Otro aviso demoledor sobre el deterioro social

5 Abr, 2022 | Actualidad, Crisis del capitalismo, Movimientos sociales

La sociedad que describe el Informe Foessa 2022

Jesús María Pérez

Es lógico que durante la pandemia de Covid19 la preocupación prioritaria de la mayoría de la población fuese la salud. Por desgracia, toda la población no compartía ese ánimo, como demuestran esos casos denigrantes cuya principal ocupación fue aprovechar la coyuntura para hacer negocios con las necesidades ajenas, al tiempo que mostraban un desprecio criminal por la vida de sectores como los mayores, que fueron abandonados a su suerte en las Residencias prohibiendo su traslado a los hospitales públicos.

Ese mismo sector de ánimo tenebroso encabezado por Ayuso, es el que ha reaccionado de forma burlesca y negacionista frente al informe de la Fundación Foessa de 2022¹, sobre todo al apartado específico sobre la situación social de la Comunidad de Madrid.² Se trata de negar la pobreza de la misma manera que se trató de ocultar en todo momento que esa comunidad autónoma era el foco principal de la pandemia. La diferencia es que mientras esperamos que la pandemia sea historia algún día, lo que no nos vacuna de otras posibles en el futuro, la pobreza no es un fenómeno coyuntural, sino que forma parte estructural de esta sociedad como deja claro el estudio Foessa, de Cáritas. En los últimos 14 años el nivel de exclusión social no ha bajado del 16% de la población, llegando a un máximo del 24%.

Este extenso estudio tiene un gran valor al analizar y cuantificar la evolución de la sociedad española entre 2018 y 2021, demostrando de forma nítida el proceso de deterioro social que ha experimentado de forma general. Las cifras de Madrid muy poco difieren de las globales.³

En el ámbito estatal, el primer dato del informe que destaca es el aumento de más de 2 millones de personas en situación de exclusión social severa, que se suman a los 4 millones que ya había antes de 2018. Es evidente, por tanto, que no es un fenómeno nuevo pero el estudio da la voz de alarma debido a su “vertiginoso incremento”; un 50% en tres años.

Si antes de la epidemia había 4 millones de personas en situación de exclusión severa se debía a que “la recuperación económica previa ya se estaba haciendo a varias velocidades”, según el informe. Es decir, estaba teniendo un efecto desigual en lo que describe gráficamente como cuatro divisiones sociales: La sociedad de las Oportunidades, la sociedad Insegura, la sociedad Estancada y la sociedad Expulsada.

El informe afirma que “los procesos de exclusión y los ciclos económicos no son paralelos”. Y lo argumenta basándose en que los datos demuestran que esa tendencia al aumento de la exclusión se debe a que, si “durante las crisis se produce un rápido incremento de la exclusión, la posterior llegada de periodos de recuperación y crecimiento económico no suponen un descenso de dichos niveles de exclusión al mismo ritmo. De esta forma, en las últimas décadas se ha constado que la facilidad para caer en la exclusión cuando hay crisis se transforma en dificultad para salir de ella incluso en los periodos de bonanza”.

Aunque el informe se centra en lo que define como “efectos sociales de la crisis de la Covid19”, se remite a los datos aportados por la Encuesta de Condiciones de Vida (INE) de 2019⁴ que demuestran que el proceso de deterioro de los indicadores sociales comenzó antes de la aparición de la epidemia, a lo largo del año 2019, como consecuencia de un nuevo parón económico. “El resultado es una sociedad más desigual donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos”. “Una desigualdad que ya existía antes de la llegada de la COVID-19 pero que esta ha intensificado aún más”.

Los cuatro tipos de sociedad mencionados se corresponden con las cuatro categorías en las que el estudio divide a la población, siguiendo la misma pauta que en su informe anterior para que la comparación sea válida. Estas categorías son Integración plena, Integración precaria, Exclusión moderada y Exclusión severa. El estudio incluye personas y hogares, y en ambos ámbitos los resultados son igual de preocupantes. Utiliza ocho dimensiones para medir el grado de integración o exclusión social de los hogares y personas, así como su dinámica evolutiva: empleo, consumo, vivienda, sanidad, educación, participación política, el conflicto y el aislamiento social.

