Juicio a Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer y Ana Varela

Jordi Escuer
Miembro de la Coordinadora de IU Madrid Ciudad

El próximo lunes 25 se sentarán en el banquillo de los acusados Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer y Ana Varela. El Partido Popular pide en su escrito de acusación 5 años de prisión, 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, además de 56.900 euros de indemnización. La Fiscalía considera que no hay delito y así lo ha manifestado al final de la instrucción.

¿Por qué el PP quiere encarcelarlos? Celia Mayer, Carlos Sánchez Mato y Ana Varela eran la presidenta, vicepresidente y gerente, respectivamente, de la Empresa Municipal Madrid Destino. Carlos y Celia, además, eran concejales y Delegados de Área del Gobierno municipal de Ahora Madrid. En marzo de 2017, denunciaron en la Fiscalía Anticorrupción presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid con la empresa Madrid Trophy Promotion (MTP), para organizar el Mutua Madrid Open de tenis.

La denuncia se fundamentaba en dos informes jurídicos (administrativo y penal) de dos despachos, contratados para estudiar las vías de acción ante un nuevo pago a realizar a la empresa organizadora del Open de tenis, porque las irregularidades se acumulaban y la Asesoría jurídica del Ayuntamiento consideraba que no podía actuar en este caso. Los informes detectaron falta de transparencia y de control, y un incremento injustificado por una gran cantidad de dinero de los pagos que el Ayuntamiento hace a la empresa organizadora. Actuaciones que podían constituir un delito y que obligaban a los responsables políticos del Ayuntamiento a poner los hechos en conocimiento de la fiscalía anticorrupción.

¿De qué estamos hablando con el Open de Tenis de Madrid?

El Consistorio madrileño había firmado en 2001 un convenio con la empresa MTP, para la celebración del Mutua Open de Tenis. El coste anual del contrato se estableció en 1,7 millones de euros. Curiosamente, los ayuntamientos de otras ciudades como Roma o París, no pagaban por la realización de sus respectivos torneos de tenis. En 2009, el desembolso anual se incrementó hasta los 5 millones y en 2010 ya era de 10,4. El coste para el Ayuntamiento hasta 2021 del contrato ya se estimaba en 136,1 millones de euros1. Era más que obligada una investigación.

Casi inmediatamente, en mayo, el PP y una asociación vinculada al excomisario Villarejo2 presentan una denuncia contra los tres compañeros y compañeras, acusándoles de un delito de «malversación de caudales públicos» y otro de «prevaricación». Finalmente, la entidad relacionada con Villarejo no ha presentado escrito de acusación, aunque sigue presente en el juicio.

Foto. José Manuel Villarejo

Carlos Sánchez Mato ha explicado en numerosas ocasiones que “se hizo todo siguiendo escrupulosamente la ley de contratos del sector público y las normas de contratación de Madrid Destino. El coste fue de 26.000 euros el primero y 24.000 euros el segundo. Al no exceder la cifra total del contrato los 50.000 euros, la normativa permite no hacer públicos los pliegos de la licitación. Se podía contratar así, se había hecho antes en repetidas ocasiones por parte del PP, y se sigue haciendo en la actualidad por el partido que nos acusa”.

Se suele utilizar el argumento de que eventos como el Open de Tenis suponen una gran cantidad de dinero y empleos para la Comunidad de Madrid. Eso jamás podría servir de justificación para no investigar cualquier posible irregularidad, pero si entramos en ese debate, tiene un coste medio para el erario municipal de 13,6 millones de euros anuales durante diez años. ¿Es esa es la mejor forma de emplear el dinero público? Según el único estudio que conocemos acerca de los “beneficios” para la ciudad del OTM, éste reportó unos ingresos de 93 millones de euros en 2016, con una creación de 3.713 empleos3. Parece muy rentable, a primera vista, pero ¿para quién es rentable?

