Foto de la paralización de un desahucio en Lumpiaque (Zaragoza). Foto Cris Aznar. crisaznar.com

La Coordinadora de Vivienda aragonesa pide la dimisión de Verónica Villagrasa.

La falta de un compromiso público, acompañado de los acontecimientos de este inicio de año, causan decepción en las plataformas de vivienda.

Comunicado de la Coordinadora de Vivienda de Aragón

El pasado 17 de diciembre decenas de representantes de asociaciones, plataformas, sindicatos y colegios profesionales presentaron el Manifiesto de apoyo a la campaña “Aragón sin desahucios”. La cuestión central del Manifiesto y de la propia campaña es el cumplimiento inmediato de la ley aragonesa 10/16 que reconoce el derecho a la alternativa habitacional de todas las familias vulnerables aragonesas; o que permite (a condición de su reglamentación) la cesión obligatoria a la bolsa de alquiler social aragonesa de las viviendas vacías en manos del sector financiero.

La Coordinadora de Vivienda de Aragón propuso a los grupos de Las Cortes de Aragón la necesidad de impulsar un acuerdo político paralelo a la aprobación de los presupuestos de Aragón para el 2021. Para las plataformas de vivienda, esta propuesta era entendida como una última oportunidad para que Gobierno de Aragón demostrara con su acuerdo -y después con los hechos- su voluntad de respetar la norma aragonesa y ejercer las competencias propias del autogobierno aragonés en materia de vivienda. 

Únicamente obtuvimos dos respuestas. El grupo de Izquierda Unida estaba dispuesto a plantear la propuesta a los grupos de gobierno, y el grupo de Podemos se comprometía a apoyar dicho acuerdo. Aunque la propuesta de la Coordinadora era un acuerdo específico, independiente y publicitado(1); las peticiones expresadas por la Coordinadora quedaban incluidas dentro de una propuesta de acuerdo de Izquierda Unida que contenía otras medidas.

Hasta el momento no tenemos constancia de compromiso público alguno por parte del Gobierno de Aragón,poniendo de nuevo en evidencia una clamorosa ausencia de voluntad política para abordar el cumplimiento del derecho a una vivienda digna en Aragón por parte del cuatripartito. El 13 de enero en las Delicias quedó patente cuando más de 100 personas paralizaron el desahucio de Yolanda y su familia frente a la inacción del ejecutivo aragonés. Tampoco ninguno de los aplazamientos o soluciones de los desahucios del “calendario de la vergüenza” han contado con la implicación del Gobierno de Aragón.

Creemos que el Gobierno de Lambán está consumiendo el poco crédito que le quedaba en materia de vivienda. Desaprovechando la oportunidad de terminar con la grave vulneración de los Derechos Humanos que implican los desahucios sin alternativa habitacional, sin olvidar el maltrato institucional para las familias afectadas que suponen las prácticas burocráticas de su ejecutivo a la hora de abordar la emergencia en materia de vivienda. Un ejemplo: solo existe una persona en todo Aragón dedicada a informar de la vulnerabilidad de las familias afectadas por desahucio. ¿Esto es normal?

Exigimos la dimisión de Verónica Villagrasa y un nuevo rumbo a las políticas públicas de vivienda.

La actual Directora General de Vivienda simboliza precisamente la inacción del Gobierno de Aragón a la hora de garantizar derechos ya reconocidos; además de una desmesurada agresividad contra las propias familias afectadas y las plataformas de vivienda. 

La actual Dirección General ha dinamitado la fluida interlocución que existía hasta su llegada con las plataformas de vivienda. Su primera medida fue negar cualquier información a las mismas sobre las situaciones de las familias organizadas en las plataformas con la torpe excusa de la “protección de datos”. 

Además la actitud tomada por Verónica Villagrasa supone desaprovechar las posibilidades para la prevención de los desahucios que le proporcionaría al Gobierno de Aragón compartir información en ambas direcciones.

Tampoco podemos olvidar su comparecencia en las Cortes de Aragón, el pasado 9 de diciembre(2), en la que llegó a señalar a colectivos vulnerables, en concreto al colectivo de refugiados sirios residentes en Aragón, sobre el que lanzó insinuaciones peligrosas que además no concretó, y que contenían un desafortunado tinte racista. Esto es una irresponsabilidad inaceptable para quien gestiona lo público. 

En aquella comparecencia tampoco dudó en faltar a la verdad o responsabilizar a las propias familias de las consecuencias del maltrato institucional al que son sometidas. Sin embargo, no tuvo en su intervención ni un atisbo de autocrítica o de compromiso con el cumplimiento de la legislación que su propia Dirección General impulsó en la legislatura anterior. Aún no entendemos como nadie, ningún grupo de las Cortes, de derecha a izquierda del arco parlamentario,  ha pedido responsabilidades políticas en Las Cortes de Aragón después de semejante disparate de comparecencia.

Villagrasa expresó en público una parte de lo que ya hemos sufrido en distintas ocasiones en reuniones y conversaciones, donde por ejemplo justifica el incumplimiento del punto 19.2 de la ley 10/16 tildando de “ilegales” a las familias que viven en viviendas ocupadas del sector financiero o de la SAREB y justificando la subversión (consciente) del espíritu de la norma que en su artículo 18 deja claro que la “buena fe” se presupondrá. Le recordamos a Villagrasa que no existen “las personas ilegales” y que precisamente el punto 19.2 se redactó para proteger estas situaciones (y otras como las finalizaciones de contrato o los desahucios en precario), solo una mirada reaccionaria hacia esta norma no entiende a la misma de un modo extensivo y garantista de los derechos que contiene. También recordamos que actuar contra la norma con el resultado de lesión de derechos e intereses del administrado es algo más que una “mala práctica administrativa”. Hay vidas en juego, nos cansamos de repetir.

No es posible construir políticas públicas de vivienda con alguien que representa todo esto al mando de las mismas. Si el Gobierno de Aragón pretende dar un giro de rumbo urgente y necesario en materia de vivienda, necesita poner al frente de las políticas de vivienda un perfil distinto que convierta la garantía de derechos en su guía, abandonando el enfrentamiento con las plataformas de vivienda y el maltrato institucional a las familias afectadas por desahucio.

Notas

1. Propuesta de acuerdo lanzada por la Coordinadora de Vivienda de Aragón
Nuestra propuesta de acuerdo

2. Intervención de Verónica Villagrasa en la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (9.12.2020 Cortes de Aragón)

Corte difundido por Aragón Sin Desahucios en diciembre 
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Intervención entera de la Directora General
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