en todo el Estado. Pero ni siquiera esa puerta quieren abrir.

Por eso, los detenidos por el “procés” son presos políticos: porque han reivindicado un derecho sin que el Estado les dé ningún cauce para poder aspirar a alcanzarlo. Que se les acuse de “rebelión” —que exige un “alzamiento violento y público”— o “sedición” es un disparate. Baste recordar lo que fue el 23F, con carros de combate en las calles y una ocupación armada del Congreso por miembros de la Guardia Civil, o el alzamiento armado del 18 de julio de 1936 contra el Gobierno de la República. No hay comparación posible. Por eso, varios países europeos no han podido extraditar a los miembros del Govern huidos por delito de “rebelión”, dejando en evidencia al sistema judicial español. Es más, desde 2005, la organización de referéndums ilegales ni siquiera está penada en nuestro Código Penal.

Todo indica que se quiere dar un aviso general a todo aquel que pretenda poner en cuestión el orden establecido, pues los argumentos que es están esgrimiendo contra los líderes independentistas, podrían llevar a la cárcel a cualquiera que luche contra los desahucios o por sus derechos laborales o democráticos. Algo que, por otra parte, ya está pasando. Por eso este asunto nos implica a la izquierda de todo el Estado. Por eso exigimos que se archive el caso y se les ponga en libertad.

La postura de la izquierda

La dirección del PSOE respaldó al PP en su aplicación del 155, como antes lo había apoyado en la modificación del 135 que dio amparo legal y reforzó la política de recortes. Los dirigentes del PSOE, en los temas decisivos, amparan a la derecha para defender el régimen político y el sistema social. Incluso un sector defiende, como el PP, la ilegalización de los partidos independentistas. Si el PSOE le hubiese negado el apoyo a la derecha y hubiera defendido el derecho a decidir, tal y como lo hacía hasta los pactos de la Transición, la situación sería muy distinta. La mayoría de la población acabaría viendo en todo el Estado que se está defendiendo algo democrático y la postura cerril de la derecha quedaría aislada. Si se ha podido ejercer en el Canadá o en Gran Bretaña, ¿por qué aquí no?

“Esto es un conflicto entre la derecha catalana y la española”, afirman algunos dirigentes de la izquierda transformadora. Si el movimiento en Catalunya es de la derecha, ¿Cómo explican que la fuerza más votada en las elecciones generales de 2016 fuese En Comú Podem? ¿Cómo explicar que la mayoría del independentismo vota a un partido cuya política es socialdemocráta (ERC) o a la CUP? Las Diadas han llegado a movilizar a cerca de dos millones de personas en 2012, año récord ¿es un movimiento reaccionario?
¿Cuándo se dispara el apoyo al independentismo? A partir de la sentencia del Estatut de 2010, que niega que ni tan siquiera se pueda decir de forma simbólica, en el preámbulo que Catalunya es una nación. El Estatut se había aprobado siguiendo todo lo que marca la Constitución: se aprobó en el Parlament, luego en el Congreso (tras un “cepillado”) y, finalmente, en referéndum. Y ni siquiera eso se respetó. De 40.000 manifestantes en 2009, se pasa a un millón en 2010.

Tras el movimiento independentista encontraremos aspiraciones muy distintas, según la clase social que represente. Una parte de la burguesía catalana, a lo que aspira es a lograr una tajada más grande de la plusvalía de su clase trabajadora. Artur Más intentó utilizar el movimiento para un pacto fiscal más favorable y, finalmente, se adhirió a las tesis independentistas. Un sector saca cuentas y llega a la conclusión de que les sale más rentable ser independientes. Ahora están subidos a un tigre del que no saben cómo bajarse, al menos algunos.

Sin embargo, para muchos trabajadores y trabajadoras que apoyan la independencia late la aspiración de resolver los problemas que les atenazan, que son los mismos que sufre la clase trabajadora en Madrid o Sevilla: paro, precariedad, deterioro de los servicios públicos. Su planteamiento es muy sencillo: primero nos quitamos a la derecha española de en medio, y después, ya ajustaremos cuentas con la derecha catalana.

Hay que tener en cuenta que en Catalunya, la izquierda gobernó durante dos legislaturas (de 2003 a 2010) y que fue incapaz de dar una alternativa efectiva, provocando una gran desencanto. Los recortes empezaron con Zapatero, a nivel estatal, y con el Tripartit, en Catalunya. También hubo una fuerte lucha contra los recortes de Artur Más, y de Rajoy, que no consiguió revertirlos. Por tanto, una parte de la base social de la izquierda buscó una salida por la vía independentista.

La izquierda estatal debe dejar de ver la cuestión catalana como un conflicto, un problema, y verlo como una rebelión democrática. Hay que defender el derecho a decidir porque es un derecho democrático. Incluso aunque estemos en contra de la política económica que defiende el PDCAT, que lo estamos, tiene razón cuando defienden este derecho. Igual que defendemos el derecho a la igualdad o al aborto de cualquier mujer, sin preguntarle cuál es su opinión política o su declaración de la renta.