“Este juicio no es ni más ni menos que un ajuste de cuentas de la derecha contra quienes se atrevieron a poner en cuestión el poder establecido, a exigir un buen uso de los recursos públicos en beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad”

Siguiendo el propio informe, de esos miles de empleos vemos que “permanentes” y “directos” hay sólo 30. El resto de los puestos de trabajo directos son 291, que tienen una duración de 5 meses. En total: 321 empleos directos. El resto son empleos indirectos que, según el estudio, se habrían generado entre los proveedores del evento, y no sabemos la proporción que hay entre empleo estable y precario.

El hecho es que el tenis profesional es, ante todo, un negocio muy rentable para una minoría. Madrid Trophy Promotion SL, lleva tres lustros asociada públicamente al antiguo tenista rumano Ion Tiriac, y vinculada a paraísos fiscales4. Es uno de los hombres más ricos del planeta, con una fortuna estimada en más de 2.500 millones de euros. Y, si vamos a los tenistas, un estudio de 2015 mostraba que un 1% de los tenistas top acumula el 62% de los premios del circuito5.

Foto. Gerard Tsobanian, Presidente y consejero delegado del Mutua Madrid Open

Sin embargo, sí sabemos que con 13,61 millones de euros se podrían haber creado 400 puestos de trabajo indefinidos, en cualquiera de los servicios municipales que hoy tienen una insuficiente plantilla. De 30 a 400 empleos fijos. No sabemos el empleo indirecto que genera el aumento de los servicios, o que 400 familias tengan un salario digno en casa, pero seguro que se puede calcular6.

No parece en ningún caso de recibo que este negocio se tenga que subvencionar con dinero público, cuando las instalaciones deportivas municipales, que usan la mayoría de los vecinos y vecinas, necesitan muchos más recursos de todo tipo. Y los servicios sociales, la limpieza, etcétera.

¿Qué hay detrás de esta persecución?

El gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de esta ciudad despertó enormes esperanzas, y fue la actuación del Área de Economía y Hacienda, a cuyo frente estuvo Carlos Sánchez Mato hasta diciembre de 2017, uno de los ámbitos que más lejos llegó en el intento de aplicar un programa de cambio. A lo largo de los dos primeros años, 2016 y 2017, se dio un giro a la política económica municipal, con medidas que llevaron a fuertes incrementos del gasto social y dotacional. Fueron medidas que se quedaron cortas en relación a las necesidades enormes que existen en los barrios de clase trabajadora, pero que abrían la puerta a hacer las cosas de forma muy distinta a como había actuado la derecha a lo largo de casi 30 años.

Incluso se empezaron a dar pasos adelante como la municipalización de la Funeraria, que demostraron que la gestión directa de los servicios públicos podía ser mucho más eficaz social y económica.

Foto. Cristóbal Montoro

A la vez, se empezó a tirar de la manta del enorme entramado de intereses existentes entre el Consistorio y las grandes corporaciones. Se puso en marcha una Auditoría Ciudadana de la Deuda y de las Políticas Públicas, con la creación de un Subsecretaría específica y un Consejo Académico Asesor.

Gracias a esta investigación se descubrieron quebrantos en el gasto municipal por importe de 8.428 millones de euros7, fruto de una gestión de la derecha que había puesto los recursos y la política municipal al servicio de las grandes corporaciones. El más destacado de ellos era la obra faraónica por excelencia, Calle 30, cuyo quebranto para el erario municipal era de 2.855 millones, entre el modelo de gestión, los sobre costes y partidas no ejecutadas, y el suministro eléctrico (el Ayuntamiento pagó durante años el coste de la electricidad íntegro, aunque el acuerdo era que este se repartía con las empresas privadas accionistas de Calle 30). Es decir, una cantidad que habría que sumar a los 2.458 millones presupuestados inicialmente. Calle 30 fue objeto de una Comisión municipal específica, que puso en evidencia esta situación e instó a la municipalización completa de la empresa.

