Foto. Cris Aznar. crisaznarfotografia@gmail.com – #EsperanzaSeQueda (finales de junio de 2020)

Por Antonio Beltrán

El lunes que viene (25 de octubre) tendrá lugar un desahucio en Zaragoza, esto desgraciadamente no es “noticia” en un país en el que se producen varias decenas cada día. Pero el caso de Esperanza ejemplifica hasta que punto las administraciones públicas españolas (y aragonesas en este caso) someten a auténticos infiernos a las familias más vulnerables.

El caso de Esperanza también demuestra las limitaciones y contradicciones del ordenamiento jurídico. Existe una norma, que impulsó Ciudadanos, que permite el recurso a la figura del “ocupante desconocido” para proceder al desalojo de una vivienda, impidiendo así la tutela judicial o la protección de las familias que puedan habitarlas. Esta “coletilla” en las sentencias (discutible en la garantía de derechos constitucionales) se introduce en los desalojos de viviendas ocupadas del sector financiero. Al mismo tiempo un decreto estatal (así como otras normas autonómicas como la aragonesa) protegen a las familias vulnerables mediante la suspensión de desalojos y/o la obligación de dotación de alternativa habitacional. Tanto el decreto estatal en vigor (con las modificaciones introducidas en enero de 2021), como la norma aragonesa (Ley 10/16) obligan a las administraciones públicas a la provisión de alternativas. Es evidente que es un sinsentido permitir desahucios de “personas desconocidas” y al mismo tiempo “decretar” la protección de las familias vulnerables -una garantía imposible de aplicar si los juzgados se pueden permitir “no tener conocimiento”-.

Esperanza fue desalojada de su vivienda en un segundo intento, después de que la movilización social paralizará el primero. El 7 de julio de 2020, sin atender su derecho reconocido a la alternativa habitacional (la norma aragonesa está vigente desde 2016) y en plena pandemia, fue desalojada. Una vez que se produce la inacción de las administraciones en la aplicación de sus propias normas, Esperanza y su familia no tienen otra que ocupar una vivienda que había quedado vacía en el mismo bloque. Era eso o dormir en la calle.

Pero no era suficiente en esta “guerra contra los pobres”. En 2021 Endesa, a instancias de SAREB y saltándose las medidas de protección de las familias vulnerables (y con escolta policial), proceden al corte de suministro eléctrico del bloque sabiendo que residen en el mismo familias con niños y niñas incluidos. En La Cañada (Madrid) saben bien de este tipo de prácticas inmorales por parte de las eléctricas y las administraciones que las amparan.

Otro aspecto que da relevancia a la situación que está viviendo está familia es demostrar una vez más el comportamiento antisocial de la SAREB, un organismo financiero sostenido con fondos públicos que sirve únicamente a los intereses de la banca y los especuladores. El caso del edificio que habita Esperanza en el zaragozano barrio de Torrero, es el tránsito que tantos inmuebles han recorrido (o lo están haciendo). Una vez volcados al “banco malo” y saneados con el aval estatal son devueltos a los especuladores a precio de ganga para que puedan continuar justo en el mismo sitio que daría lugar a la crisis hipotecaria del 2008.

Compartimos el comunicado de Stop Desahucios Zaragoza que nos ha resultado aleccionador de como se concretan las horribles contradicciones de esta sociedad en las vidas de las personas más empobrecidas.

Nos unimos al deseo: #EsperanzaSeQueda, la SAREB es nuestra.

Comunicado de Stop Desahucios Zaragoza, 23 de octubre de 2021.

25 de octubre. La SAREB es nuestra, Esperanza se queda.

Esperanza es una superviviente nata. No lo ha tenido sencillo para salir adelante y sacar adelante a su familia. En el peor escenario posible, una y otra vez, ha sacado la voluntad necesaria para seguir peleando.

En 2016 tuvo que abandonar su vivienda de alquiler en Torrero ya que la propiedad la requería para su propio uso. Pese a la evidente vulnerabilidad económica de la familia (entonces tenían 426 euros de ingresos mensuales) y que el mayor de sus hijos tiene una discapacidad reconocida del 38%, no se activó protección alguna de su derecho a un techo donde vivir.

Esperanza reside desde entonces en un pequeño bloque abandonado por SAREB y en diciembre de ese mismo 2016 acudió para solicitar mediación a la Oficina Municipal de Vivienda (Zaragoza Vivienda) y encontrar una solución que le permitiera regularizar su situación, así como dotarse de la estabilidad necesaria para el adecuado desarrollo familiar.

Después de un largo proceso de mediación, SAREB se comprometió en el 2018 al realojo de la familia en una vivienda situada en el mismo barrio (Torrero). Pero pasaron los meses y la sociedad de activos no ejecutó el acuerdo. En paralelo, Jorge Azcón disolvió la Oficina de mediación de Zaragoza Vivienda y la administración competente en materia de vivienda (Gobierno de Aragón) ni preparó, ni tuvo voluntad, en asumir directamente este imprescindible servicio que había evitado cientos de desahucios en la ciudad. Es necesario recordar que este servicio de mediación era posible gracias a un convenio bilateral entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza. A día de hoy ya no existe la mediación ante la pérdida de vivienda habitual en Aragón y este es uno de sus muchos resultados.

