Foto. Momento de celebración de la aprobación de la Reforma Laboral en el Congreso.

Juanjo Vallejo

El tres de febrero de 2022, pasará a la historia del movimiento obrero como el día que se podrían haber recuperado los derechos perdidos con las ‘Reformas’ Laborales del PSOE de 2011 y la del PP de 2012. Sin embargo, no será así. Más allá de las variadas interpretaciones del contenido de la Reforma Laboral aprobada en esa fecha en el parlamento, por los pelos, lo que parece indiscutible es que se ha perdido una oportunidad de darle una mayor dimensión a la lucha para eliminar todos aquellos elementos más lesivos contra los derechos de los trabajadores de la contrarreforma del 2012 y anteriores.

El voto favorable de Unidas Podemos a esta Reforma está justificado por no suponer un retroceso, por primera vez en muchos años, en derechos en la legislación laboral. Pero no podemos verlo como un gran éxito histórico, porque no ha revertido los puntos más lesivos para los intereses de trabajadores de las Reformas de 2010 y 2012, que nos hubiera situado en una mejor posición, desde el punto de vista legal, frente a la patronal y para hacer frente a los futuros retos que tenemos por delante, que no van a ser fáciles.

El diálogo social ha sido una herramienta utilizada por la patronal en la negociación de la Reforma para frenar las pretensiones de los sindicatos y el Gobierno de Coalición con el fin de mantener intactos los elementos claves de la legislación laboral que les conceden el control absoluto de la empresa a pesar de que durante la pandemia quedó claramente demostrado que el capital sin el trabajo, no es nada.

Hay que reconocer que la patronal ha sabido jugar muy bien sus cartas en 2012 y ahora. La reforma laboral del 10 de marzo de 2012 de Rajoy, también se intentó llevar adelante dentro del Diálogo Social, entre el Gobierno, CEOE, UGT y CCOO, pero no terminó en acuerdo. La pretensión, entonces, de la UE y la patronal española era llevar adelante sus políticas de ajuste y recorte del gasto social frente a la crisis económica haciendo pagar sus consecuencias a los trabajadores y a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Las instituciones europeas y la patronal proponían una profunda (Contra)Reforma Laboral y del Sistema de Pensiones, no podía ser aceptada por UGT y CCOO, pero si era beneficiosa para la CEOE, por lo que boicoteó el diálogo social, dilatándolo hasta agotarlo, dejando las manos libres al Gobierno del PP para que legislara, aprovechando su mayoría absoluta. La UE entonces no se rasgó las vestiduras porque las contrarreformas no fueran producto del diálogo social y se impusieran por decreto.

En el proceso del acuerdo de reforma laboral actual la patronal ha dictado, de qué se hablaba y de qué no. Se ha negado a dialogar de aquellos temas que no tenían ninguna intención de modificar. “Si se habla de salarios de tramitación, nos levantamos de la mesa”. “Si se habla de indemnizaciones de despido, nos levantamos de la mesa”. Han chantajeado al gobierno de coalición y a los sindicatos manejando la exigencia de la UE de que hubiera “acuerdo y diálogo social” concediéndoles en la práctica el derecho de veto. En definitiva, se sentían respaldados por la UE, aunque la exigencia no especificaba qué acuerdo ni quién tenía que participar en el diálogo social. En realidad, solo han aceptado negociar aquellos temas que más preocupaban a la UE, como el nivel brutal de temporalidad, o aquellos que la propia jurisprudencia española y los propios actores en las unidades de negociación ya había ido superando en una parte sustancial como la validez de los convenios al finalizar su periodo de vigencia (ultraactividad) o los convenios de empresa con salarios por debajo de los provinciales.

Es muy difícil, por no decir imposible, que, en el marco de un Diálogo Social, la Patronal acepte perder sus privilegios y reducir su tasa de beneficios en favor de los trabajadores. No existe ningún precedente, salvo que se vean obligados a hacerlo, fruto de la presión y movilización de los trabajadores, que es lo único que puede modificar la correlación de fuerzas normalmente a su favor.

Por otra parte, en el Diálogo Social, los dirigentes de los sindicatos de clase han renunciado a la utilización de la principal baza de la clase trabajadora que es la movilización como herramienta de presión para conseguir mejoras y derechos. Basar la negociación dentro del Diálogo Social, sin movilización, y con la CEOE como árbitro, para no mover lo sustancial de las Reformas del 2010-2012, es aceptar un resultado limitado de antemano generando frustración.

