Jordi Escuer
MÁS ALLÁ DEL VOTO, HAY QUE DEFENDER UNA ALTERNATIVA
“Poco realista”, es lo que piensa la patronal del proyecto de Presupuestos para 2021. Eso no le lleva a renunciar a las ingentes transferencias de dinero público que le reportarán. Para la derecha, nos arrastrarán a una “crisis sin paliativos”, con “déficit, despilfarro, deuda y desempleo”, obviando que su sistema nos conduce una y otra vez a ellas. Les resulta difícil conciliar su credo neoliberal con el rescate público del capitalismo. Pero sus críticas no convierten en adecuados a los presupuestos. No debemos dejarnos deslumbrar por la palabra “modernizar”, tan habitual últimamente, y sí poner las cifras en relación con las necesidades de la mayoría de la sociedad, en particular, de la clase trabajadora.
El proyecto de Presupuestos para 2021 supone un incremento respecto a los anteriores de 89.444 millones de euros, una gran cuantía, aunque el gasto efectivo de 2020 va a ser mucho mayor del presupuestado por las partidas extraordinarias de la pandemia1. Una cifra que, no obstante, quedará lejos de lo que va a suponer la caída de la economía2.
«El Banco de España (BdE) ya ha pedido que se preparen las medidas para proceder a un ajuste y lograr el equilibrio fiscal.»
No es nuevo el incremento del gasto ante la crisis, sí su magnitud. El presupuesto también creció en 87.083 millones de euros3 entre 2008 y 2009, una cuantía sustancialmente menor que la actual, pero la caída del PIB en 2020 también será tres veces mayor que en 20094. La profundidad de la crisis obliga a un desembolso más grande so pena de un desastre social aún mayor. ¿Alguien se imagina lo que hubiera sucedido estos meses sin esas ayudas públicas? El Banco Central Europeo (BCE) calcula que las ayudas han evitado quiebra de una de cada tres empresas españolas, al menos por ahora5. Gobiernos de derechas, o de coalición con la derecha, como los de Francia y Alemania, están empleando más dinero público que el Ejecutivo español contra la crisis, que es “de los países que menos gasto ha realizado en ayudas directas (3,6% del PIB), frente a una media de cerca del 10% en la UE”6.
Tras la recesión de 2009, los recortes vendrían en 2010. Ahora, también se pretende volver a la política de ajuste apenas sea posible. El Banco de España (BdE) ya ha pedido que se preparen las medidas para proceder a un ajuste y lograr el equilibrio fiscal. Las leyes que ampararon los recortes están en suspenso, pero siguen en vigor y el Gobierno está dispuesto a retomarlas7.
Más deuda con una reforma fiscal insuficiente
No faltan los recursos, la cuestión es quién los tiene y para qué se emplean. Hay una enorme cantidad de dinero en manos de los grandes fondos de inversión privados, que son quienes se benefician prestando a los Estados, a los que se niega la opción de financiarse directamente en el BCE, que permitiría un gran ahorro en intereses8.
El fondo Next Generation de la Comisión Europea (CE) se nutrirá de créditos. Las instituciones tratan de evitar o minimizar las subidas de impuestos a las rentas más altas. Pero si algo ha puesto en evidencia la COVID19 es la importancia de la solidaridad colectiva. La única forma de salvar a las personas en situación más precaria es con un trasvase de renta de quienes más tienen hacia quienes menos tienen, de los grandes capitalistas a la clase trabajadora, y de las empresas grandes a las pequeñas y medianas.
«…el Gobierno acepta en gran medida los argumentos de la patronal en materia fiscal y el Presupuesto propuesto recoge una subida fiscal de sólo 6.847 millones.»
Pero solidaridad y capitalismo son términos que encajan mal. La patronal quiere las ayudas públicas pero no poner más recursos para que los servicios públicos funcionen. Dicen que no es el momento de subir impuestos y que el Estado debe endeudarse. La patronal nunca verá la ocasión de subir los impuestos a las rentas más altas, ¿y quién pagará luego las deudas? La clase trabajadora a base de nuevos recortes del gasto social y peores condiciones laborales, como se hizo en la anterior crisis.
De hecho, la negativa a una política fiscal que suba los impuestos a las rentas más altas ha condenado al Estado a endeudarse desde el año 2008 y ha servido de argumento para la política de recortes del gasto social. El negocio ha sido redondo para las rentas altas, menos impuestos y más beneficios a base de financiar el presupuesto público.
