Publicamos este interesante artículo de coyuntura sobre el proceso de protestas sociales que sacude Colombia publicado por el equipo del CEDINS el pasado 18 de mayo.

El próximo 1 de junio podremos charlar con Milena Ochoa Larrota -la directora de este organismo-, en una conversación que emitiremos en directo y en la que estará acompañada por otros participantes que nos aportarán su visión sobre los acontecimientos en Colombia, así como su influencia internacional.

Equipo CEDINS
Corporación para la Educación e Investigación Popular – Instituto Nacional Sindical

¡Vuelvan a casa con vida! ¡Hagan lo que tienen que hacer! ¡Vuelvan a nuestros hogares! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan hijitos con nosotras! Grita una mujer abrazando a jóvenes encapuchados. Esta imagen en medio del Paro Nacional convocado para el 28 de abril expresa la realidad de lucha y de un movimiento que crece y avanza, de jóvenes que no temen a las balas del régimen y, aun así, son llamados por su pueblo no sólo a pelear, si no a volver con vida. La importancia de este hecho radica en que da respuesta desde la calle a la pregunta que ronda en el mundo entero ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? estamos en pleno nacimiento de un nuevo país desde las barricadas y los bloqueos.

Un ciclo de ascenso en las luchas populares que como referente encuentra la Minga Social y Comunitaria en el año 2008, el paro estudiantil del 2011, las movilizaciones y paros agrarios no sólo con alcance nacional, también con un importante respaldo popular y la participación de otros sectores como los sindicatos minero – energéticos. En este contexto se desencadena una mayor presencia de los sectores urbanos(1) hasta llegar al periodo 2017 y 2018 con el paro nacional universitario y la primera contienda en contra de la reforma tributaria en la “Toma de las Capitales”, donde las y los estudiantes, sindicatos, educadora/es, habitantes de los barrios populares cobran protagonismo en las ciudades en medio de una agitación social creciente.

La participación de las mujeres en las jornadas de movilización no sólo es más visible, también es más beligerante y amplía el panorama político de lucha a través de expresiones de identidad como mujeres campesinas, mujeres sindicalistas o estudiantes y con reclamaciones, transformaciones y nuevos repertorios propios de la lucha antipatriarcal y anticapitalista.

El paro del 21 de noviembre de 2019 es a la vez salto y continuidad en este ciclo de luchas que se dan en Colombia y también en Nuestra América, e impulsa el avance de una fuerza movilizada joven, con una rápida politización y una territorialidad urbana, que enfrenta las medidas económicas que precarizan aún más la vida a través de ajustes neoliberales en los que no se acepta el incremento al combustible en Ecuador, ni el aumento al valor del tiquete en el metro en Santiago de Chile “no son 30 pesos, son 30 años”, ni el IVA del 19% a la canasta familiar en Colombia, entre cientos de demandas que reclaman condiciones dignas de vida y detener el genocidio político.

La gestión de la crisis económica realizada por el gobierno Duque ha descargado el grueso de sus consecuencias sobre los trabajadores, y especialmente las trabajadoras(2), el desempleo subió 5 puntos en 2020, sobre todo entre los más jóvenes. La gestión de la pandemia se ha materializado a través de un estado de excepción, de disciplinamiento social, militarización y de nulas políticas que permitan superar las ya existentes medidas focalizadas de asistencia social, lo que ha conducido, a un escalamiento de la pobreza en 2020 hasta de un 42,5%, otro 30% de la población está en situación de vulnerabilidad económica: tiene ingresos por encima del nivel de pobreza, pero ante cualquier crisis económica está en riesgo de caer en la pobreza extrema, según las cifras del DANE. Es decir, la mayoría de la población colombiana está en situación de vulnerabilidad económica y este aumento de la pobreza se presenta, sobre todo, en las ciudades.

En tal sentido el gobierno colombiano conocedor de la desigualdad creciente por décadas de neoliberalismo y corrupción opta por profundizar la miseria, y prefigurando lo que imaginaban sería un escenario de resistencias, protestas y acciones de movilización, junto con la actualización de la doctrina del enemigo interno, incrementan el gasto militar durante la pandemia. De acuerdo con el informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) 9.200 millones de dólares representan un incremento del 2,5% con respecto al año anterior, así esta cifra convierte a Colombia en el segundo país de América Latina que más invirtió en gasto militar, entre otras adquisiciones, se destacan 18 tanquetas por 12.000 millones de pesos y 81.000 unidades de gases lacrimógenos en la dotación para el ESMAD.

Paro nacional del 28 de abril: una convocatoria que se hace oportunidad

El 25 de abril con la marcha de campesinas y campesinos en Anorí, Antioquia, en contra de la reforma tributaria, el uso de glifosato y el mal gobierno, inicia una jornada histórica de lucha que se convierte en el levantamiento popular que aún sigue vigente. La convocatoria a Paro Nacional el 28 de abril por el Comité Nacional de Paro se hace oportunidad para miles de trabajadora/es, comunidades y pueblos en lucha para salir a las calles y especialmente para las y los jóvenes de los barrios populares a gestar en 21 días de paro, un nuevo país. Sus dimensiones así lo demuestran: su duración y amplia cobertura geográfica, entre los días 25 y 29 de abril se registraron acciones de protesta en 25 de los 32 departamentos; por la participación de diversos sectores sociales, el apoyo y la solidaridad internacional, la diversidad de exigencias y las problemáticas y conflictos que develan, las movilizaciones de colombiana/os en otros países, la fuerte resistencia en Cali y cuatro movilizaciones nacionales el 28 de abril, el 1º, 5 y el 12 de mayo.