Así SAREB alzó de nuevo el procedimiento, llegando una nueva fecha de desahucio. Desde la entidad comunicaron a Esperanza que era inminente la venta del edificio.

La SAREB realiza prácticas antisociales.

El bloque, situado en calle Orense del zaragozano barrio de Torrero, ha seguido el típico esquema de degradación del edificio y el entorno con el único fin de malvender el activo. Y es necesario recordad que la SAREB es una sociedad sostenida por fondos públicos donde se han drenado (y se sigue haciendo) miles y miles de activos “tóxicos”. La creación de esta sociedad conocida como el “banco malo” era la guinda del rescate financiero de la anterior crisis.

Este comportamiento con edificios abandonados y ocupados por familias vulnerables a los que las administraciones no dan respuesta, lo hemos visto una y otra vez en nuestra ciudad. En lugar de regularizar, dar la función social a las viviendas, mejorar el entorno donde se encuentran los edificios… El único interés es devolver los “activos” al mercado para que especulen los de siempre. Eso sí, los activos son saneados con dinero público.

Es intolerable que el estado participe así en el “mercado inmobiliario”, un gobierno que se pretende progresista, como el presidido por Pedro Sánchez, debería de poner fin inmediatamente a este comportamiento antisocial por parte de SAREB. Una sociedad sostenida con fondos públicos debería de tener como obligación número uno cumplir y hacer cumplir con la función social de la vivienda.

Esperanza es desahuciada por primera vez.

Esperanza en el verano de 2020 (en plena pandemia) sufrió dos intentos de desahucio. Fueron de los primeros en acontecer en Zaragoza en esa oleada de desalojos sin alternativa habitacional que sucedió al levantamiento del confinamiento. Justo después de escuchar a las personas que representan las instituciones aragonesas y españolas aquella letanía de “no dejaremos a nadie atrás”.

El primero (finales de junio de 2020) se paralizó por la movilización social, el segundo se ejecutó con una herramienta “creativa” del juzgado: decretar una horquilla de 10 días para proceder y así dificultar la solidaridad. El 7 de julio de 2020 se quedaba en la calle pese al titánico esfuerzo de cientos de personas que participaron en la primera paralización y en los turnos de permanencia.

Aquel 7 de julio (día en el que un fuerte despliegue policial desalojaba a la familia) el Gobierno de Aragón desatendía sus obligaciones legales de facilitar una alternativa habitacional (tal y como reconoce el 19.2 de la Ley aragonesa conocida como “10/16”). De hecho, Esperanza se reunió ese mismo día -junto a una delegación de Stop Desahucios Zaragoza- con la Directora General de Vivienda -Verónica Villagrasa-. No existe por tanto “un desconocimiento de situación” por parte de las administración.

Aún así, la administración aragonesa no realizó el más mínimo intento de mediación y búsqueda de soluciones, ni en ese momento, ni después. Como cuando Esperanza, junto a decenas de familias de las plataformas aragonesas, participó en la introducción por registro de la exigencia de que se aplique la normativa aragonesa vigente que garantiza la alternativa habitacional de todas las familias vulnerables. Ninguna respuesta, ni para ella, ni para el resto de familias.

El infierno y de nuevo otro desahucio.

Sin alternativa, con menores a cargo y sin apoyo por parte de Gobierno de Aragón, Esperanza no tuvo otra opción que meterse en otro piso vacío del mismo bloque. Un fracaso como sociedad, una vuelta al principio.

Pero no terminará aquí el infierno que las instituciones y poderes del estado están legitimando contra esta familia. El piso donde reside ahora ya tenía un procedimiento de desahucio contra otra familia, y el juzgado parece dispuesto a la utilización de una herramienta legal (introducida por Ciudadanos) conocida como “ocupantes desconocidos”. Esto quiere decir que se decretan desahucios sin importar quién resida realmente, si hay menores de edad o si existe vulnerabilidad. Sin duda un “choque” con el despliegue legal del llamado “escudo social”.

Además este mismo año, Endesa por petición de SAREB y con escolta policial, procedió a cortar el suministro eléctrico del bloque. Solo podemos definir estas prácticas como una política de exterminio social. Solo el apoyo y la creatividad de algunos vecinos ha conseguido devolver el suministro a la familia.

Así, sin capacidad de tutela judicial y participación en el procedimiento. Sin alternativa de ningún tipo aún cumpliendo todos los requisitos de vulnerabilidad (tanto de la norma aragonesa como del decreto estatal) el próximo lunes, 25 de octubre, Esperanza será desalojada de su vivienda.

No nos queda otra que pedir cordura y responsabilidad a las administraciones y poderes del estado. El caso de Esperanza es una sistemática vulneración de los Derechos Humanos, los derechos de la infancia y de la dignidad que merecen las personas en una sociedad que se pretende democrática.

El lunes pedimos a la ciudadanía que acuda a la calle Orense para intentar poner fin a este despropósito y reclamar una solución definitiva para la familia.