Desgraciadamente, el Gobierno acepta en gran medida los argumentos de la patronal en materia fiscal y el Presupuesto propuesto recoge una subida fiscal de sólo 6.847 millones9 este año. Hay avances claros sobre lo que quiere la derecha, por eso protesta, pero se queda muy lejos de lo que supondría igualar la presión fiscal a la media europea, que supondría recaudar casi 76.000 millones de euros, y el doble, 156.000, si la equiparáramos a Francia. Eso nos condena a seguir atrapados en el endeudamiento.
IU elaboró una propuesta detallada de reforma fiscal que permitiría alcanzar esas cifras10, con una recaudación de 79.680 millones, mediante una mayor progresividad para que paguen más las rentas más altas y reduciendo el IVA, por ejemplo de la electricidad del 21 al 10%, y planteando medidas serias de lucha contra el fraude, como doblar la actual plantilla de inspectores de hacienda y concentrar su labor en las grandes empresas y fortunas.
También es incompatible con una política de izquierdas la cuantía del gasto militar. Además del correspondiente al Ministerio de Defensa, si sumamos todas las partidas repartidas por diferentes Ministerios, el gasto militar ronda los 20.000 millones. El gasto en nuevos programas de armamento es de 13.356 millones entre 2019 y 203211. En los 2021, se destinarán 3.090 millones a programas especiales de armamento, más que lo previsto para el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Por último, y no menos importante, el Gobierno ha empleado distintos instrumentos de apoyo a las empresas en forma de avales, garantías y créditos, por importe de 159.469 millones de euros12. Es cierto que la mayoría de ese dinero no ha sido desembolsado pero, si las empresas no pagan, tendrá que hacerlo el Estado.
Más recursos sí, pero no van a bastar
Pedro Sánchez ha anunciado el mayor gasto social de la historia española. Supone la mayoría del Presupuesto, un 53,7%, y crece el 10,3%. Es mucho en contraste con estos años pasados, aunque es la mitad de lo que aumenta el conjunto del gasto, el 19,4%. Al final, la única forma de valorar estas cifras es poniéndolas en relación con las necesidades.
Antes de la pandemia ya había 4,2 millones de personas en situación de pobreza severa y que ahora hay más. El IMV contará con 3.000 millones de euros para atender a 850.000 familias. El problema es que, no sólo tarda en llegar a quienes lo necesitan13 o no llega, sino que el dinero previsto no es suficiente, con una media de 294 euros al mes por familia, una cantidad por debajo del umbral de la pobreza14. El IMV habría que concederlo a todo aquel que lo solicite y ajustar cuentas en la declaración de la Renta de 2020, que será en pocos meses, y debería ser de una cuantía suficiente para vivir dignamente, no inferior al Salario Mínimo actual. Eso exigiría una cantidad sustancialmente mayor de, al menos, 20.000 millones de euros15 y tendría que ir vinculado a un refuerzo serio de los Servicios Sociales. El 14% de las ayudas europeas.
El gasto en Dependencia se incrementará en 600 millones, un gran avance, pero que no cubre las necesidades existentes. «Sabes que este dinero es insuficiente» le dijeron las organizaciones sindicales al Secretario de Estado de Derechos Sociales. Sólo para eliminar las listas de espera en dependencia, serían necesarios 1.710 millones de euros16.
«No hay que negar los avances, pero muchas personas van a seguir en la estacada y no les consolará escuchar que con la derecha sería peor.»
Los recursos en políticas de vivienda crecerán un 360%, hasta llegar a los 2.253 millones. Aunque todo se dedicase a construir vivienda pública en alquiler, o a incorporar vivienda vacía al parque público, sólo alcanzaría para unas 28.000 en todo el Estado. Únicamente la ciudad de Madrid ya tiene 26.000 personas demandantes de vivienda social. Pero la realidad es que sólo se prevé dedicar a promoción de vivienda pública en suelo público 100 millones 17. El problema de fondo es que necesitamos un parque público de tres millones de viviendas y tenemos menos de 500.000, por lo que harían falta 2,5 millones más18. Sin un gran parque público en alquiler asequible, las leyes regulatorias de los precios, aunque necesarias, no tendrán la misma efectividad pues estaremos en manos de empresas y propietarios privados.
Se pueden ver las enormes necesidades que hay en materia de vivienda en algunos datos. En el segundo trimestre de 2020, en plena pandemia, hubo 1.383 desahucios, a pesar de la prohibición de los mismos19. La realidad es que en 2019 hubo 54.000 desahucios. Pero, además, hay 423.000 hogares con dos familias o más20, que reflejan el hacinamiento y falta de medios de muchas familias para acceder a una vivienda.