Asistimos al nacimiento de un nuevo país que desde las barricadas arrinconó al gobierno de Duque, que le devolvió al pueblo un respiro al no tener que pagar más dinero por los alimentos, que develó al mundo no sólo que en Colombia no existe democracia, sino que hay una nueva generación de jóvenes para un nuevo momento en la lucha de clases.

Nada volverá a ser igual porque se empieza a ver el resplandor del poder cuando el pueblo lo toma en sus manos. Las movilizaciones y las plazas de encuentro hoy se diseminan en diversos puntos de resistencia en las ciudades. El barrio y sus estrechas relaciones hacen de la protesta una acción solidaria y de larga duración, y la primera línea no es sólo un avance organizativo popular, es un triunfo ideológico que revitaliza la acción de calle, que la dota de nuevos sentidos y prácticas de defensa y que logra romper definitivamente con el miedo.

Es cada vez más claro que este levantamiento popular sintetiza y abre un nuevo periodo de lucha de clases, que empuja la fuerza del pueblo y en consecuencia las clases en el poder responden configurando un escenario profundamente colonial, patriarcal y violento.

El racismo en contra de la Minga Indígena en Cali, los ataques continuos de los medios de comunicación y del gobierno nacional y local que llaman a matar indios, nos hace volver sobre lo que significó Manuel Quintín Lame, en 1963: “[…] para la aristocracia caucana de la época fue un megalómano, un alucinado, para otros un genio místico, un asno o un indio exabrupto como lo llamó Guillermo León Valencia; para algunos un embaucador, para la prensa conservadora del momento fue un terrible forajido y bandolero. Pero para los indígenas que lo siguieron fue un Mesías, un taumaturgo de la Ley, un general de la causa de los pobres” (Romero Op. Cit. 34). Para la causa indígena “fue el hombre que no se le humilló a la justicia”, tal y como escribieron las autoridades indígenas del Tolima a modo de epitafio sobre la cruz de su tumba.(3)

El derribamiento de monumentos a la dominación española como la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán y en Cali y la de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá son la imagen más clara de la caída del poder hegemónico, por eso resultan tan impactantes, porque muestran de facto que es posible, así se expresa la lucha anticolonial que se descifra en el enjuiciamiento, en el castigo de los pueblos a sus opresores, en la disputa cultural histórica por los lugares de memoria, las conmemoraciones, los emblemas y las narrativas del pasado; es la profanación y el sacrilegio en contra de la arquitectura del poder: Construir monumentos, marcar espacios, respetar y conservar ruinas, son procesos que se desarrollan en el tiempo, que implican luchas sociales y que producen (o fracasan en producir) esta semantización de los espacios materiales.(4)

El orden patriarcal asegura su dominación sobre las mujeres a través de la violencia sexual. En 17 días de protestas han sido abusadas sexualmente 16 mujeres por parte de la policía, desde el 2017 se han denunciado 102 hechos de violencia sexual; en Neiva y en diversos puntos de movilización es recurrente la violencia sicológica y las amenazas: “Espero que sea muy machita cuando entre todos la violemos, para que aprenda a no hablar mal de los policías y ayudando tropeles, ojalá los maten a todos y me voy a reír en la cara de su mamá ese ratico”. La violencia del gobierno de la “gente de bien” de hombres, blancos y vestidos de blanco, adultos, adinerados y armados, de la policía, del ejército, de los paramilitares es la violencia estructural clasista y patriarcal contra las mujeres y el pueblo.

La definición de agresión sexual contra las mujeres no es suficiente ni para tipificar ni para dar cuenta de lo que está pasando en Colombia, la realidad supera esta definición. La represión sexual sufrida por las mujeres en el contexto del paro tiene múltiples connotaciones políticas, se les abusa porque son mujeres, se les somete y castiga con mayor severidad por el hecho de levantarse y protestar, quizás el término violencia política sexual contra las mujeres sea más próximo para comprender y emprender una lucha por la justicia ante la violencia y los delitos de género cometidos por el Estado colombiano.

Las dimensiones de la represión en la actualidad son comprensibles bajo la óptica de una actualización de la doctrina de seguridad nacional: identificar al movimiento social y comunitario como el nuevo “enemigo interno” y, en consecuencia, como objetivo militar, urbanizar el conflicto armado y dar tratamiento bélico a la conflictividad social. Las tendencias a la militarización de las sociedades y al crecimiento de la desigualdad, o mejor, la concentración del poder y la riqueza en el 1%, crecen de forma acelerada a caballo de la relegitimación de los Estados-nación. Sabemos que cuando los poderosos sacan a sus fuerzas armadas a las calles para imponer el control, están enseñando a la vez su debilidad para mantenernos a raya a partir del consenso, ya que la hegemonía se trasmuta en dominación mostrando los límites del acatamiento voluntario(5). En tal sentido, la represión es la contención del proyecto de país que nace desde abajo y que es irreversible.