En 2012 la respuesta sindical por parte de UGT y CCOO ante la imposición de la contrarreforma de Rajoy, fue la convocatoria de Huelga General el 29 de marzo, junto al resto de sindicatos, organizaciones políticas y asociaciones de la izquierda. La HG 29M, la octava de la democracia, fue apoyada por la totalidad de los sindicatos y las organizaciones políticas y sociales de la Izquierda (PNV y CIU se desmarcaron), y tuvo un buen seguimiento y mejor respuesta en la calle.

IU, con su Coordinador General Cayo Lara, respaldó la HG como “la respuesta de trabajadores y sindicatos a la política inútil, injusta e ineficaz de la reforma laboral”.

La huelga no consiguió revertir la Reforma Laboral, pero la respuesta de los trabajadores demostró que, si se hubiera dado un cauce organizado a esa lucha, posiblemente se podría haber frenado total o parcialmente los efectos más regresivos de la reforma. Solo con la lucha permanente y organizada podemos mantener nuestros derechos y mejorarlos.

De hecho, y aunque sin la continuidad necesaria, la movilización volvió a convocarse el 14-N de noviembre del mismo año, con la novena Huelga General en el Estado español, en el marco de una Movilización a nivel de Europa, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) de huelgas o movilizaciones, frente a las políticas de austeridad. Esta se denominó huelga Ibérica, ya que los sindicatos portugueses y españoles, convocaron Huelga General de 24 horas. El lema sindical en España, fue “Nos dejan sin futuro. Hay culpables”. La respuesta del PSOE a esta Huelga fue “sobran razones en España y Europa para hacerla”. IU apoyó esta Huelga porque “la Huelga del 14-N no es solo una movilización laboral, sino que es una jornada de lucha social y protesta ciudadana ante la miseria a la que nos está sometiendo el Partido Popular”.

El seguimiento de esta huelga fue similar a la de marzo. Las manifestaciones en la calle, fueron los eventos más visibles y seguidos de la jornada.

En 2021-22 los dirigentes sindicales se han basado en tratar de convencer a la patronal de lo conveniente y acertado de sus propuestas. Con esa decisión parecen olvidar que los intereses de la Patronal y los poderes económicos, por un lado, y los de los trabajadores y los sectores más desfavorecidos, por otro, son contrapuestos, por lo que, a través del diálogo social, no avanzaremos sustancialmente, como hemos podido comprobar en los periodos en los que el movimiento ha retrocedido en los que también lo han hecho los derechos. El resultado de esta nueva reforma laboral, no hubiera sido el mismo si se hubiera combinado negociación con movilización, para empujar al Gobierno y a los partidos de izquierda a ir en la misma línea, aquella a la que se habían comprometido en campaña electoral; “revertir la reforma laboral del 2012 del PP de Rajoy”.

Otro factor negativo del Diálogo Social, ha sido, no ser capaces de unir las reivindicaciones sindicales con la mayoría política de izquierda y progresista en el Parlamento, que habría ayudado para avanzar y posteriormente garantizar que el acuerdo hubiera sido mejor y con garantía de aprobación, por los partidos de la Moción de censura y no por partidos que defienden políticas neoliberales y por tanto contrarias a los intereses de los trabajadores y sin el chantaje de la Patronal.

Otro de los errores que se ha cometido dentro de este Diálogo Social, es el no hacerlo transparente, hubiera sido muy importante por higiene democrática, haber conocido la posición de cada uno de los agentes participantes y así haber podido intervenir, para cambiar el signo de la negociación.

Fracaso de la contrarreforma laboral de 2012

Antes de pasar a analizar el contenido de la reforma de 2021 un comentario sobre la anterior. Según se desprende de su Exposición de motivos, la reforma laboral de 2012 tenía como objetivos principales los siguientes: Fomentar la creación de empleo, favorecer la contratación indefinida, favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo y mejorar la empleabilidad de los trabajadores. ¿Se cumplieron en alguna medida? Un estudio de UGT colgado en su página web lo resume así: “Si enjuiciamos el éxito de la reforma del 2012 en base al grado de cumplimiento de estos objetivos, la reforma fue rotundamente un fracaso. No consiguió ninguno de estos objetivos, sino que en la mayoría de los casos los empeoró. La consecuencia real de su implementación ha sido: Más despidos durante la fase de crisis (destrucción de empleo), similar grado de dualidad laboral (primacía del empleo temporal frente al indefinido), más rotación y precariedad laboral, una intensa devaluación salarial, y menos flexibilidad negociada en las empresas y más autoritarismo en la toma de decisiones. Nuestro modelo laboral no se ha modernizado, sino que se ha hecho menos eficiente y más injusto”.¹ En definitiva, paro y más precariedad, pero lo que es un fracaso desde el punto de vista del trabajo, es un éxito desde la atalaya del capital. Más precariedad para unos, más beneficios para otros.