Estas cifras nos dicen que sería urgente disponer de 500.000 viviendas sociales más. Puede parecer una cifra inasequible, pero supondría alrededor de 40.000 millones de euros, un 28% de las transferencias que va a hacer la UE al Estado español. Hay que recordar que existe un gran número de vivienda vacía, que sería el ámbito primero y más rápido de intervención. La cuestión estriba en cuál es la prioridad, y está claro que no es la vivienda. Con las medidas que nos plantean los presupuestos llevará siglos alcanzar la media europea.
Un último ejemplo de lo limitado de los Presupuestos es el Indicador de Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para muchas prestaciones sociales y que se inventó para desvincularlo del Salario Mínimo Interprofesional. Se ha subido un 5%, de 537,84 a 564,73 euros. Es más de lo que hizo el PP, que lo congeló 10 años, pero no deja de ser insuficiente. No recupera el 15% de poder adquisitivo perdido y, sobre todo, sigue por debajo del umbral de la pobreza.
No hay que negar los avances, pero muchas personas van a seguir en la estacada y no les consolará escuchar que “con la derecha sería peor”. Al final, quedarnos a medias o a cuartos, nos garantiza todos los inconvenientes de confrontar con la derecha, que no nos a pasar ni una, pero ninguna de las ventajas que supondría movilizar a la mayoría de la clase trabajadora por unos objetivos que atendieran realmente las necesidades sociales y despertaran su esperanza y entusiasmo.
Financiar a la empresa privada o fortalecer al sector público
La mayor parte de las transferencias de dinero y préstamos de la UE van a ir a proyectos de desarrollo de infraestructuras para lo que se denomina la transición digital y ecológica21. En la práctica, ese dinero beneficiará a las grandes corporaciones privadas que son las que están diseñando los cambios en esos terrenos. Los planes para la automoción, el apoyo al turismo y la digitalización de las empresas acaparan la mayorías de recursos de la UE22. El Gobierno ya ha anunciado 10.000 millones de los fondos europeos para el sector del automóvil23, una cifra que contrasta con la prevista para el IMV.
El Gobierno va a financiar a las grandes empresas privadas para que lleven adelante sus planes de reconversión, porque las pequeñas no tienen capacidad de actuar en este terreno. Todas las grandes compañías están anunciando planes de inversión, que van unidos a captar parte de los fondos europeos24. El Gobierno incluso va a anticiparles entre el 50 y 90% de las ayudas25. Sus previsiones son que se creen 880.000 empleos con los 60.000 millones del Plan, a razón de 15 empleos por cada millón de dinero público gastado durante tres años, unos 22.000 euros por puesto de trabajo y año. Incluso si se cumplen, el paro seguirá en más de tres millones, pero habremos subvencionado a los grandes oligopolios privados que dirigen la economía española, para que sigan ganando dinero a nuestra costa. ¿Por qué no emplearlo en desarrollar el sector público y la economía social sin ánimo de lucro?
Sin embargo, el Gobierno mantiene las limitaciones para el crecimiento de las plantillas públicas. Ni siquiera se recuperará el nivel de empleo público de 2008. ¿Cómo van a funcionar los servicios públicos sin plantillas adecuadas? Es más ¿qué nos garantiza que los gobiernos autonómicos, que administran la mayor parte del gasto social, van fortalecer los servicios públicos? Ni en plena pandemia está sucediendo, como estamos comprobando en la Comunidad de Madrid.
La Sanidad pública necesita una ampliación drástica y permanente de las plantillas. Sólo en enfermería hacen falta 120.000 efectivos más para alcanzar la media europea, un 50% más26. CCOO ha planteado un incremento de 62.000 personas en el Sistema Público de Salud este año, doblando los recursos en Atención Primaria para que supongan el 25% del total27. Es la forma de poder combatir la pandemia y atender al resto de patologías. Sin embargo, el Gobierno espera una caída del gasto en personal en 2021 “ante la mejora de la situación sanitaria, que originará menores contrataciones de personal sanitario del Sistema Nacional de Salud y reducirá el coste de otras contrataciones en 2020 derivadas de la COVID-19”.
Además, el personal sanitario debe contratarse en condiciones dignas, de forma indefinida, directa y con condiciones adecuadas para el desempeño de su labor. ¿Se van establecer normas que obliguen a todas las administraciones a actuar así? La situación de la mayoría del personal sanitario es precaria, lo que les empuja a buscar empleo en otros países.