Foto. AFP 2021 / Daniel Muñoz

Derribando estatuas en las izquierdas y los desafíos para los movimientos sociales

Pareciera que el tiempo se acelera con la velocidad de los hechos en las coyunturas históricas; el desafío es seguir actuando de forma oportuna reconociendo los cambios y la convulsión que genera la alegría de la lucha y el dolor y el repudio ante la masacre, los intereses particulares de sectores y al oportunismo de los partidos políticos.

Las jornadas de lucha recientes como el 21 de noviembre de 2019 y el 9 de septiembre del 2020 expresan el avance y la consolidación de un nuevo periodo y movimiento en lucha, joven y barrial, beligerante y creciente que ha llamado a derribar no sólo las estatuas del poder colonial también aquellas que se van erigiendo al interior de las izquierdas y los movimientos sociales: prácticas, formas y métodos de trabajo y organización incólumes e inamovibles que hoy merecen ser derribados porque el momento histórico así lo exige.

Pensar que las y los jóvenes que luchan en las barricadas no tienen un proyecto político, por el hecho de no tener una estructura organizativa y un pliego de exigencias(6), que son acciones espontáneas y de descontento social, es una lectura no sólo adultocéntrica sino equivocada, percibe a los jóvenes como “menores de edad” en la lucha, les sitúa en desventaja por “su falta de experiencia” en relación con los movimientos sociales estructurados. Los hechos han demostrado todo lo contrario.

De la calle a una reunión a puerta cerrada: crisis de representatividad

De las más bellas lecciones del pueblo ha sido sin duda la forma de tensionar la representatividad, su carácter patriarcal y las ya tradicionales prácticas delegatarias, que si las vemos en perspectiva de participación popular contribuyen a la reducción en espacios cada vez más pequeños para la toma de decisiones. Entonces de escenarios de lucha amplios, diversos, coloridos con multiplicidad de sujetos, acciones y propuestas, vamos pasando lentamente hasta llegar a una mesa de reunión en las que participan especialmente hombres, y quienes asumen que tienen el poder de decidir, olvidando que están allí como puente y canal con otras y otros que luchan. Esta ruptura se venía presentando desde el momento en que el Comité Nacional de Paro, llamó a asamblea en el 2019 y requirió no sólo de delegados, también de inscripciones y escarapelas y cerró las puertas del teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Un desafío enorme para las propuestas de Asambleas Populares que se adelantan y se proyectan en este momento: el camino es lograr consensos y articulación, tender puentes, tomar la iniciativa, la preocupación no debe estar en el protagonismo con el que se ha vaciado la representatividad, lo central es la difusión de idearios políticos de nuevo país y el fortalecimiento de la lucha popular.

La negociación con el gobierno ha sido uno de los caminos para la exigencia de pliegos y reivindicaciones surgidas de las jornadas de movilización, esta relación con el Estado hoy también sufre una ruptura, ya que la otra cara de la negociación ha sido la inusitada represión y militarización, en tal sentido el camino es la exigencia al gobierno para que detenga el genocidio. En el fondo de esta guerra, lo que exige el pueblo es el derecho a protestar, a organizarse, a reunirse a encontrase en espacios deliberativos para construir un país antiautoritario, con vida digna y justicia social.

Las posibles salidas de este momento histórico son variadas, pueden imbricarse y se pueden extender en el tiempo: una de ellas puede ser la multiplicación de mesas de negociación, procesos simultáneos en los diversos territorios y con la pluralidad de sujetos en lucha, la segunda, es un proceso asambleario en perspectiva del fortalecimiento del poder popular, transformando los métodos y reconociendo las distintas formas de lucha, creando juntanzas, donde lo central no sería le negociación sino el tránsito a un nuevo momento político y de lucha por un país para la vida digna.

Referencias:

(1) Luchas sociales en Colombia 2016 – 2019. https://www.cinep.org.co/Home2/movilizaciones-cinep-2016-2019
(2) Con el fin de ampliar la lectura acerca del mundo del trabajo y los efectos de la gestión de la pandemia: Balance laboral pandémico en https://cedins.org/index.php/2021/04/10/boletin-de-coyuntura-enero-febrero-2021/
(3) Duarte, Carlos. álbum de metáforas que componen nuestra etnicidad colombiana. En https://lasillavacia.com/silla-llena/red-etnica/las-estatuas-mueren-tambien-77165 2020.
(4) Jelin, Elizabeth, Victoria, Langland Victoria. Monumentos, memoriales y marcas territoriales. Madrid: Siglo XXI Editores, 2003.
(5) Zibechi, Raúl. Tiempos de colapso. Los pueblos en movimiento. Ediciones Desde Abajo
(6) Hacemos referencia al inicio de las jornadas, ya que en este momento en muchos de los puntos de movilización hay pliegos.