La parte estrella de la reciente Reforma Laboral es reducir la alta temporalidad, que en el Estado español supera en un 25% la media europea. Hasta en los despachos de la UE habían saltado las alarmas por los datos escandalosos de precarización del trabajo en el territorio español. En 2021 más de un 90% de los nuevos contratos son eventuales y de ellos, el 21% fueron de menos de 7 días.²

Habrá que valorar en un tiempo si se ha conseguido el objetivo de reducir la eventualidad y la precariedad señalado por la UE y el Gobierno de coalición, pero todo apunta, que, aunque se produce una modificación de los contratos eventuales y formativos e introduce restricciones importantes en la contratación eventual, al final de año vamos a tener menos trabajadores eventuales, pero no menos precarios.

Ya apuntan valoraciones como la del Inspector de trabajo de Bizkaia Mario Duque, en un debate realizado en Bilbao el pasado 8 de febrero junto a otros representantes de Despachos de abogados analizando la nueva Reforma Laboral, que “el contrato estrella de la reforma laboral solo cambia de nombre no de precariedad”. El contrato de obra y servicio determinado que se podía prolongar hasta 4 años, desaparece en consonancia con una sentencia del Tribunal Supremo en noviembre del 21, en contra de su validez. Los trabajadores y trabajadoras cubiertos con ese contrato, tendrán que firmar uno nuevo como fijo discontinuo o ir al paro. La figura del fijo discontinuo sin duda tiene ventajas respecto al de obra y servicio, como que se compute la antigüedad de los periodos de inactividad (aunque no a efectos de indemnización que será la del tiempo efectivamente trabajado), pero su indefinición le hace ser fácilmente susceptible de una aplicación abusiva y en muchos casos terminarán en la magistratura.

Mario Duque también afirmó en el debate citado que “la nueva fórmula de fijos-discontinuos no da ninguna garantía a la que se quiere derivar buena parte de la contratación eventual. De hecho, se aproxima mucho a la contratación a ‘0 horas’ que dista mucho del trabajo considerado decente. Es el subterfugio perfecto para enmascarar la precariedad y la temporalidad porque, en términos estadísticos, es fijo y no consta como a tiempo parcial. Al final es cambiar de nombre a la precariedad, que seguirá ahí”.

El contrato fijo-discontinuo, se usaba hasta ahora para trabajos de temporada o estacionales en el campo o turísticas, ahora se amplía para todos los sectores y actividades que sean intermitentes y también para trabajar en contratas que formen parte de la actividad normal de la empresa o la administración. En palabras del inspector Mario Duque, “se pueden utilizar para trabajar los fines de semana y los puentes o festivos. El trabajador no tendrá certeza absoluta de la prestación de los servicios, ya que, si no hay carga de trabajo suficiente, podría no ser llamado”. Eso sí, la empresa estará obligada a respetar el orden de llamamiento pactado en convenio o acuerdo con la empresa.

En cuanto a la reversión de la ultraactividad de los convenios, que era utilizada por ciertos empresarios para dinamitarlos, su repercusión también va a ser limitada por estar en estos momentos asumido mayoritariamente por las partes.

La prevalencia de los convenios de sector frente a los de empresa, sólo se aplicará a los conceptos salariales, dejando el resto como estaba.

Respecto a la subcontratación sólo se consigue la aplicación del convenio sector de actividad de la empresa subcontratista y no la de la empresa principal con lo que seguirá siendo una fábrica de inseguridad para los trabajadores.

En definitiva, la reforma laboral contemplada en el RDL 32/21 de 23 de diciembre de 2021, mantiene intactos los elementos más lesivos de la reforma del PP.

A cambio de los limitados y parciales avances de la reforma laboral se garantiza a los empresarios el despido prácticamente libre y barato, se mantiene la capacidad del empresario para modificar las condiciones sustanciales de trabajo (movilidad y organización internas, condiciones económicas más allá de las salariales) e incluso el descuelgue de los convenios sin control administrativo ni sindical.