Lo mismo ocurre con Enseñanza pública, que necesitaría 165.000 profesores y profesoras más para reducir las ratios a 15 alumnos por aula28, pero a finales de agosto se anunció la contratación de sólo 40.000 en todo el Estado, de los cuales muchos van a ser despedidos al final del primer trimestre de este curso. Los Servicios Sociales, del Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social… también carecen de personal suficiente para afrontar las necesidades actuales.
Lo mínimo que debemos exigirle a un gobierno de la izquierda es que cumpla con los derechos sociales atendiendo las necesidades reales, dotando los servicios públicos de los recursos suficientes empezando por las plantillas, que serían, además, una fuente de creación de empleo útil socialmente. Hay que exigirle una reforma fiscal progresiva que consolide los ingresos públicos y unos planes de desarrollo económico que pongan por delante la atención de las necesidades sociales: una Renta Mínima de Emergencia y un plan de vivienda que responda a las necesidades que existen. Y habría recursos para hacerlo. Pero, claro, chocaría frontalmente con los intereses de la patronal, pues bloquearía el negocio privado en numerosos terrenos, y les obligaría a reducir sus ganancias.
El conjunto de los partidos de izquierda tiene mayoría en el Parlamento, lo que nos indica que, si no lo hacen, es porque no quieren. Y es que el PSOE tiene dos almas, la de la mayoría de sus dirigentes, que son parte del sistema y del régimen, que llevan décadas gestionando, y la de sus militantes y votantes, que tienen fuertes raíces entre la clase trabajadora.
Hacer unos presupuestos con una lógica distinta
En realidad, habría que ir más allá. Unos Presupuestos que quieran resolver los problemas sociales deben ir unidos a una propuesta de sociedad y economía distintas, fundamentadas en el sector público y social, en una planificación democrática y descentralizada de la economía, que prime la atención de las necesidades sociales, con empleo digno, y el respeto los límites que nos marca la naturaleza.
«La administración de los ahorros de la sociedad no puede seguir en manos de un oligopolio privado»
¿Por qué los cambios económicos se dejan en manos de grandes empresas? ¿es el “New Green Deal” es la única opción posible? ¿O el 5G? ¿O la Industria 4.0? ¿El coche eléctrico es la solución29? Debería hacerse un debate público y dar participación al conjunto de la ciudadanía para ver qué opciones son las mejores social y ecológicamente, a corto y a largo plazo. Con más motivo cuando se trata de cambios que llevarán a cientos de miles de personas al desempleo, con cierres y reducciones de plantillas.
Medidas como la nacionalización de las compañías energéticas serían determinantes para una transición energética justa socialmente y efectiva medioambientalmente. Dos compañías privadas controlan el 70% del mercado eléctrico, es un oligopolio privado el que decide sobre un servicio público vital como es la energía. ¿Por qué no emplear los beneficios que genera en el desarrollo social? Sólo Endesa espera repartir unos beneficios de 5.950 millones entre 2020-2330.
Y, por último, se debería plantear la nacionalización de la banca. La administración de los ahorros de la sociedad no puede seguir en manos de un oligopolio privado, sino que debe transformarse en un servicio público, sometido a control democrático. El artículo 128 de la Constitución, “toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general”, es papel mojado si el sistema bancario es privado. Los cinco mayores bancos, que tras la fusión del BBVA y el Banco Sabadell van a controlar el 70% de los depósitos bancarios, constituyendo un oligopolio privado extremadamente poderoso.
La paradoja es que el sistema bancario tiene un aval público de todos los depósitos hasta 100.000 euros, más de 800.000 millones de euros. Sin ese aval, sin la liquidez permanente del BCE o la obligación de los Estados de financiarse a través de los bancos privados, la banca privada no sería viable.
Votar o no votar, esa no es la cuestión
A final, en función de nuestras fuerzas, tendremos que intentar arrancar cuánto podamos de medidas sociales en los presupuestos y votarlos favorablemente, pero debemos emplear más tiempo en denunciar las carencias y explicar las alternativas que sus bondades. Debemos explicar que la clase trabajadora y la mayoría de la sociedad sólo puede confiar en su capacidad de movilización y en construir alternativa propia frente a los planes de las grandes corporaciones capitalistas. Debemos huir de la política del “mal menor”, que ponga sordina a una alternativa en aras a preservar pequeños logros alcanzados en el Consejo de ministros, que justifique renuncias bajo el argumento de que, con la derecha sería peor. Si actuamos así, corremos el riesgo de dejar a Vox como única alternativa y no nos lo podemos permitir.
