Nuevo plan de destrucción de 5.000 empleos en Telefónica

Telefónica continua con su estrategia de destrucción de empleo en favor de la precariedad y la subcontratación.

Escribe Luis Miguel Busto
Delegado sindical de Telefónica y Secretario General de Alternativa Sindical de Clase

El centenario de una empresa como Telefónica no se podía celebrar de peor manera para los trabajadores y trabajadoras. Los planes liquidadores de Álvarez-Pallete siguen las directrices de obtención de rápidos beneficios dictadas por los fondos buitre que están tomando el control de la empresa. Una empresa que fue levantada en sus orígenes, en todos los pueblos y ciudades, en terrenos cedidos por el Estado y por tanto con los impuestos que su plantilla aportaba al erario público y que se ha mantenido con el esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras que a lo largo de estos cien años han dedicado toda su vida para facilitar un servicio universal y de calidad en el sector de las telecomunicaciones.

“El ajuste no suele ir destinado a los desorbitados beneficios que obtienen los grandes accionistas sino, precisamente, a una nueva reducción de plantilla mediante un artificio llamado Plan de Suspensión Individual que, junto a los Expedientes de Regulación de Empleo de antaño, ya ha liquidado alrededor de 60.000 puestos de trabajo”.

Luis Miguel Busto

La entrada en la Unión Europa estuvo precedida de la exigencia del fin de las empresas estatales con la patraña de las ventajas del libre comercio y la regulación del mercado a través de la oferta y la demanda. Pero lo que realmente se pretendía por el capital era acabar con estas empresas, incluida la Telefónica, para hacerse con sus beneficios, acabando paulatinamente con las plantillas fijas, pasando a que el servicio fuera prestado, cada vez en mayor medida, por contratas y subcontratas, que tienen a sus trabajadores y trabajadoras en condiciones absolutamente precarias con salarios de miseria y sin derechos laborales, sociales y de Seguridad y Salud.

Más de 35 años después, y a pesar de que el sector se ha desarrollado enormemente, en esta empresa solo se observa un saqueo inmoral de todo lo que constituyó una empresa pública, desde la red de cobre hasta las grandes inversiones en fibra óptica, además de los locales y edificios, antenas de telefonía móvil y cable submarino. Todo ello con una mínima plantilla fija, que ahora pretenden liquidar, y mas de 100.000 puestos de trabajo precario.

Cualquier pretexto les sirve a los enajenadores de lo público. Unas veces es la regulación del mercado que imposibilita empresas de este tipo, en otras les viene bien una pandemia porque el mismo mercado está en proceso de repliegue, ahora se trata del fin de las centrales de cobre para recortar todavía más. El ajuste no suele ir destinado a los desorbitados beneficios que obtienen los grandes accionistas sino, precisamente, a una nueva reducción de plantilla mediante un artificio llamado Plan de Suspensión Individual que, junto a los Expedientes de Regulación de Empleo de antaño, ya ha liquidado alrededor de 60.000 puestos de trabajo. Desgraciadamente, esta política empresarial, que ha debilitado la capacidad de respuesta de la plantilla de Telefónica, ha contado con el acuerdo y apoyo tanto de los dirigentes sindicales de la empresa como de los federales de CCOO y UGT.

Álvarez-Pallete, testaferro de Black Rock, Fondo Saudí, BBVA o Caixa Bank, ya ha anunciado un nuevo plan de desvinculación para 5.000 trabajadoras y trabajadores del Grupo Telefónica. Con esta nueva ofensiva ya serán 16.000 los puestos de trabajo destruidos dando la razón a nuestro sindicato que continuamente ha denunciado el papel que los fondos buitre han dado al actual Presidente del Consejo de Administración (como a los que le han precedido) para destruir la empresa.

“Pero también lo más sencillo es cargar sobre la plantilla la responsabilidad de una decisión vital. Nada de esto sucedería si quienes han podido representar sus intereses no hubieran pactado con la empresa para ser parte de esta vergüenza”.