La contratación parcial no desaparece, se limita a un máximo de 18 meses, se encarece la cotización de los contratos de menor duración y aumentan las sanciones, pero se mantienen, sobre todo a través de las ETTs como intermediarios para que los empresarios puedan seguir reduciendo costes laborales.

Los ERTES, que han jugado un papel positivo en circunstancias excepcionales, se convierten en un recurso estructural para que empresas, incluso con beneficios, puedan descargar hasta el 70% de los salarios o el 90% de las cotizaciones de una parte de sus trabajadores al erario público, es decir, que paguemos a escote sus costes. También en este caso bajo el poder ejecutivo exclusivo del empresario.

Este acuerdo de Reforma Laboral 32/21, no responde a los compromisos previos del Gobierno de Coalición (derogación) y, sobre todo, a las expectativas despertadas al no revertir, por lo menos, la del PP del 2012. Sí, esta reforma es un paso adelante muy limitado y muy parcial si lo comparamos con reformas anteriores que sólo contemplaron recortes de derechos. Pero, paradójicamente, muchos trabajadores lo verán en la práctica como un retroceso pues se les había prometido y esperaban un cambio mucho más sustancial de la normativa laboral. Esto no ayuda a aumentar la confianza en el Gobierno ni a contrarrestar la desafección hacia los dirigentes sindicales y los partidos de izquierda.

De hecho, alabar este acuerdo hasta presentarlo como un gran éxito que va a acabar definitivamente con la temporalidad y la precariedad no solo es contraproducente, sino que sería engañarnos a nosotros mismos y a la clase trabajadora. Esta reforma, al igual que otras leyes que se están aprobando por el Gobierno de Coalición PSOE-Unidas Podemos, suponen avances, pero sin llegar a revertir los derechos perdidos trasmitiendo la sensación de que no se avanza. Y más aún si lo que alentamos que es será través de una política de conciliación con la patronal como conseguiremos avanzar, cuando ellos son los verdaderos responsables directos de la inseguridad y la inestabilidad creciente en la que vive la clase trabajadora, son responsables de la temporalidad y de las contrataciones abusivas a través del fraude en las cotizaciones. Son los responsables de obtener sus beneficios a costa del sufrimiento y el empobrecimiento de la mayoría de la población.

Con el Gobierno de Coalición los dirigentes sindicales tienen una oportunidad para seguir planteando una lucha necesaria defendiendo la derogación íntegra de la Reforma Laboral de 2012 y luchando por propuestas más avanzadas que ataquen las raíces de las lacras del desempleo y la precariedad, por ejemplo:

• Que la administración pública dé ejemplo y sea la primera en acabar con la temporalidad que es superior a la del sector privado, (29% frente a 21%).
• Fin de la subcontratación, empezando por el sector público.
• Desarrollo del sector público en todos los ámbitos, con un programa masivo de ampliación de plantillas, y fomento de la gestión directa de todos los servicios y tareas permanentes. Democratización del sector público.
• Trabajo digno o prestación indefinida de desempleo.
• El reparto del trabajo existente a través de la reducción drástica de la jornada laboral a cuatro días y 28 horas semanales horas, sin disminución salarial.
• Un sistema de renta básica que garantice que nadie esté en la miseria.

La condición para avanzar en esa dirección es que se dé prioridad a la movilización, siguiendo el ejemplo de los trabajadores del metal de Cádiz y otros muchos, fomentando en los propios lugares de trabajo la labor de información, concienciación, debate y decisión democrática sobre las acciones coordinadas a llevar a cabo para defender nuestros derechos. Así es como se generará confianza y se combatirá la frustración.

No podemos tener ninguna duda de que las concesiones que se han hecho en esta Reforma no van a contentar al empresariado. Continuarán de forma permanente presionando con todas las armas a su alcance para recortar salarios y derechos a los trabajadores pues es la otra cara de la moneda de su lugar en el mercado y sus privilegios. Y tampoco cabe duda de que solo lo conseguirán mientras la clase trabajadora lo permita. Las condiciones para actuar como clase organizada no son fáciles, pero de la misma forma que se hizo en el pasado, lo haremos en el futuro.

Este acuerdo de Reforma Laboral, no lo tenemos que ver como un punto y aparte, sino como una continuidad, si no lo hiciéramos así, estaríamos renunciando a nuestros compromisos y nuestro programa de Gobierno y además las luchas llevadas adelante desde la reforma del 2012, no hubieran servido para los objetivos que nos habíamos comprometido.