Fuerte retroceso de la integración plena

La sociedad de las Oportunidades está reservada cada vez para una porción menor del conjunto social. “Los niveles de integración plena en 2021 han caído hasta el punto de que solo el 41,9% de los hogares disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión”. Dicho de otra forma, “seis de cada diez hogares tienen afectado algún indicador de exclusión” lo que abarca a más de 28 millones de personas. En cuanto a la población afectada, la integración plena ha pasado de representar el 50,6% del total a un 42,2% en 2021.

Este descenso tan acusado de la población que disfruta de una integración plena es una muy mala noticia para la clase dominante, pues el control social que ejerce se basa en que es capaz de satisfacer las necesidades básicas de un sector relativamente amplio de la sociedad. Que esa capa social se reduzca tan drásticamente, casi ocho puntos en menos de tres años, debilita seriamente lo que constituye su base social y política. Este proceso, así como ver su evolución, es muy importante pues cuando se utiliza la consigna de “ellos son el 1%, nosotros el 99%”, se está simplificando y distorsionando una realidad que es más compleja. Es cierto que los intereses de ese 1%, los grandes propietarios de capital y medios de producción, nuestros oligarcas, tienen intereses diferentes a los del 99% de la población. Pero también es cierto que en la medida que el sistema encabezado por ese 1% es capaz de satisfacer las necesidades materiales de un sector determinado de la sociedad, ya sea a través de negocios privados, sueldos privilegiados u otras prebendas, puede mantener en marcha los mecanismos políticos, ideológicos, mediáticos, represivos… necesarios para conservar el statu quo. No hay que perder de vista que el PP, con un tercio de todos los votos posibles, ha tenido mayorías absolutas gracias a un sistema político y electoral concebido a su imagen y semejanza, a su medida y al servicio de sus amos.

Integración precaria y amenazada

Por esa razón tampoco es buena noticia para ellos que el siguiente escalón en el estudio, la integración precaria, no sea capaz de absorber todo lo que pierde el primero. Recoge una parte, pero otra, en cascada, va directamente a la exclusión. La integración precaria, es la que agrupa a aquellas personas que sufriendo algún rasgo de exclusión no reviste la suficiente gravedad para considerarlas excluidas, pasa del 31,1% al 34,4% de la población estatal. Gana tres puntos mientras la integración plena perdía ocho.

Pero lo más grave, según los autores del estudio, “no es que se ha reducido solo el número de personas en integración plena, sino que, además, se ha incrementado el número de casos que, estando en integración precaria, se ubican en posiciones de mayor incertidumbre y más cerca de la exclusión. Hablamos de algo más de 5,5 millones de personas que, aunque dentro de la categoría de integración (con 16 millones de personas en total), vuelven a encontrarse en una clara situación de debilidad y para quienes cualquier cambio a peor en sus condiciones de vida implicará una potencial caída a posiciones de exclusión”. Un tercio de toda esta categoría, ese 34,4%, estaba en 2021 en situación tan débil que “cualquier cambio a peor” le podría hacer pasar la barrera de la exclusión. Ven su integración amenazada, pendiente de un hilo. La pregunta surge de manera inevitable: ¿De qué forma les ha afectado a estas personas la subida de los precios experimentada a partir de finales de ese año y durante 2022? ¿De qué forma les va a afectar las consecuencias de la guerra de Ucrania? Hay que tener en cuenta que según el estudio la renta disponible por hogar entre el último trimestre de 2019 y el primero de 2021 se redujo en 2.600 €.

Exclusión social: Empleo y vivienda

Como un síntoma del deterioro general las ocho dimensiones estudiadas empeoran afectando aun número mayor hogares y personas.

Las que más afectan son las de empleo. Los problemas de empleo han pasado de afectar al 16,1% de la población total al 24,7% en 2021. Una de cada cuatro personas, especialmente jóvenes y mujeres. Un crecimiento de más de ocho puntos con la peculiaridad de que ya no es solo el problema del desempleo, sino que crecen todos los relativos a la calidad del trabajo, sobre todo la falta de contrato o la alta inestabilidad laboral. La llamada precariedad medida en que a lo largo de un año se han tenido más de 3 contratos, en más de 3 empresas o más de tres meses en paro.