«Estos presupuestos son la cúspide de lo que están dispuestos a dar, salvo que luchemos y levantemos una alternativa»
Tras el debate de los presupuestos subyace una discusión de hondo calado. El vicepresidente Pablo Iglesias cree que podemos amansar el tigre capitalista: “Ahora todo el mundo es neokeynesiano y asume que hay que gastar, así que la revisión que se puede llegar a producir del acuerdo de coalición es al alza, porque llegan muchísimos recursos (…) aquí y ahora no nos jugamos solamente los presupuestos, ni esta legislatura; nos jugamos también quién va a estar en la dirección del Estado de este país en las próximas décadas. La viabilidad de este Gobierno de coalición pasa por asumir no solo una agenda social de protección de derechos sociales y de apuesta por la innovación, buscando además nuevas alianzas con nuevas elites empresariales mucho más emprendedoras y con capacidades para asumir la modernización que necesita este país, sino también los sectores que representan una España plural y plurinacional”31.
En 2012, IU ya explicó que el acuerdo entre patronal y sindicatos no es la vía para resolver los problemas sociales y ecológicos. Las posturas toda la “élite empresarial” responden, no sólo a razones ideológicas, sino a intereses materiales: su objetivo es adaptar los cambios productivos a las necesidades de rentabilidad, pues es la lógica del capitalismo. Eso conduce a aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadoras y, también, el expolio de la naturaleza, porque esas son las fuentes de sus beneficios. Por eso la desigualdad social y el deterioro ecológico no han dejado de crecer en las últimas décadas. Todos los argumentos para no derogar la reforma laboral o subir los impuestos a las rentas altas, giran en torno a no “desincentivar la inversión”, la cual exige rentabilidad que, a su vez, exige más explotación. Por eso se resisten a derogar la reforma laboral. Romper ese nudo gordiano es el reto de la izquierda, no atarse a él.
No parece muy probable que ni el sistema ni una buena parte del Gobierno, estén dispuestos a hacer cambios al alza en el acuerdo de Gobierno, sino todo lo contrario. Estos presupuestos son la cúspide de lo que están dispuestos a dar, salvo que luchemos y levantemos una alternativa.
Notas / Referencias
1 55.588.321.224 euros hasta primeros de octubre, según se recoge en el Plan presupuestario 2021, remitido por el Gobierno a la Comisión Europea el 15 de octubre. https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2021/Plan_Presupuestario_2021_ES.pdf
2 La caída prevista del 11,2% equivale a 139.413 millones del PIB previsto en el Plan Presupuestario 2021 del Gobierno. El incremento del gasto público equivale pues al 64% de la caída del PIB.
3 En precios constantes de 2020. En 2008 el PIB se estancó, con apenas unas décimas de crecimiento, mientras en 2009 cayó el 3,8%.
4 La previsión del Gobierno es que en 2020 caiga un 11,2%, frente al 3,8% de 2009.
6 https://economistasfrentealacrisis.com/epa-tercer-trimestre-2020/
7 “… hay que advertir que la activación de dicha cláusula [de salvaguarda, que permite no aplicar las políticas de limitación del gasto por circunstancias excepcionales como la pandemia] por parte de la Comisión Europea no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y que el Gobierno de España mantiene intacto su compromiso con la estabilidad presupuestaria”. Plan presupuestario 2021, remitido por el Gobierno a la Comisión Europea el 15 de octubre. https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2021/Plan_Presupuestario_2021_ES.pdf
8 “Según los datos históricos de Eurostat, desde 1995 —año en que comienzan a proporcionarse datos para la UE(19)— hasta 2018, la deuda total aumentó en 5,79 billones de euros y durante esos años se pagaron 6,4 billones de euros en intereses. Es decir, el 110,6%. Lo que significa que no sólo la totalidad del crecimiento que ha tenido la deuda pública europea en los últimos 18 años, sino incluso un poco más, corresponde al pago de intereses”. Artículo de Juan Torres López, en Nueva Tribuna. https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/todo-crecimiento-deuda-publica-ue-1995-corresponde-intereses/20190518182715162837.html
9 Plan Presupuestario 2021, página 52
10 https://izquierdaunida.org/horizontepais/
11 https://www.elsaltodiario.com/pge/compra-armamento-inversiones-estado-presupuesto-2021
12 Plan presupuestario 2021, página 33. https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2021/Plan_Presupuestario_2021_ES.pdf
13 Más de un millón de personas han solicitado el ingreso mínimo vital, pero sólo una pequeña parte de ellas lo ha recibido. De los 976.000 expedientes tramitados hasta octubre, sólo 136.000 cumplían con los requisitos, unos 192.000 solicitudes fueron denegadas y 160.000 siguen pendientes, a la espera de subsanar errores u ofrecer datos complementarios, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. https://www.elconfidencial.com/economia/2020-10-28/ingreso-minimo-vital-cuando-cobrar-ayuda_2653728/
14 El umbral de la pobreza en 2019 estaba en 9.009 euros anuales por persona. Esa cifra equivale al 60% de la mediana de los ingresos de la población, porcentaje a partir del cual se considera que una persona está en situación de riesgo de pobreza.