Es más, hay que dejar de contraponer la lucha por los derechos sociales a esta reivindicación. Es la misma pelea. Y es absurdo plantear que la solución es un referéndum “pactado”. ¿Con quién lo vamos a pactar? ¿Con PP, Cs o Vox? ¿Alguien puede esperar que en eso haya acuerdo? En Catalunya, tras la represión del 1-O, nadie lo espera. Es como afirmar que queremos una ley de 35 horas sin reducción salarial pactada con la patronal… ¿alguien puede creer que eso pasará? Se logrará con la lucha o de ninguna otra manera. Es lo que cualquier activista vecinal sabe: todo lo que se ha conseguido en los barrios ha sido producto de la movilización.

La Constitución está blindada a cualquier cambio que no quiera la derecha. Para su reforma en temas destacados, como éste, exige una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, que una vez acordada la reforma, se convoquen elecciones y lo vuelvan a refrendar dos tercios de las dos cámaras, y, por último, que se convoque referéndum. Simplemente hay que ver que harían falta para una reforma constitucional de ese calado el voto de 233 diputados. El PSOE en 1982 tuvo 202. Nadie ha vuelto a tener semejante apoyo. Ni sumando los votos de toda la izquierda se ha estado nunca en esa cifra. La derecha tendrá siempre derecho de veto a cualquier reforma de la Constitución.

Unir la lucha por los derechos sociales y democráticos

Hay que dejar de contraponer las reivindicaciones de derechos sociales a derechos democráticos, como el derecho a decidir. No le pedimos a las compañeras que renuncien a pelear por la igualdad mientras no se consiga superar al capitalismo. Todo lo contrario, nuestra propuesta es sumar todas esas exigencias, pues tienen frente a ellas un denominador común: un régimen político y un sistema social que es incapaz de garantizar unas condiciones de vida digna, con plenos derechos democráticos y sociales a toda la población.

Nuestras diferencias con el independentismo vienen, fundamentalmente, porque generan esperanzas en una vía que no puede resolver los problemas sociales de fondo. La independencia de Catalunya, por muy legítimo que sea defenderlo, no resolverá los problemas de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras catalanas.

Junts pel Sí explicó en la campaña de 2015 que una Catalunya independiente tendría cerca de 12.000 millones de euros más de ingresos fiscales. Sin entrar a valorar la cifra, que queda para otro trabajo, lo que se olvida es que existe una brecha aún mayor en Catalunya: la brecha social, la que existe entre las clases. El gasto social en Catalunya es 19.600 millones de euros[2] menor del que le correspondería por su renta per cápita, si se igualara a la media de la Unión Europea. Y eso es responsabilidad tanto del Gobierno central como de Convergència i Unió, el predecesor del PDeCAT. De hecho, el gasto social medio en Catalunya ha sido siempre inferior a la media española (en relación al Producto Interior Bruto)[3]. Y todo eso sin contar los salarios cada vez peores y la creciente explotación laboral, que es idéntica en todo el Estado.

Los conciertos con las empresas sanitarias o educativas privadas, los recortes fiscales, las contrarreformas laborales, los recortes del gasto social… Esa ha sido la política de la burguesía catalana y de sus representantes: CiU, hoy PDeCAT. Unas políticas ante las que ni ERC, ni el PSC, fueron capaces de dar alternativa.

Igual que reclamamos derechos democráticos, hay que poner sobre la mesa que todo el mundo tiene derecho a un empleo digno, sanidad y ecuación, vivienda decente… y eso exige medidas concretas:

-Nadie sin un puesto de trabajo con un salario decente o, mientras eso no sea posible, prestación por desempleo digna.
-Reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales, sin disminución salarial.
-Salario mínimo de 1.300 euros al mes (el 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea)[4].
-Elevación del gasto público social hasta la media europea, para desarrollar la sanidad, educación y dependencia públicas conforme a las necesidades reales.
-Plan urgente para crear un parque público de vivienda en alquiler que suponga el 20% de toda la vivienda, a precios asequibles.

Hay recursos para hacer realidad estas reivindicaciones, pero son incompatibles con el capitalismo, pues chocan directamente con la ley del máximo beneficio privado. Por eso, todas estas medidas son inseparables de la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía: banca, empresas energéticas, de comunicaciones, etcétera. Muchas de esas empresas ya eran públicas. No queremos sólo que sean públicas, sino que sean puestas bajo control democrático y que su funcionamiento busque la atención de las necesidades sociales y el respeto al medioambiente.

Un programa así podría unir la lucha de la clase trabajadora de todo el Estado y pondría a cada quien en su sitio. Eso sí, no queremos una unidad obligada, sólo tiene sentido si es voluntaria. Por eso defendemos el derecho a decidir.

[1] https://www.elconfidencial.com/espana/2019-03-04/jose-antonio-nieto-juicio-proces-cdr-anc-omnium_1860058/
[2] El subdesarrollo social de Catalunya y España, Vicens Navarro. Datos provenientes de los artículos y conferencias del profesor Vicenç Navarro, Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra. La mayoría de ellas provienen de su blog. Las diapositivas de este documento han sido elaboradas por Pol Carrión i Ferran Muntané.
http://www.vnavarro.org/?p=14992
[3] https://www.ccoo.cat/noticia/221050/informe-evolucio-de-les-desigualtats-socials-a-catalunya-es-mante-la-bretxa-social#.XIuBuS3vVTY
[4] https://www.lamarea.com/2019/03/12/diagnostico-del-empleo-en-espana-y-como-mejorarlo/