Jordi Escuer

La factura que se paga por la luz ha alcanzado récords históricos, pero llueve sobre mojado. Un 40% de la población española sufría, en 2018, los efectos de la pobreza energética, es decir, no podían mantener sus hogares con al temperatura adecuada, algo que se manifestaba en impagos de las facturas o, simplemente, en una reducción del consume eléctrico por debajo de los mínimos necesarios autoimpuesta por la imposibilidad de hacer frente al pago de la factura energética. Estiman que la pobreza energética podría ser responsable de la muerte prematura de 7.100 personas todos los años a nivel estatal.

El problema tiene un claro sesgo de clase: es la mayoría de la población de clase trabajadora, incluidos los pensionistas, quienes más sufren sus consecuencias. Y ese informe es de 2018, un año en que los precios estaban bastante por debajo de los actuales. Así que podemos imaginar qué supondrá en la vida cotidiana de millones de personas esta subida del precio de la luz.

Por eso, recomendamos la lectura del artículo de Carlos Sánchez Mato, “Cómo atajar la subida de la luz”, publicado en CTXT, porque explica de forma clara los pasos que podrían darse para atajar esta situación. En primer lugar, rechazando el argumento de que la legislación vigente no permite hacer nada para regular los precios, lo cual es falso, como explica el autor. De hecho, es la ley la que regula los precios, y podría cambiarse.

La cuestión de fondo es precisamente que la legislación actual ha sido hecha por gobiernos del PSOE y del PP justamente a la medida del oligopolio privado que es propietario las empresas de producción y distribución energética. Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, son los dueños efectivos de la energía y deciden, de facto, hasta la política gubernamental al respecto, y a eso es a lo que hay que decir basta.

Porque, como apunta el autor del artículo, la producción energética no puede dejarse en manos del “mercado”, puesto que se trata de un bien esencial como, por ejemplo, el agua. Si la producción eléctrica se gestiona con el criterio de la máxima rentabilidad privada, como cabe esperar que suceda en una empresa capitalista, el perjuicio será para la mayoría de la sociedad.

De hecho, como se desprende de los planteamientos del autor, el sistema energético debe ser público y sometido a un control democrático. Es la única forma de garantizar precios justos, el acceso a la energía para todas las personas y una transición energética real y que tenga en cuenta las consecuencias sociales. Estas empresas van a recibir miles de millones de dinero público para la transición energética sin contrapartidas, como sería la entrada en su dirección de representantes públicos, el mínimo que cabría exigir.

Y no es nada nuevo, las compañías energéticas han recibido miles de millones del erario público a lo largo de los años al tiempo que repartían cuantiosos dividendos, y es necesaria una auditoría de las mismas.

El movimiento vecinal y ecologista, los sindicatos de clase y el conjunto de la izquierda, debe aprestarse a la movilización frente al abuso de las subidas de la luz y del conjunto de la energía. En primer lugar, explicando sus causas y las soluciones. Y no hay que dejarse engañar por quienes contraponen la lucha por los derechos sociales y por el planeta. Es la misma.

Hay que recordar que en los años 70, en Madrid, la lucha contra la subida del precio del pan y la carestía de la vida, fue uno de los grandes hitos del movimiento vecinal. Hoy, además del pan, toca movilizarnos por el derecho a la energía.