«…la mayoría del equipo de Gobierno de Ahora Madrid cedió a las presiones de Montoro. Se aceptó la política de recortes que quería el PP, se retiraron las denuncias contra el Ministerio de Hacienda por prevaricación en su actuación contra el Ayuntamiento de Madrid y se cesó a Carlos Sánchez Mato. A partir de ahí, la derecha se envalentonó y ya no paró.»

Pero no fue la única: la venta de viviendas públicas a fondos buitre, los sobrecostes de las obras del Madrid olímpico, los contratos en beneficio de empresas privadas hechos por empresas públicas municipales (Mercamadrid, Madridec…), etcétera.

El choque con la derecha por toda esta actuación fue tan intenso, que la cúpula del Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro al frente, llevo adelante un ataque sin cuartel contra el Ayuntamiento de Madrid. A pesar de que el Consistorio exhibía un superávit, reducía deuda y pagaba en tiempo récord a los proveedores, se le exigieron recortes desde el primer presupuesto. Mientras, al ejecutivo del PP de la Comunidad de Madrid, con déficit y mayor endeudamiento, se le trataba con guante blanco. Se trataba de evitar que pudiera cundir el ejemplo de otra política, alternativa a los recortes, que eran el pan nuestro de cada día desde la crisis de 2008, y para ello se trató de imponer al Ayuntamiento un Plan Económico y Financiero (PEF) con drásticas reducciones del gasto ¡a pesar de tener los recursos!

Desgraciadamente, la mayoría del equipo de Gobierno de Ahora Madrid cedió a las presiones de Montoro. Se aceptó la política de recortes que quería el PP, se retiraron las denuncias contra el Ministerio de Hacienda por prevaricación en su actuación contra el Ayuntamiento de Madrid y se cesó a Carlos Sánchez Mato. A partir de ahí, la derecha se envalentonó y ya no paró. Aquel gobierno municipal del cambio renunció a buscar la movilización social para enfrentar esos ataques del poder y acabó claudicando.

Este juicio no es ni más ni menos que un ajuste de cuentas de la derecha contra quienes se atrevieron a poner en cuestión el poder establecido, a exigir un buen uso de los recursos públicos en beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad y no para el lucro de las grandes corporaciones y de una minoría. Al regresar el PP al Ayuntamiento, han vuelto las mismas viejas políticas, como ejemplifica especialmente el escandaloso caso de las mascarillas, que no es sino la guinda del pastel. Ha regresado la privatización de suelo público y las reducciones de impuestos a quienes más tienen, mientras los servicios sociales son incapaces de atender a la mayoría creciente de personas que necesitan ayuda. Con este juicio, quieren lanzar un mensaje de aviso de qué le sucederá a quien intente tocar los privilegios de quienes tienen el poder real.

Desde la izquierda transformadora, desde los barrios que en su día dieron la victoria a Ahora Madrid —AM fue mayoritaria en los barrios de menor renta—, desde el conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares de nuestra ciudad, debemos apoyar a nuestros compañeros y compañeras Carlos, Celia y Ana. Con su actuación, sí nos representan. Y, además, aprender para la siguiente ocasión que, sin duda, llegará.

Notas

1 https://www.elmundo.es/madrid/2017/05/04/590affb822601d03778b45b2.html

2 José Manuel Jiménez Villarejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, estuvo desde el 3 de noviembre de 2017 hasta el 3 de marzo de 2021 en prisión provisional sin fianza. https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Villarejo

3 https://www.madrid-open.com/noticias-mutua/mutua-madrid-open-genero-impacto-economico-93-millones-madrid-2016/

4 https://contrabreak.wordpress.com/2010/03/26/john-tiriac-o-el-negocio-del-tenis/

5 https://www.lavanguardia.com/deportes/tenis/20160623/402712108148/tenistas-cobran-grand-slam-wimbledon.html

6 https://www.cuartopoder.es/ideas/2017/05/21/el-precio-de-tirar-de-la-manta-2/

7 Del libro, “919 Días, ¡sí se podía! Cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente” de Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa. Ediciones Akal, 2019.