Jordi Escuer
Desde la crisis de 2008, las personas que están inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que son menos de las que están realmente en paro, no han bajado de los tres millones en el Estado español. Antes, la cifra menor fue de 1,9 millones1. Es decir, el desempleo es crónico.
La mayoría de quienes defienden el capitalismo alegan que son las ineficiencias del mercado de trabajo —supuestamente la rigidez ocasionada por los derechos laborales— lo que impide el pleno empleo. Si fuera cierto, la reducción de los derechos y el abaratamiento del despido habrían propiciado que el pleno empleo fuese la norma y ya hemos visto que no es así.
El artículo de Carlos Sánchez Mato “¿Se puede garantizar el empleo a todo el mundo?”2, publicado en CTXT3, que recomendamos desde esta páginas, muestra con datos y cifras que se podría acabar con el desempleo desde el Estado si hubiese voluntad de hacerlo. Crear un millón de empleos públicos supondría uno gasto de 1,21% del PIB. Es decir: crear tantos empleos como personas había registradas en el SEPE (3,25 millones) equivaldría al 3,9% del PIB. El cálculo es con un salario medio neto de 1.500 euros mensuales (21.000 anuales).
Para que veamos que no estamos hablando de cuantías inasequibles, además de la comparación que Carlos establece con el coste del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las ayudas acordadas con la UE, se puede contrastar esa cifra con el 6,3% que deja de ingresar todos los años la Administración española por tener una presión fiscal inferior a la media de la Unión Europea4. Incluso las cotizaciones sociales de las empresas españolas están 2 puntos del PIB por debajo de la media europea5. La razón de esa menor recaudación es que las rentas altas y las empresas, sobre todo las grandes, pagan unos tipos efectivos muy por debajo de los nominales. Y, también, que los salarios aquí están por debajo de la media europea, lo que implica menos recaudación.
De paso conviene señalar que, si las rentas más altas son las más beneficiadas de la menor recaudación fiscal, también son las que más se aprovechan de las prestaciones públicas, como señalaba un reciente informe: “El quintil más rico recibe más transferencias que el más pobre. Las prestaciones al 40% con menos ingresos apenas superan el 30%. España está un 15% por debajo de la media de la UE en poder redistributivo del gasto social”6. No es casual que este sea uno de los Estados más desiguales de la Unión Europea.
Si concluimos que hay recursos, y que tenemos en cuenta las enormes necesidades de aumentar las plantillas de la sanidad y la educación pública, de crear un sistema de cuidados público casi inexistente, y la posibilidad de desarrollar empresas públicas para realizar la rehabilitación de las viviendas para adatarlas a la transición energética, etcétera, veremos que es perfectamente posible erradicar el desempleo con una intervención pública que no supone una cantidad disparatada de dinero y que transformaría la vida de millones de personas.
¿Por qué no se hace? No porque la patronal se oponga a la intervención pública, pues sin ella cientos de miles de empresas más hubieran colapsado con la pandemia, el propio sistema bancario en 2008 y ahora (rescatado de facto por los fondos ICO). En realidad, la primera y principal beneficiaria de las medidas del Gobierno actual, diga lo que diga la derecha y la CEOE, ha sido la patronal.
La razón no es sólo que el sector público únicamente se quiere utilizar en beneficio de la empresa privada, mediante la política de contratos, conciertos, ayudas y bonificaciones. También se quiere evitar la consecuencia que tendría poner fin al desempleo, que supondría un aumento de precio de la mano de obra, al fortalecer la situación del conjunto de la clase trabajadora. El paro crónico presiona a la baja el salario medio, en la medida que garantiza una demanda de empleo mayor que la oferta. En el capitalismo, el trabajo es una mercancía, que la patronal trata de comprar al precio más bajo posible, incluso por debajo del valor mínimo que permite su existencia. Una mercancía especial, además, porque es aquella de la que surge el beneficio de las empresas. Sin mano de obra, ninguna empresa sería viable hoy por hoy.
Y una de las consecuencias del desempleo crónico en una sociedad capitalista es que hay 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras pobres en el Estado español7, quienes, a pesar de tener empleo sus ingresos no son suficientes para atender sus necesidades y las de las familias. Y eso está detrás de la oposición a prestaciones por desempleo, pensiones o rentas mínimas “demasiado generosas”, pues “desincentivarían” la búsqueda de empleo. Es decir, de empleo pagado con salarios miserables.
Esa realidad evidencia el incumplimiento fragrante del artículo 35 de la Constitución, que afirma que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”. No veremos a nadie de la derecha protestar por este incumplimiento de la Carta constitucional.
En resumen, la intervención pública debe cambiar de signo. Debe dejar de estar hecha a medida de las grandes corporaciones privadas y de la élite, y emplearse en resolver los problemas de la mayoría de la sociedad, empezando por el acceso a un empleo digno. Desarrollar el sector público (y democratizarlo), derogar la reforma laboral en toda su extensión (incluidos los costes del despido) para garantizar empleo estable y con derechos, y una reducción drástica de la jornada laboral sin disminución salarial, deberían ser los tres pilares de la lucha sindical de los próximos meses y años. El artículo de Carlos nos brinda argumentos para esa pelea.
Notas.
1 Datos del SEPE. https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-avance/paro.html
4 https://www.newtral.es/diferencia-entre-presion-fiscal-justicia-fiscal/20200602/
5 Las cotizaciones a la Seguridad Social, que equivalen al 17,5% del PIB, están dos puntos por debajo de la media comunitaria. La cuota empresarial era del 27,28% en 1982, por lo que ha caído 3,7 puntos; desde 1995 está congelada en el 23,6%. https://www.infolibre.es/noticias/economia/2021/11/05/las_cotizaciones_que_pagan_las_empresas_no_han_dejado_bajar_desde_los_anos_situan_por_debajo_media_europea_126378_1011.html
6 https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/10/30/ayudas_xxx_125853_1012.html
7 https://ctxt.es/es/20201001/Firmas/33723/observatorio-social-foessa-pobreza-laboral-parcialidad.htm