Los retos y objetivos que el capital tiene, obligados por la adaptación de los cambios tecnológicos, obligan, si lo que se pretende es mantener el sistema y sus privilegios, a limitar los derechos y condiciones de los trabajadores. Según las previsiones europeas, para recibir las ayudas dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, se propone no modificar la legislación más allá que lo que se ha negociado en esta Reforma y recortar las pensiones, dejándolas en una garantía mínima, con un complemento de plan de pensiones colectivas y planes de pensiones privados. Tenemos que apostar por otro estatuto de los trabajadores que revierta derechos, colocándolos en una situación de mayor cobertura legal frente a la Patronal.

Tenemos que iniciar lo antes posible, con sindicatos, asociaciones, partidos de izquierda, trabajadores y trabajadoras, y con nuestros electores, un debate para elaborar una plataforma reivindicativa y una estrategia para garantizar unas condiciones laborales dignas para el conjunto de la clase trabajadora. Eso ayudaría a elevar el nivel de concienciación de nuestra clase, alentando una mayor implicación, organización y lucha para conseguir estos objetivos. Los retos que se nos vienen por delante, no se pueden alcanzar con un acuerdo con la patronal a través del Diálogo Social. Precisamente, ha sido el veto de la patronal la que ha impedido ir más lejos. Veto que ha sido aprovechado por la parte del PSOE en el Gobierno para frenar los cambios de más entidad en la reforma. Desde UP no debemos alimentar las esperanzas en el acuerdo con la CEOE como vía de solución de los problemas, sino en la organización de la clase trabajadora y la la lucha, y para ello tenemos que prepararnos. Hay que pasar a la ofensiva con la movilización y pelear por el pleno empleo, en condiciones dignas.

Resumen del contenido de la nueva Reforma Laboral

Aspectos positivos de la Reforma

• Recupera la ultraactividad de los convenios, hasta que se negocie uno nuevo.
• Recupera la prevalencia en los aspectos salariales de los convenios de sector, frente a los de empresa.
• Suprime los contratos por obra o servicio determinado, (ya una sentencia del TS de noviembre de 2021, impedía su uso), por ser un coladero de contrato temporales, pero crea el contrato el fijo de obra en el sector de la construcción, o potencia el contrato fijo-discontinuo, que representa, mantener la temporalidad, aunque en las estadísticas digan que no son trabajadores temporales. Alrededor de 248.000 contratos de obra en construcción, ya han pasado a fijos de obra. Habrá trabajadoras o trabajadores, que tengan más de un contrato fijo discontinuo y con más de una empresa.
• También es positivo, que en las subcontratas se tenga que aplicar el convenio de sector de su actividad y no el de la empresa subcontratada, aunque no se recoge la reivindicación de los sectores afectados de aplicar el convenio de la empresa principal para la que se trabaja con lo que, en esencia, no se toca el sistema de subcontratación que es una fábrica de precariedad, inseguridad y de siniestralidad.

A cambio:

• El despido individual y colectivo, sigue siendo libre, fácil y barato.
• El empresario sigue teniendo en sus manos la capacidad de decidir cuándo te despide, sin la posibilidad de incrementar la indemnización con los salarios de tramitación, si recurres a la vía judicial, aunque un juez determinara despido improcedente. El empresario decide si te quedas o te vas con la indemnización.
• Despidos objetivos: No se recupera la autorización de la administración, que era un freno a las pretensiones y abusos empresariales. La Autoridad Laboral sigue siendo recepcionista de los EREs y ERTEs, sin capacidad para decidir sobre su contenido, salvo si hay un problema de forma. Eso le permite la arbitrariedad total a la patronal, sin control sindical.
• Se mantiene la capacidad de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y el descuelgue de los convenios. A través de esta figura la patronal ha reducido o eliminado derechos y condiciones económicas y va a seguir teniendo esa potestad, también sin control sindical.
• Se mantiene la contratación parcial por días o semanas a través de las ETTEs, aunque tienen que adaptarse a la reforma.
• Se flexibilizan más los ERTEs y EREs, con mayores beneficios para los empresarios, al poderse beneficiar del no pago del 70% de los salarios de los trabajadores afectados y hasta del 90% de las cuotas a la S.S., aun teniendo beneficios, que lo pagaremos todos los contribuyentes vía presupuestos.

Notas

1 https://servicioestudiosugt.com/los-danos-de-la-reforma-laboral-de-2012/

2 Coto al abuso de la temporalidad. Alternativas económicas, nº 99. Ariadna Trillas