Luis Miguel Busto

Porque este plan de liquidación de la plantilla fija, llevar la actividad a la precariedad y obtener más beneficios para repartirse entre los de siempre, los grandes capitales representantes de un sistema depredador que nos explota, no es nuevo. Ya en 2008 conocimos los planes de la empresa, y fue la lucha de la plantilla, encabezada y organizada por este sindicato, la que logró parar estos propósitos a costa del despido y las sanciones muy graves de delegados y delegadas, fundamentalmente de AST. Ahora, la pasividad de una parte de la representación sindical en la empresa y el apoyo remunerado de otras, está permitiendo a la dirección seguir adelante con esta barbarie. Y, lamentablemente, cuentan con el aplauso de buena parte de la plantilla a la que esos “agentes sociales”, apoyados por los medios de comunicación del sistema, están logrando convencer de las bondades de irse con el 65% de su salario congelado, abandonando su puesto de trabajo y permitiendo que la actividad sea transferida a trabajadoras y trabajadores en precario. La nula formación para actualizarse a las nuevas tecnologías, los traslados caprichosos o el cierre de centros de trabajo alejándonos de nuestros domicilios, la aplicación indiscriminada del régimen disciplinario, condiciones laborales pactadas en convenio cada vez más agresivas… son herramientas más para inducir a los más remisos a abandonar la empresa.

Lo que se pretende es un expolio en toda regla que, además del escándalo que supone, viene a ahondar en el robo sistemático pergeñado por las grandes multinacionales y que tiene como objeto a la clase trabajadora y a las capas más humildes de la sociedad. Décadas de luchas de quienes nos precedieron para alcanzar condiciones laborales dignas para arrojarlas a la precariedad más absoluta.

Porque la actividad en el sector de las telecomunicaciones seguirá creciendo, pero la realizarán trabajadores y trabajadoras de las contratas, las subcontratas o autónomos/as con salarios que apenas alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional. Profesionales que cotizarán mínimamente a la Seguridad Social poniendo en riesgo no solo la prestación de servicios públicos sino el futuro de nuestras pensiones. A la par, surgirán de nuevo quienes se lo han llevado crudo para presentarse como salvapatrias con sus planes privados de pensiones, su Sanidad o Educación privada, sus residencias de mayores concertadas, sus empresas de cuidados… aduciendo las maldades y la inviabilidad de todo lo que suena a público. Toda una gran mentira organizada para saquear lo público al tiempo que abaratan los costes laborales y eliminan los derechos adquiridos.

El estrangulamiento de nuestros intereses como trabajadores y trabajadoras en defensa de lo público y de condiciones laborales dignas es más que evidente. Y Telefónica es un ejemplo más de lo que ha sucedido en las empresas públicas y en los planes de futuro para privatizar lo que todavía queda.

“La única salida es la organización y la lucha en la empresa y fuera de ella”.

Luis Miguel Busto

Pero también lo más sencillo es cargar sobre la plantilla la responsabilidad de una decisión vital. Nada de esto sucedería si quienes han podido representar sus intereses no hubieran pactado con la empresa para ser parte de esta vergüenza. A cambio de una generosa financiación a través de la gestión del Plan de Pensiones, y muchas prebendas más, CCOO y UGT se han encargado convenio tras convenio no solo de empeorar las condiciones laborales sino también de dar carta blanca a la empresa para jibarizarla, presionar cada vez más a sus trabajadores y trabajadoras y empujarles al abismo de una salida “salvadora”.

Un ultraje a la clase trabajadora de tal magnitud que bien puede servir de ejemplo clarificador de la política del pacto social que los llamados agentes sociales firmaron con la patronal convirtiéndose en una auténtica quinta columna en el movimiento obrero.
Seguiremos denunciando estos ataques y aportando nuestras propuestas. Pero tenemos que tener claro que la única manera que tiene la patronal de aumentar sus beneficios es detrayéndolos de nuestros derechos, amparada por una legislación afín a sus intereses y aupada por los agentes sociales financiados por ella. Porque ellos si lo tienen claro.

Para Alternativa Sindical de Clase cualquier política de destrucción de empleo es contraria a los intereses de los trabajadores y trabajadoras y a los de la sociedad en general.

La única salida es la organización y la lucha en la empresa y fuera de ella. Explicar a la plantilla lo que supone colaborar en la destrucción de miles de puestos de trabajo y pelear por mejorar nuestras condiciones laborales, exigiendo, entre otras cosas, el contrato de relevo, al que puedan acogerse los trabajadores y trabajadoras mayores que así lo decidan. Creando empleo y no destruyéndolo, sin expoliar las arcas del Estado, parando la precariedad laboral y social de las generaciones futuras y no fomentándola. Defendiendo lo público y luchando para recuperar todo lo que nos han quitado. En definitiva, no permitiendo la destrucción de esta empresa.

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