Foto. Carga en un desahucio en Barcelona

En segundo lugar, y a corta distancia del empleo, se encuentra la vivienda que ha pasado de afectar al 20% de la población al 24%. Destacan en esta esfera el deterioro de las condiciones de la vivienda y las situaciones de hacinamiento.

“Tal es el nivel de relevancia de ambas dimensiones en el espacio de la exclusión y su correlación que cerca de la mitad de los hogares excluidos (44,8%) tienen afectadas ambas dimensiones, tanto la de empleo como la de vivienda”.

La exclusión total, sumando la moderada y la severa, crece en los tres años un 29,6% pasando de 8,5 millones de personas afectadas a 11 millones. Esto supone que la exclusión global afectaba en 2021 al 23,4% de la población.

La exclusión moderada pasó del 9,7% de la población al 10,7% entre 2018 y 2021, es decir creció un 11%. La severa, por su parte, pasó del 8,6% al 12,7%, creciendo el 50%. Mientras el porcentaje de la severa estaba por debajo de la moderada en 2018, en 2021 la primera ha superado claramente a la segunda en una pendiente social de grave deterioro.

Otros indicadores alarmantes

En Sanidad destaca el indicador denominado ‘dejar de comprar medicamentos o tratamientos médicos por problemas económicos’ que experimentó un crecimiento del 73% para el conjunto de la población pasando del 7,5% de los hogares al 13,1%. En el caso de los hogares en exclusión este problema afectó al 48,4%, y al 66,8% de los sumidos en la exclusión severa.

El informe aporta algunos datos respecto a la Sanidad que ponen de manifiesto el proceso privatizador que está experimentando en todo el Estado a costa de la Pública. Los seguros médicos privados en 2010 estaban suscritos por 8,8 millones de personas. En 2014 ya eran 9,2 millones de personas y en 2020, 12,8. En algún caso, como el de Madrid, abarcaban al 36,6% de la población.

La exclusión severa se duplica en familias con hijos (15,5%) y en el caso de las monoparentales, el 70% encabezadas por mujeres, la exclusión ha pasado del 28,6% al 49,9%.

En 2021 había 1.530.000 hogares sin ningún tipo de ingreso, un 35% que tres años antes⁵. Según la Encuesta de Condiciones de Vida en 2020 el 40% de la población no podía permitirse una dieta básica o mantener la temperatura de la vivienda y el 30% tenía problemas para llegar a fin de mes.

En cuanto a la brecha digital queda claro que no afecta por igual según las capas sociales y que se ha convertido en un motor de exclusión tanto por las carencias como por la pérdida de oportunidades. Mientras afecta al 35% de los hogares totales, la afectación en los de exclusión severa es del 51,2%

De la misma forma que el trabajo antes ha dejado de ser un factor sólido de integración social debido a la precariedad, los estudios, según el informe, “protegen, pero menos” ya que la exclusión entre los hogares encabezados por alguien con estudios universitarios ha crecido un 100%, pasando del 6,9% al 15,3%.

Respecto a la inmigración el informe deja claro que “de cada 100 personas en situación de exclusión severa, 73 son españolas y 27 de origen extranjero. En el otro extremo, si observamos la distribución de la integración plena vemos que la inmensa mayoría (96,7%) es de origen español, frente a un 3,3% de origen inmigrante. La población de origen inmigrante que vive en España vemos que se encuentra claramente sobrerrepresentada en el espacio de la exclusión y notablemente infrarrepresentada en la integración plena”.

Por último, el informe incluye un análisis del Ingreso Mínimo Vital del que se lamenta del “escaso carácter protector” que ha desarrollado hasta la fecha debido a la escasa cobertura desplegada y que, en parte, ha sido contrarrestada por el descenso de las Rentas Mínimas de Inserción autonómicas. Destaca sobre todo el hecho de que el 70% de las personas que lo están percibiendo sean mujeres, dejando en evidencia su desgraciado protagonismo en el escenario de la exclusión.