15 Si partimos de 4,2 millones de personas en pobreza severa, y de que el tamaño medio de las familias es de 2,5 integrantes, obtenemos un número de familias en situación de pobreza severa de 1,68 millones. Si establecemos el ingreso mínimo en el SMI, se necesitarían al menos 20.000 millones para atenderlo.
17 Para impulsar el Plan 20.000, por el que el Ejecutivo prevé levantar sendas viviendas destinadas al alquiler social o asequibles, en el ejercicio 2021 se destinarán a esta iniciativa 100 millones de euros a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) para actuaciones en suelos de su titularidad y actuaciones a desarrollar mediante subvenciones nominativas a las comunidades autónomas o ayuntamientos en suelos de titularidad pública, donde se construirán estos inmuebles. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/29/economia/1603988849_729678.html
18 Según una estimación reciente, el número de viviendas protegidas destinadas al alquiler social en España ascendía en 2019 a 452.000, lo que supone un 2,5 % del parque total de viviendas, mientras que en un conjunto de 28 países de Europa, que incluye a toda la Unión Europea, la proporción media asciende al 9,3 %[3]. Se considera, asimismo, que el parque de viviendas sociales debe de situarse en torno a las 65 viviendas por cada mil habitantes, mientras que la proporción de España es de 9,5. Para alcanzar dicha proporción, España necesitaría disponer de un parque de viviendas sociales de alrededor de los tres millones de unidades. https://economistasfrentealacrisis.com/un-momento-oportuno-para-construir-100-000-viviendas-sociales-de-alquiler/
19 Datos del Consejo General del Poder Judicial. https://www.eldiario.es/economia/no-desahucios-no-prohibidos-dice-gobierno-hay-70-dia_1_6409482.html
21 “Los dos principales ejes, los de transición ecológica y digital, representan más del 70% de los esfuerzos presupuestarios del Plan”. Página 43, https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2021/Plan_Presupuestario_2021_ES.pdf
22 Mientras que el Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción se lleva 3.750 millones de euros, el Plan de impulso para el sector turístico 4.262 y el Plan España Digital 2025 supondrá 15.000, el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación supondrán 1.056 millones entre 2020 y 2021, y el Plan de modernización de la Formación Profesional 1.500 millones en cuatro años. Datos del Plan Presupuestario 2021.
24 Un ejemplo es el de Endesa ha anunciado este miércoles inversiones de 25.000 millones entre 2021 y 2030 para aprovechar las oportunidades derivadas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la ‘hoja de ruta’ del Gobierno para abordar la transición energética en la próxima década, y los fondos de la UE para la recuperación postCovid, según la visión a 2030 para la compañía presentada como novedad dentro de la actualización de su plan estratégico 2021-2023. https://www.eldiario.es/economia/endesa-lanza-megaplan-inversor-25-000-millones-2030-aprovechar-transicion-energetica_1_6458077.html
Pero lo mismo está haciendo Iberdrola: BBVA e Iberdrola se alían con la patronal de concesionarios para captar miles de millones en fondos europeos para el coche eléctrico. https://www.infolibre.es/noticias/economia/2020/11/25/bbva_iberdrola_alian_con_patronal_concesionarios_para_captar_miles_millones_fondos_europeos_para_coche_electrico_113650_1011.html
26 https://www.newtral.es/faltan-enfermeras-espana-contratos-precarios/20201007/
29 https://porelsocialismo.net/a-la-transformacion-ecosocial-no-se-llega-en-coche-electrico/
31 https://www.publico.es/entrevistas/gobierno-obligacion-pnv-erc-eh-bildu-madrid-compromis.html