Los limites de la economía de “libre mercado”

El informe Foessa viene a describir y medir los límites sociales de la economía de libre mercado basada en la competencia, entre empresas y entre trabajadores, y la propiedad privada de los grandes medios de producción. Es cierto que el Reino de España está entre los colistas de la en gasto social y a la cabeza en desigualdad, pero el fenómeno de la pobreza creciente es de alcance europeo: Más de 96 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, el 22% de la población⁶. Y es una dinámica mundial inseparable del crecimiento de las desigualdades.⁷

Con el panorama descrito en el estudio de 2022, con datos que llegan hasta 2021, cabe preguntarse sobre el efecto que tendrá en las condiciones de vida de las familias trabajadoras el empeoramiento de la situación económica que se ha visto claramente desde finales de 2021: Subida de los precios, escasez de materias primas y ciertos productos manufacturados claves en el proceso productivo, estrechamiento de los mercados internacionales debido a la guerra de Ucrania y las sanciones mutuas subsiguientes, límites y alcance real de la política de gasto expansionista de la Unión Europea y su probable transformación en una política de nuevos recortes sociales debido al contexto general desfavorable.

Cabe preguntarse también hasta qué punto las medidas coyunturales adoptadas por el Gobierno Sánchez son suficientes para doblegar el proceso de crecimiento de la exclusión social denunciado en el informe Foessa y las amenazas que se ciernen sobre el horizonte de la clase trabajadora: el frenazo a la subida del SMI; la propuesta de recortar los salarios reales con un pacto de rentas; la timorata reforma laboral; el corto y no desplegado IMV; los intentos de privatizar las pensiones; la falta de empuje en las inversiones sanitarias.

Porque, el crecimiento de la pobreza no es el producto de una fatalidad, sino la consecuencia de un sistema social que es extraordinariamente eficaz creando desigualdad, acumulando riqueza en un extremo y pobreza en el otro. No es egoísmo o maldad de los empresarios, es producto inseparable de un modo de producción basado en el capital y el trabajo asalariado. La riqueza es el producto de dos cosas: los recursos naturales y el trabajo humano. Es la aplicación del primero sobre la segunda, lo que produce los bienes necesarios para la existencia humana. El capitalismo, en la medida que los medios de producción son privados, apropia de una parte de la riqueza generada (plustrabajo) a cambio de un salario (trabajo necesario). El trabajador asalariado no depende de sí mismo sino de que su “capacidad viva de trabajo” sea utilizada por un empresario, siendo, por tanto, “virtualmente un indigente”. Cuando un capitalista no necesita la fuerza de trabajo del asalariado, éste no solo queda en situación de desocupación pasando de ser un indigente “virtual” a “ocasional” y real, sino que tampoco puede producir sus propios medios de subsistencia. Como, además, bajo las condiciones de la producción y distribución basadas en el capital, la tendencia dominante es que el trabajo asalariado aumente constantemente su productividad debido a la presión de la competencia, ya sea a través de la introducción de nuevas tecnologías, de intensificar los ritmos de trabajo o directamente de incrementos de la jornada laboral, se produce un excedente de fuerza de trabajo, el desempleo. El paro es estructural porqué es necesario para presionar a la baja los salarios, que el sistema trata como una mercancía más. Esa eliminación de “trabajo necesario” conlleva en sí misma un aumento de las posibilidades de marginación laboral, exclusión social y/o pobreza. Como consecuencia “no es sino en el modo de producción fundado en el capital, donde el pauperismo se presenta como resultado del trabajo mismo, del desarrollo de la fuerza productiva del trabajo”.⁸ Es decir, a pesar del desarrollo de la capacidad productiva, la desigualdad y la pobreza no desaparecen sino que se agravan. La maldad surge cuando en vez de tratar de comprender esta realidad, para cambiarla, simplemente se trata de justificar, para conservarla.

En la sociedad actual hay recursos más que suficientes para erradicar la pobreza y la exclusión social, sólo hay que emplearlos para atender las necesidades sociales, no para fabricar “beneficios” para los accionistas.

A la clase trabajadora solo nos queda una vía, organizarnos para luchar para que la propiedad privada y el mercado no decidan el futuro de la humanidad.